Sentencia Definitiva N° 213/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “ANADON DEMORO, ANDREA C/ COMISIÓN DE APOYO UNIDAD EJECUTORA 068 DE ASSE - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-123818/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 9º Turno a cargo del Dr. Pablo Raúl Misa Reboledo. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº20/2025 de fecha 19 de mayo de 2025 (fs. 211-226) se condena a la demandada COMISIÓN DE APOYO DE PROGRAMAS ASISTENCIALES ESPECIALES UNIDAD EJECUTORA 068 DE ASSE al pago a la actora Andrea Daniela Anadon Demoro, de medias horas libres compensatorias e incidencias, prima por presentismo e incidencia, prima por antigüedad e incidencia; condena a futuro de los mismos (con el alcance dispuesto en el numeral VII de los considerandos), daños y perjuicios preceptivos (20%), multa legal (10%) reajustes e intereses, en la suma de $ 354.640 (pesos uruguayos trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta) desde la exigibilidad al efectivo pago menos descuentos legales correspondientes. 3) La representante de la parte demandada, interpone recurso de apelación (fs. 229-231) contra la referida sentencia definitiva, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Hizo lugar a las horas compensatorias padeciendo error en la interpretación de los hechos, debido a que la parte actora invoca el Convenio Colectivo del 18 de octubre de 2006 entre esta parte y AFASSE, pero en el artículo primero del mencionado convenio expresa que el ámbito de aplicación alcanza únicamente al personal dependiente telefonista y radio operadores del centro coordinador de CTI programa B, contratados por la comisión. O sea que la actora debería probar haber trabajado en el descanso para generar ese beneficio, de lo contrario si descansó no lo generó, y a los efectos no hay pruebas, ni declaraciones testimoniales por ejemplo que lo acrediten, por tanto, no se debía hacer lugar a dicho rubro. B) Condenó a esta parte al pago de incidencias de la licencia, siendo que la misma ha sido gozada en cada año como surge de los recibos que se acompañaron oportunamente, por lo que no hay licencia no gozada. C) También se condenaron las incidencias de los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo incluidos en el año 2024, y oportunamente se relevó en la contestación de la demanda que este reclamo atiende a un error, puesto que se pretende el cobro de incidencias que al momento de la demanda no habían sido exigibles aún. D) Condenó a futuro a esta parte sin perjuicio de que es posición firme de la jurisprudencia que se trata de una condena ilíquida que la ley expresamente prohíbe y por ende no se podría aplicar por remisión del art. 31 de la ley 18.572, el art. 11.3 del C.G.P. Además, el rubro carece de la mínima absoluta sustanciación. El presente rubro es como otros, por lo cual debe cumplirse con las normas de los arts. 117 del C.G.P. y 8 de la Ley 18.572. 4) Por decreto Nº 847/2025 de 4 de junio de 2025 (fs. 234), se dispuso el traslado a la parte actora por el término legal, resultando evacuado a fs. 236-238 vto., abogando por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia y por la desestimatoria del recurso interpuesto por falta de fundamentación. 5) Por providencia Nº 969/2025 de 23 de junio de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y se dispuso franquear el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 240). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 19 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 244-245), dejándose constancia que la Sala se encontró desintegrada del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 de al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencia de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto hace lugar a las medias horas compensatorias por descansos intermedios trabajados, sus incidencias y accesorios, en lo que se revoca y en su lugar, se absuelve a la parte demandada de dicha condena, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. 1.II. Que la parte demandada se agravia en primer término por la condena al pago de las medias horas compensatorias, ya que, siendo un beneficio establecido en el Convenio Colectivo del 18 de octubre del 2006 exclusivamente para el personal dependiente telefonista y radio operadores del Centro Coordinador de CTI programa B CTI, la actora no explica en su demanda cómo le sería aplicable si no trabaja para el mismo, sino para el SAME, siendo que tampoco probó no haber gozado de sus descansos y haber trabajado para el CTI. Al respecto, entiende la Sala que le asiste razón a la demandada, ya que es inconcuso que el reclamo de tal rubro no podía progresar, ya que no cumple con la carga de la debida alegación. Este claro incumplimiento de la carga de la debida afirmación, no se subsana recurriendo a la prueba para su determinación. En efecto, como apunta la Dra. Ivanovich en su estudio, no puede valorarse la prueba, si no existe una alegación previa de los hechos a los que refiere. Por ende, la carga de la debida afirmación, es un aspecto que, debe considerarse en un estadio anterior a la determinación de la carga probatoria y a su valoración. De acuerdo con lo expuesto, no es posible ingresar a considerar las consecuencias del incumplimiento de la intimación realizada al demando en el marco del art. 168 del C.G.P., si el actor no invocó los hechos que deben probarse (art. 137 del C.G.P.). En efecto, resultando de los recibos presentados que la actora que se desempeñaba como telefonista en atención de urgencia y emergencia pre hospitalaria del SAME, leyendo la demanda, surge que para fundamentar el reclamo, en forma por demás parca, solamente se invoca que “desempeña tareas inherentes a dicho cargo”, realmente resulta una verdadera incógnita poder saber por qué, le correspondería percibir un beneficio que, de estarse al Convenio Colectivo que lo instaura (por otra parte el único invocado y agregado para conocer su regulación), alcanza, únicamente, al personal del Centro Coordinador de CTI (Programado B CTI), como reza en la cláusula primera del mismo. La pretensora, no se molesta en la demanda en explicar lo más mínimo al respecto. Tampoco qué tipo de llamadas como telefonista coordinaba en el período reclamado. El art. 117 del C.G.P., en virtud de la remisión que al mismo hace el art. 8 de la Ley N° 18.752, optó por la teoría de la sustanciación que establece lo siguiente: "el objeto de la pretensión y del proceso debe estar constituido no solo por la relación jurídica, sino también por los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron la deducción de dicha pretensión y el petitorio al juzgador" (cfr. "Código General del Proceso - Anotado, comentado y concordado", Tomo 3, pág. 95). La necesidad de expresar claramente los fundamentos fácticos y jurídicos en que se funda la pretensión, que emerge del art. 117 del C.G.P., debe exigirse al momento de sentenciar, puesto que a través de ello se da cumplimiento al principio de la buena fe y lealtad procesal recogido por el art. 5 del C.G.P. Klett y Pereira Campos establecen que existe un estándar del buen litigante que “impone a las partes deber de adecuar su comportamiento procesal al modelo establecido por el legislador”, señalando que en los actos de alegación inicial, los hechos deben ser precisados de forma categórica, explícita y clara “a fin de que el relato no constituya una emboscada para el adversario” (cfr. “Valor de conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el C.G.P. en “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” págs. 49 y ss.). “La especial situación que afecta al trabajador en el proceso laboral, no lo exime de cumplir con la carga señalada, cuando además se trata de los hechos en los que funda un reclamo determinado y no existe motivo lógico que le impida efectuar el relato del hecho de que se trate, en la medida que es protagonista y de él se deriva una de las pretensiones que deduce.” (Sent. Nº 363/2011 del TAT 1 del 7/09/201, entre otras). Como se dijo, nuestro sistema procesal se afilia a la “Teoría de la Sustanciación” según la cual cada petición debe presentarse con el relato de los hechos que la sustentan y de las consecuencias jurídicas que pretende extraerse de los mismos. Según Véscovi y demás autores: “no basta entonces con una mera invocación genérica respecto de lo que se pretende, sino que en todos los casos deben aducirse los hechos relevantes que den sustento a la acción o a la excepción propuesta” (cfr. Véscovi y colaboradores en la obra colectiva “C.G.P. comentado, anotado y concordado”, Tomo 3, pág. 40). Pero, además, en la obra citada se indica, que, si bien los magistrados tienen el poder deber de interpretar las demandas y de adecuarlas, “…tal posibilidad no significa ni autoriza a ampliar o mejorar la pretensión o la defensa deducida de manera incorrecta, inadecuada o insuficiente, situación que expresamente ha limitado el legislador en otras normas…” De todos modos, el límite necesario a tan loable labor se encuentra en que si bien corresponde a los jueces interpretar las demandas, deben cuidar de no cambiar en cuanto a los hechos constitutivos y a la causa petendi, violentando el principio de imparcialidad que debe imperar en el proceso. Por último, si el proceso es un acto triarum personae, debe concederse un papel preponderante y responsable en el planteo de los actos a los sujetos que deben cumplirlos (Véscovi y demás autores, ob. Cit., págs. 37 a 39). En el caso, la parca referencia realizada en la demanda, respecto a las razones por las cuales le correspondería percibir el beneficio, es realmente insuficiente, puesto que, se limita a referir que le corresponde, atento a la naturaleza del servicio en el cual se desempeña sin agregar más nada, siquiera sabemos a cuál servicio se refiere. No se explica si alguna dependencia de SAME, pasó a absorber, total o parcialmente, al Centro Coordinador de CTI (Programado B CTI). Ahora bien, el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que figura en los recibos, como unidad ejecutora de ASSE, responde al Sistema Nacional Integrado de Emergencias y Traslados (regulado actualmente por art. 265 de ley 19.149 y Decreto 309/014), teniendo como cometido brindar asistencia extra hospitalaria en los niveles de servicios de traslado especializado, urgencias, asistencia de crónicos, telemedicina para adultos y pediatría. Por lo que, dentro del mismo, es evidente que no todas las urgencias y emergencias necesariamente implican coordinación para traslado a CTI. Por lo cual, en todo caso, no necesariamente la actora tenía que trabajar coordinando traslados para CTI, lo que además de no haberlo afirmado en su demanda, por otra parte, tampoco probó. Lo que, desde ya, está determinando la imposibilidad de acceder al reclamo de dicho rubro. No obstante, la sentencia, como fundamento de la condena, invoca que percibió el pago del rubro en cuestión, durante un tiempo, lo que entendemos no puede resultar por sí solo determinante. Porque, en realidad, la actora ingresa en 2011, pero solo prueba haber cobrado el beneficio del 2016 al 2021, por lo cual, sin perjuicio de que no se aclara por qué razón, a quien trabaja en el SAME le correspondería su cobro, si aunque no se dijera en la demanda, fuera que lo percibía por coordinar traslados a CTI, bien pudo dejar de cobrarlo por no realizar más esa tarea. Por lo que, en el contexto de marras reseñado, la argumentación de la recurrida, entendemos, que no alcanza para dar mérito a acceder a la condena del rubro objeto de agravio, por lo cual, se revocará la apelada en dicho punto. 1.III. Que pasando a los agravios de la parte demandada que aluden a que como las licencias se gozaron al año siguiente de su generación no hay licencia no gozada, la Sala entiende que los mismos resultan irrelevantes, pues lo determinante es que no las pagó cuando se gozaron incluyendo las incidencias de los rubros recepcionados (antigüedad y presentismo). Tampoco tiene incidencia en el caso que las licencias y salarios vacacionales del 2024 y medio aguinaldo a pagar en diciembre del 2024 no fueran exigibles a la fecha de la presentación de la demanda, ya que, si como dice la demandada la licencia se goza dentro de los primeros meses del año que se genera, para que no correspondiera se debería de haber abonado con la referida incidencia, lo que la recurrente no invoca, ni tampoco acredita. Siendo que, en todo caso también hay sentencia de condena de futuro recepcionada. En suma, los agravios no son de recibo, por cuanto, la licencia efectivamente se gozó en octubre de 2024 y en la misma ya se debieron contemplar en su cálculo el presentismo y la antigüedad. Lo mismo acontece con el salario vacacional y el aguinaldo. De hecho, la parte demandada en su liquidación alternativa contempló lo percibido por licencia, calculándola a los efectos del pago del presentismo y la antigüedad. Asimismo, calculó la incidencia del aguinaldo y el salario vacacional. Lo que igualmente conforme a la condena de futuro también se tornaron exigibles. IV) Que la parte demandada, también se agravia por el amparo de la condena de futuro, ya que considera que la solicitud al respecto carece de la mínima sustanciación. Sobre el punto, este Tribunal ha considerado que la condena recogida en el art. 11.3 C.G.P., se aplica en los procesos abreviados estructurados en la Ley 18.572 y su modificativa Ley 18.847, por remisión del art. 31. La aplicación del instituto, no solo se ajusta a los principios consagrados en los arts. 1 y 30 de la Ley, sino al principio protector, de onda aplicación en la materia. El sustento de la sentencia condenatoria cobra importancia preventiva para el futuro, máxime en la materia donde rige el principio protector, tratando de impedir que en lo sucesivo se viole el específico derecho de la actora-acreedora en tanto el mismo reconozca similar supuesto al que en el caso se tiene presente para emitir sentencia de condena. Como ha también establecido la S.C.J. en sentencia del 18 de noviembre de 2015: “El instituto procesal de la sentencia condicional o de futuro (art. 11.3 del C.G.P.) resulta aplicable al proceso estructurado para la materia laboral. Si bien no se encuentra expresamente previsto en el proceso regulado por la Ley 18.572, su ingreso se encuentra habilitado por el mecanismo de integración que consagra el artículo 31 de la misma Ley … Por otra parte, se considera que la “condena de futuro” no transgrede lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 18.572, en la medida en que el concepto de sentencia líquida debe ser considerado de modo flexible, lo que lo hace comprensivo del concepto de sentencia “fácilmente liquidable”, tal como ha sostenido, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er Turno, en sentencia identificada como SEF 0012-000307/2014.” Así, la ambigüedad expuesta por la recurrente no resulta de recibo, cuando lo que se pretendió y acogió en autos es la condena a futuro del art. 11.3 del C.G.P. En el caso, dado que la condena a futuro sólo comprenderá la prima por presentismo y la antigüedad, teniéndose en cuenta además que en la recurrida se han brindado suficientemente fundamentación en el considerando VII de fs. 223-224, haciendo hincapié que se hace bajo la premisa que se mantenga incambiada la situación que dio mérito a la condena dispuesta, por lo que, no se observan obstáculos para la procedencia de la condena a futuro en los términos señalados, lo que, implica que esos rubros deberán abonarse incorporándose a las retribuciones normales de la trabajadora que deben abonarse cada mes. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, salvo en cuanto hace lugar a las medias horas compensatorias por descansos INTERMEDIOS trabajados, sus incidencias y accesorios, en lo que se revoca y en su lugar, se absuelve a la parte demandada de dicha condena. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA