Sentencia Definitiva N° 210/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SADER, GUSTAVO C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-121349/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 12º Turno a cargo de la Dra. Natalia Gallardo Fulco. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 27/2025 de fecha 26 de junio de 2025 (fs. 123-139), se ampara la demanda y en su mérito, se condena en forma solidaria a las demandadas PRODOMUS S.R.L. y ANTEL, a pagar al actor los rubros: salarios impagos, nocturnidad, complemento armado, descansos intermedios, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido; más actualización e intereses hasta la fecha de su pago, daños y perjuicios y multa, conforme lo explicitado en los considerandos respectivos. 3) El representante de la parte actora interpone recurso de aclaración y ampliación (fs. 143-145), contra la referida sentencia, en virtud de considerarse agraviado por la contradicción existente en el considerado y el fallo en cuanto a la condena del rubro salarios impagos del mes de agosto de 2024. 4) Por sentencia interlocutoria de primera instancia Nº 1131/2025 de fecha 21 de julio de 2025 (fs. 146-153), se rechazaron los recursos de aclaración y ampliación y se declaró la existencia de un error material en la sentencia definitiva Nº 27/2025 del 26 de junio de 2025, por lo que, en el considerando 14 donde dice “con la salvedad señalada en relación al salario reclamado por agosto de 2024 que se entiende remunerado”, nada debió decir, siendo la referida constancia agregada por error, en consonancia con los argumentos y conclusiones expuestas en los considerandos 9 y 16, y con el fallo de la sentencia. 5) La representante de la parte codemandada ANTEL, interpone recurso de apelación (fs. 157-162), contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por esta parte, sosteniendo que la misma carece de relevancia en tanto la responsabilidad de ANTEL no se funda en la existencia de un vínculo laboral directo con el actor, sino en la configuración de un supuesto de subcontratación regulado por las Leyes 18.099 y 18.251. Se acreditó en autos que ANTEL no mantuvo una relación laboral, ni jurídica alguna con el actor, no lo contrató, no le remuneró, no ejerció poder de dirección sobre su actividad ni participó en su desvinculación. El único vínculo existente fue de naturaleza estrictamente contractual con PRODOMUS S.R.L., en el marco de una licitación pública. B) Atribuyó responsabilidad solidaria a ANTEL, configurando una errónea valoración probatoria de los documentos aportados al proceso, así como una errónea aplicación de las normas de tercerizaciones, por concluir que no cumplió a cabalidad con el ejercicio del derecho a la información que habilita a mutar el carácter solidario de precepto de la responsabilidad del garante a subsidiario. Sin perjuicio de que a criterio de esta recurrente, ANTEL no tiene legitimación pasiva, igualmente se probó que efectuó los controles establecidos en el art. 6 de la Ley 18.251, solicitando periódicamente a la empresa contratada la documentación laboral y previsional pertinente. C) Asimismo, resulta agraviante también la condena a los rubros de salarios impagos, descansos intermedios, indemnización por despido común, daños y perjuicios y multa legal, en virtud de la ajenidad de ANTEL respecto de la relación laboral. 6) Por decreto Nº 1204/2025 de 28 de julio de 2025 (fs. 163), se dispuso el traslado del recurso de apelación presentado por el término legal, resultando evacuado por la parte actora a fs. 166-171, abogándose por la ratificación de la sentencia de primera instancia. 7) Por providencia Nº 1245/2025 de fecha 5 de agosto de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia definitiva de autos se dispuso franquear la alzada para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 172). 8) Recibidos los autos en el Tribunal el 18 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 176-177). Dejándose constancia que el Colegiado se encontró desintegrado desde el 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de agosto inclusive, por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada por los fundamentos que seguidamente se expondrán. 1.II. La codemandada ANTEL, se agravia, en primer lugar, porque la sentencia rechaza la defensa de falta de legitimación pasiva, argumentando que la responsabilidad de la empresa principal en el marco de los regímenes de tercerización, no opera en forma automática, sino que requiere la verificación del hecho previsto en el art. 1 lit. A de la Ley Nº 18.251, lo que la recurrente entiende que no se verifica plenamente en autos. Destaca que, ANTEL no fue parte de la relación laboral, no contrató, ni remuneró al trabajador, ni ejerció poder alguno de dirección respecto de sus tareas. Y que tampoco surge acreditado que el servicio brindado se integrara en la actividad normal y propia de ANTEL, ni que existiera control funcional o dependencia directa por parte de esta empresa del personal asignado. No resultan de recibo estos agravios, que siquiera puede entenderse que llegan a constituir una real crítica razonada de la lúcida argumentación de la recurrida para rechazar tal defensa, ya que pretende sostener que la situación no encuadra en lo dispuesto en el art. 1 Lit. A de la Ley Nº 18.251, pero sin explicitar razones valederas por las que ello ocurriría, volviendo a reiterar argumentaciones que refieren a un eventual falta de relación laboral directa entre la recurrente y el trabajador, que son totalmente irrelevantes al no ser el fundamento de la condena. Mal puede sostenerse que la situación no encuadra en el referido precepto legal o que el servicio no forma parte de la actividad normal o propia del establecimiento, cuando la norma legal citada, expresamente, incluye a la contratación de servicios de vigilancia entre las hipótesis de subcontratación, tal como señala con acierto la recurrida. Al respecto, si nos remitimos a los argumentos expuestos por la Sra. Juez a quo en la sentencia apelada, lo cierto es que, la decisión de atribuir responsabilidad solidaria a la recurrente en la condena dispuesta en la misma, se basa precisamente en las disposiciones del art. art. 1 lit. A de la Ley Nº 18.251, como indica claramente a fs. 130 y explicita a partir de la relación de hechos planteada en la demanda, controvertida en la contestación por la codemandada compareciente en autos. Siendo que como ya señalamos, la sentencia de primera instancia, según surge de lo argumentado a fs. 129 -130, no basó la condena contra ANTEL en la calidad de empleadora de la recurrente, resulta totalmente estéril detenerse en que, no fue quien contratara al trabajador, no lo remuneraba, ni ejercía el control directo de su labor, como vuelve a hacer la agraviada en su apelación, en un planteo totalmente divorciado de la interpretación conteste en doctrina y jurisprudencia acerca de subcontratación de empresas que prestan servicios de seguridad y vigilancia en el marco de las leyes 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, normativa que ha sido estudiada a lo largo de todos estos años por prestigiosos autores, resultando muy recomendable, al respecto, por ejemplo la lectura del trabajo titulado “Tercerizaciones”, de los Dres. Mario Garmendia Arigón y Gustavo Gauthier. Así, resulta con meridiana claridad, que ANTEL está legitimada para ser condenada en juicio, tal cual lo entendió la Sra. Juez de Primera Instancia, como empresa principal o usuaria y en el marco normativo de la ley 18.251, que incluye precisamente la contratación de servicios de vigilancia como un supuesto de subcontratación, atribuyéndole responsabilidad en tal sentido a ANTEL, por lo cual el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el ente de las telecomunicaciones, en relación al fondo del asunto, fue acertadamente resuelto en el grado anterior. Consecuentemente, en tanto, la accionada por otra parte, admitió la vinculación comercial con la empresa de seguridad y vigilancia que empleaba al Sr. Sader y alegó haber cumplido con el derecho de información, estando expresamente prevista en el art. 1 de la ley 18.251, la actividad de vigilancia, objeto de la contratación mediante licitación admitida por ANTEL con la codemandada PRODOMUS S.R.L., es indudable que, a la recurrente le cabe la responsabilidad atribuida por las leyes de tercerizaciones, como correctamente entendió la Sra. Juez a quo. III) Así las cosas, - Al respecto, se comparte la valoración de la prueba aportada al expediente y la conclusión arribada por la Sra. Juez a quo, en el sentido de que ANTEL, en cuyas dependencias de Polo Logístico Cerrito se desempeñó el actor como vigilante auxiliar de la empresa de seguridad PRODOMUS S.R.L., no habría dado cumplimiento a cabalidad y razonablemente, en el caso concreto, al derecho de información en función de la documentación glosada en autos. Es sabido que, el art. 6º de la ley 18.251 hace depender la naturaleza de dicha responsabilidad, de la circunstancia de haber ejercido el derecho a ser informada. Rosenbaum y Castello al estudiar el punto en “Subcontratación e intermediación laboral. Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, pág. 155-159, sostienen, sin dejar de reconocer su opinabilidad, que, para que sea procedente la aplicación de la responsabilidad laboral subsidiaria, la empresa principal o usuaria deberá, no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación referida en el art. 4º de la ley 18.251, sino, demostrar que ha realizado un examen razonable, un control de la misma. Afirman los destacados autores, que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria, radica en que la empresa principal demuestre haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios o mano de obra. “...En tal sentido no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma”... Será carga de la empresa principal, demostrar que ejerció su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual implica además de aportar los documentos mencionados en la ley, haber realizado de ser necesario para el ejercicio de ese control, determinadas gestiones, tales como intimaciones de presentación de documentación, de regularizar su situación, o que haya rescindido el contrato civil o comercial a causa del incumplimiento. El derecho de información debe ser ejercido con la periodicidad y frecuencia adecuada al principio de razonabilidad, a fin de que se repute cumplido el requisito, ya que la finalidad de la ley es mejorar la posición de la empresa que demuestre haber actuado diligentemente en el ejercicio de su derecho de información de forma regular y permanente, conforme al principio de razonabilidad. Se entiende que, para responder subsidiariamente, la empresa principal debe exigir a la tercerizada la exhibición de: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251). Y proceder a su control. En el sub lite, se entiende, que ANTEL no cumplió razonablemente, con los controles referidos, de acuerdo con lo expresado precedentemente, resultando compartible, como ya establecimos, la argumentación de la recurrida , por las razones que expone de fs. 134 a 137, siendo que, luego de ponderar el cumplimiento del derecho de información de la empresa principal conforme a lo dispuesto en el art. 4º de la ley 18.281 y de considerar la prueba documental aportada por dicha codemandada, a la que refiere expresamente, concluye, en forma fundada que ANTEL, no dio cabal cumplimiento al derecho de información. Como destaca la Dra. Ivanovich en su estudio, en tal sentido, la escasa documentación presentada en autos ni siquiera comprende todos los documentos señalados por la normativa, ni comprenden todo el período. Asimismo, si ANTEL hubiese realizado los controles pertinentes, hubiese detectado la situación de la empresa, en cuanto a que, desde agosto de 2024 no se le abonaba el salario al trabajador. Consecuentemente, los agravios en el punto objeto de apelación no son de recibo, y habrá de confirmarse el carácter solidario de la responsabilidad atribuida a la recurrente. IV) En cuanto a los agravios por la condena al pago de salarios y descansos intermedios, la apelante, reitera su argumentación de que todos los conceptos están directa y exclusivamente vinculados a la existencia de una relación laboral que no se acreditó respecto de ANTEL. Este razonamiento no sólo no resulta compartible, ya que colide con las disposiciones consagradas en las leyes de tercerización, que la recurrente parece ignorar, sino que del tenor de lo afirmado en su expresión de agravios a fs. 159 vto. a 160 vto., resulta que, la apelante incurre en una errónea interpretación del derecho, pues, sostener que la empresa principal o usuaria no debe responder por un reclamo por rubros salariales promovido conjuntamente contra la empleadora del trabajador, en el entendido de que son prestaciones de carácter eminentemente laboral, exigibles solo respecto del “verdadero empleador”, como postula la Sra. abogada de ANTEL (fs. 158 y vto.), deja de ser opinable para merecer el calificativo de error inexcusable en la interpretación del derecho, máxime con la unanimidad de criterios en nuestra jurisprudencia ante casos similares al planteado en autos. En particular, en lo que hace al rubro descansos intermedios, la argumentación de ANTEL, basada en que su goce depende de la organización de la jornada y es un rubro exigible sólo del empleador, tal afirmación resulta incompatible con las previsiones legales en materia de tercerización, conforme a lo previsto en el art. 7 de la ley 18.251. Por tanto, para eximirse de condena, al igual que para los demás rubros salariales, debió realizar actividad probatoria para acreditar su improcedencia. Concretamente, su goce o en su defecto el pago de los descansos intermedios trabajados, lo que implica el rechazo de los agravios y confirmatoria de la recurrida en relación a este punto. V) Por último, en lo que refiere a la condena al pago de la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios por el alcance material de la responsabilidad atribuida en las leyes de tercerizaciones, la Sala manteniendo la posición asumida en casos similares al presente, entiende que, no resulta compartible la interpretación restrictiva que postula la apelante a fs. 145 vto., la que, como toda su argumentación, no se compadece con el texto legal. El art. 1º de la ley 18.099 y el art. 7 de la ley 18.251, refieren a la responsabilidad de la empresa principal por “obligaciones laborales”, sin realizar distinción alguna entre rubros salariales e indemnizatorios, y donde no distingue la ley no debe hacerlo el intérprete. A diferencia del régimen de la ley 10.449, que restringía dicha responsabilidad al ámbito salarial y más concretamente a los salarios mínimos, el régimen legal vigente en materia de tercerizaciones, abarca a todas las obligaciones laborales, tanto de naturaleza salarial como indemnizatoria, e involucra tanto, obligaciones de dar, como de hacer y no hacer, como sostienen Garmendia y Gauthier, en “Tercerizaciones Nuevo régimen legal. Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251.”, pág. 107, el art. 7º de la ley 18.251, norma de notoria amplitud en este sentido. Como ha señalado reiteradamente esta Sala, siguiendo la doctrina y jurisprudencia más recibidas, las Leyes Nos. 18.099 y 18.251 implantaron un sistema de responsabilidad que abarca a todas las obligaciones laborales sin distinción, por lo que, como viene de decirse, comprende tanto las obligaciones salariales como indemnizatorias, entre las que se halla la indemnización por despido, la multa y los daños y perjuicios preceptivos. Cabe tener presente que el art. 7 de la Ley 18.251, define a las obligaciones laborales alcanzadas por la responsabilidad como aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen, entre otras, de las normas internacionales ratificadas y leyes, por lo que, por lo que, siendo la indemnización por despido, la multa y los daños y perjuicios preceptivos obligaciones laborales consagradas legalmente (Ley 10.570, art. 29 de la Ley 18.572, art. 4 de la Ley 10.449) y siendo consecuencia natural de la finalización de la relación laboral por decisión unilateral del empleador y de los incumplimientos constatados, los mismos se encuentran comprendidos en el presupuesto de hecho de la norma. En efecto, el art. 7 de la Ley 18.251 establece: “(Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).- Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.” “Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.” Como lo expresan los Dres. Mario Garmendia Arigón y Gustavo Gauthier en la obra anteriormente citada, la responsabilidad de las empresas principales o comitentes: “abarca a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente las obligaciones de dar, sino también las obligaciones de hacer (como por ejemplo la obligación de seguridad de la que es deudor el empleador frente a sus dependientes).” (pág. 107). Por tanto, el alcance objetivo de la responsabilidad no ha sido restringido, como lo sostiene la apelante, por lo que, ninguna obligación laboral se encuentra excluida. En este sentido, el Colegiado, comparte el criterio de la Sala Laboral de 1er. Turno, cuando para descartar la posición citada por la recurrente señala lo siguiente: “Surge de la exposición de motivos que el objetivo de la reforma – que finalmente se plasmó en la ley 18.251 – siguió siendo la protección del trabajador por lo que corresponde deducir que también en este caso, la disposición deber ser interpretada en sentido protector (Racciatti, Octavio. “La ley 18.251: el retorno a la responsabilidad subsidiaria en las relaciones de trabajo triangulares” en revista Derecho Laboral n. 229 pág. 165).- En consecuencia y por cuanto viene de decirse, el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria.- También aporta una perspectiva interpretativa, la Recomendación n. 198 de OIT por cuanto obedece a la solución normativa de la comunidad internacional como alternativa a la aprobación de un convenio internacional de trabajo sobre descentralización empresarial. Este instrumento recomienda a los estados a “…adoptar medidas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que tienen derecho”. Y agrega que “la interpretación de la legislación debería ser compatible con los objetivos del trabajo decente y la protección de los trabajadores en su condición de ser la esencia del mandato de la OIT, de conformidad con los principios de la Declaración de principio y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.- Por lo que no puede caber duda de que aún en el caso de la ley 18.251, la interpretación debe hacerse desde la perspectiva de protección del trabajador. … En definitiva, el principio protector que informa el sistema legal de la tercerización en Uruguay, no admite la interpretación restrictiva de la tutela del trabajador y sus créditos laborales.” (cfr. DFA-0012-000036/2019 SEF-0012-000022/2019). Como corolario de lo expuesto, dado que la indemnización por despido, la multa y los daños y perjuicios preceptivos, constituyen obligaciones laborales derivadas de la relación laboral y establecidas por ley, en el caso concreto, ANTEL, responde como garante de todos los rubros derivados de la relación laboral que vinculaba a la parte actora, con la codemandada empresa PRODOMUS S.R.L., por lo que habrá, de confirmarse lo resuelto al respecto, en el grado anterior. VI) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTÍFIQUESE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA