Sentencia Interlocutoria N° 523/2025

Ministro redactor: Dr. Ricardo Míguez Isbarbo VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia esta causa caratulada “AA.- Un delito previsto en el art. 31 del Dec-Ley 14.294 en la modalidad Tenencia no para consumo y un delito de Tráfico interno de armas y municiones, en reiteración real”.- JUICIO ORAL (Testimonio de IUE 2-50162/2024).- IUE 169-456/2025 venida a conocimiento de este Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria Nro. 1469/2025 dictada por la Jueza Letrada de Las Piedras de 1er. Turno Dra. Sandra Mouzo, interpuesto por la Fiscalía Departamental de 2o. Turno representada por la Dra. Bárbara Zapater, el Dr. Pablo Bardino y la Dra. Sofía Magallanes, con intervención de la Defensa del imputado a cargo del Dr. Diego Etcheverrito.- RESULTANDO: 1) En audiencia de juicio oral realizada el 11/9/2025 en esta causa, la jueza dictó la sentencia definitiva n° 178/2025 por la cual condenó al acusado AA como autor penalmente responsable de un delito de Suministro de sustancias estupefacientes previsto en el art. 31 del Dec-Ley 14.294 y un delito de Tráfico interno de armas y municiones, en reiteración real, a la pena de tres años y diez meses de penitenciaría, más condenas legales accesorias. Se dispuso asimismo el decomiso del vehículo y celular incautados. 2) En la misma audiencia la Fiscalía solicitó la modificación de la medida cautelar de arresto domiciliario total que cumplía el acusado, requiriendo se le imponga medida cautelar de prisión preventiva por el término de 120 días. Fundamenta la petición en los extremos que se reseñan a continuación. Afirma que atento a la condena recaída en primera instancia respecto del imputado, el supuesto material surge de la mencionada condena. En cuanto a los riesgos, entiende que han variado atendiendo a ese fallo de primera instancia, lo que es un incentivo importante para que pueda sustraerse de la condena, ocultándose dentro del territorio, la tobillera puede destruirse, incluso podría fugarse del país, para ello no necesita medios económicos importantes. Cita sentencias. Fundamenta el riesgo de fuga en las circunstancias y gravedad de los delitos y en la severidad de la pena impuesta. Hace 20 días que DINAMA comunicó que el imputado había apagado el dispositivo durante veinte minutos. La prisión preventiva no vulnera el principio de inocencia sino que se pretende evitar un riesgo. Es necesaria la presencia del imputado para que cumpla la condena. Se lo condenó por un delito contra la salud pública, por lo que constituye un riesgo para la sociedad (pista 6). 3) Conferido traslado a la Defensa se opuso a la petición de modificación de medida cautelar. Afirma que se trata de una persona que ha transitado un año y tres meses en arresto domiciliario y con una conducta intachable, y que lo asiste el estado de inocencia y la garantía de la segunda instancia. El art. 12 de la Constitución establece que nadie puede ser penado sin sentencia de condena ejecutoriada. Es una conducta draconiana la de la Fiscalía el decir que hay presunción que se va a fugar, cuando ha comparecido a todas las instancias del proceso. El hecho que se investiga fue hace dos años y la Fiscalía pidió una pena de ocho años, por lo que no ha cambiado nada la situación del señor. Ahora tiene una condena de primera instancia mucho más baja que la requerida. Cita sentencia. El incumplimiento que menciona la Fiscalía se desconoce. Su cliente no tiene facilidades extraordinarias para fugarse y no tiene interés en fugarse, no hay pronóstico que permita sostener la teoría de la Fiscalía (pista 7). 4) La jueza entendió que la medida cautelar de arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico fue idónea para sujetarlo al proceso, cita sentencia que refiere que la prisión preventiva debe imponerse solamente cuando es necesaria e indispensable, siempre que no exista otra menos gravosa que cumpla los mismos fines. En mérito a ello, por sentencia interlocutoria n° 1469/2025 dispuso: “A la solicitud de modificación de medida cautelar, no ha lugar, y teniendo presente que la medida de arresto domiciliario total con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico está vigente hasta el 14/2/2026, nada más se dispondrá” (pista 8). 5) La Fiscalía interpuso recurso de apelación, expresando los agravios que se sintetizan a continuación. Afirma que esta sede ya lo resolvió de esta forma y el Tribunal 3º revocó la sentencia, entendiendo que existe peligro de fuga por la sentencia de condena de primera instancia, refiere nuevamente a sentencia de dicho Tribunal. El señor fue condenado por un delito de Suministro que significa un riesgo para la sociedad, si bien no es reincidente, se trata de un delito que compromete la salud pública, no es una cantidad menor, se trataba de un quilo de pasta base. Este decreto se contradice con el criterio de la sede que en delitos del Dec-Ley 14.294 establece la prisión preventiva, el Tribunal de 4º Turno en especial ha confirmado la medida de prisión preventiva en un caso que trataba de 2.5 gramos y en otro de 4 gramos. Es contradictorio condenar por un delito de suministro y mantener el arresto domiciliario ya que el imputado lo puede seguir haciendo en su domicilio. El imputado se puede fugar, no necesita medios extraordinarios para fugarse, se puede ocultar en el país y puede seguir suministrando en su domicilio. Existe un peligro fundado que pueda fugarse, la Fiscalía va a apelar la sentencia de condena porque había acusado solicitando una pena de ocho años de penitenciaría. Solicita se revoque la atacada y se disponga la medida cautelar de prisión preventiva del acusado (pista 9). 6) Conferido traslado a la Defensa, lo evacuó abogando por la confirmatoria de la recurrida, por los siguientes fundamentos. La Fiscalía argumenta en su recurso introduciendo elementos rimbombantes como 800 gramos de pasta base, introduce elementos de fondo sin discutir riesgos procesales. El único riesgo procesal que hay es que se pueda fugar, y el antecedente es que hace quince meses que está en la casa, que ha venido a todas las audiencias. La Fiscalía hace un pronóstico que dice que puede traficar, si el señor traficara desde su casa ya estaba siendo investigado, acá hace quince meses que viene soportando una amenaza fiscal de ocho años. La Fiscalía se fundamenta en otros procesos de esta misma sede para decir que se contradice, no conoce esos procesos pero las circunstancias pueden ser otras. Cita jurisprudencia (pista 10). 7) Por decreto n° 1470/2025 se admitió el recurso franqueándose la alzada sin efecto suspensivo conforme el art. 365 del CPP (pista 11). La causa fue recibida por esta Sala y previo estudio simultáneo por los Ministros, se procede al dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1) El Tribunal, por el número de votos legalmente exigido, procederá a revocar la interlocutoria recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. 2) En lo formal, el recurso de apelación fue correctamente interpuesto y sustanciado en audiencia, conforme lo previsto por el art. 365 del C.P.P. 3) Como se reseñara anteriormente, resulta de la audiencia realizada que por sentencia definitiva de primera instancia se condenó a AA por la comisión de un delito de Suministro de sustancias estupefacientes previsto en el art. 31 del Dec-Ley 14.294 y un delito de Tráfico interno de armas y municiones, en reiteración real, a la pena de tres años y diez meses de penitenciaría. Atento al dictado de la sentencia definitiva de condena, la Fiscalía entiende que se configura el riesgo de fuga y el peligro para la sociedad, riesgos previstos en los arts. 226 y 227.2 del CPP, extremos que fueron alegados al formular sus agravios. 4) El art. 224 del C.P.P. exige que para la imposición de medida cautelar de prisión preventiva que exista semiplena prueba de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado así como elementos de convicción suficientes de la existencia de riesgos procesales, esto es, riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación o peligro para la víctima. Es decir que en cada caso el juez deberá valorar dos elementos: elemento material (evidencias de la participación del imputado en el hecho delictivo) y elemento procesal (evidencias de la existencia de los riesgos procesales señalados). El elemento material no fue objeto de debate pero dado que es un presupuesto legal para la prisión preventiva, la Sala dirá que se entiende holgadamente acreditado, en tanto se ha dictado sentencia de condena en primera instancia, fundada en la prueba producida en el juicio oral. 5) En cuanto a los riegos procesales, la mayoría del Tribunal integrada por los Ministros Dr. Míguez y Dr. Tapie entiende que la actora ha acreditado suficientemente los riesgos de fuga (art. 226 literal c) del CPP) y el riesgo para la sociedad (art. 227.2 del CPP). En efecto, en el presente el imputado AA, ha cometido al menos dos delitos graves que han determinado una condena en primera instancia que si bien no está firme le ha adjudicado una pena de tres (3) años y diez (10) meses de penitenciaría, es decir, casi cuatro (4) años de penitenciaría. A su vez dicha sentencia recae sobre una solicitud Fiscal de ocho (8) años de penitenciaría y es una eventualidad cierta, que tanto la Defensa como la Fiscalía puedan apelar el referido fallo el que puede eventualmente ser modificado. Para ello es necesario para proseguir el proceso asegurar la presencia del imputado a disposición del proceso, lo que eventualmente no se conjuraría el riesgo referido con una prisión domiciliaria por más que porte el imputado (tal como dispone la ley para casos de estupefacientes) un dispositivo electrónico, en tanto éste puede ser desconectado, o dañado y lograr la libertad huyendo o escondiéndose en el propio territorio para evitar el perjuicio de una eventual condena que lo mantendría apartado de la vida social durante algún tiempo, como ha sucedido lamentablemente en varias oportunidades. Como se ve, en este sentido la única medida que puede evitar eficientemente el acaecimiento de los riesgos invocados, es sin duda la prisión preventiva. Y si bien es cierto como expresa la Defensa que hasta ahora el encausado no ha intentado evadirse, ello no quiere decir que luego de una sentencia de condena en primera instancia como la que surge de autos, no lo haga, pues su situación frente al proceso ha variado, y atendiendo al ansia de conservar la libertad y evitar pasar tiempo en un establecimiento carcelario, es inconcuso como tan corriente en el ser humano pensar en evadir la circunstancia negativa acaecida por un eventual aprisionamiento evidenciado con la posible condena que se cierne sobre el mismo por los hechos graves cometidos. Por su parte la Sra. Fiscal ha manifestado que el imputado ya ha desconectado inclusive por 20 minutos el dispositivo electrónico y más allá de que la Defensa plantee la inexistencia de prueba de ello, hemos de pensar que la Fiscalía no miente tratándose de una funcionaria pública con alto cargo dentro del estado lo que eventualmente de no haber sucedido así, se estaría arriesgando a una responsabilidad funcional importante. Por tanto, la Sala entiende que es real dicha afirmación. Eso en cuanto al riesgo de fuga propiamente dicho. (Art. 226 del CPP). En cuanto al riesgo para la sociedad (art. 227.2 del CPP), surge también debidamente acreditado. En efecto, el suscrito entiende que el delito de previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de Suministro de Sustancias Estupefacientes previsto en el art. 31 del Dec. Ley 14.294, es un delito que atenta directamente contra la Salud Pública de la ciudadanía. Como se ha dicho y se ha sostenido, en casos similares, en los delitos del Decreto Ley 14.294 (de estupefacientes) estos delitos se desarrollan en un contexto de clandestinidad que permiten la conexión con otros tipos de delitos. Alcanza con ver las noticias de prensa para comprobar tales situaciones. Así la Sentencia Nro. 489/2022 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno, en el mismo sentido expone que: “… los delitos que están vinculados a estupefacientes se desarrollan en un contexto de clandestinidad que conlleva una situación de coacción a que se pronuncien en contra de quienes desarrollan esta actividad…”. Finalmente cabe recordar algunos conceptos expuestos sobre el referido instituto por el insigne jurista Dr. Raúl Moretti los que resultan aplicable al caso y permanecen con plena vigencia a la fecha, en cuanto refieren a las finalidades de la prisión preventiva y así decía el referido jurista, que es en primer término una medida de seguridad, en cuanto previene la comisión de nuevos delitos por la misma persona y contribuye a la tranquilidad de la sociedad afectada por el hecho delictuoso. En segundo término, es una medida de garantía, en cuanto asegura la disponibilidad del delincuente para el cumplimiento de la pena, impidiendo que se sustraiga posteriormente a la ejecución de la condena, por ocultamiento o fuga, por último, es una medida necesaria para asegurar el resultado útil de la instrucción, impidiendo que el procesado en libertad obstaculice las investigaciones, destruya los indicios o pruebas del delito, atemorice o soborne a los testigos. En el caso además ya existe una sentencia de condena de primera instancia, que, aunque no esté ejecutoriada, puede estarlo oportunamente. Así se ha entendido por este Tribunal: “(…) En este aspecto el peligro evidentemente existe, porque el espíritu del imputado no puede menos que entenderse afectado, al recaer sobre él una eventual aflicción muy importante, como lo representa la pérdida de su libertad. Es en este momento donde incide la gravedad del delito y de la condena de primera instancia, no porque se deje de tratar como inocente al encausado, sino porque la situación procesal del mismo cambió con el fallo, de manera extrema al existir una condena de magnitud como lo son cinco (5) años de penitenciaría lo que habilita una medida cautelar proporcional a esta nueva situación por lo menos por un plazo prudencial (…)” (Sent. 216/2020 de la Sala)”. (Destacado del redactor). En el caso, ha recaído sentencia de condena en primera instancia que si bien aún no está ejecutoriada no es menos cierto, que aumenta el riesgo de fuga del acusado y lleva a adoptar la posición sustentada en los casos antes citados. Expreso el TAP de 4to. Turno, en sentencia Nro. 167/2021 (15/03/2021), sobre la prisión preventiva y los presuntos riesgos procesales: “(…) no es necesario que el imputado haya realizado actos de amedrentamiento, destrucción u ocultación de pruebas o cualquier accionar perjudicial. Lo que la norma exige (art. 224.2 NCPP) es que los riesgos “se presuman”. Señala el TAP que se trata entonces de una posible opción, de una eventualidad, siendo la medida cautelar de prisión preventiva un anticipo a la misma, una forma de precaver. No es una reacción ante un suceso acaecido, sino una acción ante la posibilidad de su acaecimiento. No es una respuesta sino una previsión.”. (Destacado del redactor). Por último, la eventualidad de que exista algún fallo que se entienda similar de la Sala, con otra resolución diferente, no quita ninguna validez a lo dicho en la presente porque lo que se trata de resolver es el caso en concreto y en la mayoría de las veces, otras situaciones pueden haber planteado perfectamente situaciones fácticas parecidas, pero en sí mismas diferentes, que determina a acceder a otro tipo de solución. Y no se puede a su vez ver condicionada la resolución de la Sala a tal motivo porque dicho razonamiento implicaría dictar una sentencia por automatismo y no con una racionalización -como corresponde- al caso específico. O acaso, ¿no han existido muchas veces cambios de posición en diferentes tribunales a lo largo de la vida jurídica de nuestros tribunales? 5) Por los fundamentos expuestos y las normas citadas el Tribunal por mayoría legal de votos RESUELVE: REVOCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 1469/2025. EN SU MÉRITO SUSTITÚYESE LA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE MONITOREO OPORTUNAMENTE DISPUESTA Y EN SU LUGAR, IMPÓNESE A AA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, POR EL SALDO DEL PLAZO AÚN PENDIENTE. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE AL JUZGADO DE ORIGEN, PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA MISMA. Dr. Daniel H. Tapie Santarelli Ministro Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo Ministro DISCORDE MINISTRA DRA. BEATRIZ LARRIEU I) Los agravios de la recurrente refieren, en concreto, a dos extremos: que existe riesgo para la sociedad porque el imputado si bien no es reincidente fue condenado por un delito que compromete la salud pública y que existe riesgo de fuga ya no necesita medios extraordinarios para fugarse y la Fiscalía va a apelar la condena ya que había solicitado una pena de ocho años de penitenciaría. Entiendo que la Fiscalía no justificó adecuadamente la existencia de riesgos procesales que ameriten la modificación de la medida cautelar que cumple el acusado. II) Sobre el riesgo procesal, debe tenerse presente que como ha dicho el T.A.P. de 3er Turno: “… la prisión preventiva sólo se debe disponer y mantener si estrictamente es necesaria y proporcional con los fines que persigue su dictado. “La característica fundamental de la referida medida consiste en que no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para la consecución de fines ulteriores. Las medidas de coerción son esencialmente instrumentales y su finalidad radica en neutralizar los peligros que puede acarrear la libertad de la persona imputada, de modo que se impida el esclarecimiento de los hechos que se dilucidan en el caso concreto y/o la actuación de la ley penal sustantiva. Corolario de ello, la limitación al derecho a gozar de libertad durante el trámite del proceso penal sólo adquiere legitimidad en función de las finalidades que persigue, esto es, garantizar el logro de los fines del proceso, a saber: el descubrimiento y la prueba de la verdad objetiva contextualizada con la realidad, así como la actuación de la ley penal sustantiva en el caso concreto” (sentencia n° 725/2022) Esto significa que a pesar de las presunciones o pautas interpretativas que establece la norma procesal (art. 224.2 y siguientes del C.P.P.), la Fiscalía tiene la carga de justificar que en el caso concreto concurre uno o más riesgos procesales que ameriten la imposición y -en el caso- el mantenimiento de la medida cautelar más gravosa, como es la prisión preventiva. Y esa justificación no puede limitarse a argumentaciones genéricas sino que es necesario fundamentar -mediante el debate argumentativo- la existencia de riesgos individualizados, ciertos y concretos. Asimismo, la prisión preventiva debe disponerse cuando sea estrictamente necesaria y proporcional con los fines que constitucionalmente persigue su imposición. En el caso, se comparte la posición de la jueza de primer grado en cuanto la medida cautelar oportunamente dispuesta es suficiente para conculcar los eventuales riesgos procesales. Asimismo surge del debate que el acusado hace quince meses que está cumpliendo medida cautelar de arresto domiciliario con dispositivo electrónico de monitoreo, sin que se justificara por la Fiscalía incumplimiento alguno. Al respecto cabe señalar que al solicitar la medida, la Fiscal mencionó un incumplimiento de veinte minutos, hecho que fue controvertido por la Defensa. Y en oportunidad de la apelación, dicho incumplimiento no fue mencionado en la expresión de agravios. En consecuencia, no corresponde su consideración en tanto no integra el objeto de la alzada. III) Respecto del riesgo de fuga, la Fiscalía se agravió afirmando que el imputado se puede fugar, que no necesita medios extraordinarios para fugarse ya que se puede ocultar en el país y que el peligro de fuga está fundado en que la acusadora va a apelar la sentencia de condena, en tanto había requerido una pena de ocho años de penitenciaría. La Convención Americana de Derechos Humanos autoriza la privación cautelar de la libertad para asegurar “su comparecencia al juicio” (art. 7 n° 5), lo que está recogido en el art. 226 del CPP al consagrarse el peligro de fuga como riesgo procesal habilitante de la prisión preventiva. Entre las pautas para la determinación de dicho riesgo, nuestro código se establece las “circunstancias, naturaleza del hecho y gravedad del delito” (literal c). Al respecto el TAP de 3er. Turno ha sostenido que “la función procesal en la hipótesis de fuga refiere directamente a evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia y se vincula indefectiblemente con la gravedad de la pena que podrá recaer en función del delito imputado en caso de dictarse una sentencia de condena. “(…) Al ser las medidas cautelares cuestiones accesorias y funcionales a la resolución de la controversia, no puede resolverse sobre ellas haciendo abstracción del hipotético resultado de la causa. La gravedad de la imputación, de ocurrir otras pautas complementarias, deriva en sospecha de fuga. “La Comisión IDH, al analizar el riesgo de evasión del detenido, toma preponderantemente en consideración la seriedad de la infracción y la severidad de la pena. Sin embargo, reconoce que tales elementos se inspiran en criterios de retribución penal, y su utilización para evaluar un prolongado encarcelamiento preventivo produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida. Empero, para reducir o morigerar esa situación aflictiva, consideró que debía mediar proporcionalidad entre el interés general de la sociedad en reprimir el delito y el interés del individuo en que se respeten sus derechos fundamentales (Informe Nº 12/96, párrafo Nº 86). “La pauta central de mayor peso para la Comisión IDH resulta ser la severidad de pena, siendo asimismo admisible tomar en consideración circunstancias particulares como la concurrencia de delitos o la aplicación de reglas que determinen que la eventual condena será de cumplimiento efectivo (informe Nº 86/99)” (sentencia 842/2022). En el caso, se ha dictado sentencia de primera instancia por la cual se condenó a Santiago AA por la comisión de un delito de Suministro de sustancias estupefacientes y un delito de Tráfico interno de armas y municiones, en reiteración real, a la pena de tres años y diez meses de penitenciaría, abatiéndose considerablemente la pena requerida por el acusador de ocho años de penitenciaría. De acuerdo a lo que resulta de la audiencia, la sentencia va a ser apelada por ambas partes. La pena dispuesta en primera instancia no puede ser el único fundamento de la prisión preventiva, compartiéndose las afirmaciones de la Defensa en cuanto el imputado ha cumplido en debida forma la medida de arresto domiciliario aún frente a una acusación fiscal que requería la imposición de una pena de ocho años de penitenciaría. Además, el acusado ha cumplido medida cautelar de arresto domiciliario durante quince meses, por lo que el saldo a cumplir es bastante menor al monto recaído. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es necesario que la Fiscalía justifique la existencia de riesgos procesales concretos en cada caso, no siendo suficiente decir que se puede ocultar en el país. No se refirió ninguna evidencia concreta que el imputado pretenda sustraerse a la sujeción procesal. En el caso, la condena recaída no es tan elevada como para determinar por sí sola el riesgo de fuga, sin otra evidencia concreta que lo sustente. Así lo ha entendido esta Sala en supuestos de montos punitivos similares al recaído en este juicio, a saber, sentencia n.º 93/2024 dictada en IUE 558-1/2024 y sentencia n° 302/2023 dictada en IUE 552-17/2023. IV) La Fiscalía invocó asimismo el peligro para la sociedad, fundando su existencia en que si bien el acusado no es reincidente, cometió un delito que compromete la salud pública. Aun teniendo presente la cantidad de sustancia incautada, la doctrina moderna cuestiona el bien jurídico tutelado “salud pública” en los delitos de estupefacientes, dado que se sustenta en concepciones paternalistas o morales que desconocen el principio de autonomía personal, afirmando que “el paternalismo y el perfeccionismo son incompatibles con un marco constitucional que se basa en la autonomía personal, cuyo único límite es el daño de terceros contra su voluntad” (Silva Forné, Diego.- “Riesgos y desafíos que enfrentan las iniciativas regulatorias de drogas”, en Rev. Derecho Penal n° 27, ps. 159-164). Sin perjuicio de lo mencionado y atento a la calidad de primario del imputado, se entiende que no se configura en el caso el peligro para la sociedad en los términos previstos en el art. 227.2 del CPP. V) En suma, entiendo que los agravios de la Fiscalía no conmueven los fundamentos de la recurrida, en tanto no han operado modificaciones en los riesgos procesales que ameriten la imposición de la prisión preventiva. Por el contrario, los eventuales riesgos pueden ser conculcados con la medida cautelar que hasta la fecha ha cumplido el acusado, la que se considera idónea y proporcional para el caso concreto. Por lo que VOTO POR CONFIRMAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 1469/2025.- Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras Ministra Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada