Sentencia Definitiva N° 229/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “ROMERO, MARIA C/ COTRALI (COOPERATIVA DE TRABAJO Y TRANSPORTE DEL LITORAL) VÍA DE APREMIO, IUE: 305-243/2020, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación deducido por la parte actora contra las sentencias interlocutorias Nro. 1151/2025 y 1363/2025 dictadas por la Sra. Jueza Letrada de Paysandú de 6º Turno, Dra. María Jimena Alonso Hauw. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en las sentencias interlocutorias apeladas procediendo al dictado de la presente. 2) Por providencia interlocutoria N.º 1363/2025 (fs. 486 a 488) se procedió a liquidar el crédito de la ejecutante en lo que refiere a costas y costos de la ejecución, a la vez, que la sede a-quo ordenó el franqueo del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la ejecutante contra la providencia interlocutoria Nº 1151/2025 (fs. 454). Por esta última providencia, la sentenciante a-quo resolvió que la ejecutante debía liquidar sus honorarios profesionales de acuerdo al Arancel vigente, estableciendo, asimismo, que el convenio de honorarios celebrado con su clienta -parte actora sustancial en estos obrados- sería materia de distribución del dinero obtenido entre la parte sustancial y su letrada, situación que era ajena a la presente ejecución. 3) Contra ambos pronunciamientos se alzó la parte ejecutante. Así, con fecha 24 de junio de 2025 (fs. 459 a 467), compareció la parte actora debidamente representada por su letrada patrocinante, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria Nro. 1151/2025 con el contenido antes referido, agraviándose de los siguientes aspectos: a) porque la misma rechaza la liquidación en costos cuando existe un contrato de regulación de honorarios; b) porque además se rechaza la liquidación en costas cuando se presentaron comprobantes (facturas) que se expidieron aplicando el arancel de la Asociación de Escribanos del Uruguay; y c) porque en definitiva, se rechazó la liquidación realizada cuando la parte demandada no se opuso, comportando ello un prejuzgamiento de la sede. A su vez, con fecha 29 de julio de 2025 (fs. 490 a 499), compareció nuevamente la parte ejecutante interponiendo recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria Nº 1363/2025 de fecha 25 de julio de 2025 (fs. 486 a 488), articulando similares agravios a los anteriormente expuestos, es decir, porque se fijaron de oficio los honorarios o costos cuando existe un contrato de regulación de honorarios, realizándose en definitiva, una liquidación equivocada de las costas y costos y además, rechazándose su liquidación cuando la parte ejecutada no se opuso y no existe error de cálculo, existiendo prejuzgamiento por parte de la sede. 4) Por providencia Nro. 1377/2025 (fs. 501), se resolvió conferir traslado del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria N.º 1363/2025 a la contraparte por el término legal, el que no fue evacuado en tiempo y forma por la parte demandada, pese a haber sido debidamente notificada tal como surge de fs. 501 vto. En mérito a ello, por decreto Nº 1497/2025 (fs. 502), se franquearon los recursos interpuestos por la parte actora con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo que por turno corresponda. 5) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 29 de agosto de 2025 (fs. 510), con fecha 1º de setiembre de 2025 se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros de manera sucesiva y verificado el mismo se acordó el dictado de la presente mediante decisión anticipada (artículo 200 del CGP). CONSIDERANDO: I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales procederá a declarar la nulidad de las providencias interlocutorias Nº 1151/2025 de fecha 16 de junio de 2025 (fs. 454) y Nº 1363/2025 de fecha 27 de julio de 2025 (fs. 486 a 488), y en su lugar, dispondrá que pasen los autos al subrogante natural a los efectos de continuar el trámite procesal de la presente vía de apremio, dando cumplimiento previamente a lo establecido en el artículo 389 del CGP. II) Surge del expediente principal acordonado identificado con la IUE: 305-87/2020, que la actora de estos procedimientos y actual ejecutante, obtuvo una sentencia de condena a su favor en el proceso laboral sustanciado contra la hoy ejecutada Cooperativa del Transporte del Litoral y/o Cooperativa de Trabajo Transportes del Litoral (en adelante COTRALI). En mérito a la sentencia de condena obtenida (sentencia Nº 37/2020), la parte actora debidamente representada por su letrada patrocinante, promovió en estos autos ejecución de sentencia en vía de apremio y solicitó embargo del bien inmueble padrón Nº AA de la 1º sección judicial del departamento de Paysandú y embargo de cuentas bancarias de la ejecutada (fs. 6 y ss.), lo que fue proveído de conformidad por la sede a-quo por providencia Nº 2645/2020 (fs. 9). Luego de ello solicitó mejora de embargo específico de otro bien inmueble (padrón Nº BB) también de la 1ª sección judicial de Paysandú, a lo que también se hizo lugar por sentencia Nº 1187/2021, ordenándose el libramiento de oficios. Trabados los embargos y acreditada su inscripción, a fs. 28 y 29 compareció la parte actora solicitando la intimación de entrega de títulos del bien inmueble padrón BB, a lo que también se proveyó de conformidad, realizándose posteriormente estudio de títulos. A fs. 87 y 88 consta informe de la Oficina Actuaria dando cuenta, que sobre el bien inmueble padrón BB existen créditos preferentes, dado que fue hipotecado por el hoy Banco BBVA, además de informar que pesan 2 embargos específicos sobre el bien y 7 embargos genéricos inscriptos respecto de la ejecutada, dejando en claro que la ejecutante no revestía la calidad de preferente. A fs. 91 se solicitó el remate del bien y por sentencia interlocutoria Nº 2508/2021 de fecha 25 de octubre de 2021 (fs. 93 y 94), se dispuso el remate del bien inmueble BB, ordenándose notificar personalmente a los acreedores preferentes y comunes de acuerdo a lo informado por la Oficina Actuaria. Surge asimismo de estos obrados, que a fs. 164 compareció la DGI denunciando la existencia de un crédito contra la ejecutada. Conforme surge del acta de fs. 176, el remate del bien inmueble se llevó a cabo el día 21 de abril de 2022, obteniéndose un precio por el bien de U$S 165.000, resultando mejor postor el Sr. Walter Werner Mattiauda Darotte. Luego de ello se presentó la rendición de cuentas de la subasta, la que fue aprobada por la sede. A fs. 200 y 201 la ejecutante presentó un contrato de regulación de honorarios celebrado con su abogada, presentando a su vez la liquidación de su crédito (fs. 202 y ss.). Por otra parte, a fs. 211 vuelve a presentarse la DGI denunciando su crédito, esta vez actualizado por la suma de $ 2.096.011, surgiendo también de estas actuaciones, que luego se presentaron otros acreedores preferentes comunicando su crédito derivado de los autos IUE 306-497/2019 (fs. 217). Aprobado el remate según resulta de fs. 222, a fs. 226 la ejecutante presentó la liquidación de su crédito según convenio de honorarios oportunamente agregado. Luego de ello se procedió a cumplir todo lo necesario para proceder a integrar el saldo de precio del remate. Cumplida la integración del saldo de precio, a fs. 341 se fijó fecha para la escrituración del del bien inmueble para el día 21 de diciembre de 2023, la que según resulta de la constancia de fs. 346 vto. se realizó en dicha fecha. Con posterioridad, la parte ejecutante continuó impulsando el proceso en aras de obtener la aprobación de su liquidación y cobro de las costas y costos del proceso (fs. 364). Y a fs. 366 volvieron a comparecer los acreedores preferentes Sres. Esteban Dotti, Francisco Pesce y Nicolás Norbis solicitando la notificación de las actuaciones, a lo que no se hizo lugar, según resulta de fs. 369. A fs. 382 luce informe actuarial por el cual se dejó asentado o se informó, que el convenio de honorarios presentado por la ejecutante y la Dra. Montesdeoca no era oponible a la ejecución, y en caso de considerarlo aplicable la jueza actuante, la liquidación debía realizarse por la suma efectivamente obtenida en el remate y no sobre el total del crédito. Finalmente, se dictaron las providencias impugnadas Nº 1151/2025 (fs. 454) y Nº 1363/2025 (fs. 486 a 488) con el contenido que ya fuera referido en el resultando 2 de la presente sentencia, lo que determinó la interposición de los recursos de apelación por parte de la ejecutante, cuestionando justamente el monto de la liquidación aprobada por la sede actuante. III) Y llegados a este punto el Tribunal advierte, que pese a haberse aprobado la liquidación del crédito en sentido contrario o adverso a los intereses de la ejecutante, lo que ha ameritado la interposición de los recursos de apelación, se han omitido o salteado en la tramitación de estas actuaciones etapas procesales de cumplimiento preceptivo por estar especialmente reguladas en el CGP. Es decir, la Sala observa, que, pese a que ya se escrituró con fecha 21 de diciembre de 2023 el bien inmueble rematado (fs. 346 vto.) en ningún momento se dispuso por parte de la sede a-quo el levantamiento de los embargos conforme lo establecido en el artículo 389.1 del CGP, lo que repercute en el hecho de que al momento en que la ejecutante pretende la aprobación de su liquidación de costas y costos, y la sede lo resuelve, los acreedores preferentes no han tenido la oportunidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 389.2 del CGP. Como es sabido, el artículo 389.1 del CGP preceptúa que “En todos los casos de venta judicial el tribunal dispondrá de oficio el levantamiento de todos los embargos que afectaren el bien vendido, sean de la fecha que fueran, lo que comunicará posteriormente a quien corresponda”. A su vez el artículo 389.2 preceptúa que “El embargo o interdicción subsistirá sobre el precio de la enajenación deducidos todos los gastos del proceso, incluidos los del remate, costas y costos”. Quiere decir entonces, que, por imperio legal, el juez debe cumplir de oficio con la cancelación de todos los embargos e interdicciones que afecten el bien, y comunicarlo a quien corresponda, lo que incluye obviamente, la comunicación a cada uno de los juzgados que a su tiempo hubieran decretado y trabado embargos e interdicciones contra el bien ejecutado. Y ello, porque según Gabriel Valentín, la norma en cuestión habilita a disponer el levantamiento de los embargos adoptados por el propio juez de la ejecución, pero también por otros jueces, sean de la fecha que fueren (Cfme. “Ejecución Forzada en vía de apremio. Los actos posteriores al remate” en “Estudios sobre el proceso de ejecución” en Homenaje a Enrique Tarigo, FCU. 1º edición, setiembre de 2006, página 185). Pero tal como lo establece Tarigo y surge de la propia ley, la ley, “Este levantamiento no es absoluto o incondicional, sino que, como lo establece la norma, subsistirán sobre el precio de la enajenación, sobre su precio líquido, por así decir, sobre el precio deducidos los gastos del proceso de ejecución, o sea, los gastos del remate, costas y los costos” (Cfme. “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, tomo III, página 90). Y en cuanto a los embargos genéricos si bien debe ordenarse el levantamiento de los mismos en cuanto afecten el bien rematado, es claro que el embargo genérico subsiste en cuanto a los demás bienes del deudor alcanzados por dicho embargo. A su vez, el artículo 389.2 del CGP pauta o marca el itinerario a seguir luego de que el juez de la ejecución dispone y comunica el levantamiento de todos los embargos que afectaren el bien a los distintos juzgados, estableciendo la norma puntualmente, que ello deberá notificarse al acreedor respectivo. Y en caso de que el acreedor sea prioritario o preferente al ejecutante que obtuvo la venta mediante remate, la norma establece que éste dispondrá de un plazo de 10 días para presentar la liquidación de su crédito a fin de que sea aprobada por el juzgado correspondiente, para luego de ello ser comunicada al tribunal que dispuso el levantamiento de embargo o la interdicción a sus efectos. IV) Como puede apreciarse y surge del relevamiento realizado por la Sala de lo actuado en estos obrados, no surge que se hubiera dado cumplimiento a tal etapa procesal, no respetándose por tanto, el procedimiento legalmente establecido, lo que importa que se ha generado una nulidad absoluta, pues si bien es de admitir que el CGP prevé en el artículo 388 la presentación de la liquidación del crédito y luego el levantamiento de los embargos regulado tal como viene de verse en el artículo 389, parece claro y de puro sentido común, que el levantamiento de los embargos debió disponerse en forma inmediata a la escrituración del bien, y también de forma inmediata debió procederse a realizar las notificaciones o comunicaciones que correspondan previstas en el multicitado artículo 389 del CGP. Entiende en definitiva la Sala, que debe respetarse el cumplimiento de las etapas previstas en nuestro ordenamiento procesal y fundamentalmente, debe respetarse el derecho de los acreedores preferentes a presentar su liquidación actualizada del crédito aprobada por el juzgado correspondiente ante el juez de la ejecución, en etapa anterior a que sea aprobada la liquidación de las costas y costos del proceso por parte de la ejecutante, sobre todo, cuando ello puede repercutir en la efectiva posibilidad de satisfacer su crédito. Conforme a ello, y advirtiendo que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 389 del CGP y en el entendido de que deberá sanearse el proceso dando cumplimiento al levantamiento de embargos que afectan el bien rematado con la consecuente notificación a los acreedores, se habrán de declarar nulas las decisiones adoptadas por la sede a-quo respecto a la liquidación de costas y costos efectuadas por la parte ejecutante, remitiéndose estos obrados al juzgado naturalmente subrogante -por haber ya emitido opinión la jueza actuante- a los efectos de adecuar el trámite y dar cumplimiento a lo dispuesto y de ahí en más, continuar con la tramitación de estos obrados acorde a derecho. Por los fundamentos expuestos y en virtud de lo dispuesto en los artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, RESUELVE: DECLARASE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES Nº 1151/2025 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025 Y Nº 1363/2025 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2025 Y EN SU LUGAR, REMITANSE ESTAS ACTUACIONES AL SUBROGANTE NATURAL A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DE ESTOS OBRADOS DANDO CUMPLIMIENTO PREVIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 389 DEL CGP, LO QUE IMPORTA EL LEVANTAMIENTO DE OFICIO DE LOS EMBARGOS TRABADOS QUE AFECTAN EL BIEN REMATADO Y POSTERIORES COMUNICACIONES, NOTIFICANDOSE A LOS ACREEDORES QUE SURGEN INDIVIDUALIZADOS EN AUTOS. COSTAS DE LA INSTANCIA DE OFICIO Y SIN ESPECIAL CONDENACION EN COSTOS. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABIERLA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA