Sentencia Definitiva N° 230/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dr. Julio Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AISHEMBERG, FELIPE C/ CANAPARO, JUAN, PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-79172/2023, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera instancia N.º 5/2025 de fecha 2 de junio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrado de Durazno de 2º Turno, Dra. Maiara Bopp Viega. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 5/2025 (fs. 164 a 189) se falló: “Desestímase el reclamo de horas extras. Ampárase parcialmente la demanda y en su mérito, condénase al Sr. Juan Pablo Canaparo Álvarez a abonar al Sr. Felipe Aishemberg la suma total de $ 91.147,20, con reajustes e intereses contados desde el 17 de junio de 2022 hasta su efectivo pago, cuyos rubros comprenden: indemnización por despido (IPD): un mes de salario nominal, equivalente a $ 63.615, incidencias en licencia no gozada y salario vacacional: dos importes de $ 3.520 cada uno (total $ 7.040), aguinaldo proporcional: $ 5.301, Daños y perjuicios preceptivos: 20% sobre el total de los rubros Indemnizatorios (IPD, incidencias y aguinaldo). Desestímase el reclamo de multa automática del 10% (art. 29 Ley Nº 18.572). Sin especial condenación procesal. Notifíquese a las partes a domicilio. Consentida o ejecutoriada, cúmplase y, efectúense los desgloses que se solicitaren y oportunamente, archívese”. 3) Con fecha 16 de junio de 2025 compareció la parte actora e interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos, agraviándose de la solución de primera instancia en los siguientes aspectos: a) por considerar un salario que no era el vigente al momento del egreso; b) por el rechazo de la indemnización por despido abusivo reclamada; c) por el porcentaje de los daños y perjuicios a los que hizo lugar y d) por rechazar la aplicación de la multa sobre los créditos laborales adeudados y objeto de condena. 4) Por decreto N.º 229/2025 de fecha 16 de julio de 2025 (fs. 208), se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y se ordenó conferir traslado del mismo a la contraria por el término de 10 días; traslado que fue evacuado por la parte demandada en los términos que surgen del escrito de fs. 216 a 220, instancia en la cual la parte accionada dedujo adhesión a la apelación, adhesión, que fuera correctamente desestimada por improcedente por la sede a-quo. 5) Sustanciado el recurso, por providencia N.º 258/2025 de fecha 6 de agosto de 2025 (fs. 221), se ordenó el franqueo del mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda. 6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 1º de setiembre de 2025 (fs. 231), se fijó fecha para el acuerdo y se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros (fs. 1232). 7) Producido el estudio, se acordó sentencia y en el día de la fecha se procede a su dictado. CONSIDERANDO: I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto al salario considerado para liquidar la indemnización por despido a la que hizo lugar y en cuanto al rechazo de la aplicación de la multa legal, aspectos en lo que se revocará la sentencia, y en su lugar, se estará al último salario del actor que ascendía al momento del egreso a la suma de $ 83.106 y a la liquidación de la indemnización por despido común e incidencias realizadas por el recurrente a fs. 194 y 195 que toma como base dicho salario. Y se condenará a la parte demandada al pago de la multa legal del 10% sobre el monto objeto de condena por la indemnización por despido e incidencias. II) El caso de autos. El Sr. Felipe Aishemberg inició demanda laboral contra el Sr. Juan Pablo Canaparo indicando que fue despedido por el demandado en forma directa sin que se le haya abonado la indemnización por despido. Invocó, además, que trabajó casi un año para el demandado desde julio del año 2021 a junio de 2022. Refirió también, que a partir de febrero de 2022 comenzó a realizar un horario más extenso y, por consiguiente, a laborar horas extras que no le fueron abonadas. El 17 de junio de 2022 el demandado le comunicó el cese conforme ya se lo había anunciado, produciéndose además el egreso de otros trabajadores de la empresa. Dio cuenta, asimismo, que en un principio su baja ante el BPS fue comunicada como un despido común, pero 20 días después se cambió la causal por notoria mala conducta, argumentando que había manipulado la computadora con la que trabajaba luego del despido, lo que fue negado por él. En mérito a ello reclamó además del despido común el despido abusivo por provocarle daños innecesarios e injustificados, además de reclamar el pago de las horas extras no abonadas. A su turno el demandado contestó la demanda en términos de controversia, oponiéndose a las horas extras pretendidas, invocando que nunca fueron realizadas, además de controvertir frontalmente la procedencia del despido reclamado. Sobre este punto indicó básicamente, que el trabajador se llevó la computadora portátil con la que trabajaba el mismo día en que fue despedido, lo que ameritó que se efectuara la denuncia policial por esa sustracción, lo que, a la postre determinó que la computadora fuera devuelta al día siguiente por el actor, pero sin contenido alguno. Ello determinó que la llevara a un servicio técnico que le informó que había sido formateada, siendo por ello que procedió a cambiar la causal de egreso por la de notoria mala conducta después de denunciado el egreso ante el BPS por otra causal. Invocó, además, perjuicios provocados por la pérdida de datos de la computadora, abogando, en definitiva, por el rechazo de la demanda en todos sus términos. III) La sentencia de primera instancia amparó parcialmente la demanda y condenó a la parte empleadora a abonarle al actor la indemnización por despido común e incidencias reclamadas, más 20 % en concepto de daños y perjuicios preceptivos, reajustes e intereses, desestimando las horas extras, el despido abusivo y la aplicación al caso de la multa legal prevista en el artículo 29 de la ley 18.572. Contra tal decisión se alzó la parte actora, agraviándose tal como fuera relacionado en los resultandos de la presente sentencia por los siguientes aspectos: a) porque la sentencia consideró un salario que no era el vigente al momento del egreso; b) por el rechazo de la indemnización por despido abusivo reclamada; c) por el porcentaje de los daños y perjuicios a los que hizo lugar y d) por rechazar la aplicación de la multa sobre los créditos laborales adeudados y objeto de condena. IV) Acorde a lo expuesto, comenzaremos por analizar cada uno de los agravios articulados por el actor en el orden en el que fueron planteados. En primer lugar, el trabajador se agravió por el salario que tomó en cuenta la sentencia de primera instancia a los efectos del cálculo de la indemnización por despido e incidencias a la que hizo lugar. Y fundando su agravio sostuvo el recurrente, que la sentencia consideró un salario ($ 63.615 nominales) que no era el vigente al momento del egreso. Expresó en tal sentido el actor, que la recurrida incurrió en error al tomar en cuenta para determinar el salario base de cálculo aplicable lo que surgía de los recibos de salarios de fs. 41 a 42 vto. sin considerar los recibos de salarios que lucen glosados de fs. 122 a 123 correspondientes a los meses de mayo y junio de 2022, de los cuales se desprende, que el valor nominal del salario al momento del egreso era de $ 83.106, conforme se había denunciado en la demanda. En este punto la Sala no puede más que compartir el reproche que efectúa el apelante, pues resulta evidente que la sentencia para calcular la indemnización por despido común e incidencias a la que hizo lugar, tomó como base de cálculo un salario nominal que no era el vigente al momento del egreso; todo lo surge en forma diáfana de los recibos de sueldos agregados en autos. Tal como sostiene el recurrente y conforme se desprende de los recibos de fs. 122 y 123, su salario nominal vigente al momento del egreso ascendía a la suma de $ 83.106; cuestionamiento que incluso mereció el allanamiento de la parte empleadora al evacuar el traslado del recurso de apelación. En efecto, el recibo correspondiente al mes de mayo de 2022 luciente a fs. 122 consigna un valor salarial de $ 83.106 y lo mismo se puede extraer de lo consignado en el recibo de sueldo de junio de 2022, en el cual por 17 jornales laborados a un valor de $ 2.770,2 el jornal, se abonó la suma de $ 47.093, lo que importa concluir que por 30 jornales de trabajo le hubiera correspondido percibir la suma de $ 83.106 denunciada por el trabajador. En mérito a lo expuesto, se amparará el agravio del recurrente y se tendrá como valor del último salario percibido la suma de $ 83.106 nominales, lo que importa que la liquidación de la indemnización por despido común e incidencias deberá ser ajustada, estimando la Sala que resulta correcta la liquidación efectuada por el recurrente a fs. 194 y 195, a la que corresponderá estar. V) En segundo lugar, el trabajador articuló agravios por el porcentaje de los daños y perjuicios preceptivos a los que hizo lugar la sentencia. Y expresando este concreto agravio afirmó, que le causa agravio que se desestime la aplicación del 30% en concepto de daños y perjuicios preceptivos solicitado en la demanda, explicando que la sentencia parte de una premisa errónea, cuál es, afirmar que tiene dos hijos menores y una hija mayor de edad, lo que constituye un error, desde que tiene tres hijos menores de edad. Y ello sin perjuicio de considerar, que ya han transcurrido 3 años desde el egreso sin que pudiera acceder al cobro de la indemnización por despido, lo que también justifica el porcentaje de daños y perjuicios reclamados en la demanda. En primer lugar, la Sala no puede dejar de señalar, que la condena impuesta en primera instancia al pago de los daños y perjuicios preceptivos constituye un claro error de la sentencia recurrida, desde que la misma no dispuso condena alguna al pago de rubros salariales, sino que condenó a la parte empleadora al pago de la indemnización por despido común e incidencias, lo que claramente obturaba la condena al pago de los daños y perjuicios preceptivos dispuesta. Y ello, porque como es sabido y conforme lo establecido en el artículo 4 de la ley 10.449, “Por el solo hecho de ser condenado al pago de salarios de acuerdo con este artículo e independientemente de la sanción administrativa que corresponda, el patrono o empresario deberá los daños y perjuicios emergentes del no cumplimiento de su obligación, los que serán fijados por el Juez de la sentencia definitiva, teniendo en cuenta: el número de familiares a cargo del obrero o empleado perjudicado; el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador dejó de percibir el salario mínimo correspondiente; y la diferencia entre la tasa de los salarios acordados al trabajador según planilla y la mínima señalada en el certificado a que se refiere el inciso anterior. En ningún caso, los daños y perjuicios podrán ser avaluados en más del cincuenta”. Como puede apreciarse, la disposición normativa establece que la condena al pago de los daños y perjuicios preceptivos se impone cuando exista condena al pago de salarios o rubros salariales, lo que no acontece en el caso, dado que únicamente se condenó al pago de un rubro indemnizatorio por excelencia como lo es la indemnización por despido común. De ahí la improcedencia de la condena dispuesta. Pero dado que en el caso la parte demandada no articuló agravios en tiempo y forma, es claro que el Tribunal se encuentra impedido de revocar la sentencia de primera instancia en perjuicio del recurrente. Pero, justamente la improcedencia de la condena dispuesta en primera instancia determina que no corresponda disponer aumento alguno en el guarismo de los daños y perjuicios dispuestos en el grado anterior, de modo de no acrecentar el error constatado y además, porque en última instancia, el porcentaje del 20% fijado no se encuentra alejado de los parámetros jurisprudenciales para la carga familiar de tres hijos, máxime cuando el único rubro amparado fue la indemnización por despido, lo que importa concluir, que no existieron incumplimientos de larga data que ameriten la imposición del porcentaje del 30% reclamado por el recurrente. Por todo ello, el agravio no resulta de recibo, lo que determina la confirmatoria de la recurrida a pesar de la improcedencia legal de la condena al pago del rubro. VI) Por otra parte, el trabajador también se agravió por la desestimatoria del despido abusivo reclamado. Y fundando su agravio expresó, que surge probado que luego de su desvinculación el demandado llevó adelante actos relacionados con el despido, con el único fin de provocar perjuicios excesivos al trabajador. Relató en tal sentido, que realizó una denuncia policial que, pese a que no tuvo andamiento, tuvo la clara intención de atacarlo y perjudicarlo, a lo que se suma, que luego de ello procedió a cambiar la causal de egreso ante el BPS por la de notoria mala conducta, provocando un claro perjuicio innecesario, ya que ello determinó que se quedara sin cobrar el subsidio por desempleo con tres hijos menores a cargo. La propia sentencia consideró tal accionar ilegítimo, pese a lo cual se centró en que el despido del actor se dispuso por razones económicas. Concluyó, en definitiva, que la alevosía del accionar del demandado resulta suficiente para el amparo del despido abusivo reclamado. En este punto la Sala entiende que los argumentos del apelante no resultan atendibles y por ello mismo no resultan suficientes para provocar la revocatoria de la sentencia de primera instancia en este controversial aspecto. Como bien lo relaciona el apelante, los actos que le atribuye al demandado como abusivos por ser realizados con la clara intención de perjudicarlo (denuncia policial y cambio de causal de egreso ante el BPS), se produjeron con posterioridad al despido, de ahí que resulte imposible sostener la abusividad de su desvinculación por actos realizados por el empleador posteriores en el tiempo al momento en que se dispuso su cese. La calificación de abusivo refiere al acto mismo del despido, y tal como se señaló, en este caso el propio actor, ya en la demanda reconoció, que su despido no tuvo ninguna particularidad ni contratiempo, que se trató de un despido anunciado, por temas estrictamente económicos, por lo que tomó su desvinculación con calma. Tal hecho y las causas de su despido asociadas a problemas económicos de la empresa es admitido incluso en su apelación, más precisamente en el numeral 41 de la misma, instancia en la cual el propio recurrente reconoce que “El despido del actor se debió por razones propias de la empresa”. En tal escenario, lo ocurrido con posterioridad al despido ya dispuesto no puede ser tomado en cuenta para fundar la abusividad pretendida, porque esos actos posteriores se realizaron cuando el despido ya estaba consumado, por lo que mal pueden servir de fundamento para postular la abusividad de su desvinculación. Es decir, la actuación posterior del demandado, reactiva a una conducta también posterior del propio actor, no resulta apta para transformar el despido ya dispuesto con anterioridad en abusivo; todo lo que justifica sobradamente el rechazo del agravio. Y ello sin perjuicio de considerar, que el trabajador si hizo reserva del subsidio por desempleo ante el BPS, seguramente esté en condiciones de revertir los daños y perjuicios invocados por el no pago o no amparo de tal prestación en caso de que aún esté desempleado, con la presentación de la sentencia de primera instancia que desestimó la notoria mala conducta e hizo lugar a la indemnización por despido, que quedó firme en dicho aspecto, al no ser apelada por la parte demandada. No está de más señalar tampoco, que los daños y perjuicios que el apelante invoca que se le provocaron por el cambio de causal ante el BPS, bien podían haber ameritado su reclamo bajo otra modalidad o a través del ejercicio de otra clase o tipo de pretensión, pero no por la vía del despido abusivo, pues en definitiva y tal como viene de decirse, los actos del empleador posteriores al despido, no resultan hábiles para transformar en abusivo un despido que es anterior en el tiempo a los mismos. VII) Finalmente, el actor articuló agravios por el rechazo de la multa legal, invocando en apoyo de su agravio, que desconoce de dónde extrae el texto legal al que hace referencia la sentencia, ya que el artículo 29 de la ley 18.572 no dispone lo que se cita en la sentencia apelada. En este punto el Tribunal no puede más que coincidir con lo expresado por el recurrente, ya que la Sala no sale de su asombro por la decisión de primera instancia de desestimar la aplicación de la multa legal, desde que como bien hacer notar el impugnante, la norma legal y particularmente el artículo 29 de la ley 18.572 no establece lo que consigna la sentencia de primera instancia, ignorando este Colegiado de dónde extrajo la decisora de primer grado el texto que luce en entrecomillado a fs. 186, numeral 3.4.1 de los considerandos. Por el contrario, el artículo 29 de la ley 18.572 establece que “La omisión de pago de los créditos laborales generará automáticamente, desde su exigibilidad, un recargo del 10% (diez por ciento) sobre el monto del crédito adeudado”. Como puede observarse, la multa legal se genera en forma automática sobre el crédito adeudado no requiriéndose ninguna actividad del trabajador para hacer caer en mora al deudor. Entonces, si la multa se genera en forma automática sobre el crédito adeudado y reconocido como fue por la sentencia, que al actor se le adeuda la indemnización por despido común e incidencias, resulta harto evidente que, reclamada la multa legal por el trabajador, su pago se imponía; siendo por ello, contrario a derecho lo concluido por la sentenciante a-quo. La comparecencia de la parte demandada oponiéndose a la aplicación de la multa o controvirtiendo la procedencia de los rubros reclamados, claramente no tiene virtualidad alguna para proceder a su desaplicación, máxime cuando la sentencia reconoció la existencia de adeudos en punto a la indemnización por despido común reclamada. Por otra parte, la afirmación de la sentenciante a-quo de que la jurisprudencia ha dicho que solo procede la multa “cuando existe una ausencia total de oposición fundada y no cuando -como en el caso de autos- el empleador comparece y contradice la pretensión”, no encuentra respaldo legal alguno, pues el artículo 29 de la ley 18.572 no condiciona la aplicación de la multa a la eventual oposición del demandado, sino lisa y llanamente a la omisión de pago de créditos laborales, presupuesto que en el caso se verifica, desde que la sentencia reconoció un crédito laboral a favor del actor (indemnización por despido) Conforme a lo que viene de exponerse, el agravio del actor es de total recibo, por lo que se revocará la recurrida en este punto, condenando a la demandada al pago de la multa legal. VIII) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de cargo de la parte demandada y los costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL SALARIO CONSIDERADO PARA LIQUIDAR LA INDEMNIZACION POR DESPIDO A LA QUE HIZO LUGAR Y EN CUANTO AL RECHAZO DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA LEGAL, ASPECTOS EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR, SE ESTARÁ AL ÚLTIMO SALARIO PERCIBIDO POR EL ACTOR AL MOMENTO DEL EGRESO EL QUE ASCENDÍA A LA SUMA DE $ 83.106 Y A LA LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACION POR DESPIDO COMUN REALIZADA POR EL RECURRENTE A FS. 194 Y 195 QUE TOMA COMO BASE DICHO SALARIO. ASIMISMO, SE CONDENA A LA PARTE DEMANDADA A ABONAR AL ACTOR LA MULTA LEGAL DEL 10% SOBRE EL MONTO OBJETO DE CONDENA POR LA INDEMNIZACION POR DESPIDO COMUN E INCIDENCIAS. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA