Sentencia Definitiva N° 212/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MIGLIORINI, KATHRYN Y OTROS C/ CORSUR S.A. Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-108331/2023, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 16º Turno a cargo de la Dra. Adriana Valeria Morosini Pérez. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº30/2025 de fecha 16 de junio de 2025 (fs. 864-877): - Se desestiman las excepciones de defecto en el modo de proponer la demanda y de falta de legitimación pasiva que fueran oportunamente interpuestas por la codemandada MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. - Se ampara la demanda incoada en autos y en su mérito, se condena a la parte demandada CORSUR S.A. a abonar a la parte actora KATHRYN MOGLIORINI la suma de $U 88.566 (pesos uruguayos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y seis); a MARÍA VICTORIA VIDELA la suma de $U 91.790 (pesos uruguayos noventa y un mil setecientos noventa); ANDREA MIGUEZ la suma de $U 88.566 (pesos uruguayos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y seis); a SHEILA CÉSPEDES la suma de $U 105.207 (pesos uruguayos ciento cinco mil doscientos siete) y a KATUISKA RODRÍGUEZ la suma de $U 401.916 (pesos uruguayos cuatrocientos un mil novecientos dieciséis), todas las sumas con más reajustes e intereses desde la fecha de la exigibilidad y hasta la del efectivo pago. En forma subsidiaria, a la parte demandada UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA a abonar a la parte actora KATUISKA RODRÍGUEZ la suma de $U 97.077 (pesos uruguayos noventa y siete mil setenta y siete), con más reajustes e intereses desde la fecha de la exigibilidad y hasta la del efectivo pago. En forma solidaria a la parte demandada MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA a abonar a la actora KATHRYN MOGLIORINI la suma de $u 88.566 (pesos uruguayos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y seis); MARÍA VICTORIA VIDELA la suma de $U 91.790 (pesos uruguayos noventa y un mil setecientos noventa); ANDREA MIGUEZ la suma de $U 88.566 (pesos uruguayos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y seis) y SHEILA CÉSPEDES la suma de $U 105.207 (pesos uruguayos ciento cinco mil doscientos siete), todas con más reajustes e intereses desde la fecha de la exigibilidad y hasta la del efectivo pago. Sin especial condenación en el grado. 3) El representante de la parte codemandada MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA interpone recurso de apelación (fs. 911-914) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Desestimó la excepción de prescripción, cuando las actoras presentaron su demanda, vencido ya el plazo de un año desde que solicitaron audiencia de conciliación administrativa. No se comparte que la medida cautelar posteriormente solicitada pueda considerarse un mecanismo de interrupción de la prescripción, cuando la misma no era para perfeccionar la demanda, por lo que, podría haberse mantenido en reserva en pieza separada independientemente de la misma. Además, la medida cautelar solamente tendrá eficacia interruptiva de la prescripción respecto de aquellos rubros que individualicen en la solicitud. B) Condenó a esta parte en forma solidaria, por entender que no surge de la prueba diligenciada en autos que esta parte controlara en forma eficiente y cabal la documentación exigida por las leyes de tercerizaciones. Pero contrariamente a esto, no sólo fue oportunamente agregado en autos el expediente administrativo con la documentación exigida por la normativa vigente, sino que el debido control de la misma queda de manifiesto por el hecho de que solo se reclaman los rubros generados al egreso del vínculo laboral que las actoras mantuvieron con la codemandada CORSUR S.A., correspondiendo, por tanto, modificar la condena solidaria a subsidiaria. C) No tuvo en cuenta la liquidación alternativa oportunamente presentada por no ser comprensiva de todos los rubros reclamados. Esta parte no comparte tal afirmación, ya que el único rubro no contemplado es el salario de julio de 2023, último mes trabajado por las actoras previo a su egreso y al cierre de su empleadora directa, la codemandada CORSUR S.A., rubro éste que no fue controvertido. Por otra parte, a diferencia de la liquidación presentada por las actoras, la liquidación alternativa del M.S.P. tiene respaldo probatorio no cuestionado (expediente administrativo N.º 12/001/3/7617/2024) en donde constan las marcas de entrada y salida del período trabajado por las accionantes. 4) Por decreto Nº 1218/2025 de 17 de julio de 2025 (fs. 916), se dispuso el traslado a la parte actora del recurso de apelación interpuesto por el término legal, resultando evacuado a fs. 923-925, abogando por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia. 5) Por providencia Nº 1430/2025 de 12 de agosto de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de autos, se dispuso franquear el mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 927). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 20 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 934-935). Dejándose constancia que el Colegiado se encontró desintegrado del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto a las liquidaciones recepcionadas de los montos de condena solidaria al M.S.P., lo que se revoca y en su lugar, se dispone que se esté a las alternativas presentadas por esta recurrente a fs. 913-914, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) Que la parte codemandada Ministerio de Salud Pública, se agravia, en primer término, por la desestimación de la excepción de prescripción que oportunamente interpusiera, sosteniendo que las misma ha operado al haberse presentado la demanda vencido el término de un año a contar desde la solicitudes de las audiencias conciliatorias administrativas, siendo que, la medida cautelar solicitada por las actoras a posterioridad de estas, carece de idoneidad para volver a interrumpir la prescripción, puesto que la misma solo puede producirse una vez, porque no era para perfeccionar la demanda y porque, en todo caso, se debió haber indicado con su solicitud, los rubros que se iban a demandar. Al respecto, no le asiste razón a la parte recurrente en ninguna de sus argumentaciones. Cabe recordar que la prescripción en materia laboral, se encuentra regulada en la Ley 18.091. Así, el art. 1° de tal cuerpo normativo, establece que las acciones originadas en relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se funda. A su vez, el art. 2 de la Ley de referencia, preceptúa que, sin perjuicio de lo anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles. En tanto los arts. 3 y 4 de la Ley 18.091 prevén los mecanismos que interrumpen la prescripción, que son los siguientes: la mera presentación de solicitud de audiencia de conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social efectuada por el trabajador o su representante y con indicación de los rubros objeto de la reclamación, la mera presentación de la demanda ante tribunal competente y sin necesidad de trámite ulterior alguno y la mera realización de cualquier otra gestión jurisdiccional tendiente a proteger o preparar el cobro del crédito ante tribunal competente y sin necesidad de ningún trámite ulterior. Sobre el punto, este Colegiado comparte la posición expuesta por los Dres. Raso Delgue, Garmendia y Rodríguez Azcúe en “Prescripción Laboral”, pág. 122-123, quienes al estudiar el tema, sostienen que si la causal de interrupción de la prescripción es la prevista en el art. 3º de la ley 18.091, es decir la presentación del trabajador o su representante ante el M.T.S.S. a solicitar la audiencia de conciliación previa, los nuevos plazos de prescripción (de un año o de cinco, según la situación concreta) comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en el que se produjo la presentación del trabajador o de su representante ante el M.T.S.S. solicitándola. Citan, los autores, jurisprudencia de la S.C.J. durante la vigencia de la ley 15.837, sosteniendo, que el hecho que el legislador no haya previsto la obligación de presentar la demanda laboral en determinado plazo, no implica que el efecto de la prescripción se extienda sine die y tampoco que la solicitud de conciliación determine extender el plazo prescripcional de dos años previsto legalmente –en el régimen de la ley 15.837- a una prescripción más extensa de diez o veinte años. Esto es, no permite cambiar la naturaleza y extensión de dicho plazo prescripcional. Asimismo, como viene de decirse, la Ley Nº 18.091, introdujo varios mecanismos interruptivos, por lo que, para su utilización, los referidos autores, invocan el sentido común y la correcta inteligencia con que deben ser interpretadas las normas, para concluir que, si bien no podría usarse el mismo medio en más de una oportunidad para interrumpir la prescripción, en cambio sí podría interrumpirse la misma, por más de un medio de los previstos en la ley, utilizados en forma lógica y de buena fe (conciliación, medida preparatoria, demanda), los que, además, son lógicamente sucesivos y todos encaminados a la protección del crédito. Lo que no puede utilizarse es, un mismo mecanismo interruptivo sucesivamente. Así, a nuestro juicio con acierto, recurren al carácter teleológico que los medios interruptivos tienen en el ámbito de las normas del Código Civil, donde “se trata de una lógica de continuidad, en virtud de la cual, cada acto de interpelación debe ser seguido por aquel que naturalmente habrá de sucederlo en el camino lógico que transita quien efectivamente está decidido a reclamar algo” (Ob. Cit. Pág. 126), apelando para por el contrario negar la utilización de un mismo medio al principio de buena fe, en tanto de sostener lo contrario “se estaría amparando una práctica meramente especulativa” (Ob. cit. pág. 126). Si la citada norma legal refiere en forma expresa a cualquier otra gestión jurisdiccional tendiente a proteger el crédito, mal puede pretender el recurrente que no tenga efecto interruptivo, nada menos, que un embargo cautelar. Además en el caso, los rubros a precaver fueron especificados en las liquidaciones que se adjuntan al escrito de solicitud de la medida, que lucen de fs. 18 a 22. Así las cosas, queda evidenciada la total sin razón de la parte recurrente al respecto, puesto que la apelada no sólo consideró las solicitudes de audiencia de conciliación ante el M.T.S.S. realizadas por cada coactora respectivamente el 3.8.2023, el 4.8.2023 y e. 5.8.2023, sino también la solicitud de medida cautelar preparatoria llevada a cabo en el expediente el 8.11.2023, antes de la presentación de la demanda el 4.9.2024. Por ende, el orden cronológico de utilización de medios interruptivos de la prescripción fueron valorados de acuerdo a lo expuesto precedentemente. Por otra parte, como apunta la Dra. Ivanovich en su fundado voto, sobre la incidencia de la gestión jurisdiccional (medida cautelar) realizada respecto al empleador directo, en relación a la empresa principal o usuaria, en este caso el M.S.P. cabe agregar que, Rosembaum y Castello han sostenido lo siguiente: “…si el trabajador utiliza alguno de los mecanismos de interrupción de la prescripción previstos en la Ley N° 18.091 (citación a conciliación ante el MTSS, presentación de demanda laboral, realización de gestiones de cobro o tendientes a proteger el crédito ante la justicia competente, etc.), ejerciéndolo aun solamente respecto de su empleador directo (intermediario, suministrador de mano de obra o subcontratista), la interrupción de la prescripción de la acción o de los créditos o prestaciones laborales, se extenderá también a la empresa principal o usuaria.” (Subcontratación e intermediación laboral. Estudio de las Leyes 18.099 y 18.251. Tercera Edición, F.C.U., pág. 182). Asimismo, tal extremo se deriva de lo dispuesto por el art. 1387 del Código Civil, por ende la interrupción realizada respecto al empleador directo (CORSUR S.A.) es oponible a la empresa usuaria (M.S.P.). Por lo que se irá a desestimar los agravios y confirmar la recurrida en cuanto no hace lugar a la excepción de prescripción opuesta. III) En relación a los agravios por el carácter solidario de la responsabilidad que se le impone al recurrente, por los rubros objeto de condena, los mismos tampoco resultan de recibo. Al respecto, como ha señalado reiteradamente esta Sala, el art. 6º de la ley 18.251 hace depender la solidaridad o subsidiariedad de la responsabilidad de la empresa principal o usuaria, de la circunstancia de haber ejercido el derecho a ser informada. Rosenbaum y Castello al estudiar el punto en “Subcontratación e intermediación laboral - Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, pág. 155-159, sostienen -sin dejar de reconocer su opinabilidad-, que para que sea procedente la aplicación de la responsabilidad laboral subsidiaria, la empresa principal o usuaria deberá no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación referida en el art. 4º de la ley 18.251, sino demostrar que ha realizado un examen razonable, un control de la misma. Afirman los destacados autores, que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria, radica en que la empresa principal demuestre haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios o mano de obra. “...En tal sentido no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma”... Será carga de la empresa principal, demostrar que ejerció su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual implica además de aportar los documentos mencionados en la ley, haber realizado de ser necesario para el ejercicio de ese control, determinadas gestiones, tales como intimaciones de presentación de documentación, de regularizar su situación, o que haya rescindido el contrato civil o comercial a causa del incumplimiento. El derecho de información debe de ser ejercido con la periodicidad y frecuencia adecuada al principio de razonabilidad a fin de que se repute cumplido el requisito, ya que la finalidad de la ley es mejorar la posición de la empresa que demuestre haber actuado diligentemente en el ejercicio de su derecho de información de forma regular y permanente, conforme al principio de razonabilidad. Se entiende, que para responder subsidiariamente, la empresa principal debe exigir a la tercerizada la exhibición de: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251). Y proceder a su control. En el sub lite, se entiende, que el M.S.P., contrariamente a lo afirmado en su apelación, no acreditó haber cumplido razonablemente, con los controles referidos, de acuerdo con lo expresado precedentemente, en cuanto a que no surge de autos de la prueba aportada por dicha codemandada, un control de la totalidad de los documentos referidos por la normal legal. Como corolario de lo antedicho, los agravios en el punto objeto de apelación no son de recibo, y habrá de confirmarse el carácter solidario de la responsabilidad atribuida a la recurrente. IV) Que finalmente resultan de recibo los agravios referentes a las liquidaciones recepcionadas, ya que no es compartible el argumento de la recurrida de que no contempla todos los rubros reclamados, puesto que solo no lo hizo con el salario pendiente, en razón de no haber controvertido ni el rubro, ni su monto. En efecto, en la medida que la empresa usuaria responde por las obligaciones laborales devengadas durante el período de subcontratación, corresponde considerar la licencia y el salario vacacional generada conforme a los jornales trabajados en el ámbito del M.S.P., máxime cuando se trata de trabajadoras jornaleras. Así las cosas, la liquidación alternativa realizada por la demandada al contestar, la que reitera al recurrir, resulta ajustada a los extremos de la subcontratación con el M.S.P., acreditados en autos y no desconocidos, debiéndose tener en cuenta que en el caso de la coactora Videla recién hay registros de su actividad en el M.S.P. a partir del 3 de enero de 2022. En suma, las liquidaciones presentadas por el recurrente, se corresponde con los jornales que realmente trabajaron las coactoras conforme a los registros de marcas horarias y los recibos que se presentaran con la contestación. De ahí, que se dispondrá que, en lugar de las liquidaciones recepcionadas, se esté a las alternativas presentadas por la recurrente a fs. 913-914. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO A LAS LIQUIDACIONES RECEPCIONADAS DE LOS MONTOS DE CONDENA SOLIDARIA AL M.S.P., EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, SE DISPONE QUE SE ESTÉ A LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS POR ESTA RECURRENTE A FS. 913-914. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTÍFIQUESE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA