Sentencia Definitiva N° 252/2025

Sentencia No. 252/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Patricia Hernández Ministros firmantes: Rosario Sapelli, Pablo Benítez y Patricia Hernández.- Montevideo, 1 de octubre de 2025.- VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia los autos caratulados “CABALEIRO, ANA Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO-MEC-DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS – COBRO DE PESOS – IUE 2-38758/2024” venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia definitiva nro. 132 del 19/XI/2024 (con corrección por sentencia interlocutoria nro. 3486/2024) dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4º Turno, Dra. Ana María Guzmán Emmerich.- RESULTANDO: 1)Que por la sentencia definitiva nro. 132/2024 apelada se condenó a la parte demandada a pagar: (1) la Sra. Ana Cabaleiro las diferencias salariales entre Escalafón D Grado 6 y Escalafón C Grado 11 generadas entre el 8/VII/2021 y el 2/XII/2022; la Sra. Silvana Negreira las diferencias salariales entre el Escalafón C Grado 2 y el Escalafón C Grado 13 generadas desde el 8/VII/2022 y el 19/XI/2024; a la Esc. Miriam González las diferencias salariales entre Escalafón A Grado 4 y Escalafón A Grado 14 generadas desde el 6/VI/2022 al 19/XI/2024 con detracción de la compensación percibida; a la Esc. Micaela Del Campo las diferencias salariales entre el Escalafón A Grado 4 y el Escalafón A Grado 14 desde el 1/VI/2021 al 19/XI/2024 con detracción de la compensación percibida; y a la Esc. Stefany Homenchenko las diferencias salariales entre Escalafón A Grado 4 y Escalafón A Grado 14 generadas desde el 1/VI/2021 y el 31/V/2023 y entre Escalafón A Grado 11 y Escalafón A Grado 14 generadas desde el 1/VI/2023 hasta el 19/XI/2024; y (2) sus incidencias sobre el rubro aguinaldo; con reajuste desde la exigibilidad e intereses desde la fecha de la demanda hasta su efectivo pago, con descuento de los montos correspondientes al IRPF, FONASA y aportes jubilatorios.- Difirió liquidación a la vía incidental del artículo 378 del Código General del Proceso.- Desestimó la pretensión de condena de futuro.- 2) Que de fs. 236 a fs. 250 compareció la parte demandada e interpuso recurso de apelación.- Invocó como agravio la condena impuesta.- En síntesis, fundamentó éste en: (a) el desempeño de función superior, discrecional de la Administración, no otorga por sí solo el derecho al cobro de diferencias salariales: el supuesto es la existencia de un cargo vacante; (b) los cargos cuyas funciones dicen las co-actoras que cumplen, no existen sino que se agregaron funciones a los cargos ya revisten sin que necesariamente supongan corresponder a cargos superiores; (c) en tanto cargos que no existen, no tienen funciones asignadas ni dotación presupuestal; (d) al no existir los cargos no puede afirmarse que las funciones cumplidas corresponden a cargos superiores y de mayor responsabilidad; y (e) las co-actores cumplen funciones de su propio escalafón y es prerrogativa del jerarca asignar al cargo diferentes ocupaciones según las necesidades de la Administración.- En definitiva, solicitó que se revoque la apelada.- 3) Que de fs. 241 a fs. 250 compareció la parte actora a fin de: (a) denunciar la incursión en error material en cuanto a la fecha desde la cual habrán de pagarse las diferencias salariales a la co-actora Esc. Stefany Homenchenko, debió decir desde el 22/VII/2020; (b) interponer recurso de apelación con invocación como agravios: (b.1) Desestimación de la condena de futuro: (b.1.1) la aplicación del artículo 39 de la Ley 19.924, francamente inconstitucional, le agravia en cuanto constituyó el fundamento normativo de la desestimación; y (b.1.2) interpone la excepción de inconstitucionalidad a fin de que se declare tal y se revoque parcialmente la hostigada; (b.2) Fecha desde la que se computan los intereses: (b.2.1) la misma debe ser la fecha de exigibilidad de cada partida y no la fecha de presentación de la demanda; (b.2.2) en el caso se reclamaron créditos salariales en el marco de relaciones estatutarias; y (b.2.3) al no existir norma específica, es aplicable el artículo 16 de la Ley 18.572 por lo que los intereses se devengan desde la exigibilidad de cada partida; y (c) interponer la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 39 de la Ley 19.924.- En fin, solicitó que se revoque parcialmente la apelada en los ítems señalados.- 4) Que por providencia nro. 3486 del 13/XII/2024 se corrigió el error material indicándose que las diferencias a cuyo pago se condenó a propósito de la Esc. Stefany Homenchenko son las devengadas desde el 22/VII/2020 y suspendió el proceso en virtud de la excepción de inconstitucionalidad interpuesta con elevación de los autos para ante la Suprema Corte de Justicia.- 5) Que por sentencia nro. 175 del 27/II/2025 fue declarado inconstitucional e inaplicable a la parte actora el artículo 11.3 inciso 2º del Código General del Proceso, agregado por el artículo 39 de la Ley 19.924.- 6) Que por providencia nro. 580 del 25/III/2025 se confirió traslados de los recursos de apelación respectivos por el plazo de 15 días.- 7) Que las partes evacuaron los traslados a fs. 269 y de fs. 272 a fs. 277, respectivamente.- 8) Que por providencia nro. 967 del 30/IV/2025 se franquearon los recursos de apelación interpuestos con efecto suspensivo para ante este Tribunal.- 9) Que los autos fueron recibidos el día 12/V/2025 y por decreto nro. 193 del 21/V/2025 se dispuso su pasaje a estudio por su orden.- Cumplido, y celebrado el acuerdo el día de la fecha, los miembros de este Tribunal resolvieron el dictado de esta sentencia definitiva por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso).- CONSIDERANDO: I-Que esta Sala, con el voto coincidente de sus integrantes naturales (artículo 61 de la Ley 15.750), habrá de confirmar parcialmente la sentencia definitiva nro. 132 del 19/XI/2024 (corregida por sentencia interlocutoria nro. 3486 del 13/XII/2024), por los fundamentos que se exponen a continuación.- II- Sinopsis de la litis.- 2.1- Que en el sub-lite las Sras. Ana María Cabaleiro Dorosz y Silvana Negreira y las Esc. Miriam Yaquelin González Vázquez, Micaela Del Campo Morales y Stefany Elizabeth Homenchenko Pérez promovieron juicio ordinario por cobro de pesos contra el Estado-Ministerio de Educación y Cultura (MEC)-Dirección Nacional de Registros con la acumulación inicial de las pretensiones siguientes: (a) pretensiones de condena a pagar diferencias salariales devengadas por el desempeño efectivo de funciones de superior jerarquía y responsabilidad a las correspondientes a los cargos presupuestales que revisten, más actualización e intereses desde la respectiva exigibilidad y hasta su efectivo pago; (b) pretensiones de condena al pago de las incidencias de dichas diferencias salariales en el rubro sueldo anual complementario mas actualización e intereses desde la respectiva exigibilidad hasta su efectivo pago; y (c) pretensiones de condena de futuro para el caso que continúen devengándose tales diferencias y mientras las mismas se verifiquen.- 2.2- Que las integrantes de la parte actora fundamentaron su demanda en son funcionarias presupuestadas de la Dirección General de Registros, UE 018 MEC.- En tal carácter afirmaron y fue admitido e incluso probado que revisten: (a) la Sra. Ana María Cabaleiro Dorosz: Escalafón D, Cargo Especialista IV, Grado 6 (fs. 8 a fs. 11); (b) la Sra. Silvana Negreira: Escalafón C, Cargo Administrativo IV, Grado II (fs. 14 y 15); (c) la Esc. Miriam Yaquelin González Vázquez: Escalafón A Profesional Universitario, Cargo Profesional IX, Grado 4 (fs. 16 a fs. 18); (d) la Esc. Micaela Del Campo Morales: Escalafón A Profesional Universitario, Cargo Profesional IX, Grado 4 (fs. 19 a fs. 24); y (d) la Esc. Stefany Elizabeth Homenchenko Pérez: Escalafón A Profesional Universitario, Cargo Profesional IX, Grado 4 (fs. 25 a fs. 30).- Asimismo, arguyeron que a través de resoluciones dictadas por la Dirección General de Registros les asignaron (formalmente, vía encargaturas) funciones de superior jerarquía y de mayor responsabilidad a las que correspondientes a sus cargos presupuestales, las que desempeñan efectiva e ininterrumpidamente, a excepción de la Sra. Ana María Cabaleiro Dorosz, quien cesó en su ejecución el día 2/XII/2022.- Sin embargo, no le son abonadas las diferencias salariales entre el sueldo correspondiente al cargo presupuestal que revisten y la función superior que efectivamente desempeñan, ni la incidencia de aquéllas en el rubro aguinaldo.- 2.3- Que la parte demandada se opuso frontalmente a las pretensiones de condena formuladas en el entendido de que: o (a) las tareas encomendadas se encuentran comprendidas dentro de las funciones que las co-actoras deben desempeñar según su escalafón y grado como las Esc. González, Del Campo y Homenchenko quienes ostentan el mayor grado en sede registral dentro de su escalafón; o (b) los otros cargos superiores, como los aludidos por las co-actoras Sras. Cabaleiro y Negreira, no existen en el presupuesto.- 2.4- Que planteada la controversia en estos términos, correspondió determinar si la parte actora efectivamente desempeñó tareas superiores y de mayor responsabilidad a las inherentes al cargo presupuestal que reviste y, en su caso, si corresponde el pago de las diferencias salariales y su incidencia sobre el aguinaldo, reclamadas así como su cuantificación y si corresponde el amparo de las pretensiones de condena de futuro acumuladas.- Por la sentencia definitiva nro. 132 del 19/XI/2024 se amparó parcialmente la demanda en cuanto al pago de las diferencias salariales y su incidencia, difiriendo su liquidación a la vía incidental del artículo 378 del Código General del Proceso y se desestimaron las pretensiones de condena de futuro.- III- Apelación del Ministerio de Educación y Cultura-Dirección Nacional de Registros.- 3.1- Que de fs. 236 a fs. 239 compareció la parte demandada e interpuso recurso de apelación y esgrimió como agravio la condena impuesta al pago de diferencias salariales y su incidencia sobre el rubro aguinaldo.- Fundamentó el mismo en: (a) el desempeño de función superior es discrecional de la Administración y no genera por sí solo el derecho al cobro de diferencias salariales sino que se debe verificar el supuesto de la existencia de un cargo vacante; (b) no existe ninguno de los cargos cuyas funciones dicen las co-actoras desempeñar, sino que se agregaron funciones a los cargos que las mismas ya revisten sin que impliquen corresponder a cargos superiores; (c) al no existir dichos cargos tampoco tienen ni dotación presupuestal ni tareas asignadas por lo que no puede afirmarse que las tareas cumplidas sean distintas y de mayor responsabilidad; (d) las funciones asignadas a las co-actoras son de igual responsabilidad y se encuentran dentro del escalafón que les corresponde; y (e) la fuente de recursos no es inagotable, la Administración debe ceñirse a la ejecución presupuestal en el marco dado por la Constitución y la ley, en cuya ejecución necesariamente resultarán aspectos sin contemplar.- 3.2- Que no se amparará el agravio por lo que se dirá.- 3.3- Que como se indicó en el Considerando 2.2 anterior, fue afirmado por la parte actora y admitido por la parte demandada que las co-actoras revisten el Escalafón, cargo y grado que en el mismo se detallan; lo que a su vez fue probado con la prueba documental constituida por las copias fotostáticas de planilla y recibos de pago de sueldos no impugnados agregados de fs. 14 a fs. 30.- Asimismo, fue probado y admitido por el MEC-Dirección General de Registros que a cada una de las co-actoras le asignó las funciones que arguyeron.- La controversia planteada por el accionado sólo se fincó en cuanto blande que el ejercicio de esa discrecionalidad en el caso no implicó la asignación de tareas superiores al cargo de cada una de las promotoras ni de mayor responsabilidad.- Por el contrario, el MEC-Dirección General de Registros (DGR) aseguró que las funciones asignadas están comprendidas en el escalafón respectivo y que no pueden corresponder a cargos superiores que ni existen.- 3.4- Que de la prueba documental adjunta al escrito de demanda no impugnada por el MEC-Dirección General de Registros conforme a los mecanismos reglados por los artículos 171 y 172 del Código General del Proceso, emerge acreditado: (a) por Resolución de la DGR nro. 53/2021 del 8/VII/2021 se encargó a la funcionaria Sra. Ana María Cabaleiro Dorosz, Escalafón D Grado 6, la función de Jefatura del Departamento de Liquidación de Haberes (fs.32).- Dicha resolución fue dejada sin efecto por Resolución de la DGR nro. 122/2022 del 2/XII/2022 (fs. 33); (b) por Resolución de la DGR nro. 71/2022 del 7/VII/2022 se encargó a la funcionaria Sra. Silvana Negreira, Escalafón C Grado 2, la Gerencia Administrativa a partir del 8/VII/2022 (fs. 34); (c) por Resolución de la DGR nro. 61/2022 del 10/VI/2022 se encargó a la Esc. Miriam Yaquelin González Vázquez, Escalafón A Grado 4, la Dirección del Registro de la Propiedad de Pando desde el 6/VI/2022 (fs. 35); (d) por Resolución de la DGR nro. 35/2021 del 1/VI/2021 se encargó a la Esc. Micaela del Campo Morales, Escalafón A Grado 4, la Dirección del Registro de la Propiedad de Canelones a partir del 1/VI/2021 (fs. 38); y (e) por Resolución de la DGR nro. 74/2020 del 22/VII/2020 se encargó a la Esc. Stefany Elizabeth Homenchenko Pérez, Escalafón A Grado 4, la Dirección del Registro de la Propiedad de Soriano a partir del 22/VII/2020 (fs. 40).- La confesión por parte del MEC-DGR de esta asignación de tareas a cada una de las co-actoras, tal como surge de su descripción, importan la atribución de funciones gerenciales o de dirección.- Razonablemente, si las mismas fueran inherentes al escalafón y grado de cada una de las co-actoras, cargo y grado, carecerían de razón de ser las diversas resoluciones emanadas de la propia parte demandada antes relacionadas.- Coadyuva con esto, el pago realizado por el MEC-DGR a dos del total de co-actoras por concepto de lo que aludieron como “compensación por reconocimiento de tareas asignadas acorde a la responsabilidad que asume”.- En este sentido, por la prueba documental constituida por copia fotostática de Resolución de la DGR nro. 47/2023 del 9/VI/2023 agregada a fs. 36 y 37, emerge probado que fue autorizado el pago del monto nominal mensual de $ 35.460 (pesos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta) a la Esc. Miriam Yaquelin González Vázquez por el concepto antes referido, el que luce explicitado en el Considerando I) de la misma.- A su vez, en el Considerando II) se indicó como viable el pago a través de crédito disponible en Inciso 11 MEC, Programa 423 DGR, Objeto del Gasto 047.002 “Equiparación salarial tareas de similar responsabilidad”, Financiación 1.1 Rentas Generales.- Igual acontece aposta de la Esc. Micaela del Campo Morales, en tanto según se probó con copia fotostática de la Resolución de la DGR nro. 36/2021 del 1/VI/2021 agregada a fs. 39, se autorizó el pago de un monto total nominal de $ 29.956 (pesos veintinueve mil novecientos cincuenta y seis) desde el 1/VI/2021 hasta el 31/XII/2021 como “compensación en reconocimiento a las tareas que se le asignaron desempeñar a la funcionaria acorde a las responsabilidades que asume”.- Todo este mecanismo al que ocurrió el MEC-DGR consistente en la asignación de funciones por vía de encargatura como forma de asegurar la continuidad del servicio frente a la rotación de personal (véanse los resultandos de las diversas resoluciones agregadas citadas ut-supra) ya había sido previsto y contemplado por la propia parte demandada hace más de una década, que incluso la endilgaron a fijar criterios objetivos y uniformes a fin de otorgar compensaciones especiales cuando se encargan funciones de mayor responsabilidad que el escalafón y grado del funcionario, como aconteció en los supuestos de obrados y hasta tanto se provean los cargos correspondientes.- En esta orientación, se destaca la Resolución del MEC-DGR nro. 125/2012 del 15/VIII/2012, cuya copia fotostática luce de fs. 71 a fs. 73.- Apreciados estos medios de prueba en forma conjunta y según las reglas de la sana crítica conforme al sistema de valoración de la prueba previsto por el artículo 140 del Código General del Proceso, se entiende que obran elementos probatorios suficientes de que las funciones explícitamente encargadas por el MEC-DGR a las diversas integrantes de la parte actora importan tareas superiores y de mayor responsabilidad a las inherentes a los respectivos cargos presupuestales que revisten.- Frente a ello, se plantea la cuestión si la ejecución efectiva y continua de dichas funciones por parte de las co-agonistas amerita o no su remuneración, sea o no que exista cargo de superior jerarquía, argumento también blandido como broquel por el accionado .- 3.5- Que como se ha expuesto en otros pronunciamientos de la Sala, a propósito de este ítem, se distinguen en doctrina y jurisprudencia nacional dos posiciones diversas, que sucintamente son las siguientes: (a) la que postula un criterio restrictivo, según el cual no surge el derecho al cobro de diferencias salariales en caso de asignación y ejecución por funcionario público de tareas no inherentes a su cargo y de responsabilidad mayor al mismo y que son presupuestalmente retribuidos con un sueldo mayor al que percibe el funcionario que efectivamente las cumple si no ha mediado resolución expresa que lo habilite o asigne la ejecución de las mismas (cfe. TAC 6º Turno, Sentencia nro. 246/2007; LJU: casos 14.350, 15.021; TCA: Sentencias nros. 1112/1991, 482/2000; Sayagués Laso, Enrique en “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, FCU, 2002, pág. 346); y (b) la restante posición, que la Sala ya proclamó, sostiene que los principios generales del derecho de raigambre constitucional como los artículos 8 y 54 de la Constitución y del derecho del trabajo, reconocen el derecho a una remuneración justa y acorde al mismo.- “… evidentemente no es justo exigirle a un funcionario el cumplimiento de determinadas prestaciones por las cuales no se remunera …” (LJU, caso 16.078).- La inexistencia de designación formal (que no aconteció en la sub-causa) y/o vocación al cargo y/o inexistencia específica del cargo superior en determinada repartición cuyas funciones fueron ciertamente asignadas al funcionario y que éste ejecuta, no es óbice a que el mismo perciba la retribución correspondiente al cargo o a las tareas de mayor responsabilidad que efectivamente está ejerciendo, máxime cuando “… no existe norma legal o reglamentaria que impida percibir la retribución correspondiente al cargo de las funciones efectivamente cumplidas, cuando, como sucede en el caso, estas tareas fueron encomendadas por la propia Administración demandada …”, “… la Administración no puede escudarse en su propia omisión (en disponer designación formal o recaer aquélla en persona con carencia de vocación al cargo o proveer vacantes) … para desconocer el derecho de los promotores a percibir las diferencias de retribución correspondiente.- …” (LJU, caso 14.713).- “… Aún sin ley, quien presta tareas que van más allá de las que corresponden a su cargo presupuestal, tiene derecho al cobro de la diferencia de sueldo, en el peor de los casos, en aplicación de un principio como el enriquecimiento injusto …” (cfe. LJU, caso 15.024; SCJ: Sentencias nros. 2327/2011, 3638/2011, 619/2011, 724/2012, 859/2012; TAC 2º Turno: Sentencias nro. 661/2013, 351/2024, entre otras).- Y estos principios generales del derecho son aplicables al ámbito del derecho administrativo, fundamentalmente el principio de la buena fe, que habrá de regir las relaciones jurídicas incluidas las relaciones funcionales, y el principio del enriquecimiento injusto (cfe. De Cores, Carlos en “El enriquecimiento sin causa, ese desconocido” en ADCU, Tomo XXI, pág. 440; Prat, Julio en “Derecho Administrativo”, Tomo III, Vol. II, págs. 323-325; Cajarville Peluffo, Juan Pablo en “Sobre Derecho Administrativo”, FCU, 2ª edición, págs. 345-364, 404-406; SCJ, Sentencias nro. 67/2009, nro. 101/2015).- En la especie, tal como se examinó en el Considerando 3.4 ut-supra, fue probado que durante el período reclamado, y en el caso de la co-actora Sra. Ana María Cabaleiro Dorosz al comprendido entre el 8/VII/2021 al 2/XII/2022, las integrantes de la parte actora ejecutaron tareas diferentes, superiores y de mayor responsabilidad que las inherentes a su cargo, las que fueron asignadas por la DGR en forma expresa y que precisamente por ello: (a) en el caso de las co-actoras Esc. Miriam Yaquelin González Vázquez y Esc. Micaela del Campo Morales, existiendo disponibilidad en el objeto del gasto 047-002, incluso se le abona y le fue abonado, respectivamente, un plus por concepto de “compensación en reconocimiento a las tareas que se les asignaron desempeñar”; y (b) otrora, por Resolución nro. 125/2012, la DGR previó criterios objetivos y concretos para el pago de compensación especial en el caso de asignación de funciones por vía de encargatura de responsabilidad superior a la correspondiente a su escalafón y grado, a fin de respetar el principio de a igual función igual retribución.- Pues entonces, se estima aplicable la postura asumida por la Sala explicitada en el literal (b) precedente, no pudiendo el ME-DGR guarecerse en su propia omisión de regularizar la situación funcional de los pretensores.- En función de esto, como se adelantó, se desestima el agravio.- IV- Apelación de la parte actora.- Agravios: 4.1- Desestimación de las pretensiones de condena futura.- 4.1.1- Que la parte actora en el numeral III), literal a) de su escrito de interposición del recurso de apelación a fs. 242 vto. y 243 esgrimió como agravio la desestimación de las pretensiones de condena de futuro acumuladas por las co-actoras Sra. Silvana Negreira y Escs. Miriam Yaquelin González Vázquez, Micaela del Campo Morales y Stefany Elizabeth Homenchenko Pérez.- El basamento de la denegatoria radicó en el artículo 11.3 inciso 2º del Código General del Proceso en la redacción dada por el artículo 39 de la Ley 19.924.- Las apelantes fundamentaron este agravio en la inconstitucionalidad de la norma citada que las excluye de la tutela jurisdiccional efectiva de su derecho y vulnera el principio de igualdad, la que dedujeron en el mismo escrito vía de excepción.- 4.1.2- Que cumplido el procedimiento previsto a propósito de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 11.3 inciso 2º del Código General del Proceso en la redacción dada por el artículo 39 de la Ley 19.924, por sentencia de la Suprema Corte de Justicia nro. 175 del 27/II/2025 (fs. 258 y 259) fue amparada la excepción interpuesta y declarada su inconstitucionalidad e inaplicabilidad a la parte actora.- Frente a este panorama, superado el obstáculo, corresponde amparar las pretensiones de condena de futuro deducidas por la Sra. Negreira y por las Escs. González, del Campo y Homenchenko en los términos en que se ampararon las restantes pretensiones en cuanto perviva el cumplimiento de las funciones asignadas por las Resoluciones de la DGR nros. 61/2022, 35/2021 y 74/2020, respectivamente.- Ítem en que se revoca la impugnada.- 4.2- Fecha de cómputo de los intereses.- 4.2.1- Que la parte actora en el numeral III), literal b) de su escrito de interposición del recurso de apelación a fs. 248 invocó como agravio la fecha desde la cual se dispuso el cómputo de los intereses legales.- Entiende que no corresponde desde la fecha de presentación de la demanda sino desde la fecha de exigibilidad de cada partida, en base a que considera no aplicable al caso el artículo 1348 del Código Civil que refiere a la responsabilidad contractual y condena indemnizatoria de daños y perjuicios.- Arguye que tratándose lo reclamado de créditos de naturaleza salarial, la norma análoga aplicable es el artículo 16 de la Ley 18.572.- 4.2.2- Que no se amparará el agravio ensayado.- 4.2.3- Que la Sala detenta jurisprudencia en la materia conforme a la cual los intereses legales en casos como el de autos en que se adeudan sumas de dinero impuestas en base a principios normativos (constitucionales y legales), frente a su incumplimiento, debe aplicarse el artículo 1348 del Código Civil.- V- Condenas causídicas.- Que de conformidad con los artículos 56 y 261 del Código General del Proceso y artículo 688 del Código Civil, la correcta conducta procesal de las partes determina la no imposición de sanciones causídicas.- Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 7, 8, 12, 18, 24, 54, 72, 332 de la Constitución; artículos 688, 1318, 1319 del Código Civil; artículos 11, 24, 56, 130, 137 a 142,198, 257, 261 del Código General del Proceso; y disposiciones concordantes y complementarias; el Tribunal FALLA: Confírmase parcialmente la sentencia definitiva nro. 132 del 19/XI/2024, revocándola solamente en cuanto desestimó las pretensiones de condena de futuro deducidas por la Sra. Silvana Negreira y las Esc. Miriam González Vázquez, Micaela del Campo Morales y Stefany Homenchenko Pérez en los términos en que fue amparada las restantes pretensiones de condena que acumularon y en cuanto perviva la efectiva ejecución de las funciones asignadas.- Las costas y costos por el orden causado.- Déjese constancia de la licencia detentada por la redactora.- Las costas y costos por el orden causado.- Notifíquese en el domicilio.- Oportunamente, vuelvan a la Sede de origen; con las formalidades de estilo.- Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Patricia Hernández Ministra Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada