Sentencia Definitiva N° 168/2025

MEDIA Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno Ministro redactor: Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera Ministros Firmantes: Dra. María del Carmen Díaz, Dra. Claudia Diperna Acosta Ministros Discordes: No VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ BB – PENSIÓN ALIMENTICIA - MENORES” (I.U.E. 2-40151/2023), venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva No. 47/2025, de fecha 13/03/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 3er. Turno, Dr. Fernando Gómez Pardo. RESULTANDO: 1.- Por la recurrida se falló: “Desestimando la demanda en todos sus términos.” (fs. 189/216). 2.- La actora interpuso el recurso de apelación contra dicha decisión (fs. 222 y ss.), expresando en síntesis, los siguientes agravios: No se hace lugar a su pretensión, además de haberse catalogado su conducta de malicia temeraria por iniciar el presente reclamo a sabiendas de su sinrazón, basando tal aseveración en facturas que no llevan el nombre de la recurrente, ni su documento de identidad, las que algunas son ilegibles, y que solo prueban que existió un movimiento financiero pero no puede afirmarse que dichas transacciones efectivamente llegaron a la compareciente o pudieron redundar en el bienestar de su hija, violándose así las reglas de la admisibilidad y valoración de la prueba al dar por probados hechos que no lo están. De los números de cuentas surge que sus titulares son personas diferentes a la compareciente y con las cuales no tiene vínculo alguno ni conoce sus datos. Solicitó, en definitiva, que se revoque la resistida, y se haga lugar a lo solicitado en la demanda. 3.- Sustanciado el recurso, no fue evacuado por la demandada. 4.- Se franqueó la alzada con efecto suspensivo, y recibidos los autos, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden. Cumplido se dicta decisión anticipada (art. 200.1 del C.G.P). CONSIDERANDO: I.- El Tribunal, con el voto unánime de sus miembros naturales, habrá de confirmar la sentencia objeto de impugnación por carecer los agravios de recibo. II.- Previo al análisis de los agravios deducidos, corresponde observar la falta del necesario contralor inicial del A-quo en punto a la debida acreditación de la legitimación pasiva de la Sra. BB (abuela paterna). Para probar la referida legitimación no solo correspondía agregar la partida de nacimiento del padre (obligado principal), sino también, al tratarse de hijo matrimonial, se debió presentar el testimonio de la partida de matrimonio de sus padres. Todo sin ello sin perjuicio de advertir que el mencionado obligado principal carecería de filiación por haber sido inscripto de “oficio” por el Director del Hospital (fs. 3). En definitiva, más allá de las omisiones relacionadas, lo que debió ser observado en forma liminar por el Juez interviniente, de todas formas no se hará caudal de dicho incumplimiento pues la abuela accionada admitió su legitimación pasiva (Cfme. Sentencia de la Sala No. 97/2024, BJN). III.- Siguiendo con el orden lógico de formación de la decisión, corresponde analizar la admisibilidad de la prueba incorporada y solicitada por la impugnante en la presente instancia, de acuerdo a lo establecido en el art. 346 numeral 4º inciso 2º CGP (redacción de Ley No. 19.090): prueba que el Tribunal entienda oportuna para mejor proveer y prueba documental sobre hechos supervinientes o la de ese mismo género que se declare, bajo juramento, no conocida hasta ese momento, conforme con lo previsto por el numeral 1) del artículo 253.2 o la de fecha auténtica posterior a la de la audiencia de primera instancia. En el caso, la documentación que se presenta con la apelación (fs. 221/22), y la que se pretende incorporar con la solicitud de diligenciamiento de prueba por informe dirigida al BROU (fs. 223 vta.), claramente no está dirigida a demostrar la existencia de hechos nuevos (no refiere a hechos supervinientes). En consecuencia, al no encartar la situación fáctica en los presupuestos de la norma, procede desestimar el pedimento. IV.- En cuanto al fondo de la cuestión debatida, específicamente lo relacionado al rechazo de la pretensión de establecimiento de pensión alimenticia subsidiaria - complementaria, corresponde señalar que la recurrente se limitó a mostrar su mera disconformidad con la correcta decisión apelada. Siendo así, no cabría sino declarar desierta la alzada, de conformidad con lo previsto por el art. 253.1 inc. 3 del C.G.P., sin perjuicio de destacar que se comparten los fundamentos articulados en el pronunciamiento recurrido en autos. En efecto. El argumento central del A quo para rechazar la pretensión de fijación de pensión subsidiaria estribó en el hecho de que la reclamante no solo no acreditó la imposibilidad de pago del obligado principal, sino que por el contrario, “el Sr. CC cumplió con su obligación de pensión alimenticia acordada con la Sra. AA. Incluso en la mayoría de los meses considerados el obligado principal pagó pensión por encima de la retención judicial, a pesar de que en el expediente principal no se había denunciado otra fuente de ingresos. Y gracias a ello, durante el año 2023 el Sr. CC depositó un promedio de 1 BPC mensual a valores de la época ...” (Considerando único, fs. 210). Por su lado, la pretensión de fijación de alimentos complementarios fue desestimada con motivo -principalmente- en que la parte reclamante incumplió con el onus probandi de su cargo en punto a acreditar la insuficiencia del servicio pensionario a cargo del obligado principal y/o un cambio de circunstancias en las necesidades de la beneficiaria, lo que impide la configuración del presupuesto necesario para la determinación de un servicio pensionario con tal naturaleza (Cfme. Considerando único, fs. 213/215). Ninguno de dichos argumentos fue mínimamente rebatido por la apelante, resultando evidente que sus alusiones al supuesto error en la valoración de las transacciones en dólares, carecen por completo de virtualidad jurídica y del mínimo poder convictivo para arribar a una solución diversa a la cuestionada. V.- Aun obviando la falta de fundamentación en la expresión de agravios, se habrá de señalar que el supuesto error en la valoración de la prueba que la apelante califica como “determinante en la sentencia recurrida” y consecuencia directa de la atribución de “malicia temeraria”, fincado en que las transacciones en dólares mencionadas en la sentencia no tienen relación ni pueden vincularse con ella, es claramente de rechazo. En lo inicial porque tal afirmación carece por completo de respaldo probatorio (la propuesta en la instancia ya se dijo que resulta inadmisible), y fundamentalmente porque no puede atribuirse error de valoración probatoria alguna al A quo, desde que la propia parte actora reconoció implícitamente en sus alegatos de bien probado ser la destinataria de las transferencias en cuestión, más allá de la divergencia en relación a la moneda utilizada (num. 6 fs. 184 vta.). VI.- No existe mérito para imponer sanciones procesales en la presente instancia. Por lo expuesto, y atento a lo dispuesto en los arts. 248 a 261 del C.G.P., el Tribunal, FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN SANCION PROCESAL EN LA INSTANCIA. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUELVASE A LA SEDE DE PROCEDENCIA. Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera - Ministro Dra. Ma. Del Carmen Díaz Sierra - Ministra Dra. Claudia Diperna Acosta - Ministra Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada