Sentencia Definitiva N° 253/2025

Sentencia No. 253/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra Rosario Sapelli Ministros firmantes: Dra. Patricia Hernández, Dr. Pablo Benitez y Dra. Rosario Sapelli. Montevideo, 2 de octubre de 2025.- VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA C/ FNR y otro. AMPARO” – MEDICAMENTOS. IUE 2-81817/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representante de la parte actora, fs.113, contra la sentencia Nº 92 del 12 de setiembre del 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado en lo Civil de 14 avo turno, Dr. Darwin Rampoldi. RESULTANDO: 1) Se darán por reproducidas todas las resultancias de autos contenidas en la sentencia apelada por ajustarse a lo actuado en la instancia anterior. 2) Por el referido pronunciamiento, se desestimó la pretensión por falta de legitimación pasiva del FNR, y por no darse los demás requisitos legales objetivos para la recepción de esta especial y residual vía sumaria en relación al MSP, sin especial condenación en costas y costos. 3) Contra dicha decisión se alzó la parte actora, interponiendo recurso de apelación (fs.113 a 121). En lo medular manifiesta que no tiene el honor de compartir lo resuelto. El accionante se agravia en cuanto a que la acción se haya desestimado alegándose por la recurrida que no se justificó la urgencia requerida para que sea procedente la acción de amparo promovida. El accionante entiende que el aquo no realizo un análisis correcto de la prueba ofrecida, pues si bien recoge la declaración de la médica tratante, parece haberlo hecho incompletamente, descartando situaciones importantes que fueron debidamente explicadas y que relevan la importancia de recibir el tratamiento. Agrega que la Dra. Agorrody, en su declaración, destacó la necesidad de que el procedimiento se realice con la mayor brevedad, atendiendo a las consecuencias que puede acarrear al paciente la dilación en su realización, especialmente por los efectos adversos e indeseables que conlleva la arritmia. Ratificó que el actor requiere la ablación no solo para mejorar su calidad de vida, sino también para evitar la ocurrencia de eventos que, inevitablemente, sobrevendrán de no efectuarse en forma inmediata. Subrayó asimismo que la médica tratante fue categórica al señalar que la indicación es para ser cumplida “a la brevedad”, y que, con el fin de evitar confusiones, incluso ejemplificó que, si bien no se trata de una situación de urgencia vital inmediata, ello no excluye la urgencia médica en sentido amplio, dado que los estudios científicos coinciden en que el procedimiento debe realizarse lo antes posible, pues la enfermedad progresa y genera daños irreversibles. Aclara, que si bien —y afortunadamente— el cuadro no implica un riesgo de muerte súbita, ello no puede constituir motivo para inhabilitar la vía judicial intentada, por cuanto el derecho a la salud comprende también la prevención de daños graves y la preservación de una vida digna y de calidad. Por todo lo expuesto, se solicita se revoque en todos sus términos la sentencia impugnada y, en su mérito, se acoja la demanda, condenando al MSP y al FNR a financiar y suministrar al actor la realización de una angiotomografía de venas pulmonares y el tratamiento de crioablación, con todas las sesiones que resulten necesarias, incluyendo procedimientos, materiales y demás gastos conexos, de acuerdo con la indicación de su equipo médico tratante, en un plazo de 24 horas, y para el caso de incumplimiento se apliquen sanciones económicas, a favor de la actor. 4) A fs. 127 compareció la Dra Patricia Méndez en representación del Fondo Nacional de Recursos, evacuando el traslado del recurso de apelación interpuesto por la parte actora. En lo sustancial, aboga por el mantenimiento de la resistida, considerando que su representada, no violó ningún derecho reconocido constitucionalmente ni tampoco su deber de garantía de salud, ni se acredito que haya un riesgo actual o inminente, extremos que fueron estudiados por el sentenciante al motivar su fallo Dice que el estado ha efectivizado en forma legislativa y reglamentaria la implementación efectiva del derecho a la salud, ha establecido y regulado las condiciones de completo bienestar. Establece que en el caso de autos no estamos ante una actividad administrativa manifiestamente ilegítima como se dijo, solo la ilegitimidad manifiesta habilita el acogimiento de la acción de amparo. Añade que los agravios carecen de sustento siendo que quedo probado en autos y fue correctamente interpretado por el Sr Juez, que los procedimientos médicos solicitados no se encuentra bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Agrega que es posible intentar la satisfacción de la pretensión por otras vías, pues tal como lo destaca la hostigada, no se acredito la urgencia ni la inminencia en el riesgo de vida que amerite la utilización de esta vía excepcional que es el amparo, tal como lo prescribe la ley 16011 en su artículo 1. En subsidio alega que su representada en tanto persona jurídica que es y por mandato constitucional no puede hacer más que aquello que la ley le asigna dentro de sus competencias y la competencia que le asigna la ley a este organismo, es únicamente la cobertura financiera de los actos de medicina altamente especializada que se realicen en IMAE habilitados a tales efectos por el MSP. Dice que su representada solo puede financiar la cobertura de aquellos actos médicos que estén puestos en el PIAS, con cobertura financiera a su cargo y la entidad responsable de regular los actos médicos y medicamentos cubiertos por esta institución es este mismo ministerio. En mérito a lo expuesto corresponde al interés de su representada que el Tribunal de alzada confirme la sentencia de primera instancia dictada en autos y se desestima en todos sus términos la acción de amparo a su respecto. 5) Por auto 2795 del 26 de setiembre del 2025, se tuvo por evacuado el traslado por el FNR. A fs.132, comparece el Dr. Nicolas Villero Perrachón en representación del Ministerio de Salud Pública, evacuando el traslado del recurso de apelación introducido por el accionante. Manifiesta, que el Sentenciante realiza una correcta aplicación del derecho e interpreta adecuadamente la prueba producida. Ratifica que no existió en el caso ilegitimidad manifiesta que habilitara la vía del amparo, la cual, por su carácter excepcional, sólo procede ante ilegalidades ostensibles y flagrantes. Que si bien, no se desconoce que la patología del actor puede tener consecuencias, lo que no se comparte es la urgencia o el riesgo inminente que las mismas puedan tener. No comparte que la via del amparo sea la idónea para el caso de autos. Por lo que concluye que no se desprende un riesgo actual o inminente que vulnere lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos, en los términos expuestos en el art. 1 de la ley 16011, para que proceda la ley de amparo. Por ende, no surge acreditada la urgencia alguna por parte del reclamante, existiendo por tanto medios procesales alternativos al amparo, en particular el juicio ordinario. Agrega que su parte no actúo con ilegitimidad manifiesta, ya que se ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por el art. 44 de la Carta, asi: i) dictó un marco normativo que asegura un elenco definido de prestaciones médicas; ii) se actualiza periódicamente el PIAS y el FTM, mediante decretos y ordenanzas ministeriales recientes; iii) se estableció un régimen de financiación solidaria que habilita el acceso de toda persona a prestadores públicos o privados; y iv) se creó un prestador estatal (ASSE) encargado de asistir a quienes no cuentan con recursos para elegir un prestador privado. La prestación reclamada no integra el FTM para la patología del actor, lo que excluye la posibilidad de imputar ilegalidad al Estado. Conforme a los arts. 6, 45 y 46 de la Ley N° 18.211 y al art. 10 de la Ley N° 18.335, las coberturas deben regirse por los programas integrales definidos por el MSP. El Ministerio carece de atribuciones para suministrar directamente medicamentos o procedimientos a sujetos determinados, función que corresponde a ASSE en su calidad de prestador estatal. De otro modo, se vulneraría el principio de especialidad y se excederían las competencias conferidas. Además, la inclusión de nuevas tecnologías sanitarias exige un procedimiento de evaluación integral (art. 462 de la Ley N° 19.355 en la redacción de la Ley N° 20.075), a cargo de la División Evaluación Sanitaria y de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Dicho proceso contempla eficacia, seguridad, efectividad, costo-beneficio, impacto presupuestal y criterios de equidad, imprescindibles en un contexto de recursos limitados y creciente demanda. En este marco, no existe violación alguna al principio de igualdad: todos los usuarios acceden en condiciones idénticas a las prestaciones previstas en el PIAS. El Estado no ha incurrido en omisión: mantiene actualizado el catálogo de prestaciones en base a pautas técnicas objetivas y dentro de los límites presupuestales, cumpliendo con los cometidos constitucionales y legales. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia apelada y desestimar en su totalidad la acción de amparo promovida. 6) Por auto 2853 del 30 de setiembre del 2025, se tuvo por evacuado el traslado respecto del MSP, y se franqueó la apelación. Asignada esta Sala (fs.138), los autos se recibieron el mismo 30 de setiembre. Realizado el estudio correspondiente se acordó el dictado de la presente decisión. CONSIDERANDO: 1) El Tribunal por el número de votos legalmente requerido (art. 61 de la Ley Nº 15.750), revocará la decisión impugnada, por los siguientes fundamentos 2) Inicialmente cabe puntualizar que no es un hecho controvertido que el actor AA, de 70 años, es portador de ARRITMIAS, habiendo en el 2019 recibido un tratamiento de ABLACION con ICT por flutter típico, quedando con medicación Corentel 5 mg día. Desde entonces se realiza controles cardiológicos periódicos, y siempre con ritmo sinusal asintomático. En el último control se comprobó fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, por lo cual se hizo la derivación a consulta de electrofisiología. En lo funcional, la disnea de esfuerzo es clase II. En dos oportunidades se debió realizar cardioversión eléctrica, pese a estar en una de ellas con medicación antiarrítmica. Agrega que esta arritmia ya ha generado repercusiones a nivel estructural, con una dilatación auricular izquierda e insuficiencia mitral moderada. Esto sumado a la propia fibrilación, ante esto el equipo médico cree que contribuyen al incremento de las presiones en el circuito pulmonar. Sostiene que la ablación es el único método capaz de detener la progresión o retrasar la progresión de esta enfermedad crónica hasta la forma permanente de la enfermedad. Existen dos métodos para realizar esta ablación habiéndose optado por la CRIOABLACION, resultando que debe contarse además con una angiotomografia de vena pulmonares, para conocer en detalle la anatomía del paciente y presencia de variante anatómicas que se traducen en diferentes estrategias durante el procedimiento. Destaca que el procedimiento solicitada es potencialmente curativo. Importa destacar que ninguno de los demandados, objetó; de acuerdo con los términos de las contestaciones de la demanda y lo actuado en audiencia de precepto, alegatos y del recurso de apelación; la procedencia de la indicación efectuada. Por tanto, el centro de la controversia radica en el presente, en determinar, si ha existido ilegitimidad que revista la nota de manifiesta en el actuar del demandado apelante, así como la existencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo. 3. Por otra parte es un hecho admitido, que la CRIOABLACION, así como la angiotomografia previa requerida y peticionado en la demanda contra el MSP y FNR, son procedimientos de alto costo, y no se encuentra incluidos en la canasta de prestaciones del PIAS y normativa del FNR, para la patología que padece el actor. Tampoco resulto controvertida la carencia de medios económicos del accionante para acceder al mismo. 4) Importa destacar que la acción de Amparo prevista en la ley Nº 16011 del 19/12/1988, en su artículo 1 establece que: "Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución...". En nuestro derecho la Acción de Amparo ha sido instituida para la protección de los derechos constitucionalmente reconocidos que puedan resultar lesionados por actos u omisiones que aparezcan manifiestamente como ilegítimos (Art. 7 de la Constitución de la República, Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos), y se encuentra regulada por la Ley 16.011, como una protección amplia en dos sentidos: en cuanto se tutelan todos los derechos o libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución y en cuanto refiere a todo acto, hecho u omisión. Procede el amparo no solo en caso de lesión, alteración o restricción de un derecho o libertad sino también en caso de amenaza de producirse o que se vaya a producir un daño irreparable, es un medio de carácter residual y limitado a los casos en que exista ilegitimidad manifiesta. La accionante fundamentó principalmente la acción de amparo que dedujo en la lesión del derecho fundamental a la vida y a la salud a través de actos y omisiones manifiestamente ilegítimos del MSP y del FNR, consistentes en la negativa al financiamiento del procedimiento solicitado que puede tener efecto curativo y preventivo de un agravamiento de su salud y por consiguiente de su calidad de vida., según la prueba aportada y las declaraciones vertidas en autos, so pretexto de haber cumplido con sus obligaciones constitucionales y legales. La recurrida, justamente cuestiona y controvierte la procedencia del proceso de amparo para resolver esta cuestión, considerando que el actor no tiene urgencia en ser sometido al procedimiento, que no tiene riesgo de “muerte súbita” y por tanto no es admisible la promoción de esta via especialísima y residual. Textualmente por Considerando XI, estatuye: “La afección del actor carece de la nota de atención urgente e inmediata, lo que inhabilita la tramitación por la vía del amparo. No hay un vínculo de identidad e indisoluble entre: derecho a la salud, ausencia de otros medios, y proceso de amparo.” (fs.101). Por su parte la accionante al recurrir justifica y sustenta la urgencia en recibir el tratamiento, refiriendo a lo manifestado por la médico tratante al declarar ante la sede y explicitó que la arritmia que padece el actor le ha generado daños que ya tiene repercusiones en el corazón y que esto se puede ir agravando, si se deja transcurrir el tiempo, textualmente declaró que; “La ablación cuanto antes se hace es mejor…” ( Declaración de la Dra Valentina Agorrody, pista 10 y 11 del Audire del 11 de setiembre del 2025, fs.89) Se arguye además que, de acuerdo con los dichos de esta profesional, el actor tenía indicación de este procedimiento hace más de un año, pero dado que no fue derivado a su consulta, no se lo pudo indicar. Consecuentemente los demandados consideran que si hace tanto tiempo que espera puede seguir haciéndolo y tramitar un proceso ordinario. A criterio de la Sala, la situación descripta impone la resolución del problema del salud del actor en forma urgente, éste tiene este padecimiento e indicación hace más de un año, y de acuerdo con lo declarado con su medica tratante cada día que pasa genera otras patologías cardiacas y torna más difícil regresar a unas dimensiones más normales. (declaración ya referida). El actor desconocía tener dicha patología, pues en la actualidad fue derivada a especialista que se lo indica, consecuentemente seguir esperando y agravando su salud, no parece ser la solución acorde a derecho. De todo lo que viene de decirse, resulta que la médica tratante fue conteste en sostener la necesidad que el actor sea sometido al procedimiento de CRIOABLACION a la brevedad posible, pues es la única opción para lograr una estabilidad en su salud, revertir las posibles consecuencias que las arritmias que padece le puedan aparejar. Si bien se comparte con el aquo que la realización de una pericia puede ser ilustrativo a los efectos de acreditar la procedencia de la indicación, resulta del caso que tanto la indicación como la patología del accionante fue admitida por los demandados. Es mas la falta de urgencia resulto relevada de oficio en la hostigada, pues entendió que dicha carencia, impedía la tramitación de este proceso de amparo. Los accionados nada dijeron a este respecto al contestar. De lo ya expresado se infiere por La Sala que la acción procede, al verse vulnerados derechos protegidos, conforme lo preceptuado en los arts. 7, 44, 72, 82, 332, de la Carta Magna, como ser los derechos fundamentales a la vida, a la salud y que son inherentes a la personalidad humana, reconocidos constitucionalmente y en los Pactos y Convenciones Internacionales que ha suscrito nuestro país, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros , es responsabilidad del Estado velar por los mismos. No cabe duda acerca de los riesgos a los que se vería expuesto el accionante en caso de no recibir el tratamiento indicado, siendo incluso posible que, de diferirse su realización, el mismo resulte ineficaz para revertir los daños que eventualmente pudieran generarse. En virtud de lo cual, corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto, pues la demora que supondría la tramitación de un proceso ordinario podría ocasionar perjuicios irreversibles en la salud del actor. 5.- Al considerarse que la acción de amparo entablada resulta formalmente procedente, se ingresará a analizar la cuestión de mérito. Así, en la sublite, la Sala, entiende se encuentran configurados los presupuestos, para que prospere el amparo promovido, habiéndose acreditado todos los requisitos que se exige por el art. 1 y 2 de la ley 16.011. Es indiscutible a partir del reconocimiento del derecho fundamental a la protección de la salud de las personas, que éste debe ser puesto en práctica por el Estado a través de todos los medios disponibles y en beneficio de todas las personas, que se debe garantizar el igual acceso de cada persona a los cuidados necesarios de acuerdo con su estado de salud y particularmente el derecho de acceso a los procedimientos necesarios, lo que forma parte esencial del derecho a la salud. Tales derechos conforman la legalidad en sentido amplio del Estado constitucional de derecho como normas sustanciales y al igual que el principio de igualdad y otros derechos fundamentales, de modo diverso limitan y vinculan al poder administrador excluyendo o imponiéndole determinados contenidos en su accionar. 6.- Ha quedado acreditado que el procedimiento peticionado no está incluido en el FTM para la patología del actor. Por lo tanto, el codemandado FNR carece de legitimación pasiva, ya que como persona pública no estatal solo puede cumplir con aquellos cometidos, que expresamente le confiere la ley; en consecuencia, tiene vedada la posibilidad de financiar medicamentos que no están bajo su cobertura o como sucede en la sublite, que no esté incluido para la patología del actor. El FNR no es un organismo asistencial sino financiador y de conformidad con el principio de especialidad de todo organismo público, no puede realizar sino las actividades derivadas de su definido marco competencial. Como ha sostenido el TAC 6º en sentencia número 209/009 “en la medida en que la conducta del FNR se adecuó al marco normativo que lo regula no puede configurarse la ilegitimidad manifiesta que reclama la ley como presupuesto del amparo.” Tampoco corresponde imponerle condena a este codemandado, en base a lo dispuesto por el art. 409 de la LUC. Como se ha pronunciado este Tribunal, entre otras Sentencia 32/2021; “la tesitura adoptada por la parte actora, implica interpretar que los citados artículos 409 y 410 importaron una derogación tácita y, a partir de ello, la modificación del régimen de actuación del FNR.- Como ya se señaló, el artículo 10 del Código Civil califica de tácita la derogación “cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”.- “… En estos casos, corresponde que el intérprete antes de admitir la derogación tácita, deberá examinar cuidadosamente si es posible encontrar entre los preceptos aparentemente contradictorios términos de avenimiento que permitan dejar coexistir ambas normas” (cfe. Bernardo Supervielle en “De la derogación de las leyes y demás normas jurídicas” en “Estudios jurídicos en memoria de Juan José de Amézaga”, 1958, pág. 417).- No debemos perder de vista que “hay un principio universalmente aceptado, según el cual la abrogación de una norma por otra no se presume y cuando el creador de la misma no lo dice expresamente, ella solo puede deducirse del examen cuidadoso del contenido de las reglas … solamente cuando se dan los presupuestos arriba indicados, de incompatibilidad o contradicción entre disposiciones que versan sobre una misma materia y que afectan a los mismos destinatarios, podrá admitirse que hay derogación.- En la duda, y a falta de manifestación expresa, hay que tratar de conciliar las disposiciones aparentemente en conflicto para mantener la vigencia de ambas reglas.- …” (Supervielle, Bernardo en obra citada, pág. 486)” (TAC 2º, Sentencia de fecha 24/VIII/2020).- Aplicados estos conceptos a la normativa en examen, resulta que las mismas confirieron nueva forma de financiamiento al FNR, lo que NO implica una ampliación de su competencia.- La previsión de estas nuevas formas de financiamiento pudo responder a ayudar al presupuesto del FNR que notoriamente, desde hace tiempo, está sujeto a financiar por vía de la acción de amparo, medicamentos y/o tratamientos de alto costo que no se encontraban a priori en su protocolo y por tanto, tampoco considerados en su presupuesto.- Asimismo, “… De la discusión parlamentaria, no se puede extraer nada en contra de lo señalado, más allá de una confusión respecto a si los medicamentos y/o prestaciones no incluidas, están o no en el ámbito de la demandada.”- Tal como ya lo ha sostenido este Tribunal, “…en forma independiente al ingreso de las donaciones referidas con destino a financiar medicamentos y tratamientos de alto precio, la política sanitaria sigue siendo competencia del MSP, que es el obligado principal en forma independiente del origen de los recursos y de quien los administre” …” (TAC 2º Turno, Sentencia del 24/VIII/2020; cfe. Sentencia nro. 221/2020, entre otras).- Por lo expuesto, se confirma la decisión en cuanto a la falta de legitimación pasiva del FNR y la desestimación de la demanda a su respecto. 7.- En cuanto a la ilegitimidad manifiesta del MSP, y tal como ya fuere adelantado, esta sala entiende que la negativa a proporcionar el tratamiento que podría prevenir y mejorar la salud del enfermo, fundándolo en razones formales, no es admisible, frente a la situación particular del ciudadano AA, quien requiere de este tratamiento para poder sobrellevar una enfermedad que le puede aparejar consecuencias gravosas. El MSP, no niega que el actor deba recibir este tratamiento, pero concluye que no tiene la obligación de proporcionárselo en forma directa, y menos por la via de amparo, sino que debe estarse a la organización y normas que determinan la cobertura de estos, habiendo cumplido con las normas y reglamentos a su respecto, habiendo actuado en forma legítima. En obrados solo se pretende el cumplimiento por parte del MSP de su cometido de preservar la salud de los habitantes ante la solicitud de un paciente concreto, cuya calidad de vida depende de la decisión que se adopte, y precisamente, es esto último, lo que el MSP ha omitido valorar debidamente. La gravedad de la enfermedad del paciente determina, como es notorio, que no se cuente con tiempo y ello exige una respuesta inmediata, adecuada a esta especial circunstancia, que no ha sido brindada por parte del MSP. Ante tal evidencia, el demandado debió probar efectivamente que lo solicitado no era lo adecuado para la patología del Sr AA, que no ofrecía los resultados buscados, que no eran los indicados para la enfermedad y/o su estadio, lo que no hizo. Este Tribunal cuenta con jurisprudencia en cuanto a esta situación jurídica,(Sentencias 37, 53 y 54/, 117 y 143/2020 en BJN, y Sentencias 18 y 32 del 2021), posición que se mantiene con su actual integración, entendiendo que : “… es indudable partir del reconocimiento de la existencia del derecho fundamental a la protección de la salud de las personas; que éste debe ser puesto en práctica por el Estado a través de todos los medios disponibles y en beneficio de todas las personas; que se debe garantir el igual acceso de cada persona a los cuidados necesarios de acuerdo con su estado de salud, a la continuación de los cuidados y a la mayor seguridad sanitaria posible. Tales derechos conforman la legalidad en sentido amplio del Estado constitucional de derecho como normas sustanciales y al igual que el principio de igualdad y otros derechos fundamentales, de modo diverso limitan y vinculan al poder administrador, excluyendo o imponiéndole determinados contenidos en su accionar reglamentario. Véase al respecto, sentencia de la Sala en LJU c. 138060). …Como señala LARENZ (Der. Civil, Parte General, p. 254 y ss, Jaen, 1978) a los derechos subjetivos les corresponden necesariamente deberes, limitaciones o vinculaciones jurídicas de otras personas o de todas las demás; el derecho subjetivo es equiparado con la posibilidad de su imposición mediante la acción, concluyendo que si la persona tiene un derecho subjetivo a ese bien, ello significa que éste le corresponde conforme a derecho. La ilegítima insatisfacción de un derecho subjetivo no es lesión de interés legítimo, sino violación de un derecho subjetivo para cuya protección procede acudir al Poder Judicial mediante acciones declarativas o de condena (CASSINELLI, El interés legítimo como situación jurídica garantida en la Constitución Uruguaya, Estudios en Homenaje al Prof. Sayagués Laso, p. 283 y ss.)”. La Sala asimismo ha señalado reiteradamente que: “I.- Es indiscutible partir del reconocimiento de la existencia del derecho fundamental a la protección de la salud de las personas; que éste debe ser puesto en práctica por el Estado a través de todos los medios disponibles y en beneficio de todas las personas; que se debe garantir el igual acceso de cada persona a los cuidados necesarios de acuerdo con su estado de salud y, particularmente, el derecho de acceso a los medicamentos necesarios forma parte esencial del derecho a la salud. II.- Tales derechos conforman la legalidad en sentido amplio del Estado constitucional de derecho como normas sustanciales y al igual que el principio de igualdad y otros derechos fundamentales, de modo diverso limitan y vinculan al poder administrador excluyendo o imponiéndole determinados contenidos en su accionar reglamentario. III.- En la interpretación y aplicación del decreto (Dec. del Poder Ejecutivo No. 265 de 2006) que aprobó el “Formulario Terapéutico de Medicamentos” la Administración estaba obligada a aplicar los principios y normas fundamentales antes enunciadas.” (Conf. Sentencia 18/2021, TAC 2do, IUE: 0002 -3760/2021). Como corolario de lo anterior y de acuerdo con la jurisprudencia mayoritaria se considera que la negativa del MSP a dar cobertura para la realización de una angiotomografía de venas pulmonares y el tratamiento de Crioablación, solicitado por esta acción, encarta en la calificación de acción violatoria de derechos fundamentales (artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución) con ilegitimidad manifiesta.- La protección de dichos derechos fundamentales a la salud de los habitantes exige la pronta; “… puesta a disposición de los pacientes de los medios necesarios para la curación o mejoramiento de la calidad de vida …”, por esto, el no suministro del medicamento o la demora en recibir este tratamiento farmacológico conlleva una amenaza actual y efectiva al derecho a la salud de la parte actora con la consecuente ilegitimidad manifiesta, amenazando provocar un daño irreparable o difícilmente reparable a su salud (artículos 7, 8, 44 de la Constitución; Ley 18.335; Ley 18.211; artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador; cfe. LJU, caso 17.408). La Constitución es norma de normas y su art. 44 no puede desconocerse en base a criterios utilitaristas que desatienden que toda persona es un fin en sí mismo, dejándola sin la necesaria cobertura farmacológica indicada, lesionándose su derecho a la salud. A la luz de las conclusiones que anteceden, considera el Tribunal que contando el actor con el respaldo médico exigible, la negativa del MSP configura ilegitimidad manifiesta que habilita la acción de amparo y la solución condenatoria tal como se resolvió en la instancia anterior.” (cfm sentencia No. SEF-0005-000144/2016 de la Sala en igual sentido sentencia SEF 0005-000003/2015 TAC 2). Por tanto, la negativa del MSP a proporcionar el tratamiento impetrado, no puede más que catalogarse como de ilegitimidad manifiesta, y en su mérito se condenará al MSP, a otorgarlo, de acuerdo con la prescripto por su médico tratante. 8.- No existe mérito para especiales sanciones procesales (art. 261 del C.G.P.). En su mérito el Tribunal, FALLA: Revocase parcialmente la sentencia impugnada y en su mérito confirmase la decisión en cuanto hizo lugar al a falta de legitimación pasiva del FNR y revocase en cuanto desestimo la misma respecto al Ministerio de Salud Pública, condenandose a éste, a financiar y suministrar al Sr AA, la realización de una angiotomografía de venas pulmonares y el tratamiento de Crioablación, con todas las sesiones que resulten necesarias, incluyendo procedimientos, materiales y demás gastos conexos, de acuerdo con la indicación de su equipo médico tratante, en un plazo de 24 horas. Sin especial condenación. Notifíquese personalmente. Oportunamente, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada