Sentencia Definitiva N° 250/2025

Sentencia No. 250/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 1 de octubre de 2025.- V I S T O S: Para Sentencia definitiva en segunda instancia en estos autos caratulados: “PORTO SEGURO S -SEGUROS DEL URUGUAY SA C/ VANEGAS, Marcos y otro. DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 227-627/2020, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 26 del 3 de diciembre del 2024, dictada por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia de Carmelo de 2° Turno, Dra. Judith Alvarez Cabrera (fs. 294) R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 287-294), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión y en lo medular a esta alzada, desestima la demanda incoada, sin especial condenación en el grado. (fs.294) II.- Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresa agravios a fs. 297/301. En resumen, sostuvo el recurrente: que la sentencia incurrió en errónea valoración de la prueba y aplicación del derecho, al desconocer la presunción de culpa del guardián prevista en el art. 1324 del C.C. A su entender, quedó acreditado que el demandado realizaba tareas de soldadura en el tanque de combustible, lo que generó el foco ígneo, conforme surge de su propia declaración y del informe de Bomberos. Aun admitiendo el carácter hipotético de este último, los indicios resultan suficientes para atribuirle responsabilidad. Por ello, solicitó la revocación de la sentencia impugnada, III.- Se contestaron los agravios (fs.304/305) y se franqueó la alzada. (No. 189 del 18 de marzo del 2025). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por revocar la Sentencia en recurso y, en su mérito, condenar solidariamente a los demandados a abonar a la parte actora la suma de U$S 13.000, con más intereses legales desde la fecha del pago que la aseguradora efectuó a su asegurado (29/III/2017, conforme fs. 30) y hasta su efectivo pago. Sin especial sanción procesal en el grado, conforme la fundamentación que subsigue; II.- En autos se presenta el representante de Porto Seguro- Seguros del Uruguay SA, (11/11/2020), promoviendo demanda de daños y perjuicios contra Marcos Vanegas y José Amelio Gutiérrez, en virtud del incendio ocurrido el 20/01/2017 en el camión matrícula LFA AA asegurado por su representada, propiedad de Labiral SA, el que se encontraba en el taller del codemandado Gutiérrez, en manos del empleado de este: Marcos Vanegas. Alega que el incendio ocurrió por culpa de los demandados, hecho ilícito descripto por art 1319 del C.C. y por tanto le asiste derecho de reclamar daños y perjuicios conforme al referido articulo y a lo dispuesto por el art. 1324 del mismo cuerpo normativo. Atribuye culpa al demandado Vanegas, al no actuar con la diligencia de buen padre de familia, máxime si se tiene en cuenta que se dedicaba en forma profesional a la reparación de vehículos y además no fue capaz de sofocar el foco ígneo. En cuanto a Gutiérrez, dice este es responsable por el proceder de su dependiente. (art.1324 inciso 4 del CC) Reclama los daños por " pérdida total" que determinó la calificación de " restos" de vehículo siniestrado. Manifestó que: “La indemnización por pérdida total del mencionado rodado determinó la erogación por parte de mi representada de la suma de US$ 13.000,00, sin incluir IVA, el cual no se transfiere al demandado, dado que mi representada no lo soporta como consumidor final” (fs. 32). Efectuado el pago al asegurado, entiende ha quedado subrogado en los derechos de éste de conformidad con la regla del art. 669 del Código de Comercio. En definitiva, solicita se condene a la parte demandada al pago de la suma de U$S 13.000, “con más reajustes e intereses que por ley correspondan” (fs. 34), costas y costos. Sustanciada la demanda, comparece el codemandado Vanegas quien opone le excepción de prescripción de la pretensión, de lo que hay decisión firme dictada por TAC 2do, desestimándola. (Conf., Sentencia Interlocutoria N° 130/2022, del 20 de abril de 2022, fs.99). En cuanto al fondo del asunto, niega la responsabilidad atribuida, admite que trabajo años atrás en el taller de Gutiérrez, que efectivamente el 20 de enero de 2017, se encontraba reparando el camión asegurado por la actora, pues tenía pérdidas cuando este toma fuego por razones que se desconocen y se incendia en gran parte, siendo apagado el foco ígneo por el departamento de Bomberos. Manifiesta que nunca se realizó pericia para determinar el origen del incendio. Se presume que fuere "...por la pintura con que cuenta dicho tanque ya que la misma es inflamable, pudiendo haber hecho reacción con el puntero de la soldadora..." Pero nunca se verifica esta teoría. Además de las declaraciones vertidas en parte policial surge que "... el chico se encontraba raspando para pintar, cuando se dio cuenta empezó a echar humo el camión, vio que había fuego y se alejó del lugar..." Aduce que la actora deberá probar la causa, el nexo causal y la responsabilidad de los hechos. Cuestionó el monto del daño reclamado, y solicitó el rechazo de la acción. Celebrada las audiencias, diligenciada la prueba, concluida la causa, por Sentencia definitiva No. 26 del 3 de diciembre del 2024, (fs.287 a 294) se desestimó la demanda impetrada. Esta decisión fue recurrida por la parte actora perdidosa, según los agravios reseñados por Resultando II. Cabe consignar que el codemandado Sr. Jose Amelio Gutiérrez, no contesto la demanda ni compareció a las audiencia de precepto, pese a haber sido debidamente notificado. Se alegó, pero no se probó su fallecimiento, (fs.59) situación que ya fue relevada por esta Sala, al dictar la interlocutoria No.130/2022. Ante la falta de esclarecimiento de este hecho, nada corresponde resolver en esta instancia a su respecto III) En lo medular, la recurrente sostiene que la sentencia incurre en errónea valoración de los hechos y de la prueba, así como en incorrecta aplicación del derecho, al desconocer la presunción de culpa establecida en el art. 1324 del C.C. A su entender, dicha norma resulta aplicable en tanto la parte demandada revestía la calidad de guardián de la cosa, por lo que pesa en su contra la presunción de culpa, cesando su responsabilidad únicamente si probaba haber empleado la diligencia del buen padre de familia, lo que no ocurrió. Señala que el inciso final del art 1324 dispone una presunción de culpa por parte de quien tiene la guarda de la cosa. Se presume que la conducta del guardián fue negligente porque este tenía el deber de vigilar la cosa a los efectos de evitar la producción de daños hacia terceros, y la existencia del daño demuestra que no fue diligente, salvo que pruebe una eximente de su responsabilidad. En autos, es un hecho admitido la existencia del evento dañoso: que el camión LFA AA, asegurado por la actora resulto dañado en su casi totalidad, mientras estaba siendo reparado por el Sr. Vanegas en el Taller “Metalúrgica Gutiérrez” sita en Zorrilla de San Martín s/n y Ruta 55 (Colonia), el 20 de enero del 2017. El objeto de controversia radica en la causa del siniestro en cuestión, pues la actora alega que; “...al haber participado una cosa en el evento dañoso, como es el camión siniestrado por el foco ígneo, se debe partir de una presunción de culpa de quien tenía la misma bajo su cuidado” (fs. 298). En su demanda, la actora fundó la pretensión contra Marcos Vanegas atribuyéndole responsabilidad en su calidad de guardián del camión. En cuanto a José Gutiérrez, se invocó la responsabilidad por el hecho de su dependiente. A los efectos de poder concluir sobre la existencia o no de las responsabilidades atribuida, corresponde estar a la prueba producida en obrados. La parte actora agrega la póliza de seguro por el vehículo en cuestión, póliza de seguro No AU104375, vigente al momento del siniestro, a nombre de Labiral S.A., respecto del camión Hyundai matrícula LFA AA (fs. 5/6). Agrega además la denuncia de siniestro de fecha 20/I/2017, donde se consigna que un empleado trabajaba en el camión cuando comenzó a salir humo, iniciándose luego el fuego (fs. 17/19). De la novedad policial No 5.460.345, labrada a consecuencia del siniestro resulta que el codemandado Vanegas declara que al momento del insuceso, se encontraba soldando el tanque de combustible cuando divisó humo, propagándose el incendio de inmediato (fs. 23 y 223 vto.). También se adjuntó el informe de Bomberos, que atribuye el origen del fuego a la chispa de soldadura, con combustible primario en gases residuales y recubrimiento de goma Dicho informe al referir a la causa del siniestro estatuye que: Se encontraban realizando tareas de soldadura, cayendo una chispa de estas en superficie de goma dando origen al foco ígneo el cual se propagó de forma rápida debido al material. Día de la inspección Ocular: Se pudo constatar que el foco se originó entre el tanque y el habitáculo del conductor propagándose de forma rápida hacia el interior de la misma ayudado por gases residuales combustibles que quedan a lo largo de los años en esos tanques. De las averiguaciones: según manifestaciones de trabajadores se encontraban trabajando en tareas de soldaduras del tanque hasta que de repente se encendió el foco. Conclusión: Debido a las averiguaciones y inspección realizada en el lugar se presume que el trabajo de soldadura dio origen de forma accidental a dicho foco encuadrando esta intervención dentro de la sub división como Hipotético Accidental Previsible” (fs. 25 vto., 221 vto., 265 y 269). (fs. 25 vto., 221 vto., 265 y 269). Por su parte la Sra. Susana Guigou, representante de Labiral S.A., al declarar ante la sede, reconoce el vehículo dañado como propio, confirma que el tanque de combustible del camión cisterna marca Hyundai 5000 L, matrícula No. LFA AA, presentaba pérdidas que se intentaban reparar mediante soldadura (fs. 208 y sgts.). Del cumulo probatorio antes reseñado, valorado en su conjunto (art.140 del CGP) se puede concluir sin duda razonable, que el evento dañoso, se verificó con la participación de una cosa (camión/soldadora), responsabilidad por el hecho de las cosas, tal como lo señala el agraviado. Esta conclusión, impone pues identificar al titular de la guarda material. “… El artículo 1324 del Código Civil en sí mismo no individualiza al responsable del evento dañoso sino que atribuye responsabilidad al guardián (material), el que es definido como aquel sujeto que ejerce un poder efectivo y efectivamente independiente de dirección y control, la persona que lo ejerce en el momento del daño con independencia, …” (Gamarra, Jorge en “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, Tomo XXI, págs. 139, 153, 157, 213).- Consecuentemente de todo lo que viene de decirse, resulta probada la calidad de guardián material del Sr Vanegas, atribuida por la demandante, pues, este admite que el día de los hechos estaba reparando el tanque de nafta del camión en cuestión, utilizando la soldadora la que expidió una “chispa”, lo que a la postre produjo el incendio. Admitida su calidad de guardián material, este no arguyó eximente de responsabilidad alguna, solamente se limitó a negar la existencia de certeza en la causa del incendio, desconociendo la causa del foco ígneo. Asiste razón al apelante en cuanto a que, aplicada la presunción de culpa prevista en el art. 1324 del C.C., la responsabilidad de Marcos Vanegas —en su carácter de guardián material del camión— se presume. Como lo ha señalado reiterada doctrina y jurisprudencia, dicha presunción desplaza la carga probatoria, correspondiendo al guardián demostrar que empleó la diligencia del buen padre de familia o que el daño provino de una causa extraña no imputable En el caso, Vanegas no ofreció prueba alguna dirigida a acreditar la ausencia de culpa, de modo que su responsabilidad deviene ineludible. Ello con mayor énfasis si se atiende al informe de Bomberos glosado a fs. 221, que calificó el siniestro como “hipotético accidental previsible”, constatándose que al tiempo de realizarse las tareas de soldadura no se desmontó el tanque del camión, circunstancia que facilitó que una chispa iniciara el fuego que rápidamente consumió el vehículo. En la situación planteada en autos corresponde tener presente que pesaba sobre el demandado el onus probandi de acreditar que en sus tareas de soldadura del tanque de nafta del camión siniestrado empleó “... toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño” (art. 1324, inciso final), lo que, a criterio de la Sala, no lo hizo. El codemandado Vanegas ninguna prueba ofreció con virtualidad suficiente de liberarle de la presunción de culpa que le es atribuible, por el contrario todo indica que el mismo fue negligente al utilizar una soldadora en un tanque con combustible, por lo cual se amparara los agravios introducidos por el apelante, imputándole la responsabilidad por el hecho dañoso ocurrido. Por su parte, el Sr Gutiérrez en su calidad de empleador del Sr Vanegas, situación jurídica atribuida y que fuere admitida, deberá responder en garantía, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1324 inciso 4 de CC. IV. De lo precedentemente expuesto, acreditada en debida forma los hechos que permiten concluir en la culpa del demandado en la producción del evento dañoso corresponden ingresar al estudio sobre la procedencia del resarcimiento pretendido por la accionante. A la luz de la prueba incorporada, se concluye que el vehículo sufrió un daño de tal magnitud que equivale a su pérdida total. Ello surge, en primer lugar, de las fotografías obrantes de fs. 8 a 16, que evidencian el estado en que quedó tras el incendio. En el mismo sentido, el Taller Servi-Mec (fs. 26) se niega categóricamente a elaborar presupuesto o realizar reparación alguna, señalando expresamente la “magnitud del problema ocasionado por el incendio”. También se agrega el informe de liquidación de Restos (01/II/2017 - fs. 27) Aunado a lo anterior, se incorpora un informe Especial No 50.668 de Autodata (fs. 28 y 207), por el cual se tasa como valor venal (valor de mercado) del vehículo al momento del siniestro en U$S 15.000. Consecuentemente, descontado el valor de tasación de los “restos”, el actor abono a su asegurado la suma de U$S 13000, tal como surge del recibo de Indemnización (29/III/2017 - fs. 30) Se acredito que la empresa Labiral S.A. recibió de la aseguradora Porto Seguro la suma de U$S 13.000 en concepto de indemnización por el siniestro. (fs.30) Lo anterior, fue avalado por la declaración de la representante de la empresa damnificada (Labiral S.A.), Susana Guigou quien, al declarar ante la sede, ratifica y reconoce haber recibido dicha indemnización, por parte de su asegurador (fs. 208 vto.). Habiéndose acreditado en autos el pago de la indemnización por parte de la aseguradora a su asegurado, corresponde tener por legítimamente operada la subrogación legal del asegurador reclamante en los derechos y acciones que originariamente competían a su asegurado, Labiral S.A., conforme lo previsto en el art. 669 del Código de Comercio. Conforme al "Recibo de Indemnización" que luce a fs. 30, la aseguradora (Porto Seguro – Seguros del Uruguay S.A.) efectuó el pago de U$S 13.000 a su asegurado (Labiral S.A.) en fecha 29 de marzo de 2017. Este monto marca el límite de la subrogación y, por ende, de la condena. Por todo lo anterior, y en mérito a la subrogación operada, así como la responsabilidad atribuible a los demandados, se revocará la resistida, y en su lugar, se condenará solidariamente a los demandados a abonar a la parte actora (PORTOSEGUROS S - SEGUROS DEL URUGUAY SA) la suma de U$S 13.000 (trece mil dólares estadounidenses), más los intereses legales que correrán desde la fecha en que la aseguradora efectuó el pago a su asegurado, esto es, el 29 de marzo de 2017 (cfme. fs. 30), y hasta el día de su efectivo y total pago. V.- La solución acordada y la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado, imponen que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 C.G.P. y 688 C. Civil). Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal, F A L L A: Revocase la sentencia apelada, y en su lugar, condenase solidariamente a los demandados a abonar a la parte actora la suma de U$S 13.000, con más intereses legales desde la fecha del pago que la aseguradora efectuó a su asegurado (29/III/2017, fs. 30) y hasta su efectivo pago. Sin especial sanción procesal en el grado. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada