Sentencia Interlocutoria N° 611/2025

Sentencia Nro. 611/2025 - IUE: 39-30/2025 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA C/ BIATTURI VAZQUEZ, ALEJANDRO Y OTROS – EMBARGO PREVENTIVO, IUE 2-105817/2024. RECURSO DE APELACIÓN”; IUE: 39- 30/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra las sentencias interlocutorias No. 3729/2024 y N.o 3828/2024 dictadas por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19o Turno, Dr. Andrés Hernández Ferreiro. RESULTANDO: I. Por el proveído No. 3729/2024 de fecha 31 de octubre de 2024 (fojas 16), en lo que interesa a la instancia se resolvió: “Por presentado en la representación invocada, por denunciado el domicilio real y por constituido el electrónico, anotándose. Condénase a la parte demandada al pago de la suma reclamada, intereses, costas y costos (art. 354.1 del CGP). Trábase embargo genérico por el plazo de un año sobre la parte demandada hasta cubrir la suma condenada e ilíquidos, oficiándose. Oportunamente cítese de excepciones al demandado por el plazo perentorio e improrrogable de diez días hábiles y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 71.3 del C.G.P. Así mismo, trábase embargo en las cuentas bancarias por el plazo de un año que se encuentren a nombre del ejecutado, en Entidades del Sistema de Intermediación Financiera, hasta cubrir la suma adeudada más un 20% para ilíquidos, notificándose al Banco Central del Uruguay, oficiándose. Modifíquese la carátula estampándose como asunto: “Vía de Apremio”. Dicha providencia fue parcialmente modificada por la número 3828/2024 dictada el 6 de noviembre de 2024 (fojas 19), en tanto resolvió: “Téngase presente que como se desprende claramente del escrito presentado por la parte actora, la medida decretada en autos por Decreto 3729/2024 tiene naturaleza de medida cautelar, a la que se hizo lugar por entender configurados los riesgos correspondientes de conformidad a los fundamentos allí expresados, y no de embargo ejecutivo, por lo que no corresponde ni la condena a la parte demandada, ni la modificación de la carátula allí dispuesta, ni la citación de excepciones al demandado, todo lo cual se revoca. Modifíquese nuevamente la carátula volviendo a consignar lo originariamente “embargo preventivo”. Y una vez cumplida la medida cautelar, notifíquese la misma al demandado.” II. Contra dichas decisiones se alzaron los demandados, Sres. Alejandro Fabián Biatturi Vázquez, Nelson Ramón Martínez Rodríguez, ambos por sí y en representación de Aetas SRL, interponiendo recurso de reposición y apelación en escrito obrante de fojas 39 a 45, agraviándose, en lo medular, por considerar ilegítima la imposición de las cautelas dispuestas, las que a su entender carecen de fundamento. Señalan que el juez a quo padeció error en cuanto los decretos impugnados refieren a un proceso ejecutivo, disponiendo medidas cautelares sin indicar el alcance específico de las mismas ni a quién fueron impuestas; la accionante parte de presupuestos que no están vinculados con la actuación de los demandados, siendo meros indicios que no ha podido comprobar, pretendiendo desplazar la carga de la prueba a su parte; no existe riesgo alguno para la Administración ya que la empresa ha demostrado plena colaboración en los procedimientos administrativos. Señalan, además, que la DGI no acreditó la verosimilitud del derecho o humo de buen derecho, ya que las actuaciones administrativas carecen de sustento probatorio suficiente; a lo que se suma que han actuado de buena fe, realizando pagos a cuenta aun cuando consideran ilegítima la determinación tributaria proyectada, habiendo presentado en enero de 2025 una propuesta de pago, respecto de la cual aún no han recibido respuesta de la DGI. Agregan que la imposición de las medidas les ocasiona un perjuicio económico cierto, provocando la paralización de sus actividades sin generar beneficio alguno ni para el interés público ni para la propia Administración. En consecuencia, solicitan se revoquen las decisiones impugnadas y se dejen sin efecto las medidas cautelares dispuestas. III. Sustanciada la impugnación deducida,de fojas 69 a 81 comparece la actora, Dirección General Impositiva evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria; afirma que la Justicia Civil no tiene competencia para resolver cuestiones de derecho tributario sustancial, siendo el proceso cautelar accesorio a un eventual juicio ejecutivo, debiendo la validez de los actos administrativos ser examinada en la vía administrativa o, en su caso, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin perjuicio de ello, señaló que el “humo de buen derecho” se encuentra acreditado, en atención a las irregularidades constatadas; destacó la falta de sustancia económica de al menos cinco proveedores con los que AETAS S.R.L. documentó compras; el desconocimiento de los titulares de dichas empresas por parte de los propios socios de la demandada; la ausencia de documentación respaldante de compras y gastos, y finalmente, la carencia de un circuito financiero regular, dado que los pagos a esos proveedores se realizaron en efectivo, mediante cheques de terceros o con combustible, apartándose de las prácticas habituales de la empresa. Entiende que la medida adoptada por el decisor de primer grado fue correctamente delimitada, en cuanto a la individualización del monto y de su alcance; si bien se realizó un pago por parte de los demandados, la deuda estimada continúa siendo millonaria, por lo que el peligro en la demora sigue vigente, correspondiendo mantener la medida dispuesta. IV. El Sr. Juez a quo amparó parcialmente el recurso de reposición por sentencia interlocutoria 1750/2025 de 5 de junio de 2025, obrante a fs. 86 y ss por la que dispuso, en lo que aquí interesa: “En lugar de “Trábase embargo genérico por el plazo de un año sobre la parte demandada hasta cubrir la suma condenada e ilíquidos, oficiándose”, se establece “Trábase embargo genérico por el plazo de un año sobre la parte demandada hasta cubrir la suma de16.003.628 (dieciséis millones tres mil seiscientos veintiocho pesos uruguayos) más los recargos e intereses legales que pudieren generarse, oficiándose”. En lugar de “Así mismo, trábase embargo en las cuentas bancarias por el plazo de un año que se encuentren a nombre del ejecutado, en Entidades del Sistema de Intermediación Financiera, hasta cubrir la suma adeudada más un 20% para ilíquidos, notificándose al Banco Central del Uruguay, oficiándose”, se establece “Asimismo, trábase embargo por el plazo de un año en las cuentas bancarias que se encuentren a nombre de cualquiera de los demandados, en Entidades del Sistema de Intermediación Financiera,hasta cubrir la suma establecida como monto del embargo genérico, notificándose al Banco Central del Uruguay, oficiándose.” V. Franqueada la alzada, atento a la revocatoria parcial, que atendió la carencia de determinación de monto y modificó la referencia a ejecutados por demandados; perviviendo el agravio relativo a la no acreditación de los requisitos necesarios para la adopción de la medida, el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 104vuelto), pasando los autos a estudio, culminado el cual, en sesión del 25 de setiembre de 2025 (fojas 96), se acordó sentencia por el número de voluntades requerido legalmente, designándose redactora. Surge de la causa que la Dra. Schroeder hizo uso de su licencia reglamentaria entre ely el 8 de agosto del corriente. CONSIDERANDO: I. La Sala confirmará las recurridas, con la modificación introducida por la providencia 1750/2025; en virtud de las razones que se expondrán seguidamente, en régimen de decisión anticipada, adoptada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del Código General del Proceso. II. En autos, la DGI promovió y obtuvo (luego de las correcciones formuladas por el sentenciante de primer grado a su decisión inicial) la adopción de medida cautelar de embargo genérico y en cuentas bancarias por la suma de $ 16.003.628 (dieciséis millones tres mil seiscientos veintiocho pesos) más ilíquidos en etapa de determinación provisoria de tributos, respecto a la empresa AETAS SA, Reina Servicios Logísticos SAS, en su calidad de contribuyentes y los Sres. Alejandro Biatturi Vazquez, Nelson Martínez Rodríguez y Mauricio Reina Monteverdi, en calidad de socios que ejercen la administración y representación de los contribuyentes. III. La Sala comparte tanto el pormenorizado relato de antecedentes así como los fundamentos desarrolladospor el Sr. Juez a quo en oportunidad de resolver el recurso de reposición. En efecto, y como bien sostiene el Decisor de primer grado, las cuestiones de mérito (tributario sustantivo) han de ser ventiladas en la vía administrativa, porque el examen propio del proceso cautelar revela, hasta el momento, la suficiencia de los elementos acreditados, lo cual no significa que la defensa de la parte demandada no pueda eventualmente prosperar por la vía adecuada, siendo suficiente para la adopción de la medida cautelar el "humo de buen derecho" o apariencia, y verificado y el periculum in mora, lo que en el caso ha acaecido, conforme surge de la Resolución 2427/2024 glosada a fs. 6 y siguientes. Como lo ha expresado la Sala Homónima de 2° Turno: "a los efectos de la procedencia de una medida cautelar, el legislador exige la concurrencia de los siguientes requisitos de admisibilidad: (a) el fumus bonis iuris; (b) el periculum in mora; y (c) la contracautela; debiéndose los dos primeros justificarse sumariamente (artículo 312 del Código General del Proceso).- En el caso de las medidas tributarias, el artículo 87 del Código Tributario prevé excepciones a dicho régimen general en los siguientes aspectos: (1) se exime al solicitante de la medida cautelar de la prestación de contracautela; (2) no existe plazo de caducidad de las medidas cautelares para el caso de no presentación de la demanda dentro del plazo de 30 días de su efectivización; (3) la información sumaria judicial es sustituida por la resolución fundada del jerarca del organismo recaudador o de la DGI, por lo que la solicitud de medida cautelar debe ser acompañada o del expediente administrativo fundamento de la gestión o de un testimonio del mismo o de un testimonio de la resolución; (4) el juez debe fijar plazo durante el cual habrán de permanecer vigentes las medidas, el que no podrá ser inferior a los seis meses y será prorrogable por causas no imputables a la Administración; y (5) existencia de un crédito determinado por un acto administrativo o en vías de determinación.-" (sentencia N° 142/2021, TAC2, Ministros: Dr. A. Fanca, Dra. M. Sapelli, Dra. P. Henández -r-). Y en el mismo sentido el TAC de 6o turno: “La Sala considera que la DGI justificó sumariamente la existencia del "fumus bonis iuris" y del "periculum in mora" exigidos por el art. 312 del C.G.P., requisitos que también corresponde exigir en sede cautelar en materia tributaria. La prueba emerge del contenido de la resolución fundada de la DGI glosada a fs. 3/4 (donde se consignó que, en la inspección practicada, se comprobó que la contribuyente no facturaba todas sus ventas, documentando un gran porcentaje de ellas en "comandas", sin emitir la correspondiente factura, así como la existencia de diferencias con las ventas declaradas) y del elevado monto del adeudo fiscal, extremo este que, unido al desconocimiento de la existencia de la situación patrimonial de la contribuyente que dijo tener la DGI, configura un hecho cierto y concreto del cual deriva el riesgo que se teme. Entonces, cuando de la propia lectura de la resolución impugnada surgen los elementos requeridos por la ley para que proceda la adopción de la medida cautelar, tal contralor resulta, en principio, suficiente para considerar fundada la petición de cautela. En esta etapa, basta con el análisis de los antecedentes administrativos para determinar, sumariamente, la existencia del humo del buen derecho y del peligro de frustración del derecho, tal como esta Sala ha reiteradamente señalado (sent. No 31/2006, entre otras). La idea central en materia de medidas cautelares es evitar la frustración de la eficacia de una sentencia aún no dictada. Lo esencial y definitorio es su función de asegurar el resultado del juicio, facilitando la eficacia del proceso. Por ello, debe tenerse presente que lo que se busca en el proceso cautelar es el aseguramiento de un derecho contencioso y no la adopción de una resolución sobre el derecho sustancial. Dentro de este marco, las defensas de fondo ensayadas por la apelante están vinculadas a aspectos que deberán ventilarse en vía administrativa o bien en el proceso ejecutivo fiscal correspondiente, trámites en los cuales se podrá discutir y probar tales cuestiones con una amplitud mayor a la que, naturalmente, es inherente al ámbito de decisión en sede cautelar” (sent.31/2010). Para determinar el fumus boni iuris habrá de estarse a la acreditación de la resolución fundada por parte de la DGI, conjuntamente con un crédito provisoriamente determinado, más no reconocido por los apelantes, quienes pretenden mediante su impugnación ingresar en el análisis de cuestiones que resultan ser de fondo. El debate relativo a la certeza de la liquidación, o la incidencia o no de una violación a principios formales, o la atención al principio de la realidad en la evaluación de un presunto incumplimiento tributario, serán en todo caso, cuestiones a resolverse en ulterior proceso. IV. No existe mérito, a criterio de la Sala, para la imposición de especiales condenas procesales (art. 57 C.G.P. y 688 inc. 2 C.C.). Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos; de conformidad con lo establecido por los arts. 87 del CT, 315.3 del Código General del Proceso y demásdisposiciones complementarias, el Tribunal, RESUELVE: I) Confírmase las recurridas, con la modificación dispuesta por proveído 1750/2025, sin especial condenación. II) Establécese en $ 50.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada, en la alzada, a los solos efectos fiscales. III) Devuélvanse oportunamente estos obrados a la Sede de origen, con copia para el Sr. Juez actuante. Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante