Sentencia Interlocutoria N° 997/2025

MEDIA Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno Ministro redactor: Guillermo Gutiérrez Herrera Ministros Firmantes: Claudia Diperna Acosta, Guillermo Gutiérrez Herrera Ministros Discordes: No VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “DENUNCIA NRO: 22483045 AA – SU SITUACIÓN. RECURSO DE APELACIÓN” (I.U.E. 529-148/2025) , venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria Nº 2583/2025, de fecha 10/07/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Libertad de 1er. Turno, Dr. Gustavo Machado Facio. RESULTANDO: I .- Por la recurrida dictada en autos se resolvió: “1- Manténgase las medidas cautelares dispuestas hasta su vencimiento de fecha 25/12/2025 o hasta nueva resolución judicial para su mantenimiento, cese o modificación. “2- Designase defensa de AA cometiéndose a la Oficina su designación de la lista de Defensores para niño niñas y adolescentes. Aceptado el cargo confiérase vista de las actuaciones. “3- Practicase abordaje y seguimiento por parte de INAU debiendo informar a al sede en un plazo de 30 días incluyendo información respecto de si AA estuvo internada en dicha institución. “4- Realícese informe social en la finca de autos y pericia psicológica por parte de ITF a fin de constatar posible abuso sexual y derechos vulnerados. “5- Ofíciese al Hospital Evangélico a efectos de que informe sobre la intervención y tratamiento que sea realizado a AA en especial si está siendo asistida por psicólogo y si se realizó la intervención por ASI. “6- Intímese a la denunciante Sra. BB al cese inmediato de cualquier tipo de publicación a través de redes sociales, programas de mensajería o mensajes de texto, audio o video respecto de la denuncia radicada por abuso sexual de su hija en virtud de lo establecido en el art 11 del CNA en base al derecho a la privacidad de la vida de AA. Informado que sea, pasen en vista a las defensas y suban a despacho a efectos de convocar nueva audiencia. Désele vista de lo actuado a Fiscalía Letrada que por turno corresponda. “7- Agregarse la prueba documental tanto física como digital, agregándose en forma y foliándose” (fs. 37/38). II.- El denunciado fundamentó el recurso de apelación anunciado en audiencia (fs. 67 y ss.), expresando en síntesis, los siguientes agravios: No existen motivos fundados para el mantenimiento del dispositivo de monitoreo electrónico. No se opuso al mantenimiento de las medidas cautelares pero sí respecto del mantenimiento del dispositivo de monitoreo electrónico, en el entendido de que los tribunales son contestes en que para que amerite la colocación de éste debe existir un riesgo alto a que le denunciado incumpla las medidas de no comunicación y acercamiento. Al haberse ordenado la realización de la pericia de riesgo por parte de ITF, la misma no ha sido realizada a la fecha de esta recurrencia, por lo que el riesgo que impone la ley no se encuentra constatado. La Sede no contó ni con la pericia señalada, ni con la historia clínica del prestador de salud ni con defensa designada para AA hasta la audiencia, todo en lo cual se justifica la Sede para el mantenimiento de las medidas, razones que no le pueden ser imputadas al recurrente. Por otro lado, nunca incumplió las medidas impuestas y AA lo reconoce, por lo que no existe elemento alguno que justifique su mantenimiento. Solicitó, en definitiva, que se revoque la resistida. 3.- Sustanciado el recurso, la Defensa de la menor evacuó el traslado conferido (fs. 91/92), afirmando -en lo medular- que: Las medidas dispuestas se alinean con el principio rector del interés superior del niño, niña o adolescente consagrado en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y en nuestra normativa nacional. La protección integral de la adolescente exige adoptar medidas de protección eficaces, preventivas y oportunas que aseguren su resguardo físico y emocional. La resolución cuestionada no requiere la existencia de una pericia de valoración de riesgo para su validez, las medidas cautelares se adoptan en función de la verosimilitud del riesgo. La adolescente, de conformidad con el principio de autonomía progresiva ha expresado con claridad su voluntad y su temor fundado frente al denunciado, siendo su voluntad, la que se debe tener en cuenta en la resistida. La utilización del dispositivo de monitoreo electrónico no constituye una pena, sino una medida razonable, proporcionada y temporal, en función de la gravedad de los hechos denunciados, la relación familiar entre su defendida y el denunciado y el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra y el retiro del dispositivo podría exponerla a una situación de revictimización o amenaza. En consecuencia, no habiéndose verificado en autos elemento que justifique su levantamiento ni que permitan garantizar, por medios alternativos, protección equivalente, procede confirmar la resistida. 4 .- Franqueada la alzada para ante esta Sala sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo el expediente es recibido por el Tribunal y se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden. CONSIDERANDO: I.- La Sala, con el número de voluntades legalmente requerido, habrá de confirmar la sentencia interlocutoria apelada, por las razones que se dirán. II.- El principio dispositivo indica que el Tribunal que entiende en la apelación no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. Ello significa que sólo puede ser revisado lo apelado, funciona el adagio: tantum devolutum quantum appellatum (Couture en “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, pp. 188 y 368, 3ª ed., 15ª reimp., Depalma, Bs. As., 1990). Con este parámetro se analizarán los agravios introducidos contra la recurrida, teniéndose presente que solo se cuestionó la decisión de colocar el dispositivo electrónico de monitoreo electrónico. III.- En cuanto al marco jurídico aplicable en la materia, el art. 3 num. 2 de la CDN (Convención sobre los Derechos el Niño), ratificada por nuestro país por Ley N°16.137, establece que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Así el art. 3° del C.N.A. prevé: “(Principio de protección de los derechos). Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, la sociedad y del Estado”. Por su lado, el art. 15 del citado cuerpo normativo, impone al Estado la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda situación que ponga en riesgo su vida (lit. F) y del incumplimiento de los progenitores responsables de alimentarlos, cuidar su salud y velar por su educación (lit.I). A su vez, el art. 117, establece que :”(Protección de los derechos amenazados o vulnerados de las niñas, niños y adolescentes). Siempre que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este título ”, en tanto el art. 120 ejusdem ordena al Tribunal que tiene conocimiento, por cualquier medio, que una niña, niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, procederá en forma urgente al inicio del proceso previsto en los artículos 59 a 64 y 68 a 69 de la Ley N°19580 teniendo especialmente en cuenta lo dispuesto en los arts. 9, 45 y 46 de dicha norma, con algunas especificidades: -la preceptividad de la defensa letrada de niños, niñas y adolescentes, debiendo escucharse su opinión así como la de los representantes legales y tener especialmente en cuenta los informes técnicos. -en la audiencia, la defensa debe ser oída preceptivamente, debiendo formular la pretensión de amparo o restitución de derechos que considere. -el Tribunal resolverá de inmediato, sobre las medidas solicitadas y las que fueren de oficio procedentes, salvo en casos de complejidad en que podrá prorrogar la audiencia por tres días, sin perjuicio de las medidas cautelares que se hayan adoptado. Cabe agregar que para las situaciones previstas en el art. 123 del C.N,A. (maltrato o violencia sexual hacia NNA, lo que comprende “toda forma de perjuicio, abuso o castigo físico, psíquico o humillante, descuido o trato negligente ..., que ocurra en el ámbito familiar, institucional o comunitario), el art. 124 del multicitado cuerpo normativo establece que, además de los principios establecidos en el art. 118 del CNA, el principio orientador de las actuaciones será prevenir la revictimización y asimismo se deberá: “A) Adoptar medidas de protección de la integridad física y emocional de las niñas, los niños y adolescentes involucrados así como de su familia y testigos frente a posibles represalias….”. El art. 127 CNA establece que: “Las medidas cautelares que se dispongan en estas situaciones, tendrán como objetivo asegurar el cese de las situaciones de maltrato y violencia sexual, prevenir posibles represalias o amedrentamientos y la permanencia de la niña, niño o adolescente con referentes familiares siempre que sea posible. “A tales efectos podrán disponerse las medidas previstas en el artículo 10 de la Ley N°17514 de 2 de julio de 2002, y en el artículo 120.3 de este Código. En particular podrán disponerse, entre otras: “A) Prohibición del presunto agresor o abusador de comunicarse, relacionarse, entrevistarse u otra conducta de acercamiento con la presunta víctima o denunciantes del hecho…”. Asimismo, corresponde precisar que el art. 82 de la ley 19.670, contrariamente a lo pretendido en el recurso, no condiciona o habilita la colocación del dispositivo de monitoreo electrónico a la existencia del informe técnico de riesgo (la norma no dice “deberá” sino “podrá”). En efecto. La referida normativa, a partir de la redacción dada por el art. 172 de la ley 21.212 (vigente al tiempo del inicio de estas actuaciones), establece que: “Cualquier medida de utilización de dispositivo electrónico, podrá contar previamente con un informe técnico favorable respecto a su efectividad y viabilidad...”. Por lo demás, en esta materia rige el llamado principio de precaución que, según se ha señalado por la doctrina y en casos similares al presente, deriva de la responsabilidad del Estado y está dirigido a evitar daños graves o irreversibles y concretamente en cuestiones de violencia contra sujetos que son considerados vulnerables: se procura evitar, de inicio -antes que se materialice- cualquier daño a los bienes jurídicos de las víctimas consecuencia de lo que con verosimilitud es o puede ser, una agresión ( Cfme. “El llamado criterio de precaución”, XIX Jornadas de D. Procesal. V. Ginares - E.Cavalli, págs.. 445 y ss.; y sentencias de la Sala Nos. 537 y 406/2024, e/o, BJN). IV.- Con este marco normativo y conceptual, a pesar de no contar con un informe de riesgo que permita evaluar a priori el peligro actual existente o el que potencialmente puede llegar a producirse en forma mediata, la Sala estima que los hechos denunciados por la propia adolescente a profesionales del Hospital Evangélico donde se asiste (y luego en forma personal a su Defensora designada) resultan verosímiles de acuerdo al contexto familiar que relatan los involucrados (sin conflictos previos entre la menor y el denunciado o la progenitora), y como tales, no se pueden relativizar desde que involucran graves y reiterados episodios de abuso sexual infantil, todo lo cual evidencia un riesgo cierto y justifica el temor expresado por la adolescente (fs. 91 vta.). En suma, contrariamente a lo argumentado por el apelante, el art. 82 cit. no establece la preceptividad del informe técnico, y atento a la naturaleza y entidad de los hechos denunciados, la colocación del dispositivo cuestionado resulta ser una medida proporcional, razonable y conveniente. Por último, se observa que a los efectos de evaluar la pertinencia y mantenimiento de la recurrida, se deberá urgir la realización del informe de riesgo pendiente, sin perjuicios de los avances y otras resultancias del proceso. IV.- No existe mérito a juicio de la Sala, para formular especiales sanciones procesales en el grado (art. 261 del C.G.P.). Por tales fundamentos y arts. 248 a 261 del C.G.P., y demás normas citadas, el Tribunal, RESUELVE : CONFIRMASE LA RESOLUCIÓN APELADA, SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE PROCEDENCIA. Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera - Ministro Dra. Claudia Diperna Acosta - Ministra Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada