Sentencia Definitiva N° 236/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dr. Julio Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “RODRIGUEZ, JACQUELINE C/ RODRIGUEZ, SANDRA Y OTRO, PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-42722/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera instancia N.º 30/2025 de fecha 30 de junio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrado de Trabajo de 21º Turno, Dra. Rossana Andrea Canclini Berterretche. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 30/2025 (fs. 327 a 352) se falló: “Acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva de COPAC y desestimando las demás excepciones y en su mérito amparando parcialmente la demanda condenando a Sandra Rodríguez, SAS Servicio de Acompañantes (Nilca Martínez) y a DARAMIX S.A a abonarle a la actora Sra. Jacqueline Rodríguez por los rubros salariales detallados en el considerando 7 la suma de $ 31.558,73 (suma que se encuentra actualizada con sus intereses legales y multa debiendo actualizarse hasta su efectivo pago). Debiendo sumarse a su pago el 10% de daños y perjuicios preceptivos sobre los rubros de naturaleza salarial, sin especial condena. Se fija la vicésima en 3 BPC. Notifíquese personalmente. Consentida o ejecutoriada archívese, correspondiendo en su caso oficiar al BPS”. 3) Con fecha 30 de julio de 2025 compareció la parte actora a través de su letrado patrocinante e interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en autos, agraviándose de la solución de primera instancia en los siguientes aspectos: a) por la cantidad o número de jornales trabajados por la actora que la sentencia tuvo por acreditados; b) por la liquidación de los rubros licencia, salario vacacional, aguinaldo y nocturnidad; c) por la desestimatoria de los salarios impagos por falta de convocatoria mínima asegurada; d) por el rechazo de la indemnización por despido reclamada y e) por la exclusión de la codemandada COPAC de la condena. 4) Por decreto N.º 1212/2025 de fecha 31 de julio de 2025 (fs. 390), se tuvo por interpuesto el recurso de apelación y se ordenó conferir traslado del mismo por el término legal; traslado que fue evacuado por los demandados en los términos que surgen de los escritos de fs. 395 a 396; fs. 399 a 404 y fs. 406 a 410, bregando por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia. 5) Sustanciado el recurso, por providencia N.º 1450/2025 de fecha 27 de agosto de 2025 (fs. 412), se ordenó el franqueo del mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda. 6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 4 de setiembre de 2025 (fs. 418), el día 5 de setiembre de 2025 se fijó fecha para el acuerdo y se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros (fs. 419). 7) Producido el estudio, se acordó sentencia y en el día de la fecha se procede a su dictado. CONSIDERANDO: I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto al número de jornales que tuvo por trabajados por la actora, en cuanto a la liquidación de los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo y en cuanto desestimó la indemnización por despido reclamada, aspectos en lo que se revocará la sentencia y en su lugar, se estará al número de jornales denunciados por la accionante, debiendo liquidarse la licencia, salario vacacional y aguinaldo en función de dicho número de jornales, y se condenara además a Sandra Rodríguez, SAS Servicios de Acompañantes (Nilca Martínez) y a DARAMIX S.A a abonar a la actora la indemnización por despido reclamada conforme a los parámetros que se determinarán en la presente sentencia. II) El caso de autos. La actora Sra. Jacqueline Rodríguez inició demanda laboral para obtener el cobro de diversos créditos laborales contra Sandra Rodríguez como titular de una empresa de acompañantes de nombre de fantasía “SAS Servicio de Acompañantes”, y a la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (en adelante COPAC) porque esta última es quien ofrece a sus socios el servicio de acompañantes y fue quien contrató a Sandra Rodríguez para que brinde dicho servicio con su personal. Argumentó la accionante, que desconocía la modalidad del vínculo existente entre las demandadas. Refirió, además, que fue Sandra Rodríguez quien la contrató, la que le asignaba los turnos vía whatsapp y era, además, quien le abonaba el salario. Indicó que recibía mensajes de whatsapp asignándole los servicios, siempre en sanatorios, siendo dichos turnos cada uno de 5 días en promedio, y trabajando unos cuatro servicios o turnos al mes, lo que representaba en promedio un total de 20 jornales trabajados por mes. Se le pagaba a través de la tarjeta Mi Dinero. Invocó, también, que la relación se desarrolló de manera totalmente informal, que no se le abonaba nocturnidad, no se le pagaba licencia, salario vacacional, ni aguinaldo y que el 24 de febrero de 2024 se consideró indirectamente despedida por tales incumplimientos y, además, porque desde noviembre de 2023 en adelante no se la asignaron tareas. Reclamó en consecuencia, el pago de los rubros licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, salarios impagos por falta de convocatoria, nocturnidad e incidencias, más indemnización por despido, multa legal y 10% en concepto de daños y perjuicios preceptivos sobre rubros salariales. A su turno COPAC contestó la demanda invocando como defensa de fondo su falta de legitimación pasiva, alegando que no fue quien contrató a la actora y que tampoco mantuvo vínculo comercial alguno con la Sra. Sandra Rodríguez y la unipersonal SAS Servicios de Acompañantes. A tales efectos, agregó un contrato por el cual acordó con la empresa DARAMIX S.A (Rua Asistencia) que ésta brindaría servicios a los socios de COPAC, entre los cuales estaba el servicio de acompañantes. Por lo que dedujo, que debió ser DARAMIX S.A quien subcontrató a SAS Servicio de Acompañantes y a Sandra Rodríguez empleadores de la actora. Por ello mismo entendió, que no puede responsabilizársela, por tratarse en todo caso de una subcontratación en cadena que no se encuentra alcanzada por el sistema de responsabilidad instaurado en las leyes de Tercerización, abogando en definitiva, porque se acoja la defensa articulada por su parte y se desestime a su respecto la demanda instaurada. Por su parte, la codemandada Sandra Rodríguez también contestó la demanda en términos de controversia, oponiendo como excepción previa su falta de legitimación pasiva y alegando en lo sustancial, que nunca fue empleadora de la actora, que la titular de la empresa SAS Servicio de Acompañantes es su amiga Nilca Martínez, quien le dio algunas tareas para que pudiera “distraerse”, lo que no la posiciona como empleadora. Señaló, además, que quien le requería servicios a Martínez “SAS Servicio de Acompañantes” era DARAMIX S.A, además de controvertir que la accionante efectuara servicios nocturnos. Finalmente afirmó, que en el año 2021 no le adjudicaron servicios a la actora debido a la emergencia sanitaria y que en todo caso lo máximo que pudo trabajar fue un total de 92 jornales. A raíz de lo expresado por COPAC la accionante amplió su demanda y en mérito a lo establecido en el artículo 121 y 350.3 del CGP, incluyó a DARAMIX S.A en calidad de demandada, quien contestó la demanda presentando un contrato de acuerdo de servicios de acompañante celebrado con fecha 14 de mayo de 2019 con SAS Servicio de Acompañantes representada por Nilca Martínez, indicando en su contestación, que dicho servicio también era brindado por otros proveedores. Argumentó, que el servicio de acompañantes era ocasional y accesorio no siendo su actividad principal, por lo que no puede ser llamada a responsabilidad en el marco de las leyes de tercerización. Solicitó la citación en garantía de Nilca Martínez como titular de SAS Servicio de Acompañantes. Dado que no se verificó oposición de la parte actora, la sede a-quo dispuso la citación en garantía solicitada, en virtud de la cual Nilca Martínez se presentó contestando la demanda a fs. 208 y siguientes, instancia en la cual asumió la calidad de empleadora de la actora y admitió haber celebrado un contrato con DARAMIX S.A a los efectos de prestar el servicio de acompañantes, remitiéndose prácticamente a los términos de la contestación de la demanda de la codemandada Sandra Rodríguez y a los medios probatorios por ella aportados. III) La sentencia de primera instancia amparó la falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada COPAC, desestimó el resto de las excepciones opuestas y amparó parcialmente la demanda y en su mérito, condenó a Sandra Rodríguez, SAS Servicio de Acompañantes (Nilca Martínez) y a DARAMIX S.A a abonar a la actora los rubros licencia, salario vacacional, aguinaldo y nocturnidad por la suma total de $ 31.558 (que se encuentra actualizada con intereses y multa legal), a lo que dispuso que debía adicionarse 10% por concepto de daños y perjuicios preceptivos sobre rubros de naturaleza salarial. Contra tal decisión se alzó la parte actora, agraviándose tal como fuera relacionado en los resultandos de la presente sentencia por los siguientes aspectos: a) por la cantidad o número de jornales trabajados por la actora que la sentencia tuvo por acreditados; b) por la liquidación de los rubros licencia, salario vacacional, aguinaldo y nocturnidad; c) por la desestimatoria de los salarios impagos por falta de convocatoria mínima asegurada; d) por el rechazo de la indemnización por despido reclamada y e) por la exclusión de la codemandada COPAC de la condena. IV) Acorde a lo expuesto, comenzaremos por analizar cada uno de los agravios articulados por la parte actora en el orden en el que fueron planteados en su recurrencia. En primer lugar, la trabajadora se agravió por el número de jornales trabajados por su parte que la sentencia tuvo por probados (un total de 62). Y fundando su agravio sostuvo la recurrente, que es errada la conclusión de la sentencia de que trabajó tan sólo 62 jornales, agregando, que de ese primigenio error se derivan el resto de los desaciertos para la liquidación de los rubros objeto de condena. De este modo argumentó, que constituye un error que se tuviera por probado que solo trabajó 62 jornales cuando la planilla en la que se apoyó la sentenciante para emitir su decisión consigna 65 jornales y, además, porque la propia Sandra Rodríguez estimó que laboró 92 jornales. Afirmó, además, que la decisión de la a-quo en este punto es profundamente errónea desde que tuvo en cuenta un documento simple y no auténtico (planilla glosada a fs. 89 y 90) que no contiene firma de nadie y que fue elaborada por la demandada COPAC considerando sólo los nombres que aparecen en las capturas de pantalla agregadas por la actora, cuando debió considerar todos los servicios que dio SAS Servicio de Acompañantes entre los años 2020 a 2024, indicando que no se aportó por la parte empleadora planillas de trabajo, recibos de salarios, etc. Esgrimió, además, que también DARAMIX S.A debió presentar la lista de todos los servicios encomendados a SAS Servicio de Acompañantes con todas las facturas emitidas por dichos servicios de la cual surgirían los pagos efectuados, para de este modo poder determinar los servicios que se le habrían asignado a la empresa de las codemandadas Rodríguez y Martínez. Postuló también, que, si bien no desconoció la planilla incorporada, tal como le reprochó la sentencia, tal desconocimiento no era necesario porque la misma no emanó de ella ni intervino en su confección. Resaltó la informalidad del vínculo y la carga probatoria que grava al empleador de acreditar los términos de la relación laboral, así como las obligaciones de registro, emisión de recibos, etc.; lo que según indicó, fue desconocido por la sentencia. Señaló también, que la defensa de la empleadora fue vaga e imprecisa, no indicando siquiera los números o jornales que la actora laboró, sin perjuicio de cuestionar, que la sentencia tuvo por probado que DARAMIX S.A derivaba el servicio de acompañantes a otras empresas a través de prueba testimonial emanada de testigos sospechosos, cuando la forma de acreditar ese hecho era a través del aporte de prueba documental. Finalmente reiteró, que la prueba documental incorporada al proceso (planilla de fs. 89 y 90) no es válida para acreditar la defensa de la contraparte por las razones apuntadas, sin perjuicio de señalar, la falta de coincidencia entre los datos o servicios allí consignados y lo que emerge del resto de la prueba. En opinión de la Sala los reproches y cuestionamiento de la trabajadora a la decisión de primera instancia en este puntual aspecto resultan más que atendibles y ello por varios órdenes de razones. En primer lugar, cabe observar, como bien lo hizo notar la apelante, que tanto la defensa de Sandra Rodríguez como la desplegada por Nilca Martínez como titular de SAS Servicio de Acompañantes, no fue planteada en términos categóricos, sino que ambas contestaciones fueron formuladas en términos bastantes imprecisos y por demás generales y, sobre todo, sin apoyo de medios de prueba verdaderamente conducentes e idóneos para sostener sus asertos. Así, la codemandada Sandra Rodríguez si bien invocó su falta de legitimación pasiva por no ser la titular de la empresa SAS Servicio de Acompañantes, admitió la relación de dependencia de la actora respecto de la empresa con dicho nombre de fantasía y de la que sería titular la codemandada Nilca Martínez, quien, a su vez, al contestar la demanda, también admitió su calidad de empleadora respecto de la accionante. Respecto de la codemandada Sandra Rodríguez importa señalar, además, que, pese a que negó su calidad de empleadora, la sentencia de primera instancia reconoció tal calidad y, por consiguiente, su legitimación pasiva, ha quedado firme y constituye cosa juzgada. Entonces, a partir de que las codemandadas admitieron que la accionante se desempeñó prestando servicios para SAS Servicio de Acompañantes desde el año 2020 hasta febrero de 2024, la carga de acreditar los servicios cumplidos por la actora y la cantidad de jornales laborados en el tiempo que duró la relación laboral recaía sobre la parte empleadora. Pero antes de ello y tal como lo sostuvo la recurrente, es de observar, que la respuesta de la parte empleadora realmente se aprecia vaga, imprecisa y notoriamente insuficiente. Así, en lo que tiene que ver con los jornales laborados durante la vigencia de la relación laboral -que es lo que en este punto interesa- la parte empleadora se limitó a señalar que la Sra. Jacqueline Rodríguez mintió al afirmar que trabajaba 4 servicios por mes de 5 días en promedio cada uno, lo que importa un total de 20 jornales laborados por mes, indicando además, que no todos eran nocturnos, pero sin manifestar con precisión como era su carga en virtud de su posición como parte empleadora, cuántos jornales laboró realmente, no indicando siquiera un número aproximado. Por ello, debe convenirse, que tan genéricas manifestaciones de la parte empleadora claramente no satisfacen la carga de la efectiva contradicción con la que se encontraba gravada (artículo 130 del CGP y artículo 9 de la ley 18.572); máxime en aspectos tan relevantes y de crucial importancia en este proceso, como lo es, la controversia sobre los jornales laborados en el transcurso de la relación laboral. Es consabido, que la carga de la efectiva contradicción implica, un pronunciamiento claro, preciso y circunstanciado respecto de cada uno de los hechos esenciales sobre los que versa el litigio. Dicha exigencia constituye la contracara de la carga de la afirmación con la que está gravado el actor en virtud de lo establecido en el artículo 117.4 del CGP. En tal sentido Véscovi y los demás autores en su obra colectiva afirman, que “los requerimientos de claridad, precisión y buena fe resultan capitales en todo acto de proposición”, incluidos claro está la contestación de demanda. (Cfme. Véscovi y demás autores en CGP Comentado, Anotado y Concordado, tomo 3, página 321). Al respecto deviene necesario puntualizar también, que controvertir los hechos no solamente supone oponerse o negar los hechos afirmados en este caso por la demandante, sino que se requiere un plus, es decir, la controversia supone además por parte de la demandada, la afirmación de un hecho incompatible con el hecho afirmado por su adversario. En el caso esto se traduce, en que no es válida la mera oposición o negativa de parte de Sandra Rodríguez y de Nilca Martínez como titular de SAS Servicio de Acompañantes en este caso de los jornales laborados por quien fuera su dependiente, si a la par, fueron omisas y prescindentes y no pudieron siquiera denunciar con un grado de certeza mínimo el número de jornales laborados por la trabajadora, dado que no llevaban ningún control de la relación laboral que mantuvieron con la accionante. De ahí que tuvieran que recurrir a los efectos de desplegar alguna defensa, a deducciones realizadas a partir de los presuntos pagos efectuados a la trabajadora; actitud como se dijo, no puede ser tolerada ni resulta admisible de parte de la empleadora, quien estaba llamada a documentar todos los aspectos de la relación laboral que mantuvo con la actora. Y en este sentido es de ver, que lo que detalla la codemandada Sandra Rodríguez son los supuestos pagos efectuados en cada año a la accionante, para de este modo deducir, en función de la planilla que agregó a fs. 130 y giros de fs. 131 y en función del monto del jornal que la accionante dijo percibir, que habría trabajado un total de 92 jornales; lo que tal como se dijo, resulta inadmisible y pone en evidencia, que no tenían el más mínimo control de la relación laboral, no llevando ningún documento de los que estaban obligadas a llevar para acreditar sus por demás vagas y genéricas manifestaciones. Si hubo relación laboral y quedó acreditada como quedó, necesariamente la parte demandada debió cumplir con su obligación de documentar la misma, es decir, documentar el tiempo trabajado, los jornales laborados, expedir recibos detallando los jornales laborados en cada mes y a qué valor se abonaban. En este punto es bueno tener presente, que el empleador tiene un conjunto de obligaciones vinculadas a los derechos en debate tales como, registrar a la persona que trabaja al sistema de seguridad social (artículo 67 de la Constitución), confeccionar planillas de trabajo inscribiendo a la persona que trabaja indicando los datos principales de la relación de trabajo (inicio, cese, categoría, salario, horarios, jornales laborados, etc.), confeccionar y expedir recibos de cada una de las prestaciones que abona (decreto 278/2017). Es claro que asistimos en el caso a una relación de trabajo completamente informal e indocumentada, donde no sólo no se registró a la trabajadora ante los organismos oficiales (BPS y el MTSS), sino que ni siquiera se extendieron recibos de salarios, ni ninguna otra clase de comprobante del vínculo existente entre las partes, tales como planilla de trabajo, planillas de control de asistencia, etc. Ello explica, pero de ningún modo justifica, la ausencia de prueba documental que ilustre con precisión los hechos que constituyen el objeto del litigio y en particular la prueba de los jornales laborados. Prueba documental que por otra parte y tal como lo ha dicho esta Sala con otra integración “teniendo en cuenta la habitual relación de poder desigual, así como el mayor poder de dominio del empleador, importaba trascendentes consecuencias: por un lado, su incumplimiento respecto de las obligaciones que lo gravaban en la relación sustantiva y por otro, que los sindicaban para soportar las consecuencias negativas de la insuficiencia de prueba” (Sentencia de la Sala Nº 194/2022). Un empleador que como las demandadas terminaron admitiendo la relación de trabajo con la actora (al punto que no apelaron la responsabilidad atribuida en la sentencia de primera instancia) y por ende, también la informalidad de dicho vínculo, no puede venir al proceso a tratar de beneficiarse con las declaraciones testimoniales brindadas o bien con deducciones realizadas a partir de los documentos glosados a fs. 130 y 131, sino que deben asumir que si no registraron a la actora ante la seguridad social, si no expidieron recibos y si no la incorporaron en planilla de trabajo, no tienes elementos de prueba hábiles, idóneos o conducentes para demostrar cómo ocurrieron los hechos en el marco de una relación de trabajo que era su obligación documentar. Se reitera, admitida y probada como fue la relación laboral mantenida con la actora, en aplicación del principio de disponibilidad del medio probatorio, era la parte empleadora la que tenía que probar los jornales laborados por la trabajadora y lo tenía que hacer con prueba idónea, tomando en cuenta tal como se dijo, su situación de poder en la relación de trabajo. En este sentido cabe reiterar lo ya expresado en otras ocasiones por este Tribunal, aunque con diversa integración, en el sentido de que el empleador en tanto parte que ostenta el poder de dirección y de organización de la fuerza de trabajo de la que se sirve, tiene como contrapeso de ese poder de dirección y organización, la posibilidad de instrumentar o diseñar los mecanismos adecuados para garantizar el goce de los derechos laborales de los trabajadores, documentando los aspectos fundamentales de la relación de trabajo, por ejemplo, a través de la expedición de los recibos de sueldos, controlando y registrando el horario de trabajo y asistencia de sus dependientes. Y si bien es cierto que no existe una obligación de fuente legal que le ordene al empleador registrar estos aspectos, sí existe normativa (decreto 278/2017), la que claramente le impone la obligación de llevar la planilla unificada de trabajo y el Libro de Registro de Trabajo, la expedición de recibos, en los cuales necesariamente se debe consignar los datos esenciales de la relación de trabajo, como lo son los jornales laborados; documentos que tal como se dijo, no fueron incorporados al proceso (Cfme. Sentencia de esta Sala Nro. 92/2011 publicada en AJL 2011 caso 181). Acorde a lo expuesto y ante tales omisiones, y determinado que era la parte empleadora la que estaba en mejores condiciones de probar los jornales trabajados en todo el período, debe estarse a lo invocado por la trabajadora, salvo que surgiera prueba en contrario. Y esa prueba en opinión del Cuerpo y coincidiendo en este punto también con la manifestado por la recurrente, no puede ser un listado presentado por COPAC (fs. 89 y 90), quien negó tener vínculo con la parte empleadora de la actora, tanto con SAS Servicio de Acompañantes como con Sandra Rodríguez, argumentado que dicha prueba fue proporcionada por DARAMIX S.A (Rua Asistencia) sobre las veces que contrató a SAS Servicio de Acompañantes (según contrato glosado a fs. 181 a 184). Y llegados a este punto cabe observar, que si bien COPAC adujo que dicha prueba se la proporcionó DARAMIX S.A, dicha codemandada que fue llamada a juicio por haber subcontratado a SAS Servicio de Acompañantes, cuando contestó la demanda no agregó ningún comprobante de los servicios encomendados a la empleadora de la actora, ni muchos menos de los servicios puntualmente realizados por la trabajadora accionante. Ni siquiera acompañó una planilla similar, ni tampoco indicó cómo era que documentaba los servicios asignados a SAS, no aportando tampoco ninguna factura o comprobante de pago de los servicios abonados a la empleadora de la trabajadora. Es más, frente a tan mayúscula omisión de acompañar algún documento en el que constaran los servicios encomendados a su co contratante y pagos efectuados, vino a batallar al proceso proponiendo como testigo a uno de sus accionistas y CEO de la empresa (Sr. Diego Sayanes) y a su personal jerárquico (Sra. Grisel Alonso), quienes incluso se mostraron vacilantes frente a la exhibición de la planilla de fs. 89 y 90. En efecto, exhibida que le fue la mencionada planilla al Sr. Sayanes, éste manifestó que “puede ser generado por nuestra empresa ese reporte, me da la impresión que sí” (fs. 301). Lo declarado por el testigo pone en evidencia, que no tiene certeza alguna del origen del documento, dejando traslucir con su relato, que puede tratarse de un documento confeccionado por DARAMIX S.A, que da la impresión que sí; pero obviamente se trata de una respuesta absolutamente ambigua e imprecisa, que claramente no confirma que hubiere proporcionado tales datos a COPAC. Cabe observar por otra parte, que si bien la testigo Alonso informó que dicha planilla fue producto de un análisis que realizaron cuando llegó la demanda y para ello indagaron en el sistema (fs. 302), este hecho no fue argumentado por la codemandada DARAMIX S.A al contestar la demanda, instancia en la cual no manifestó que había confeccionado tal planilla o que contaba con datos en el sistema informático que le permitían incluso saber que empleados de su contratante habían desempeñado los servicios encomendados a SAS Servicio de Acompañantes. Desde esta perspectiva la declaración de esta testigo tampoco resulta atendible, porque en definitiva afirma hechos que no fueron articulados por DARAMIX S.A. Y ello sin perjuicio de considerar, que dicha empresa jamás explicó cómo es que pudo hacerse de esa información que emana de las planillas de fs. 89 y 90 que presuntamente habría proporcionado a COPAC, desde que nunca dijo y no aportó prueba alguna de los controles efectuados a SAS Servicios de Acompañantes. Es más, DARAMIX S.A ni siquiera indicó con precisión cuáles fueron en concreto los servicios asignados a su contratante a lo largo de su vinculación o al menos en el tiempo en que duró la relación laboral de la actora. No aportó facturas, registros contables, ni prueba alguna de los controles realizados a la empleadora de la accionante, por lo que difícilmente pudiera acceder a obtener la información de los servicios puntuales y concretos prestados por la reclamante, máxime cuando ni siquiera se acompañaron los datos provenientes del sistema. Es más, la testigo Alonso solo indicó que en el sistema informático se registraban los días y horas adjudicados a la contratante para luego facturar el arrendamiento de servicios (fs. 303); por lo que no puede entenderse entonces que tuvieran la posibilidad de conocer los datos acerca de cuáles de los servicios encomendados a su prestadora le fueron adjudicados posteriormente a la trabajadora de autos. En ese marco, resulta evidente para el Tribunal, que la planilla de fs. 89 y 90 resulta un elemento absolutamente insuficiente para tener por acreditado el número de jornales laborados por la accionante, no pudiendo entenderse tal documento como auténtico a partir de la falta de impugnación o desconocimiento de la trabajadora, porque como bien lo hace notar la apelante, ella no tenía la obligación ni carga de desconocerlo, desde que tal documento no fue confeccionado por ella. Pero más allá de la defensa de DARAMIX S.A, que lejos de abogar por los 65 jornales de trabajo que emergen de las mentadas planillas de fs. 89 y 90 que le habría proporcionado a COPAC, señaló que en todo caso le correspondía responder por 92 jornales, lo importante es la defensa desplegada por la parte empleadora y en este sentido la prueba aportada fue nula en punto a los jornales laborados. Tal como se señaló, ni Sandra Rodríguez ni Nilca Martínez como representante de SAS Servicio de Acompañantes presentaron registro de los jornales laborados por la trabajadora, no aportando tampoco recibos de sueldos en los que conste los jornales laborados y abonados a la accionante; por lo que frente a tamaña omisión y en tal escenario, realmente resulta inexplicable que terceras empresas pudieran tener claro el número de jornales laborados por la accionante y, que a su vez, la sentenciante a-quo diera por buena dicha prueba para acreditar el número de jornales laborados, frente a una relación laboral que se desarrolló en la más absoluta informalidad y sin aportar la empleadora ninguno de los documentos laborales que la reglamentación le impone llevar. A lo anterior cabe agregar, que también le asiste razón a la recurrente en punto las discordancias o falta de coincidencia entre las fechas de los giros y las fechas de prestación de los servicios que surgen de la planilla de fs. 89 y 90. Y desde esta perspectiva tal como concluyó la apelante, no puede sostenerse que tales planillas resulten veraces y por ello válidas para probar el punto objeto de agravio, desde que la parte empleadora negó que la actora hubiera trabajado por ejemplo en el año 2021, sin embargo, la mentada planilla consigna servicios realizados por la actora en dicho año a la Sra. Esther Delia Ferreira Scalone durante el mes de setiembre de 2021, destruyendo de este modo la defensa de la empleadora. Es más, la codemandada DARAMIX S.A en su contestación de demanda y en particular a fs. 191 vto. relató los pacientes atendidos o asistidos por la actora (un total de 16 pacientes), no obstante, la planilla de fs. 89 y 90 solo documenta la asistencia a 9 pacientes, lo que pone en evidencia lo parcial e insincera de la misma. A su vez la planilla de fs. 89 y 90 documentaría los servicios prestados por la actora, no surgiendo ninguno correspondiente al año 2020, pese a lo cual, la planilla de fs. 130 documenta pagos efectuados a la actora por servicios realizado en dicho año. Cabe señalar incluso, que en autos declaró la Sra. Laura Fonseca (socia de COPAC) indicando que la actora la cuidó durante tres días en enero de 2023 (fs. 286 y 287), no obstante el nombre de la Sra. Fonseca no figura incluido en el listado de la planilla de fs. 89 y 90; todo lo que da la pauta de lo asistemático y parcial de los documentos aportados en autos y ello sin perjuicio de considerar, que tales recaudos no eran los medios de prueba idóneos para acreditar los jornales laborados por la trabajadora, todo lo que debió necesariamente probarse tal como se mencionó, con los documentos laborales que la parte empleadora debió confeccionar y era de su cargo llevar. En ese marco y conforme a todo cuanto viene de señalarse y en el entendido que la parte empleadora fue omisa y no llevó ningún registro documental de la relación laboral, es claro que debe soportar las consecuencias de su inoperancia e incumplimientos, por lo que se habrá de amparar el agravio y revocar la recurrida, considerando como trabajados por la actora los 960 jornales reclamados en la demanda. V) Por otra parte, la trabajadora también articuló agravios por la liquidación de los rubros licencia, salario vacacional, aguinaldo y nocturnidad. Y fundando su agravio sostuvo la agraviada, que la revocatoria esperada en cuanto a la cantidad de jornales laborados por su parte, determina que deba modificarse y por tanto revocarse, la liquidación realizada en la primera instancia respecto de los referidos rubros. Argumentó, además, que también le causa agravio la forma en que fue resuelto el rubro nocturnidad, pues nuevamente la sentencia para arribar a la condena de 45 jornales por dicho concepto, se valió o se atuvo a las resultancias de la planilla glosada de fs. 89 y 90. Pero además y en función de reconocer que los testigos ofrecidos por su parte declararon que los cuidó en horario diurno (no nocturno), postuló que debía estarse a la liquidación practicada en la demanda o que en su defecto, se abata la condena a abonar la nocturnidad en no más del 20% del reclamo. El agravio será de parcial recibo. En cuanto a los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo, la Sala entiende que, en función de lo resuelto en torno a los jornales laborados, debe necesariamente ajustarse y modificarse la liquidación de dichos rubros efectuada en la sentencia recurrida, dado que para la liquidación de estos conceptos o rubros salariales la sentencia partió de la premisa de que la actora laboró 62 jornales. Resuelto que la misma trabajó los 960 jornales denunciados en la demanda, corresponde estar a la liquidación que de tales rubros que efectuó la trabajadora (fs. 60 vto.), pues los mismos fueron calculados sobre la base de 960 jornales laborados, que es lo que se tienen por probados a falta de aporte documental de la parte empleadora. Diversa solución se impone respecto del rubro nocturnidad, pues resulta harto evidente y así surge de autos, que los testigos propuestos por la actora no avalaron que ésta siempre trabajara en horario nocturno como indicó en la demanda (ver declaraciones de María del Carmen González, Laura Fonseca y Rosa De León). Sobre el punto interesa recordar, que la accionante indicó en su acto de proposición “que todos los servicios eran de noche, de 22 a 06” (fs. 59). Entonces, pese a la falta de documentación y prueba por parte de la parte empleadora, no puede estarse a lo reclamado en la demanda porque hay prueba que claramente contraría la versión de la accionante. Y esta no sólo se trata de la prueba testimonial allegada al proceso y que viene de referirse, sino de la propia prueba documental presentada por la trabajadora con su demanda, esto es; impresiones de Whatsapp a través de las cuales le asignaban los servicios. En efecto, a fs. 17 consta que se le asigna un servicio de 6 a 14 horas; a fs. 29 un servicio de 7 a 15 horas; a fs. 30 uno de 16 a 00 horas; a fs. 37 uno de 12 a 20 horas, a fs. 38 un servicio con horario de 6 a 14 horas. En su apelación, la accionante terminó reconociendo que no tenía certeza de la cantidad de jornales nocturnos laborados, por lo que solicitó que se esté a su liquidación o en su defecto se abata el reclamo en “no más del 20%”; lo que en opinión de este Colegiado no tiene sustento ni respaldo alguno. Por lo que en ese escenario y partiendo de la pretensión que se hizo valer en juicio (que trabajó exclusivamente en el horario nocturno) el agravio no puede prosperar, correspondiendo en este punto estar a los jornales de nocturnidad dispuestos en la sentencia de primera instancia. Conforme a lo que viene de señalarse, el agravio es de parcial recibo, revocándose solamente la liquidación de los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo, estándose en relación a estos rubros a la liquidación de la parte actora. VI) En otro orden, la parte trabajadora también dedujo agravios por la desestimatoria de los salarios impagos por falta de convocatoria mínima asegurada. Y en tal sentido indicó, que dicho reclamo ni siquiera fue abordado hábilmente por la sede a-quo, argumentando en apoyo de su posición, que los laudos que incorporó al proceso respaldan su pretensión, además de afirmar, que la demandada no controvirtió la procedencia de este rubro. En opinión del Tribunal le asiste razón al recurrente en punto a que esta pretensión de salarios impagos por falta de la convocatoria mínima asegurada a nivel tripartito dentro del sector de actividad en el que laboraba la actora (Grupo 15 correspondientes a “Servicios de Salud y Anexos”, subgrupo 1 “Servicios de Acompañantes”) no fue abordado ni resuelto en la sentencia de primera instancia, tratándose de un punto que quedó sin fundamentación y que la demandada no controvirtió expresamente. Sin embargo, en un orden lógico y estrictamente temporal se encuentra antes la carga de la debida sustanciación del rubro que la carga de la efectiva controversia por parte de la accionada; aspecto en el que, la unanimidad de los integrantes de la Sala coinciden en cuanto a que el reclamo fue formulado en términos bastantes genéricos, indicando la trabajadora la fuente normativa, pero sin precisar nada en cuanto al cumplimiento de los presupuestos previstos en la norma autónoma para acceder al cobro de los pretendidos salarios impagos. En efecto, la previsión normativa en que se funda la accionante según emerge de fs. 51, exige o determina ciertos requisitos para acceder a este beneficio, requisitos que como se refirió, ni siquiera fueron mencionados por la trabajadora. Es decir, la cláusula décima del Acta Salarial de fecha 2 de agosto de 2005, que fue la que originariamente reguló o previó el beneficio, Acta Salarial que fuera aprobada por decreto 322/005 (fs. 49 a 51), establece que las partes acuerdan “un mecanismo por el cual se asegura a una determinada cantidad de trabajadores Acompañantes que se les va a convocar para cumplir 25 guardias mensuales de 8 horas diarias”. Como puede apreciarse, no se trata de un beneficio establecido en favor de todos los trabajadores del subgrupo de actividad, sino que las empresas son las encargadas de designar un grupo de trabajadores dentro de su personal, por un mecanismo que la propia normativa prevé y que se basa en el número de horas promedio, el que a su vez considera la antigüedad de los trabajadores. En ese marco cabe considerar, que la actora no aportó elementos al juicio tendientes a determinar que estaba comprendida en dicha previsión normativa. Nunca dijo que fue designada por la empresa para formar parte del grupo de trabajadores beneficiarios de ese mínimo de jornales asegurados mensualmente (25), ni mencionó tampoco, que, por ejemplo, por su antigüedad tenía derecho a estar contemplada o comprendida dentro del conjunto de trabajadores beneficiarios; por lo que es claro que ante las deficiencias argumentales que vienen de señalarse el amparo del rubro no puede prosperar. A lo anterior cabe adicionar, que en su demanda la accionante pese a fundamentar su reclamo en las previsiones contenidas en los laudos del sector, no terminó reclamando un mínimo de 25 jornales asegurados como prevé la normativa del sector, sino un total de 20 jornales en los meses que dijo que no fue convocada, sin brindar ni una mínima explicación de ese “desajuste” entre la fuente normativa sustento de su pretensión y el reclamo que terminó planteando en su demanda; todo lo que en conjunto naturalmente determina que el agravio no pueda prosperar, desestimándose la demanda en este aspecto. VII) Por otro lado, la trabajadora accionante también planteó cuestionamientos a la decisión de primera instancia, en cuanto desestimó el reclamo de indemnización por despido. Concretamente y en el entendido que superó los 100 jornales de carencia, entendió que la condena al pago de la indemnización por despido en la modalidad de indirecto reclamada se impone. Ahora bien. En tanto la Sala resolvió estar al número de jornales laborados por la trabajadora (960), es claro que cae el fundamento de la sentencia de primera instancia para desestimar la indemnización por despido pretendida, que como surge de autos, fue el hecho de no haber superado la reclamante el período de carencia de 100 jornales de labor. Por lo demás y dado que la modalidad despidual invocada fue la del despido indirecto, el Tribunal no tiene dudas en cuanto a que la informalidad del vínculo, no registrando a la trabajadora ante el BPS, con la consecuente falta de aportes y de acceso a prestaciones sociales que ello implica, importa un incumplimiento de relevancia y de entidad, pues la parte empleadora no cumplió con lo mínimo, radiando a la trabajadora de toda la cobertura de seguridad social a la que tiene derecho cualquier trabajador registrado. Si a ello se suma la falta de expedición de recibos de sueldos, el no pago de rubros salariales objeto de condena en la sentencia, sólo cabe concluir, que todos ellos se tratan de incumplimientos que aún considerados aisladamente y más aún en su conjunto, resultan de suficiente entidad y gravedad como para justificar que la trabajadora decidiera no tolerarlos más, considerándose despedida como lo hizo el 24 de febrero de 2024. Cabe señalar, además, que el hecho de que no surgiera acreditada su invocación de no haberle proporcionado trabajo en los últimos meses, no incide en el hecho de que los restantes incumplimientos que vienen de enumerarse existieron y son de suficiente entidad para motivar el despido indirecto. En ese marco, se amparará el agravio y se condenará al pago de la indemnización por despido reclamada, la cual deberá reliquidarse y ajustarse a las resultancias de la presente sentencia. Y ello, porque la liquidación de la indemnización por despido practicada por la trabajadora tiene incorporada la nocturnidad al jornal base de cálculo (fs. 61), considerando la Sala, que debería considerarse un “promedio” en función de los jornales de nocturnidad amparados en primera instancia y que el Tribunal habrá de confirmar. En mérito a ello, se estima adecuado dividir los jornales nocturnos reconocidos (45) entre el total de jornales trabados (960), lo que da como resultado una incidencia de 0.046875 (redondeando 0,047) en cada jornal. Por lo tanto, para reliquidar la indemnización por despido a la que se hace lugar, la actora deberá tomar el jornal base de cálculo de $ 1.126 y agregar el 0,047 de su valor que equivale por una simple regla de tres a la suma de 0,53, más obviamente la incidencia de la licencia, salario vacacional y aguinaldo, para luego multiplicarlo por los 76,8 jornales pretendidos, para de este modo obtener el monto objeto de condena por este rubro. VIII) Finalmente, la accionante se agravió por la exclusión de COPAC de la condena, argumentando en tal sentido, que sí existió tercerización de servicios por parte de COPAC, por lo que obtuvo beneficio del trabajo de la actora, que DARAMIX S.A no apareció en escena para ella sino hasta la contestación de demanda por parte de COPAC. En opinión del Tribunal es claro que hubo tercerización de servicios por parte de COPAC, y así lo demuestra el contrato celebrado con DARAMIX de fecha 30 de abril de 2015 y luciente de fs. 73 a 87, justamente tendiente a que ésta última proporcionara a sus socios determinados servicios, entre los que se incluye el servicio de acompañantes de enfermos. Pero también surge probado en autos, que DARAMIX S.A a su vez subcontrató esa prestación en la empresa SAS Servicio de Acompañantes (empleadora de la actora) conforme se desprende del contrato glosado de fs. 181 a 184. Y como con lucidez concluyó la recurrida, ello constituye una hipótesis de tercerización en cadena, hipótesis que esta Sala con la actual integración entiende que queda radiada del sistema de responsabilidad regulada en las leyes de tercerización y en particular en la ley 18.251, en la cual la responsabilidad de la empresa usuaria queda limitada a la contratante directa de la empleadora del trabajador reclamante. Tal postura ha sido así plasmada entre otras en sentencia Nº 71/2023 y también en sentencia 255/2023 citada por la sentenciante a-quo. En la primera de las sentencias referidas y en torno al tema de la tercerización en cascada o en cadena esta Sala afirmó en temperamento que resulta plenamente trasladable al presente caso, que : “Pues bien, el Tribunal comparte totalmente los fundamentos de la recurrida, en el sentido de que Antel no responde al tratarse de un supuesto de tercerización en cadena, en virtud de que interpretadas armónicamente las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 5º de la ley 18.251, las mismas no autorizan a extender la responsabilidad de la empresa principal, más allá de la que deriva de un acuerdo contractual directo (requisito negocial) que entabló con la empresa que subcontrató directamente (Montelecnor), la que no se extiende de manera indefinida al resto de las empresas que puedan llegar a intervenir en la cadena de subcontrataciones. El Tribunal comparte la postura de la doctrina citada por la recurrida concretamente los Dres. Mario Garmendia y Gustavo Gauthier (Tercerizaciones – Análisis de las Leyes No. 18.099 y 18.251 y su aplicación jurisprudencial” 2ª. edición revisada, actualizada y ampliada, pág. 104 y s) sostienen que el régimen de las leyes 18.099 y 18.251 no permite concatenar responsabilidades más allá del primer acuerdo contractual (el de la empresa principal con la contratista), citando y coincidiendo con la posición de Rosembaum y Castello, que interpretando el artículo 1º de la ley 18.251 concluyen, que el empresario principal sólo responde ante los trabajadores contratados por las empresas que contrata y utiliza de modo directo, además, porque el artículo 1º al definir la subcontratación y para que se active el sistema de responsabilidades requiere un acuerdo contractual entre la empresa principal y la empleadora directa del trabajador y finalmente, porque la única referencia que existe en la norma nacional a la hipótesis de sucesivas contrataciones es el artículo 5 de la ley 18.251, el cual correctamente interpretado permite deducir, que si la primera empresa que aparece en una cadena de subcontratos puede realizar retenciones respecto de sus subcontratistas, dicha facultad se puede ejercer eslabón por eslabón y no salteándose pasos en cadena, es decir, sólo puede efectuar retenciones respecto d aquella empresa con la que contrató directamente. En el mismo sentido se pronunció el TAT 4º en sentencia SEF 00511-000240/2017 del 6/09/2017 (en A.J.L. 2017 caso 671 pág. 669)”. Por todo cuanto viene de señalarse, este agravio es de franco rechazo, correspondiendo la confirmatoria de la sentencia de primera instancia en este puntual aspecto. IX) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de cargo de la parte demandada y los costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL NÚMERO DE JORNALES TRABAJADOS POR LA ACTORA, EN CUANTO A LA LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS LICENCIA, SALARIO VACACIONAL Y AGUINALDO Y EN CUANTO NO HIZO LUGAR A LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO RECLAMADA, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR, ESTESE AL NÚMERO DE JORNALES DE TRABAJO DENUNCIADOS POR LA ACCIONANTE EN LA DEMANDA, DEBIENDO RELIQUIDARSE LOS RUBROS LICENCIA, SALARIO VACACIONAL Y AGUINALDO EN FUNCION DE DICHO NUMERO DE JORNALES. ASIMISMO, CONDENASE A LAS CODEMANDADAS SANDRA RODRIGUEZ, SAS SERVICIO DE ACOMPAÑANTES (NILCA MARTINEZ) Y DARAMIX S.A, A PAGAR A LA ACTORA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO RECLAMADA, A LIQUIDARSE CONFORME A LOS PARÁMETROS FIJADOS EN LA PRESENTE SENTENCIA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-