Sentencia Definitiva N° 211/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO. MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “LAGO, NICOLÁS C/ VARELA, JUAN Y OTROS - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-123896/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 6º Turno a cargo de la Dra. Julia Isabel Rodríguez Mederos. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 27/2025 de fecha 4 de junio de 2025 (fs. 199-204): - Se estimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Juan Manuel Varela Andrés y Carolina Varela Andrés. - Se desestima la demanda respecto a Juan Manuel Varela Andrés, Carolina Varela Andrés, Washington Díaz Sum y Juan Varela S.R.L. - Se estima parcialmente la demanda y en su mérito, se condena a SEGURIDAD ORIENTAL S.R.L. (SEGOR) y subsidiariamente a ANTEL a abonarle a Nicolás Lago, los rubros laborales reclamados individualizados, con el alcance establecido en los Considerandos, intereses, reajustes y multas legales, que se generen hasta su efectivo pago. - Sin especial condenación en costos, costas de precepto para la demandada perdidosa. 3) La representante de la parte codemandada ANTEL, interpone recurso de apelación (fs. 216-217 vto.), contra la referida sentencia definitiva, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Atribuyó responsabilidad subsidiaria a ANTEL, siendo que esta parte no fue empleadora del actor, sino un tercero ajeno a la relación laboral de autos, no participó en forma alguna en el acuerdo entre el actor y su empleadora, es decir que no le abonaba sueldos, ni impartía directivas al actor, como surge probado. La vinculación entre ANTEL y la empresa codemandada, se debió a una licitación por la prestación por esta última de servicios de guardia con porte de ama para los centros comerciales de ANTEL ubicados en el Departamento de Canelones. En tanto que esta parte no fue empleadora del actor, no existió ningún elemento requerido para la conformación del contrato de trabajo, todos éstos elementos correspondían a la codemandada SEGURIDAD ORIENTAL S.R.L. B) Asimismo, resulta agraviante también la condena a los rubros de indemnización por despido, multa legal y daños y perjuicios preceptivos, ya que derivan de una relación laboral que no existió con ANTEL. Es decir, no habiendo vínculo jurídico ente esta parte y el actor no corresponde hacerle extensiva ninguna obligación derivada del mismo, ni siquiera a título subsidiario. Además, expone que son absolutamente ajenos al concepto de “obligaciones laborales”, señalados en las Leyes 18.099 y 18.251. C) Rechazó la excepción de caducidad cuatrienal, siendo que la misma corresponde en virtud de tratarse ANTEL de un servicio descentralizado, debiendo aplicarse lo dispuesto por las Leyes 11.925 y 16.226, por lo que, solo se podrá reclamar por los cuatro años inmediatos anteriores a la promoción de la demanda. 4) Por decreto Nº 1171/2025 de fecha 23 de junio de 2025 (fs. 219) se dispuso el traslado de la impugnación deducida por el término legal, resultando evacuado por la parte actora a fs. 226-228 vto. 5) Por providencias Nº 1363/2025 y Nº 1499/2025 de fechas 24 de julio de 2025 y 7 de agosto de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido por el actor, y por la última de las nombradas se tuvo por no evacuado el traslado por Juan Manuel Varela Andrés, María Carolina Varela Andrés, a SEGOR y Washington Díaz Sum y se dispuso conceder el recurso de apelación opuesto con efecto suspensivo y en su mérito franquear los autos para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 230-231). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 26 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 238 vto. -239), debiéndose dejar constancia que este Colegiado estuvo desintegrado por licencias de sus miembros naturales desde el 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025, inclusive, y desde el 10 al 13 de setiembre de 2025, inclusive. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) En primer lugar, por una cuestión de orden procesal, corresponde considerar el agravio por el rechazo de la excepción de caducidad opuesta por ANTEL, que aduce en razón de tratarse de un servicio descentralizado, debiendo aplicarse lo dispuesto por las Leyes 11.925 y 16.226. Por lo que, entiende que sólo podrá reclamar por los cuatro años inmediatos anteriores a la promoción de la demanda, lo que incide en el monto de la condena. El art. 39 de la ley 11.925 establece que todos los créditos y reclamaciones contra el Estado, de cualquier origen, caducarán a los cuatro años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles. La norma dispone también la suspensión del plazo mediante toda gestión administrativa, en la que se reclame el pago de los mismos rubros. Asimismo, el art. 8º de la Ley 16.226 (dando redacción al art. 106 de la Ley 15.167) establece que "Los créditos por concepto de remuneraciones personales de los funcionarios públicos que se generen a partir de la vigencia de la presente ley, prescribirán a los cuatro años, contados de la fecha en que pudieron ser exigibles". Al hablar de caducidad, la disposición legal se refiere a un derecho que nace limitado, en cuanto a que debe ejercerse en un tiempo prefijado. Si no se ejerce dentro de ese plazo el derecho se extingue, porque el instituto de la caducidad obedece a razones de seguridad jurídica y orden público. Cabe destacar la diferencia con la prescripción, también en cuanto a sus efectos, la prescripción se interrumpe o suspende natural o civilmente. Se interrumpe civilmente por el emplazamiento judicial notificado al poseedor o deudor (art. 1235 C.C.), la caducidad, en cambio no se suspende, puede oponerse de oficio por el juez, y no requiere la notificación al demandado, basta la presentación de la demanda para que se deje de computar el plazo de caducidad (Caducidad de las reclamaciones contra el Estado. Dra. Graciela Berro LJU Doctrina 6 T. 104. 1992). Por consiguiente, tal como sostiene la referida autora, tratándose de normas relativas a créditos exigibles será necesario determinar, pues, cuándo los créditos contra el Estado pudieron ser exigibles. En cuanto a la cuestión debatida, este Colegiado (incluso con su anterior integración), adhiriendo a calificada jurisprudencia de las restantes Salas de la materia, no comparte el criterio expuesto por la recurrente. Al respecto, se considera que, en función de que se demanda a ANTEL como tercero garante en el marco de las leyes de tercerización, resultan aplicable las disposiciones en materia de prescripción de acciones y créditos laborales contenidas en la Ley 18.091, al ser norma especial en la materia y además posterior a las Leyes 11.925 y 16.226. Como estableciera el T.A.T. 1° en Sentencia Nº 468/2012 del 17.10.2012, “… en el caso resulta plenamente la existencia de una relación de naturaleza laboral, de trabajo subordinado en el marco de una relación laboral (fs. 393 y siguientes). … Pues bien, la consecuencia lógica de tales conclusiones no podía ser otra que la que plantean los recurrentes, esto es, que el art. 39 de la Ley 11.925 y art.22 de la Ley Nº 16.226 no son aplicables al caso de autos que se rigen estrictamente por las normas que específicamente en materia laboral regulan la prescripción, concretamente el art. 29 de la Ley Nº 16.906 del 7/12/1997 que en su inciso 3º preveía incluso la hipótesis de caducidad de los créditos o prestaciones laborales y más precisamente por la Ley Nº 18.091 del 7 de enero de 2007 que en su artículo 6 derogó el artículo 29 de la Ley Nº 16.906.-“ “La ley Nº 11.925 determina su aplicabilidad en función de la naturaleza jurídica del sujeto pasivo de la acción, es una norma general respecto del objeto de la pretensión –créditos y reclamaciones contra el Estado - . En cambio la Ley Nº 18.091 apunta a la naturaleza jurídica de la relación y de los créditos sin interesarle la calidad del sujeto pasivo. Como lo expresa el Dr. Nelson Larrañaga Zeni en “Derecho Laboral y Seguridad Social en la empresa, citado por la apelante a fs. 405 vta.: “hay una clara voluntad del legislador de regular la prescripción laboral para todas las relaciones de trabajo. Por lo tanto comprende cualquier tipo de acción que se funde en una relación de trabajo tanto privada como pública”. “De manera entonces que si bien es cierto que la demandada es una administración del Estado, también es cierto que la sentencia se pronuncia por la calificación como una relación de trabajo, estableciendo que el vínculo de los reclamantes con los demandados es claramente de naturaleza laboral y no una relación funcional. Y en éste punto la sentencia no ha sido objeto de impugnación alguna.” “Por consiguiente, si la Intendencia Departamental de Cerro Largo se comportó como un empleador privado, entablando una relación de trabajo similar a la de cualquier empleador privado con sus trabajadores, los créditos que de ella derivan tienen que ser juzgados en su tempestividad para ser demandados conforme con tal naturaleza. Y la Ley Nº 18.091, no hace distingos entre sujeto pasivo privado o público, además es posterior en el tiempo y más favorable al trabajador.” “En tal sentido, como también lo establecen Juan Raso Delgue, Mario Garmendia Arigón y Álvaro Rodríguez Azcué en Prescripción Laboral, pág. 74 refiriéndose al alcance de la Ley Nº 18.091 establecen que la misma comprende también a las acciones originadas en la relación de trabajo cuyo titular sea un tercero, como puede ser el caso del Banco de Previsión Social o el Banco de Seguros del Estado. “En este sentido, ante el texto similar del artículo 29 de la Ley Nº 16.906, Babace ha expresado que “están comprendidas todas las acciones cualquiera sea su titular (el trabajador o el empleador) y las que se dirigen contra terceros (BPS y BSE)” “En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia laboralista, sentencias Nº 97/2007, 391/200716/2008 todas del TAT. 3º, entre otras: “En los vínculos que el Estado pudiere contraer regidos por la normativa laboral y por ende, susceptibles en caso de conflicto de atenderse por la jurisdicción especializada, la única normativa dable de aplicarse en lo relativo a la temporalidad del reclamo sustancial que se pretenda, lo es el art. 29 inciso 3 de la Ley Nº 16.906 que refiere a la caducidad de los créditos laborales. Esta regulación es especial, aplicada a todos los trabajadores que se amparan al Derecho Laboral, sin distinción de la calidad del empleador, y por ende, sin generar tratamiento desigual, al tiempo que posterior en el tiempo incluso a la que es invocada…”. Así lo entendió también éste Tribunal en sentencia Nº 477/2010 del 10/11/2010 aunque en un proceso contra el B.S.E. en que se debatía acerca de la aplicación del art. 39 de la Ley 11.925 o el art. 66 de la Ley Nº 16.074).” Del mismo modo se ha expedido la Suprema Corte de Justicia en sentencia Nº 250/2013 del 3.5.2013, el cual el Sr. Ministro Dr. Ricardo C. Pérez Manrique, indica que en situación de duda, procede aplicar el régimen más favorable al trabajador, por lo que, le asiste razón al Tribunal cuando afirma que el régimen aplicable debe ser el propio y específico para la materia laboral, por tratarse de una materia de innegable carácter social, tuitivo de los derechos del trabajador (cfr. AJL 2013, c. 533). Por ende, corresponde confirmar la recurrida, desestimándose los agravios. III) Por otra parte, la codemandada ANTEL se agravia por cuanto no comparte que posea responsabilidad subsidiaria. Al respecto, sostiene que no fue empleadora del actor sino un tercero ajeno a la relación laboral de autos, no participó en el acuerdo entre el actor y su empleadora, no le abonaba sueldos ni impartía directivas y tampoco controlaba al actor. Agrega que la vinculación con SEGURIDAD ORIENTAL SRL finca en la contratación para la prestación de servicios de guardia con porte de arma para los centros comerciales de ANTEL actuales y futuros, ubicados en el departamento de Canelones, enmarcándose en la Licitación Abreviada J7A68380 y su ampliación. Tales agravios, a nuestro juicio, tampoco resultan de recibo. En efecto, cabe precisar que ANTEL no fue demandada y condenada como empleadora directa de la accionante, sino en función de las Leyes de Tercerización. Por lo que, los elementos de subordinación, tales como el hecho de que ANTEL no le pagara el sueldo, no impartiera órdenes ni directivas al actor, resultan totalmente irrelevantes para desmerecer su responsabilidad. Por otra parte, no cabe duda que ANTEL en razón de un acuerdo contractual con la empleadora del actor, SEGURIDAD ORIENTAL SRL, enmarcado en los términos de una Licitación, encargó a esta la realización de servicios de guardia con porte de arma para locales ubicados en el Departamento de Canelones, todo lo cual encuadra en el presupuesto de hecho del art. 1 literal A de la Ley 18.251, subcontratación. De ahí que, los agravios no merecen ser recepcionados, por cuanto la actividad accesoria pasible de subcontratación y la responsabilidad -en este caso subsidiaria- de la empresa principal, está expresa y taxativamente enunciada en el art. 1° literal A) de la ley 18.251, al hacer referencia a “seguridad, mantenimiento y limpieza y el relacionamiento inter empresas posee carácter estable, no se trata de un vínculo accidental, eventual o esporádico. IV) Por otra parte, la codemandada ANTEL se agravia por la condena al pago de la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios preceptivos, por cuanto se considera ajena a los hechos que son considerados por la a quo, como determinantes de la condena, además que por su naturaleza punitiva, reparatoria resarcitoria son absolutamente ajenos al concepto de “obligaciones laborales” señalado en las Leyes 18.099 y 18.251, por lo que, entiende que la condena se aparta de lo previsto en la normativa. Contrariamente a la posición sostenida por la recurrente, se entienden que la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios preceptivos encartan en el concepto de “obligaciones laborales” previsto en las leyes de descentralización empresarial Nos. 18.099 y 18.251. Las referidas leyes, implantaron un sistema de responsabilidad que abarca a todas las obligaciones laborales sin distinción, por lo que, comprende tanto las obligaciones salariales como indemnizatorias, entre las que se halla la multa. En particular, cabe tener presente que el art. 7 de la Ley 18.251, define a las obligaciones laborales alcanzadas por la responsabilidad como aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen, entre otras, de las normas internacionales ratificadas y leyes, por lo que, por lo que, siendo la multa una obligación laboral consagrada legalmente (art. 29 de la Ley 18.572) y siendo consecuencia natural de los incumplimientos constatados, se encuentra comprendida en el presupuesto de hecho de la norma. En efecto, el art. 7 de la Ley 18.251 establece: “(Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).- Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.” “Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.” Como lo expresan los Dres. Mario Garmendia Arigón y Gustavo Gauthier en “Tercerizaciones – Análisis de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251 y su aplicación jurisprudencial”, la responsabilidad de las empresas principales o comitentes: “abarca a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente las obligaciones de dar, sino también las obligaciones de hacer (como por ejemplo la obligación de seguridad de la que es deudor el empleador frente a sus dependientes).” (pág. 107). Es más, la ley no distingue entre conceptos salariales o indemnizatorios, por lo que, tal distinción está vedada al intérprete. Así, el alcance objetivo de la responsabilidad no ha sido restringido, como lo sostiene el recurrente, por lo que, ninguna obligación laboral se encuentra excluida. Al respecto, se comparte el criterio de la Sala Laboral de 1er. Turno, cuando para descartar la posición citada por la recurrente señala lo siguiente: “Surge de la exposición de motivos que el objetivo de la reforma – que finalmente se plasmó en la ley 18.251 – siguió siendo la protección del trabajador por lo que corresponde deducir que también en este caso, la disposición deber ser interpretada en sentido protector (Racciatti, Octavio. “La ley 18.251: el retorno a la responsabilidad subsidiaria en las relaciones de trabajo triangulares” en revista Derecho Laboral n. 229 pág. 165).- En consecuencia y por cuanto viene de decirse, el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria.- También aporta una perspectiva interpretativa, la Recomendación n. 198 de OIT por cuanto obedece a la solución normativa de la comunidad internacional como alternativa a la aprobación de un convenio internacional de trabajo sobre descentralización empresarial. Este instrumento recomienda a los estados a “…adoptar medidas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que tienen derecho”. Y agrega que “la interpretación de la legislación debería ser compatible con los objetivos del trabajo decente y la protección de los trabajadores en su condición de ser la esencia del mandato de la OIT, de conformidad con los principios de la Declaración de principio y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.- Por lo que no puede caber duda de que aún en el caso de la ley 18.251, la interpretación debe hacerse desde la perspectiva de protección del trabajador. … En definitiva, el principio protector que informa el sistema legal de la tercerización en Uruguay, no admite la interpretación restrictiva de la tutela del trabajador y sus créditos laborales.” (cfr. DFA-0012-000036/2019 SEF-0012-000022/2019). Consecuentemente, dado que la indemnización por despido, multa y los daños y perjuicios preceptivos constituyen obligaciones laborales derivadas de la relación laboral y establecidas por ley, el recurrente debe responder por el pago de los mismos. De allí que, también en el punto, se proceda a confirmar la recurrida. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDADR. MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA