Sentencia Definitiva N° 220/2025

Sentencia Nro. 220/2025 - IUE: 2-82457/2025 Montevideo, 02 de octubre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS - AMPARO-PRÓTESIS” , IUE: 2-82457/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 74/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 3er. Turno Subrogante, Dra. Alexandra Facal. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento dictado el 15 de setiembre de 2025, se resolvió desestimar la pretensión, sin especiales condenas procesales. II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, Sr. AA, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 82 a 84, agraviándose, en lo medular, por considerar que, contrariamente a lo sostenido, el demandado incurrió en ilegitimidad manifiesta al negar la cobertura solicitada en base a una normativa desactualizada, que no se condice con el estado de la técnica y de la ciencia médica y que además no se adecúa al caso concreto; se otorgó mayor credibilidad a la opinión médica del accionado que al equipo médico tratante, pese a que la supuesta imparcialidad institucional no garantiza mayor idoneidad; el ateneo realizado no evaluó su situación con relación al estado de la técnica sino con respecto a una normativa obsoleta y de cuño propio; presentó prueba documental y testimonial, en tanto, el demandado no ofreció prueba científica alguna para justificar su negativa; se descartó el carácter residual del accionamiento, sin analizarse si existen vías alternativas eficaces oportunas. Pide que se revoque la impugnada y se ampare la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la recurrencia referida, la misma fue evacuada en tiempo y forma por el Fondo Nacional de Recursos en escrito obrante a fojas 88 y 89, abogando por su rechazo. IV. Franqueada la alzada, el expediente fue recibido en este Tribunal el 29 de setiembre de 2025, pasando a estudio simultáneo de las Sras. Ministras, acordándose por unanimidad el dictado de la presente, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad de sus miembros naturales, confirmará la impugnada, sin especial condenación en costas y costos, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. Como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. III. Según se expresa en la demanda, el Sr. AA, de 66 años de edad, padece una miocardiopatía dilatada no isquémica, con FEVI severamente disminuida (30 %), presenta un alto riesgo de muerte súbita y un deterioro orgánico progresivo. Surge del informe médico elaborado por el Dr. Álvaro Rivara, que se le indicó la implantación de un cardiodesfibrilador con resincronizador, presentándose ante el demandado la correspondiente petición administrativa, que fue rechazada. El dispositivo requerido se encuentra incluido en el PIAS, bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos, quien funda su defensa en que la situación del accionante no se encuentra contemplada en su normativa de cobertura, que no incluye a los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. IV. La sentencia definitiva impugnada desestimó la demanda, por considerar que la negativa del Fondo Nacional de Recursos a brindar la cobertura pretendida se basó en la normativa que lo regula y que el accionante no cumplió con la carga de acreditar los extremos que fundaron su pretensión, en especial, la existencia de una conducta manifiestamente ilegítima imputable al demandado. V. La Sala confirmará la recurrida, no siendo de recibo los agravios articulados como sustento de la apelación para resolver en sentido diverso, compartiéndose la conclusión arribada en el grado anterior en cuanto a que no se demostró la existencia de la conducta manifiestamente ilegítima que se atribuye al demandado. De la normativa invocada y suficientemente explicitada por el Fondo Nacional de Recursos, emerge que su cometido es la cobertura financiera de medicamentos y técnicas terapéuticas siempre y cuando se hayan cumplido todas las exigencias que el sistema prevé (Ley No. 16.343, decreto reglamentario No. 358/993, artículo 313 de la Ley No. 17.930Decreto No. 265/006). El Fondo Nacional de Recursos no es un organismo asistencial sino financiador y de conformidad con el principio de especialidad de todo organismo público, no puede realizar sino las actividades derivadas de su definido marco competencial y en la medida en que su conducta se adecuó al marco normativo que lo regula, no puede válidamente sostenerse que su actuación es ilegítima. Es el Ministerio de Salud Pública quien decide qué medicamentos y procedimientos técnicas se incorporan bajo la cobertura del Fondo Nacional de Recursos y para qué patologías, aprobando los protocolos de cobertura y requisitos necesarios para que nazca la obligación de suministrarlos. En el caso, si bien la prestación solicitada está incluida en el PIAS bajo cobertura del demandado, éste no la financia para la patología del reclamante, que no se encuentra dentro de su normativa de cobertura. Tras estudiarse la situación del accionante en ateneo, se concluyó. “De la evaluación realizada al paciente, surge que la situación planteada en la solicitud no está contemplada en la normativa de cobertura del FNR. Fuera de normativa de cobertura financiera. Cardiopatía dilatada no isquémica.” (fojas 8). El apelante señala que el Fondo Nacional de Recursos se maneja con criterios superados, desactualizados, obsoletos, pero no aportó prueba que sustente su afirmación, la que devino en mera alegación carente de respaldo. Sobre el punto, el medio de prueba pertinente, necesario y conducente para despejar toda incertidumbre era el pericial, pero en el caso no se diligenció. El incumplimiento de la carga de la prueba sella la suerte adversa del accionamiento, desde que es sabido que careciendo los magistrados de conocimientos científicos y técnicos en el área de la medicina, la prueba pericial adquiere una singular e insustituible relevancia. Tal medio de prueba, se entiende fundamental, pues de haberse diligenciado contaríamos con los elementos necesarios para valorar la adecuación de la normativa del Fondo Nacional de Recursos a los avances de la ciencia médica y también con una evaluación global del amparista y de la pertinencia e idoneidad del dispositivo indicado en este caso en particular. A ello se suma que tampoco se diligenció la prueba testimonial ofrecida por el actor, por haberse considerado manifiestamente impertinente (al referir a hechos excluidos del objeto de la prueba), sin que la parte perjudicada dedujera agravio alguno fundado en el punto. En definitiva, quienes conforman esta decisión entienden que corresponde confirmar el pronunciamiento de primer grado pues no se ha demostrado, mediante medio de prueba idóneo, la existencia de la conducta manifiestamente ilegítima que se atribuye al Fondo Nacional de Recursos. VI. Cabe precisar que corresponde al Tribunal la verificación de los requisitos legales necesarios para el éxito de una acción de amparo. Los mismos consisten en la presencia de uno o más actos, omisiones o hechos de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual inminente, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (artículo 72), de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley No. 16.011. Son presupuestos legales, materiales, que deben encontrarse presentes y otorgar al Tribunal la certeza necesaria sin mayor indagatoria (razón por la que se instauró un proceso especial sumarísimo) con respecto a la pertinencia de amparar a la persona vulnerada. La parte actora se encuentra gravada con la carga de alegar y acreditar los mismos presupuestos legales cuyo acaecimiento debe controlar el Tribunal para que prospere una acción como la impetrada, en un caso donde se encuentra en juego el derecho a la salud, debiendo surgir con clara evidencia, la necesidad del amparo. Al no haber cumplido el accionante con la carga de demostrar el hecho fundante de su pretensión (que el Fondo Nacional de Recursos incurrió en ilegitimidad manifiesta al negar la cobertura pretendida en base a una normativa desactualizada, que no se condice con el estado de la técnica y de la ciencia médica, ni se adecúa al caso concreto), deberá soportar las consecuencias desfavorables de tal omisión, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico vigente. VII. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA, SIN ESPECIALES SANCIONES PROCESALES. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria subrogante