Sentencia Definitiva N° 235/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministro Redactor: Dr. Julio Alfredo Posada Xavier. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. Dr. Julio A. Posada Xavier. Dra. Ana Karina Martínez Larrosa VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “VARGAS, MARIA Y OTRO C/ PRODOMUS SRL Y OTROS– PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE: 2-121088/2024 venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por las partes contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº 31/2025 del 30 de junio de 2025 (fs. 270 a 310) dictada por la Sra. Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 11º. Turno Dra. Andrea Lorenzo Villares. RESULTANDO: 1º) Que por el referido pronunciamiento a cuya relación de antecedentes cabe remitirse se amparó parcialmente la demanda y en su mérito se condenó al codemandado Prodomus S.R.L. y al codemandado MIDES subsidiariamente a pagar a la actora Vargas por concepto de indemnización por despido $ 150.021, salarios impagos $ 24.024, aguinaldo $ 18.519, licencia $ 35.975, más los daños y perjuicios preceptivos (10%) sobre los rubros de naturaleza salarial, que equivale a $ 7.852 y más la multa legal (10%) que equivale a $ 22.853. Desestimó el rubro salario vacacional reclamado por la actora Vargas. Condenó al codemandado Prodomus SRL y al codemandado Antel subsidiariamente a pagar al actor Bonilla la suma de $ 115.756 por concepto de indemnización por despido, salarios impagos $ 32.316, aguinaldo $ 13.898, licencia $ 27.103, salario vacacional $ 21.682, más los daños y perjuicios (10%) sobre los rubros de naturaleza salarial que equivale a $ 9.500 y más la multa legal (10%) que equivale a $ 21.075. Desestimó el rubro reclamado respecto del actor Bonilla salario del mes de agosto de 2024. Estableció que todas las sumas (de ambos trabajadores) se actualizarán de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley 14.500 desde el nacimiento de la obligación hasta la efectiva fecha de su cancelación, debiéndose intereses (6% anual) desdela misma fecha (exigibilidad) suma fácilmente liquidable (art. 16 de la ley 18.572). Con costas para la parte demandada y sin especial condena en costos. 2º) Con fecha 16/07/2025 la parte codemandada Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) interpuso recurso de apelación (fs. 315 a 319) agraviándose por: a) La competencia de la sede y la estructura procesal por la que se tramitó el proceso. b) La indebida acumulación de pretensiones. c) La falta de pronunciamiento sobre descuentos legales. d) Los daños y perjuicios. Solicitó que en definitiva se revoque la recurrida, haciéndose lugar a sus agravios. 3º) El día 17/07/2025 también dedujo recurso de apelación la parte actora (fs. 323 a 327) agraviándose por: a) El salario impago del mes de agosto de 2024 del actor Bonilla. b) El rechazo del rubro salario vacacional en el caso de Vargas y c) el porcentaje de daños y perjuicios. Solicitó la revocación de la recurrida de acuerdo a sus agravios. 4º) El día 29/07/2025 interpuso recurso de apelación la codemandada Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), agraviándose por: a) La responsabilidad atribuida. b) la condena a abonar rubros indemnizatorios (indemnización por despido, daños y perjuicios) y la multa. Solicitó la revocación de la recurrida y el acogimiento de sus agravios. 5º) Sustanciados los recursos de apelación, por auto Nº 1297/2025 del 26/08/25 (fs. 353) se franqueó la alzada, con efecto suspensivo. El día 2/09/2025 se recibieron los autos en esta Sede (fs. 359), fijándose fecha para el acuerdo, disponiéndose el pase a estudio de los Sres. Ministros y procediéndose de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nº 18.572. CONSIDERANDO: La codemandada MIDES se agravia en primer lugar por el rechazo de la excepción de incompetencia y de inadecuación del trámite dado a la demanda con fundamento en lo dispuesto por el art. 341 de la ley 18.172 y los artículos 45 y 120 del C.G.P. en relación a la indebida acumulación de pretensiones. Ambos agravios serán desestimados, pues el Tribunal habrá de mantener su jurisprudencia adoptada en reiterados casos similares en sentencias 168/2023, 266/2023, 93/2024 159/2024, 128/2025 entre otras El redactor mantiene la posición adoptada por la Sala con anterior integración, pero en pronunciamientos recientes, la cual coincide con lo argumentado por el recurrente de autos en los numerales 12 a 16 del escrito recursivo. Esto es que, si bien el artículo 341 de la Ley 18.172 se encuentra vigente, no es aplicable en los casos en que una administración estatal es demandada en calidad de garante en virtud de las leyes de tercerización. Así lo sostienen los Dres. Garmendia y Gauthier (“Tercerizaciones”, FCU, 3ª. Edición, pág. 73) siguiendo posición de Loustaunau: “La Administración estatal demandada en virtud de la existencia de una situación de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, nunca lo será como parte de un conflicto individual de trabajo sino en calidad de responsable por expresa atribución legal. En consecuencia, en este tipo de situaciones no se genera la hipótesis que contempla el art. 341 de la Ley 18.172 y, por lo tanto, no resultarán competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y, en cambio sí lo será las Sedes laborales”. Las Sras. Ministros Dra. Gabriela Rodriguez Fagián y Karina Martínez Larrosa consideran acertada la postura que antecede, pero sustentan como argumento principal el que sostuvieron en las respectivas sedes de primera instancia del trabajo a su cargo. Cuál es el de postular que, en caso de acumulación de pretensiones de diferente materia, existiendo más de un juzgado competente, es el accionante quien elige el fuero, compareciendo ante él, aplicándose el criterio de la prevención. Sin desconocer la vigencia del artículo 341 de la ley 18.172 que establece la competencia en Montevideo de los Juzgados letrados de Primera instancia en lo Contencioso Administrativo, o los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital, de acuerdo a la cuantía, en todo conflicto individual de trabajo en que sea parte una administración estatal, en el caso de acumularse pretensiones contra varios demandados como acontece en esta causa, deviene también aplicable el artículo 120.2 del CGP. Esta última norma establece: “También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto o se hallen entre sí en relación de dependencia o deriven de los mismos hechos, cumpliéndose los requisitos del artículo 120.1”. En autos la conexión es indudable puesto que la empleadora de los actores, Prodomus S.R.L. prestaba servicios para el MIDES, por lo que el reclamo movilizado por los trabajadores contra ambos proviene de la misma causa: la relación laboral que origina el crédito reclamado, es decir, el conflicto individual de trabajo. Por lo que la situación se encuentra comprendida en el art. 120.2 del CGP, como se adelantó. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido este criterio en casos similares al presente, a vía de ejemplo en la sentencia No. 102 del 18/2/2015 : “...la norma del artículo 341 de la Ley 18.172 es atributiva de competencia, pero no excluye el régimen general de ampliación competencial contenido en el art 120 CGP. Esta norma procesal admite la acumulación de pretensiones de diferente materia siempre que exista conexión, como acontece en el subjudice. … en supuestos en que la acumulación inicial de pretensiones reúna los requisitos del art 120, es dable al actor optar por la presentación de la demanda en una u otra sede, provocando con este acto procesal la competencia de la escogida (cf. Tarigo E. Lecciones, T 1, pág 388)…. La acumulación de pretensiones de diversa materia, habilita a quien las incoa a optar por el tribunal competente en virtud de lo edictado por el principio dispositivo y lo preceptuado por el propio art. 120: “el demandante podrá acumular” (Anuario de Jurisprudencia Laboral 2015, No.104). También en Sentencias 150/2016 y 421/2016, entre otras. También el TAT de 4º turno, en Sentencia No. 47/2013 sostuvo que la vigencia del art. 341 de la Ley 18.172 no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del CGP, disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia, mediando conexión. Sobre el punto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno ha afirmado con relación a la aplicación del artículo 341 de la Ley 18.172 en estos casos, que tal norma no resulta decisiva, pues el cúmulo inicial de pretensiones determina otra solución, afirmando concretamente: “El art. 341 citado atribuye competencias, pero no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del Código General del Proceso, disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia, mediando conexión” (Sentencia 93/2016, en la Base de Jurisprudencia Nacional). En base al criterio expuesto, habiendo optado la parte actora de autos por plantear su reclamo ante la Justicia Laboral, la Sede de primera instancia resulta competente lo que determina el rechazo del agravio. En cuanto al agravio de fs 318 vta. y 319 titulado “De la indebida acumulación de pretensiones” el mismo no se encuentra debidamente fundado, no cumple con lo exigido por los artículos 253.1 del C.G.P. y 17 de la ley 18.572 pues se trata de una repetición textual de lo que se expresó en la demanda a fs. 137 y 138, omitiendo analizar y criticar los fundamentos de la sentencia que pretende impugnar de fs.293 y 294. Por otra parte, es notorio que el Ministerio de Desarrollo Social omite indicar concretamente cuál es el perjuicio que le implicó la tramitación conjunta de ambas pretensiones. Y ello porque como es sabido, no hay agravio sin perjuicio, de modo que se trata además de un agravio que carece de objeto desde que no se explica cómo le afecta tal decisión, se trata entonces de un planteo meramente formalista por lo que también será desestimado. II) En cuanto al agravio de fs. 319 referido a los descuentos legales, tampoco constituye un agravio fundado, además de que se omite tener en cuenta que en el proceso laboral regulado por las leyes 18.572 y 18.847 no está previsto el proceso de liquidación de sentencia. A ello se suma que no surge que el MIDES haya hecho algún planteo en este sentido al contestar la demanda, por lo que nada correspondía decir a la sentencia. Sion perjuicio de ello, las partes deben tener presente que la parte empleadora como agente de retención tiene la obligación legal de efectuar descuentos legales y verter los tributos correspondientes ante los organismos recaudadores porque la propia ley así lo establece y no porque una sentencia judicial lo determine. Y en el agravio referido al quantum de los daños y perjuicios previstos por el art. 4 de la ley No. 10.449 que se pretende sean abatidos al 5% se afirma que no se probaron cargas familiares, lo que no se ajusta a la realidad, puesto que el documento de fs. 24 acredita que tienen una hija menor en común por lo que el agravio también será desestimado. III) Por otro lado, el escrito recursivo de la codemandada Antel de fs. 334 y ss. prácticamente carece de la debida fundamentación, no llegando este Tribunal a comprender cómo puede agraviarse por la responsabilidad atribuida que fue subsidiaria y no solidaria y no fue condenada como empleadora, sin con fundamento en las leyes de tercerización No. 18.099 y 18.251. El agravio de Antel inexplicablemente reitera que no es empleadora del actor Bonilla, que es un tercero ajeno a la relación laboral, que no le abonaba salarios ni le impartía directivas al actor, sin tener en cuenta que la responsabilidad que se le atribuye no es por ser considerada empleadora conjuntamente con Prodomus S.R.L. sino por su condición de garante, al haber admitido en forma expresa haber contratado los servicios de vigilancia de la empleadora del actor (numeral 6 de fs. 181 vta.). Y en el numeral 7 de la apelación argumenta que la responsabilidad atribuida a su mandante basada en las leyes de tercrización no es aplicable al caso, pero sin fundamentar absolutamente nada en base a qué razones considera que no es aplicable a su respecto la responsabilidad prevista en las leyes mencionadas, esto es sin analizar ni criticar debidamente ninguno de los fundamentos de la sentencia de primer grado expuestas en el Considerando VI de fs. 297 En cuanto al agravio por la condena a abonar los rubros indemnizatorios, daños y perjuicios preceptivos y multa el mismo tampoco es de recibo de acuerdo a lo reiteradamente sostenido por este Tribunal en sentencias 148/2025 del 26/06/2025 en B.J.N. 163, 165, 166, 167, 181 y 203/2025 entre otras: “Se agravia la codemandada ANTEL por la condena al pago de los daños y perjuicios y la multa, sosteniendo la improcedencia de su acogimiento en vía jurisdiccional, dado que respecto a esos rubros no se justificó nada en absoluto y tratándose de una sanción sólo puede aplicarse a quien incurre en una conducta antijurídica”. “Este agravio carece de todo asidero en tanto la doctrina y la jurisprudencia laboralista son contestes en que la empresa principal o usuaria, también debe responder por estos rubros, los daños y perjuicios previstos por el art. 4 de la ley No. 10.449 de 12/XI/1943 y la multa prevista por el art. 29 de la ley 198.572 “Como expresara éste Tribunal en sentencia No. 189/2024 del 18/09/2024 (en B./J.N.) “este punto, el Tribunal habrá de mantener su posición expresada en sentencias 419/2013, 192/2014, 31/2015, 49/2018, 4/2019, 216/2019, 394/2019, 211, 234 y 300 del año 2020, sentencias 77/2022, 172/2022, 86/2023, 148/2023 y 180/2023 y en la reciente sentencia 159/2024 entre otras, en las que se ha pronunciado a favor de una interpretación amplia del concepto de “obligaciones laborales” excluyendo únicamente a aquellos rubros que las leyes expresamente determinan, esto es; las multas, los recargos debidos al BPS, BSE, etc.” “De ahí, que se comparta …que la responsabilidad que emerge de las leyes 18.099 y 18.251 no sólo refiere a los créditos de naturaleza salarial, sino también a los indemnizatorios, dado que las mencionadas normas no establecen ninguna clase de distinción en tal sentido, además de que tampoco efectúan distinción alguna en relación a las dificultades de contralor de tales obligaciones como postula la recurrida”. “En efecto, el artículo 1º de la ley 18.099 establece que “Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios, o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como el pago de contribuciones a la seguridad social…”. “Por su parte el artículo 1º de la ley 18.251 al determinar el alcance de la responsabilidad de la empresa principal establece o alude a “Las obligaciones laborales a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de la ley 18.099...comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios o de los convenios colectivos…”. “De las disposiciones antes citadas, no surge ninguna distinción de acuerdo a la naturaleza del crédito (salarial o indemnizatorio), por lo que, con un criterio amplio y fundamentalmente protector, cabe entender que el alcance de la responsabilidad de la empresa principal …es al pago de los rubros salariales y también a los indemnizatorios”. “Igual solución aporta el artículo 7 de la ley 18.251, que es el que en realidad regula el alcance objetivo o material de la responsabilidad ampliada, el que, sin ninguna clase de distinción habla de las “obligaciones laborales”; por lo que donde no distingue la ley no debe hacerlo el intérprete”. “Si bien es cierto que el artículo 4 literal d de la ley 18.251 refiere a “los recibos salariales”, la Sala reitera lo expresado en sentencia Nº 4/2019, en la que al analizar este tema se afirmó, que “El art. 4 de la ley 18.251 no regula el alcance de la responsabilidad ampliada sino, el derecho-carga de información del empresario principal. En su lugar, el alcance objetivo de la responsabilidad ampliada, concretamente qué es lo que corresponde entender por “obligaciones laborales” se encuentra reglado por los arts. 7 de la misma ley y el 1 de la ley 18.099 en tanto aquella se remite a ésta”. “El art. 7 de la ley 18.251 expresa que la responsabilidad del empresario principal comprende “Las obligaciones laborales a que refiere el inciso. Primero del art. 1 de la ley 18.099 (…) , derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes , decretos , laudo o decisiones de los Consejos de Salarios o de los convenios colectivos registrados o de la documentación que surja del art. 4 de la presente ley así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el art. 1 de la ley 5032 (…), sus decretos reglamentario, y convenios internacionales vigentes”. “Vale decir que, tanto por la cadena expresa de remisiones como de la comprensión desde el principio protector, se infiere que el literal d) del art. 4 de la ley 18.251 debe, necesariamente, ser interpretado en diálogo coherente con el art 7 de la misma ley y el art. 1 de la ley 18.099”, los que como se vio, no efectúan ninguna clase de distinción y aluden a “obligaciones laborales”. “A nivel doctrinario, Mario Garmendia y Gustavo Gauthier sostienen, que las leyes 18.099 y 18.251 “…abarcan a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria)…” (…) A partir de esta última referencia, resulta muy claro que la voluntad del legislador fue otorgarle a las normas un alcance extremadamente amplio…” (“Tercerizaciones, Análisis de las Leyes 18.099 y 18.251 y su aplicación jurisprudencial, segunda edición, FCU, mayo de 2012, páginas 127 y 128). Y más adelante expresan: “…enfocando la cuestión en las obligaciones laborales, ya ha quedado señalado que, mediante el empleo de esta expresión tan amplia, el sistema legal ha ensanchado muy claramente el conjunto de materias que ingresan dentro del sistema de responsabilidades instaurados, superando con mucha holgura la noción de salarios mínimos fijados que constituía la base del artículo 3º de la ley 10.449”. (Obra citada página 129)”. “Y concluyen, que el sistema instaurado por las leyes 18.099 y 18.251 no reparó en las dificultades de control que por su naturaleza pueden presentar determinadas obligaciones a los efectos de delimitar la esfera de las responsabilidades que atribuye el patrono o empresario principal, “…y al contrario, el alcance material de las responsabilidades implantadas incluye todas las obligaciones laborales, independientemente de su naturaleza y del grado de dificultad que puede conllevar el control de su cumplimiento por parte de aquél” (obra citada página 133)”. “En igual sentido, se han pronunciado Jorge Rosenbaum y Alejandro Castello en su obra “Subcontratación e Intermediación Laboral”, afirmando en torno al punto, que “Otro aspecto importante a resaltar es que, la responsabilidad por obligaciones laborales se extiende a créditos o prestaciones de naturaleza salarial o indemnizatorios, sin distinción alguna. En cuanto a los primeros, la amplitud de la ley 18.099 permite afirmar que la responsabilidad abarca cualquier rubro de naturaleza salarial (…) Respecto de las indemnizaciones, la empresa principal o usuaria responde no sólo por la indemnización común por despido prevista en las leyes del año 1944, sino también por el daño moral derivado de un despido abusivo o las indemnizaciones especiales que prevé nuestra legislación (enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedades especiales, clientela, represalia por haber efectuado denuncia ante el BPS, etc.)” (obra citada página 189 y 190)”. “Y particularmente respecto de los daños y perjuicios preceptivos la Sala entiende, que también quedan abarcados o comprendidos dentro de la expresión “obligaciones laborales” por cuanto tal como lo hace notar el recurrente, tales daños y perjuicios se deben automáticamente por el no pago de los rubros salariales a los que fue condenada en su calidad de empresario principal o empresa usuaria que contrató los servicios de la empleadora del actor”. “Tal como sostuviera este Tribunal en sentencia 77/2022, la interpretación de lo establecido en las leyes de tercerización debe apuntar a la tutela de quien presta trabajo, con lo cual, aún en caso de duda, la interpretación de tales normas debe efectuarse desde la perspectiva del principio protector y la especial protección del trabajo consagrada en nuestra Constitución, interpretando por ello en forma estricta y rigurosa, toda solución que apunte a la exclusión de la responsabilidad ampliada consagrada en dichas normas. Puntualmente afirmó la Sala en dicho pronunciamiento que, “… el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria”. Esta misma posición e interpretación amplia y protectora de la expresión “obligaciones laborales” contenida en el artículo 7 de la ley 18.251 es a su vez respaldada por el resto de los Tribunales de Apelaciones del Trabajo, citando solamente a vía de ejemplo, las sentencias N.º 47/2022 dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno; la N.º 48/2021 dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3º Turno y la N.º 198/2019 perteneciente al Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno”. En el mismo sentido puede verse la sentencia de esta Sala No. 34/2024 del 6/03/2024. O como lo expresara el T.A.T 4º. Turno en sentencia No. 351/2018 del 21/11/2018 (en B.J.N.) “De ahí, que siendo evidente que en sentido amplio la indemnización por despido, la multa prevista por el art. 29 de la Ley 18.572, así como los daños y perjuicio preceptivos, también constituyen obligaciones laborales, no hay duda que la Comuna debe responder por el pago de estos rubros. “Cabe agregar que precisamente lo que genera los daños y perjuicios preceptivos es el no pago de rubros salariales. Y la multa es por “la omisión de pago de los créditos laborales” (art. 4º ley 10.449), por lo tanto, más allá de su naturaleza punitiva, la multa también constituye una obligación laboral aun cuando sea de carácter accesorio. De manera entonces que conforme a la norma referida las únicas multas excluidas son las aplicadas por “organismos de seguridad social” y no la multa prevista por el art. 29 de la ley 18.572 que precisamente constituye una “obligación laboral” derivada de “la omisión de pago de los créditos laborales”, o sea, obligación “derivadas de la relación de trabajo que surgen de…leyes…” IV) Por su lado la parte actora se agravia a fs. 323 vta. y ss. por la desestimatoria del reclamo de salario del mes de agosto de 2024 del co-actor Lucas Bonilla pues el recibo que se agrega a fs. 58 no tiene firma alguna y además el accionante cobraba a través del banco BBVA y la demandada tenía la carga de acreditar el pago en esa institución. El agravio es de recibo pues asiste razón a la parte actora puesto que en el caso del coactor Bonilla la decisión se basó en las resultancias de la historia laboral de éste de fs. 20 y en el recibo de fs. 58. Sin embargo, es claro que el recibo de fs. 58 no se encuentra firmado por el trabajador y por ende no puede tener efecto cancelatorio alguno y mucho menos si al mismo tiempo tampoco se agregó al menos la constancia de transferencia o depósito bancario en cuenta del actor. Por otra parte, lo que resulta de la historia laboral no constituye prueba idónea para acreditar el pago de un rubro salarial, pues tal documento no está destinado a acreditar el pago de rubros laborales sino en todo caso a acreditar que se hicieron los aportes correspondientes a la seguridad social, lo que evidentemente es algo sustancialmente diferente y que en modo alguno puede ser equiparado con la cancelación y pago de salarios. Como expresara este Tribunal en la sentencia No. 144/2024 del 7/08/2024 (en B.J.N.): “En este punto resultan totalmente atendibles las objeciones y cuestionamientos del actor, en virtud de que la historia laboral y los aportes que figuran en la misma, claramente no constituyen un medio de prueba idóneo a los efectos de acreditar el pago del aguinaldo como postuló la recurrida. Los aportes que figuran en la historia laboral son justamente eso; es decir “aportes” y no importan la cancelación del rubro, sino que a lo sumo acreditan que se efectuaron los aportes al organismo previsional por dicho concepto. La doctrina y jurisprudencia nacional es conteste, en punto a que el único medio hábil de acreditar el pago del salario o de cualquier otro rubro laboral lo constituye el recibo de salario en el que figure la cancelación del rubro, recibo que deberá estar suscrito por el trabajador o en su defecto acreditarse el depósito o transferencia a la cuenta del trabajador, cuando el pago se efectúa por vía electrónica. En este sentido el artículo 19 del decreto 278/017, establece claramente, que todo patrono está obligado a expedir y entregar a sus trabajadores el recibo de pago correspondiente en oportunidad de abonar cualquier suma o remuneración; por lo que no habiéndose acompañado a la presente causa recibo de pago que acredite que el rubro fue cancelado, su pago al trabajador se impone” Si el recibo no tiene la firma del actor y éste lo tenía en su poder, pues fue quien lo agregó al expediente, tal como surge de autos, por más que pueda constituir un indicio de haberlo percibido, no constituye prueba fehaciente de ello y no significa que la empleadora demandada quede exenta de la carga de la prueba de este extremo y en el caso de autos es claro que la accionada no se desembarazó de dicha carga por lo que se habrá de acoger el agravio y se condenará a la parte empleadora Produmus SRL y a la empresa principal o usuaria Antel en forma subsidiaria a pagar al co-actor Lucas Bonilla el mencionado rubro. V) Del mismo modo y por iguales fundamentos expuestos en el considerando anterior, también es de recibo el agravio de fs. 325 a 326 referido a la desestimatoria del rubro salario vacacional reclamado por la co-actora María Vargas. Es claro que la historia laboral no es el medio idóneo para acreditar el pago de rubros salariales pues solo los recibos de salarios debidamente extendidos pueden demostrar el pago de los mismos (A.J.L. 2006 caso 348 pág. 206 sentencia de la S.C.J. No. 35/2006 del 10/3/06, entre otras). A su vez, el recibo de fs. 37 vta. tampoco está firmado por la trabajadora, no existiendo tampoco constancia alguna de depósito o transferencia bancaria que acredite el pago de la suma que consta en ese recibo sin firmar. Además, como bien lo advierte la recurrente en el numeral XX de fs. 325 vta. ese recibo de fs. 37es del mes de diciembre de 2023 y refiere a 15 días de salario vacacional por lo que nunca podría ser el correspondiente a la licencia del año en curso. Por consiguiente, se acogerá este agravio y se condenará a las demandadas a pagar a la co-actora María Vargas el salario vacacional reclamado en la demanda a fs. 71 y vta. Finalmente, también será amparado el agravio referido al porcentaje de los daños y perjuicios preceptivos previstos por el art. 4 de la ley No. 10.449 de 12/XI/1943 puesto que la recurrida los fijó en un 10% sobre los rubros de naturaleza salarial y en la medida que en autos los accionantes acreditaron tener cargas familiares como surge de la partida de nacimiento de AA de fs. 24, se incrementará el guarismo establecido en el grado anterior y se fijarán los mismos en un quince por ciento (15%) sobre los rubros de naturaleza salarial objeto de condena. VI) Se impondrán las costas a cargo de la parte demandada (art. 337 de la Ley Nº 16226), no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts. 56.1, 261 del C.G.P. y 688 del C.Civil). Por lo expuesto, los fundamentos expresados, las normas legales citadas y lo establecido por los artículos 197, 198 y 344 del C.G.P. y art. 17 de la ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847 EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, EXCEPTO EN CUANTO NO HIZO LUGAR AL SALARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DEL CO-ACTOR LUCAS BONILLA, AL SALARIO VACACIONAL DE LA CO-ACTORA MARIA VARGAS Y FIJO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTOS POR ELART. 4 DE LA LEY No. 10.449 EN UN DIEZ POR CIENTO, EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR CONDENASE A LAS DEMANDADAS A PAGAR AL CO-ACTOR LUCAS BONILLA EL SALARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2024 RECLAMADO Y A LA CO-ACTORA MARIA VARGAS EL RUBRO SALARIO VACACIONAL PRETENDIDO Y FIJANSE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DENOMINADOS PRECEPTIVOS (ART. 4 DE LA LEY No. 10.449 DE 12/XI/1943) PARA AMBOS TRABAJADORES EN UN QUINCE POR CIENTO (15%) SOBRE LOS RUBROS DE NATURALEZA SALARIAL. COSTAS A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIÓN Y CONTRIBUCIÓN. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. MARIA GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRO DRA. ANA KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA