Sentencia Definitiva N° 216/2025

Sentencia Nro. 216/2025 - IUE: 2-107188/2023 Montevideo, 01 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2-107188/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación y adhesión interpuestos por la parte actora y los citados en garantía, respectivamente, contra la sentencia definitiva No. 99/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2o Turno, Dr. Alejandro Martínez de Las Heras. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 6 de diciembre de 2024 (fojas 562 a 579), en lo que interesa a la instancia, se resolvió: “I) DESESTIMAR LA INVOCADA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA OPUESTA POR LOS TERCEROS CITADOS AL PROCESO Y DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, DESESTIMANDO LA DEMANDA A SU RESPECTO. II) DESESTIMAR LA DEMANDA INSTAURADA POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS. III) NO IMPONER ESPECIAL CONDENA PROCESAL EN EL GRADO.” II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, Sr. AA, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 583 a 588, agraviándose, en lo medular, por considerar que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con legitimación pasiva; los fundamentos esgrimidos en la recurrida resultan contradictorios e irracionales, en lo que refiere a la transferencia de la guarda, que no puede operar como fundamento para la exoneración de la responsabilidad objetiva del Estado establecida en el artículo 24 de la Constitución de la República; el Estado es garante en la ejecución de los servicios públicos, sea de forma directa o indirecta a través de concesionarios y desconocer este rol violenta la tutela de los derechos fundamentales del administrado; la legitimación del Ministerio accionado debió ser analizada desde tal condición de garante, no como guardián material; al admitirse la defensa de caso fortuito se incurrió en una errónea valoración de la prueba e incorrecta aplicación del derecho, por cuanto los eventos climáticos no revestían las características de imprevisibilidadinevitabilidad exigibles; no se consideró la falta de servicio de la Administración en el mantenimiento de la ruta. Pide que se revoque la recurrida y se ampare la demanda. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 593 a 596 comparece el citado en garantía, Corporación Vial del Uruguay S. A. (en adelante, CVU S. A.), evacuando el recurso en traslado, abogando por su rechazo y deduciendo adhesión. Expresa, en síntesis, que la prueba fue correctamente valorada, habiéndose configurado una hipótesis de fuerza mayor y al fundar la adhesión, formula agravio eventual respecto a la legitimación activa del accionante, por considerar que incumplió la carga de la prueba y no acreditó el nexo causal entre el evento y el daño alegado, así como tampoco la existenciaentidad de los rubros peticionados. Asimismo, sostiene que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con legitimación pasiva en virtud de ser propietario del servicio y en tanto continua ejerciendo su poder de dirección y contralor. IV. De fojas 597 a 601 comparece el citado en garantía, BB S. A., evacuando la apelación del accionante, abogando por su rechazo en términos similares a los de CVU S. A.formulando adhesión. Manifiesta que está sometida a varios controles y fiscalizaciones, cumpliendo con sus cometidos de forma óptima, lo que surge acreditado con las planillas de evaluación de mantenimiento. Controvierte la existencia de una relación de garantía que habilite su citación al proceso por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dado que el contrato de concesión no estipula un vínculo de garantía, por lo que, ante la eventualidad de que se revoque la recurrida, pide que la condena recaiga exclusivamente sobre dicho Ministerio. V. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comparece de fojas 606 a 609 evacuando la apelación del accionante, pidiendo su rechazo, expresando en lo medular que el recurso deducido no contiene una expresión de agravios ni constituye una crítica razonada de la sentencia; sin perjuicio de ello, entiende que la decisión analizó correctamente la situación, careciendo de responsabilidad en el hecho, por cuanto quien realizaba las tareas de mantenimiento y conservación de la calzada y banquina era la empresa BB, contratada por la concesionaria CVU S. A.; realizó las evaluaciones de mantenimiento que tenía a su cargo, conforme a metodología establecida en Pliego de Condiciones Particulares que cita; para imputar responsabilidad al Estado no alcanza con la existencia del daño (que tampoco se probó), siendo necesario demostrar la falta de servicio, que no existió pues transfirió la guarda a las citadas. Asimismo, en escrito de fojas 612 a 614, sostiene que la adhesión deducida por CVU S.A. no constituye una crítica razonada de la sentencia y carece de una debida expresión de agravios, limitándose a señalar su disconformidad con lo decidido y a reiterar argumentos ya esgrimidos, sin atacar los fundamentos del fallo impugnado. Respecto al agravio sobre su legitimación pasiva, sostiene que la empresa concesionaria CVU convocó y adjudicó a BB S. A. las tareas de mantenimiento de la Ruta Nacional No. 2, operando así una transferencia de la guarda y enfatiza que las cláusulas del contrato entre las sociedades establecen la exclusiva responsabilidad del contratista por todo riesgo y daño derivado de la ejecución de las tareas, reiterando que se encuentra excluido de responsabilidad por el contrato de concesión y sus anexos, limitándose su función a realizar evaluaciones trimestrales de control, las cuales fueron debidamente cumplidas. VI. De fojas 616 a 621, comparece la parte actora contestando la adhesión a la apelación formulada por BB S. A., abogando por su rechazo, señalando que la decisión es correcta en cuanto a su legitimación activa, ya que la misma se funda en la calidad de “damnificado”, la cual acreditó con la póliza de seguro y el presupuesto de daños, ambos a su nombre, siendo la discusión sobre la propiedad ajena al concepto de legitimación sustancial. Asimismo, rechaza los argumentos de la citada sobre la falta de nexo causal y los daños, afirmando que el nexo causal quedó fehacientemente acreditado con la prueba diligenciada, como también lo están los daños reclamados. Respecto al agravio sobre la falta de legitimación pasiva del Ministerio de TransporteObras Públicas, comparte el agravio de BB S.A., remitiéndose a los argumentos ya vertidos oportunamente en su recurso de apelación. VII. Franqueada la alzada (fojas 623), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 627 vuelto), pasando los autos a estudio el 19 de mayo de 2025 (fojas 634), luego de repuesta la tributación omitida. Culminado el estudio, en sesión del 2 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Surge del expediente que la Sala permaneció desintegrada entre el 22 y el 26 de setiembre de 2025 por licencia reglamentaria de la redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, revocará parcialmente la recurrida y condenará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a indemnizar el daño emergente reclamado, difiriendo la cuantificación de la condena al procedimiento del artículo 378 del Código General del Proceso, confirmándose la decisión apelada en lo demás, sin especiales sanciones procesales, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El Sr. AA interpuso demanda de daños y perjuicios contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a raíz del siniestro ocurrido el 22 de enero de 2022, cuando su camión marca Scania matrícula XX circulaba por la Ruta Nacional No. 2 a la altura del km. 188 y colisionó con un árbol que cayó sobre el pavimento. Alegó la existencia de responsabilidad del Estado por hecho de las cosas (artículo 1324 del Código Civil), en virtud de la omisión en el mantenimiento de la Ruta Nacional que atribuye al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien incurrió en falta de servicio. Reclama la reparación del daño emergente (reparación del camión, que cuantifica en U$S 8.600) y del daño extrapatrimonial, incluyendo dentro del mismo el daño a las relaciones comerciales y empresariales (cuyo monto estima en U$S 3.460), daño por indisponibilidad del vehículo (pretendiendo la suma de U$S 4.690) y el detrimento de valor (por el que pide U$S 8.250). El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contestó la demanda en términos de controversia, negando la existencia de la falta de servicio que se le imputa y oponiendo la excepción de falta de legitimación pasiva, expresando que operó la transferencia de la guarda de la ruta a la concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A. y la posterior contratación de BB S.A. para el mantenimiento de la Ruta No. 2. Asimismo, invocó la existencia de un hecho de la víctima (conducta temeraria desarrollada por el conductor del camión, que conducía bajo condiciones climáticas adversas, colisionando con un árbol, que según su propia declaración ante la autoridad policial, ya estaba caído sobre la ruta) como eximente de responsabilidad y pidió la citación en garantía de CVU S.A. y BB S.A., a la que se accedió. Corporación Vial del Uruguay S. A. compareció contestando la citación deducida, abogando por su rechazo, así como por la desestimatoria de la demanda por configurarse un caso fortuito (gran temporal) y por falta de prueba de los daños, además de oponer la excepción de falta de legitimación activa del Sr. AA, por no haber acreditado su calidad de propietario del camión siniestrado. Por su parte, BB S.A. controvirtió la citación en garantía por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por no existir un vínculo de garantía contractual, solicitando también el rechazo de la demanda, oponiendo la excepción de falta de legitimación activa, alegando la existencia de un caso fortuito (temporal) y de falta de prueba de los daños. III. La sentencia apelada desestimó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por las citadas en garantía, por considerar que el accionante acreditó su calidad de damnificado por el evento lesivo, calidad que no fue objeto de controversia y que además resulta de los documentos obrantes a fojas 11 y 15 (póliza de seguro y presupuesto de daños en vehículo). Se amparó, en cambio, la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desestimando la demanda a su respecto, por entender que transfirió la guarda del lugar donde ocurrió el evento dañoso a las concesionarias, habiéndose obligado BB S. A. (contratada por CVU S. A.) a ejecutar trabajos para el mantenimiento de la Ruta Nacional No. 2 en dicho tramo. Finalmente, argumentó el a quo que en el caso no puede imputarse a las citadas en garantía ninguna conducta contraria a derecho, habiéndose probado la existencia de condiciones climáticas adversas (temporal con vientos de 74 km. por hora) que fueron determinantes para la caída del árbol, configurándose la eximente de responsabilidad caso fortuito, desestimando la demanda en todos sus términos. IV. Respecto a la legitimación activa del actor, sobre la que se agravian las citadas en garantía, la Sala comparte lo decidido en la recurrida, por cuanto, la calidad de damnificado es suficiente para ostentar la legitimación procesal en una acción de daños y perjuicios, sin que sea indispensable la acreditación de la propiedad del bien siniestrado. En el caso, surge de autos que el Sr. AA era el titular de la póliza de seguro del vehículo y presentó un presupuesto de los daños bajo su titularidad (fojas 11 y 15), elementos que, en conjunto, son suficientes para establecer su legitimación activa, razón por la que se desestima el agravio fundado en el punto. V. Resultan de recibo, en cambio, los agravios del accionante en relación con la legitimación pasiva del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la falta de servicio que se le atribuye, por lo que se procederá a modificar lo dispuesto en el grado anterior. El Ministerio demandado opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, expresando que operó la transferencia de la guarda de la Ruta No. 2 a la concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A., quien posteriormente contrató a BB S.A. para su mantenimiento, negando la existencia de la falta de servicio que le imputa el accionante. Sin embargo, a juicio de la Sala, la guarda de los árboles existentes en el tramo de la Ruta No. 2, donde ocurrió el siniestro, correspondía exclusivamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no a las concesionarias. De hecho, no surge de los términos de la contratación con CVU S. A. (documentos de fojas 34 a 54, fojas 88, de fojas 90 vuelto a 93 y demás documentos agregados por el demandado y citadas, en especial, de fojas 164 a 212 y de fojas 221 a 223) ni con BB S. A. (documentos de fojas 55 a 57, de fojas 64 a 66, a fojas 99 y 100, de fojas 213 a 215 y de fojas 225 a 228), que las empresas asumieran otra obligación mas allá de mantener en condiciones de seguridad la ruta para los usuarios, no estableciéndose obligación específica respecto a la situación del arbolado contiguo, fuera de las tareas de emergencia previsibles que comprenden “trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser la caída de árboles sobre la calzada...” (fojas 164 in fine). Además, no se acreditó que el árbol caído presentara previamente condiciones que pusieran en riesgo evidente aquella seguridad, ni que tuviera problemas visibles de firmeza o ramas colgantes o inclinación peligrosa, como tampoco que se hubiera realizado el control efectivo sobre su estado por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es a quien correspondía y debió individualizar el árbol que, por su ubicación y estado, pudiera significar una amenaza para los usuarios de la ruta y solicitar su corte a BB. La caída de árboles situados sobre las rutas nacionales a consecuencia de eventos climáticos o por cualquier otra razón, es un riesgo que debe ser gestionado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quién tiene el deber de mantenimiento y control de la infraestructura vial, como surge de la declaración de la funcionaria del Ministerio demandado, Sra. María Rivero, quien expresa que si se advierte la existencia de árboles en condiciones de riesgo o muertos, “se notifica a la empresa y ellos los sacan” (fojas 502). Para el corte de cualquier árbol, las concesionarias requieren la “autorización previa” del Ministerio, agregando el Director de Obra, Sr. Jesús Lema, que si es necesario cortar un árbol y “si lo detectamos nosotros, se da la orden a la empresa” (fojas 508); lo que fue confirmado por el Ingeniero CC, dependiente de BB, quien expresa: “En el contrato está previsto que nosotros no podríamos tener árboles que impidan o dificulten visibilidad en la ruta, arboles que puedan caer en la ruta o fitosanitariamente comprometidos. No tenemos la facultad de retirarlo unilateralmente, debemos consultarlo a Vialidad y se nos tiene que autorizar. En general, cuando nosotros vemos algo en la ruta que esta mal, es decir, los árboles, le tenemos que avisar a ellos; no pedimos para hacer una poda pero sí para retirarlo. Esto es recíprocamente; en las evaluaciones diarias que tenemos nos marcan si tenemos árboles que tenemos que retirar, eso se convierte en una orden de retiro de árboles; servicio que estamos obligados a cumplir sin obtener un pago para eso.” (fojas 512). En el mismo sentido se manifestó el testigo DD, empleado de BB, que señaló que para retirar árboles hay que pedir permiso, “son ellos que indican qué árbol hay que cortar por riesgo de caída o porque esté seco” (fojas 526) y el Director Nacional de Vialidad, Sr. Hernán Ciganda, quien expresó que para retirar árboles se requiere autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (fojas 531). En definitiva, la caída del árbol sobre la ruta demuestra la existencia de una falta de servicio por parte del Ministerio demandado, no habiendo operado la transferencia de la guarda a las citadas, recayendo sobre el demandado la responsabilidad en el insuceso. El Tribunal en Sentencia No. 92/2012, en caso de similares aristas y en términos trasladables al caso, sostuvo: “La Sala comparte la exoneración de responsabilidad de EE SRL que realiza el pronunciamiento hostilizado infolios. En efecto, de fs. 100/101 y 108/125 resulta acreditado que el MTOP y EE SRL se encontraban vinculados por un contrato de Mantenimiento Rutinario Integral en la Regional 7, en tramos de Rutas 12, 21, 22 y 54 de los departamentos de Colonia y Soriano. Sobre el arbolado existente, se acordó: “Corte de ramas y árboles. Los árboles deben presentarse firmes y sin ramas colgantes con riesgo de desprendimiento o inclinación peligrosa sobre los caminos que comprometa la seguridad del usuario. La dirección de obra podrá solicitar el corte de árboles aislados que por su mal estado o ubicación signifiquen riesgo para la seguridad en el tránsito” (fs. 122 vta.). En el punto, la responsabilidad de EE SRL estará supeditada a su condición o no de guardián de los árboles existentes a lo largo del tramo de la Ruta No 54 donde acaeció el accidente. Considera la Sala que la guarda correspondía exclusivamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y no a EE SRL. De hecho, más allá de la confusa redacción de la cláusula respecto al arbolado, de ella se desprende que el contratista se obligó a mantener en condiciones de seguridad la ruta para el usuario, pero únicamente respecto de los árboles que visiblemente pusieran en riesgo aquella seguridad. Así, la cláusula hace referencia a la firmeza de los árboles, ramas colgantes con riesgo de desprendimiento e inclinación peligrosa. Sin embargo, el álamo que cayó sobre la ruta, no presentaba problemas visibles de sanidad, no presentaba lesiones, fisuras, ataque de hongos o parásitos, la corteza del árbol estaba sana, no presentaba grietas (servirse ver fs. 107 y 280 vta.). No tenía problemas visibles de firmeza, ni tampoco se probó que -ese árbol en particular- tuviera ramas colgantes o inclinación peligrosa. En la demanda, la actora sostiene que el árbol estaba plantado a 8,5 mts. de la ruta, que se trataba de un árbol que medía más de 16 mts. de largo, que estaba plantado en una zona baja, de suelo arenoso, que estaba próximo a una cañada, lo que probablemente generó la erosión del suelo y que el árbol se “afloje”, perdiendo pie y colaborando con su caída (fs. 69 vta.). Sin embargo, dichas condiciones de peligrosidad, con amenaza para la seguridad vial, le son enteramente imputables al MTOP y no a EE SRL. Y esto porque la propia cláusula refiere a que “La dirección de obra (léase MTOP) podrá solicitar el corte de árboles aislados que por su mal estado o ubicación signifiquen riesgo para la seguridad en el tránsito”. Por ende, el MTOP es quien debió individualizar los árboles que, por su ubicación, pudieran significar riesgo para los usuarios de la ruta y solicitar su corte a EE SRL. En autos resultó probado que el MTOP tenía pleno conocimiento del riesgo que significa la existencia de álamos al costado de la ruta. ... Entonces, quedó fehacientemente probado el conocimiento previo que tenía el Ministerio demandado de la situación particular de los álamos y en general, de todos los árboles que se encuentran a menos de 15 metros del borde de la ruta, sin embargo no solicitó a EE SRL su saca, corte o tala. La concesionaria no podía por sí y ante sí hacerlo porque requería de la autorización y solicitud previa del Ministerio. En suma, existió falta de servicio por parte del Estado, sin que en la esfera de EE SRL existiera la obligación que se le imputa incumplida. A modo de consecuencia, la exoneración de responsabilidad en el evento dañoso de la empresa conlleva el rechazo de la pretensión movilizada contra EE SRL por la demandada, por la vía de la citación en garantía, que fuera objeto de agravio subsidiario a la exoneración de responsabilidad del MTOP. Además, también debe descartarse en el caso la eximente de responsabilidad de la fuerza mayor (vientos de entre 45 y 50 km./h) que invoca el MTOP, no solo porque fue el único árbol que cayó en la zona, sino porque el propio Ministerio tenía pleno conocimiento de la natural debilidad de los álamos (raíces superficiales) ubicados en una zona baja, de suelo arenoso, que estaba próximo a una cañada, lo que probablemente generó la erosión del suelo y la precipitación del árbol. Por tanto, su caída era previsible y evitable, lo que descarta la eximente de responsabilidad invocada.” (en Base Jurisprudencia Nacional). En el caso, el decisor de primera instancia calificó al evento climático acaecido en la oportunidad como caso fortuito que operó como eximente de responsabilidad, punto sobre el que también se agravia la parte actora y que resulta de recibo. La Sala descarta la eximente de responsabilidad ya que no se probó que fuera el viento de 74 km. por hora (máximo informado por INUMET a fojas 463 y 464 y a fojas 473 y siguientes) el que ocasionó la caída del árbol, tratándose del único que cayó en el tramo de la ruta donde ocurrió el siniestro. Por otra parte, no es el sentenciante quien puede afirmar, sin un informe de experto (perito) que lo demuestre, que el árbol cayó por la acción del viento. Además, un evento climático como la tormenta con vientos de la intensidad registrada y aún mayores, conforme la contestación del oficio librado a INUMET, no resulta extraordinario, surgiendo de lo informado, que en el año 2022 se relevaron más de 15 situaciones que fueron catalogadas dentro de “días con viento mayores a 70 km/h” en los departamentos de Colonia, Soriano y San José (fojas 474 vuelto). Tampoco puede imputarse participación causal alguna al conductor del camión (como lo pretende el demandado), ya que ninguna prueba se aportó al respecto. En definitiva, como viene de señalarse, corresponde atribuir la responsabilidad en el evento dañoso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, resultando de recibo el memorial de agravios que el accionante funda en el punto, habiendo incurrido el sentenciante en una errónea valoración de la prueba al calificar la caída del árbol como caso fortuito. VI. Habiéndose quedado establecida la responsabilidad del Ministerio demandado en el insuceso, corresponde ingresar al análisis de los daños reclamados. La parte actora reclamó la suma de U$S 8.600 por concepto de daños materiales sufridos por su vehículo, adjuntando el “Presupuesto” obrante a fojas 11, tratándose del único medio de prueba aportado al respecto. Dicho documento, que expresa en dólares el costo de reparación del camión, no resulta suficiente, a juicio del Tribunal, para cuantificar el rubro, dado que no fue reconocido por su autor, cuyo nombre no surge del mismo, ni fue acompañado por ningún otro medio de prueba. Por lo expuesto y si bien se estima demostrada la existencia del daño, habrá de diferirse su liquidación a la vía del artículo 378 del Código General del Proceso, donde deberá acreditarse el costo total de la reparación por medios de prueba idóneos. VII. Los demás daños reclamados serán desestimados, dado que el accionante no cumplió con la carga de la debida sustanciación y tampoco con la carga de la prueba, cuando, conforme a la versión contradictoria alegada por las partes en sus actos de proposición inicial, era sobre la parte actora que recaía la carga de demostrar los hechos constitutivos de su pretensión controvertida por la contraria (artículo 139.1 del Código General del Proceso), por ser quien soportará, conforme el ordenamiento jurídico vigente, las consecuencias de dicha omisión. Con respecto al daño a las relaciones comerciales y empresariales, el accionante afirmó en la demanda, sin mayor detalles, que “es evidente” que “tuvo que dar la cara frente a su cliente en Uruguay a quien se destinaba la mercadería por no cumplir fielmente su obligación” (fojas 22 vuelto), no habiendo ofrecido medio de prueba alguno tendiente a acreditarlo. Tampoco se especifica en la demanda en que habría consistido concretamente el daño por la indisponibilidad del vehículo y mucho menos se prueba, como tampoco se acreditó el alegado detrimento del valor del camión como consecuencia del evento dañoso. Respecto de la circunstanciada exposición de las pretensiones, se ha dicho: “Debe destacarse la indudable trascendencia práctica de que el acto de proposición cumpla cabalmente con los postulados de la teoría de la sustanciación. Ello significa que cada petición debe presentarse con el relato de los hechos históricos que la sustentan y de las consecuencias jurídicas que pretenden extraerse de los mismos. No basta entonces con una mera invocación genérica respecto de lo que se pretende, sino que en todos los casos deben aducirse los hechos relevantes que den sustento a la acción o la excepción propuesta” (Véscovi et alter: “Código General del Proceso, Comentado, anotado y concordado”, Tomo 3, página 40). Y sobre la carga de la prueba, expresa el Dr. Gabriel Valentín, en su trabajo titulado “El principio de la libertad de la prueba y la carga de la prueba”: “DEVIS ECHANDIA ha sintetizado el concepto moderno de carga de la prueba señalando que "es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez como debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables" (Teoría general de la prueba judicial", t. I cit., p. 426). Esta noción tiene la virtud de destacar claramente la doble perspectiva que encierra el fenómeno de la carga de la prueba: la existencia de una regla, dirigida al tribunal, que le permite evitar el non liquet indicándole el contenido de su fallo cuando ciertos hechos del objeto de la prueba no han sido probados, y la existencia de otra regla, dirigida a las partes como reflejo de la primera, y que les indica la necesidad de que ciertos hechos sean probados si no quieren sufrir las consecuencias de un fallo desfavorable.” (Omissis) “La regla que distribuye la carga probatoria en el CGP [art. 139.1], atiende a la naturaleza del hecho a probar: corresponde probar, al que pretende, los hechos constitutivos de su pretensión, y al que la contradiga, los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.” (Valentín, Gabriel; “El principio de la libertad de la prueba y la carga de la prueba”, publicado en: RDT Abril - Junio 2014, cita online: UY/DOC/114/2014, citado en sentencia de la Sala No. 193/2023). VIII. No obstante la condena que habrá de imponerse al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no corresponde amparar la citación en garantía deducida contra CVU S.A. y BB S.A., en primer lugar, por cuanto se concluyó que existió falta de servicio por parte del Estado, sin que en la esfera de las concesionarias existiera la obligación que se imputa incumplida, lo que conlleva el rechazo de la pretensión movilizada contra ellas por el demandado. Tampoco se formuló una concreta pretensión de regreso contra las citadas, no siendo suficiente la mera mención al artículo 51 del Código General del Proceso realizada en el numeral III de la contestación de la demanda (fojas 130 vuelto). Para que pueda analizarse la procedencia de la acción de reembolso, debe plantearse una verdadera demanda del accionado contra el tercero citado, que en caso de admitirse, se acumula a las pretensiones inicialmente formuladas por el actor, ampliándose el objeto del proceso, lo que no acaeció en el caso. “Como enseña Torello refiriéndose a la primera "la citación en garantía es el instrumento procesal que facilita, económicamente, ventilar en un mismo proceso la pretensión originaria (y que es la propuesta por el actor frente al demandado) y otra que se le sobre agrega, planteada por el demandado contra un tercero (citado en garantía) cuya causa radica en la existencia de una relación sustantiva entre el demandado y el citado, conforme con lo cual, éste último estaría obligado a garantir al primero, por las consecuencias perjudiciales que eventualmente le sobrevengan en razón del litigio inicial. Esta garantía actúa en doble campo: se trata, por un lado, de lograr la actuación coadyuvante del citado en defensa del citante en el litigio inicial; por otro lado, se trata de obtener, en la eventualidad de sucumbir el citante en el litigio inicial, que la misma sentencia imponga al citado resarcir al primero, en todo o en parte, el menoscabo patrimonial que se le deriva de la sentencia adversa que decide el conflicto inicial." (Véscovi et alter, “Código General del Proceso...”, Tomo 2, artículos 31 a 116, Editorial Ábaco, páginas 169/170). "La citación en garantía, el efecto que produce es la extensión del contenido del proceso, requiriéndose -como dice Teitelbaum- "específica relación sustantiva de garantía que posibilite una acción de reembolso, pues no basta una simple conexión de orden procesal (objeto, sujeto, causa); la citación del garante constituye -en rigor- una demanda del demandado original, de carácter preventivo, ya que reclama que en la eventualidad de que sea condenado, se condene a su vez al citado; de no existir una pretensión concreta del demandado, el citado no podría ser condenado, por no haberse movilizado a su respecto ninguna pretensión, en aplicación del principio dispositivo, y sin perjuicio de que pueda intervenir voluntariamente, por tener un interés jurídico en coadyuvar con el demandado. En tales casos, la legitimación del citado se configura en relación al demandado, y no respecto al actor original" (Cf. Código General del Proceso Anotado, Véscovi y colaboradores, Tomo 2, página 174). IX. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: REVÓCASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA Y, EN SU MÉRITO CONDÉNASE AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A PAGAR AL ACTOR, AA, EL DAÑO EMERGENTE RECLAMADO, CUYA CUANTIFICACIÓN SE DIFIERE AL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 378 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, CONFORME FUE ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO VI, CONFIRMÁNDOSE LA RECURRIDA EN LO DEMÁS. TODO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 40.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Analía García Obregón- Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria subrogante