Sentencia Interlocutoria N° 524/2025

Sentencia Nº 524 Montevideo, 2 de octubre de 2025. Ministro Redactor: Dr. Daniel Tapie Santarelli. VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “AA. DELITO DE RETIRO O DESTRUCCION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO ELECTRONICO EN CALIDAD DE AUTOR. FORMALIZACION. IUE 2-17871/2024, llegados a conocimiento del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Letrada de Flagrancia de 4to Turno a cargo de la Dra. Andrea Melogno Alles, contra la sentencia interlocutoria N° 1158/2025, de fecha 11 de junio de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 35° Turno, Dr. Martín González Camejo y con la intervención de la Defensa Pública del encausado, a cargo de la Dra. Lucía Long. RESULTANDO: 1) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 287/2023, de fecha 24 de Octubre de 2023, en la causa IUE 2-101703/2023, AA fue condenado como autor responsable de cuatro delitos de desacato en modalidad de incumplimiento de una medida cautelar impuesta judicialmente en procesos de protección ante la violencia doméstica, en régimen de reiteración real entre sí, dos de ellos en concurso formal con dos delitos de retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos, en reiteración real con un delito de violación de domicilio especialmente agravado, un delito de daño y dos delitos de violencia domestica especialmente agravados uno de ellos en concurso formal con un delito de lesiones personales agravado a una pena de veinte (20) meses de prisión, con descuento de la detención sufrida y pago de los gastos del proceso, pena que se cumplirá de la siguiente forma: tres (3) meses de prisión, y el saldo - esto es diecisiete (17) meses sustituyéndose por libertad a Prueba durante el plazo señalado, y con las siguientes condiciones, sin perjuicio: Obligación de portar dispositivo de monitoreo electrónico por un plazo igual al de la duración del lapso de cumplimiento de la pena en régimen de libertad a prueba, fijándose a tal efecto un radio de exclusión de 1000 metros respecto de la víctima la Sra. BB, su domicilio, lugar de trabajo y estudio; habiendo la victima prestado su consentimiento. Dicho dispositivo le fue colocado el día 21 de enero de 2024. 2) El día 6 de febrero de 2024 el imputado dañó intencionalmente la tobillera que portaba y se despojó de ella, así como del dispositivo. Del informe de la empresa Surely, de fecha 15 de febrero de 2024, surge que la malla del equipo fue cortada, lo que impide su utilización debiendo ser sustituida. 3) En Audiencia celebrada el día 18 de marzo de 2024, por interlocutoria N° 509/2024, se dispuso la formalización de la investigación con sujeción al proceso, de AA, bajo la imputación de un presunto delito de Retiro o destrucción de dispositivo de monitoreo electrónico en calidad de autor (art. 359 bis del CP9. (fs. 8). En la misma audiencia se dispuso la prisión preventiva hasta el día 18 de junio de 2024, debiéndose proceder a la excarcelación provisional del imputado en esa fecha a la hora 20.00, sin perjuicio de la modificación, sustitución o cese, de la cautela, si correspondiera. Se comunique la presente formalización a los IUE 2-101703/2023 (Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de 9° Turno). La Defensa no recurrió la formalización ni la imposición de la medida cautelar solicitadas. 4) El día 12 de junio de 2024, por Decreto N° 1383/2024 se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva del imputado AA hasta el día 18/09/2024, sin oposición. 5) Por Decreto N° 1868/2024 del 9 de agosto de 2024 se dispuso: “Ante la revocación de la libertad a prueba dispuesta en la causa 2-101703/2023, se dispone el cese inmediato de la prisión preventiva en esta causa y que el imputado AA pase a cumplir pena a disposición del Juzgado de Ejecución de Montevideo de Noveno turno.( fs 37). Comuníquese en forma urgente y sin otro trámite a la Cárcel y al Juzgado de Ejecución. Solicítese a la Sede de Ejecución que comunique a esta Sede el vencimiento de pena. Notifíquese personalmente a las partes. 6) El día 2 de diciembre de 2024, la Fiscalía solicitó audiencia para tramitar los presentes por la vía del juicio abreviado ( fs 47) y la Audiencia fijada para el día 18 de diciembre de 2024, no se realizó ( fs 49). El día 17 de marzo de 2025 la Fiscalía solicita nuevo acuerdo de juicio abreviado (fs 59), se convocó y el imputado no fue conducido ( fs 76). 7) El día 5 de mayo de 2025, la Fiscalía de Flagrancia de 4to Turno solicitó a la Sede, que habiendo finalizado el plazo que tiene la fiscalía para investigar, el que se encuentra legislado en el artículo 265 del CPP; un año desde la formalización, que se le concediera un plazo de 90 días para presentar la demanda acusatoria ( fs 79). La Defensa no formuló oposición a lo solicitado por la Fiscalía y expresó que el imputado quería realizar proceso abreviado ( fs 84). 8) Por Interlocutoria N° 995/2025 de fecha 14 de mayo de 2025, el Juez de Garantías dispuso: “Por presentada en la representación invocada. Se tiene presente lo manifestado por la Defensa. El suscrito considera que no tiene facultades legales para habilitar un plazo para acusar una vez vencido el plazo de investigación, no hay fundamento legal para ello. No obstante, practíquese por la Oficina Actuaria la liquidación de las medidas cautelares cumplidas por el imputado. De acuerdo a lo señalado por la Defensa en la comparecencia precedente, se estará al impulso procesal de las partes. Notifíquese personalmente. Se notificó a las partes y no la impugnaron ( fs 86 y 87). 9) El día 20 de mayo de 2025, la Fiscalía solicita se convoque a audiencia para tramitar los presentes por la vía de Juicio Abreviado. 10) En audiencia celebrada el día 11 de junio de 2025 ( fs. 101), cedida la palabra a Fiscalía se informó a la Sede que se había acordado con el Sr. AA, debidamente asistido, la tramitación del Proceso Abreviado con una pena mínima de 10 meses de prisión efectiva y 10 UR con descuento de la medida cautelar cumplida. (El imputado ya había cumplido casi 5 meses en esta causa). La Defensa se manifestó de conformidad con el proceso Abreviado y la pena propuesta por la Fiscalía, todo lo que surge de la grabación, de dicha audiencia. El Juez pregunta por la causa en que se revocó la libertad a prueba. La Fiscalía explica que actualmente está cumpliendo la pena en causa IUE 2-101703/2023. En esa causa fue condenado a veinte meses de prisión, tres en preventiva y el resto en libertad a prueba, con obligaciones entre otras la de portar el dispositivo electrónico por el lapso de la condena. El 6/2/2024 dañó la tobillera que quedó inutilizada y se despojó del dispositivo. Se formalizó en esta causa por el delito de Destrucción de dispositivo y ahora se llegó a acuerdo para abreviado. En la causa anterior se le revocó la libertad a prueba porque incumplió las obligaciones de la libertad a prueba, rompió el dispositivo y hubo que librar orden de detención para ubicarlo. El Juez expresa que “se le revocaron la libertad a prueba por dañar el dispositivo y sacárselo, en esta causa estaríamos castigándolo por el mismo hecho”. La Defensora: “teóricamente está de acuerdo con el juez, dice que acaba de apelar una formalización por el mismo motivo, pero como no hay jurisprudencia de los TAP sobre el tema, es una posibilidad remota y su defendido prefirió aceptar el acuerdo para proceso abreviado, dado que en esta causa cumplió la mitad de la pena acordada en preventiva”. La Fiscal: “la revocación fue no cumplir las obligaciones de la libertad a prueba, el delito de retiro y daño al dispositivo es un delito autónomo y acá él realizó la conducta típica”. El Juez manifiesta lo siguiente, “entiendo que es una conducta independiente, lo que plantea es graduar el impacto punitivo, si lo estamos mandando a cumplir el resto de la libertad a prueba en prisión, y además se le imputa un delito por diez meses más, se puede plantear que lo razonable es o revocar la libertad a prueba o no revocar la libertad a prueba y se imputa el delito. Una nueva causa formalizada también implica la revocación de la libertad a prueba anterior. No hay una solución legal sobre qué pasa si se imputa este delito y tenía la causa anterior, habría que ver si la respuesta más punitiva realmente es la que se deriva del sistema o no, o tener una política criminal más racional en el sentido de ajustar estas incongruencias que generan la aplicación de tres institutos: la libertad a prueba, la revocación por causa posterior, la revocación por incumplimiento y a su vez que la conducta que generó la revocación es a su vez un delito independiente”. La Fiscalia: “ entiende que es un delito completamente autónomo, se le revocó la libertad a prueba porque incumplió las obligaciones de la sentencia, pero en su accionar existió un plus que fue quitarse la tobillera y dañarla, si no, no tendría sentido este delito, porque si no tendría que estar expresamente establecido qué instituto aplicar, si revocar o imputar un nuevo delito, también qué sentido tendría este delito si cuando se incumple con la libertad a prueba y se saca la tobillera no se va a aplicar”. La Defensa: “el TAP 4 dice que esos delitos están previstos para el incumplimiento de las medidas de protección en el fuero de familia especializada, lo habla en relación al desacato que dice está previsto para las cuestiones de procesos de protección y no para las medidas cautelares que está expresamente regulado por el art. 234 del CPP. Lo entiendo aplicable en este caso”. El Juez: “es cierto que la ley no hace esa distinción, pero es un esfuerzo por sistematizar un poco y bajar el exceso punitivo, más que nada lo que llama a pensar que por una misma conducta se están aplicando dos consecuencias a la vez, que son privación de libertad. Si romper la tobillera significa revocar la libertad a prueba y que pase a cumplir prisión, manteniéndose en la causa original, o si además es un delito y si es un delito si implica revocar necesariamente la libertad a prueba anterior y además ponerle más pena en la segunda causa”. La Defensa: “yo le planteé esta posibilidad al imputado pero entiendo que como no hay ninguna certeza que sea una postura que pueda prosperar, lo conversamos y él decidió aceptar el abreviado”. El Juez él está cumpliendo la pena en causa anterior hasta diciembre, o sea que no hay apuro en que decida. La Fiscal en este caso no sería apurado, él ya estuvo en varias audiencias, hablaron varios defensores con él, no es que exista un apuro. El Juez lo digo porque todavía no hay antecedentes, una línea jurisprudencial que a uno le permita decir cuál es la posición definida de los tribunales, que la defensa pueda poder aconsejarle sobre cuál es la estrategia. ¿y el plazo de investigación está vigente? La Fiscal: “el plazo de investigación venció, la Fiscalía solicitó que se concediera un plazo y hubo un decreto que no le correspondía a la sede, se hizo a los efectos de acotar la investigación y dar un plazo para acusar. La Fiscalía y la Defensa se comunicaron, la defensora habló con el imputado y es por eso que se solicitó audiencia para abreviado”. El Juez: “teniendo en cuenta que el plazo de la investigación ya venció, lo dispuesto por el art. 265 CPP y el intercambio que tuvimos en esta audiencia, personalmente me inclino a disponer el sobreseimiento del imputado. El plazo del 265 es perentorio e implica la caducidad de la pretensión punitiva del Estado y teniendo en cuenta una hipótesis de eventual doble incriminación, en el sentido de imputarle dos veces consecuencias a la misma conducta, que es revocar la libertad a prueba como consecuencia del retiro de la tobillera y a su vez imputarle el delito autónomo por la misma conducta, creo que con esos dos argumentos (vencimiento del plazo del 265 y doble penalización de la misma conducta) es fundamento más que suficiente para disponer el sobreseimiento y tener por satisfecha la pretensión punitiva de la Fiscalía en esta causa con las medidas cautelares que ya cumplió en esta causa”. 11) Por Resolución N° 1158/2025 de fecha 11 de junio de 2025, el Juez de primera instancia dispuso: “Atento a lo solicitado por la Fiscalía y a los dispuesto en los arts. 129 y 130 del CPP, se dispone el sobreseimiento de AA respecto de la causa que se le iniciara ante este Tribunal por auto Nro. 509/2024 por la presunta comisión de un delito de Retiro o destrucción de un dispositivo de monitoreo electrónico, disponiéndose la clausura de dicho procedimiento y la libertad inmediata del imputado. Se comunique. 12) La Fiscalía anuncia que interpondrá recurso de apelación contra la resolución N° 1158/2025. 13)La Fiscalía en tiempo y forma interpone por escrito recurso de reposición y apelación en subsidio contra la sentencia interlocutoria N° 1158/2025, dictada en audiencia del día 11 de junio de 2025 y centra sus agravios en tres cuestiones fundamentales que pasa a exponer: 1- Actuación extra petita/de oficio del Juez de primera instancia. 2- Desconocimiento de las normas específicas del instituto del sobreseimiento 3. No aplicación de la norma en función de razones de política criminal, por entender el señor juez a quo de que se daría una hipótesis de eventual doble incriminación, esto es, revocar la libertad a prueba e imputar un delito autónomo. “Respecto del primer punto, entiende esta Fiscalía que el Juez es el sujeto procesal más importante en el proceso, por cuanto es quien resuelve el conflicto que se le plantea. Ahora bien, del mismo modo que es el más relevante, es asimismo el más acotado en su actuación por cuanto tiene el límite de las partes, principio básico de un proceso acusatorio adversarial (artículo 9 del CP) Aquí no se puede soslayar de ningún modo, que las partes habían arribado a un acuerdo de Juicio Abreviado con el imputado, debidamente asistido por la Señora Defensora Dra. Long, acuerdo absolutamente legal, autorizado por la ley y a través de un consentimiento válido. Pues, está fuera de discusión que AA cometió un delito ya que con su accionar destruyó un dispositivo electrónico, conducta que se adecua sin lugar a dudas a lo previsto en el artículo 359 bis del CPP en la redacción dada por el artículo 15 de la ley N.º 19.889). Dable es resaltar que dicho dispositivo se le colocó a efectos de controlar las medidas impuestas en una sentencia de condena por la que fue penado como autor de varios delitos, entre ellos de dos roturas de un dispositivo electrónico que previamente le había sido colocado. En el transcurso de la audiencia en todo momento, la Defensa informó a la sede que su defendido había dado su consentimiento así como que había sido debidamente informado de los alcances del acuerdo, quien expresó a su vez que esta solución era la más favorable a sus intereses. Respecto del segundo punto, en concordancia con lo que señaláramos antes, el Juez, no sólo pasó por encima de las partes sino que soslayó las normas atinentes al instituto del Sobreseimiento previsto en los artículos 129 a 132 del CPP. Dable es resaltar que el sobreseimiento en tanto modo extraordinario de conclusión de un proceso, es de los actos procesales más relevantes por cuanto con el mismo, se veda la posibilidad de su continuación. En razón de ello, la norma es sumamente exigente y restrictiva, ya respecto de que quienes son los habilitados para solicitarlo, como de las razones en que se debe motivar. En primer lugar, conforme al artículo 129 y 131 son únicamente las partes las habilitadas para requerirlo, esto es la Fiscalía o la Defensa. En ningún momento se destaca que éste pueda ser resuelto por el Juez de oficio. Por otro lado, la única posibilidad de actuación ex oficcio del magistrado se encuentra prevista en el artículo 133 bajo el nombre jurídico de clausura definitiva. No obstante ello, de la lectura de la norma no se infiere que nos encontremos frente a las hipótesis allí previstas por cuanto, el imputado se encuentra vivo, no existe amnistía, gracia, indulto ni prescripción y menos aún violación al non bis in idem. A poco que se analicen los audios de la audiencia se advertirá que el sobreseimiento no fue solicitado ni por la Defensa y menos aún por la Fiscalía que en esa misma audiencia anunció la apelación a la Sentencia dictada. Conforme al artículo 130 únicamente procede "a) cuando agotadas todas las posibilidades probatorias no exista plena prueba de que el imputado haya participado en su comisión, b)cuando no exista delito, c)cuando resulte de modo indudable que medió una causa de justificación, de inculpabilidad de impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal.." Ninguna de ésta hipótesis se ha configurada en autos ya que existe plena prueba de la participación del imputado en el delito, véase que esta circunstancia nunca fue controvertida ya que la formalización no fue cuestionada y como se dijo, el motivo de la audiencia en que se dictó la recurrida fue el de tramitar el proceso por la vía de Juicio Abreviado ya que se había arribado a un acuerdo entre Fiscalia, imputado y su Defensa. Ello surge con claridad de las manifestaciones de la Defensa en dicha audiencia. También está fuera de discusión que la conducta atribuida a AA no sea un delito ni obre ninguna causa de justificación, imputabilidad ni impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal. Por último, y además de que el pedido no fue solicitado por ninguna de las partes también se soslayó la comunicación a la víctima, articulo 129.2 máxime en un caso como el presente cuyo origen se remonta a una denuncia de Violencia Domestica En lo que hace a las razones sustanciales el magistrado fundamentó el sobreseimiento en dos hipótesis”. a-vencimiento del plazo del artículo 265 del CPP. b- y que podría incurrirse en una eventual doble incriminación, ya que al imputado se le revocó una Libertad a prueba y actualmente está cumpliendo condena en esa causa por la que se le había colocado el dispositivo electrónico que destruyó y luego originó la formalización en estas actuaciones y que además resultaría condenado por la rotura del dispositivo. c-En lo que refiere al primer punto, esto es, al vencimiento del plazo del año, es importante dejar en claro, en primer lugar, que esta Representación, al advertir que se había agotado el año de la investigación con fecha 5 de mayo se solicitó a la sede que se le concediera un plazo para acusar que le fue negado por la sede por decreto 995/2025 por entender que "...no tiene facultades legales para habilitar un plazo una vez vencido el plazo de la investigación, no hay fundamento para ello” Respecto de este fundamento en el que se basa el decisor es dable resaltar que, muchas sentencias ya han laudado el punto, en el entendido de que el plazo de investigación de ningún modo coincide con el plazo para acusar. En sentencia 350/2024 del Tribunal de Apelaciones de ler turno, se establece "...la sala unánimemente tiene dicho, y no parecía motivo para apartarse de ello que "..el plazo de investigación no coincide con el de acusación y ello porque más allá de que la Fiscalía tiene la facultad de deducir acusación mientras le está corriendo el plazo para investigar, se considera que ambos plazos son diferentes y no se superponen ya que si la ley le otorga al fiscal un año para investigar (o dos si pidió prorrogar conforme al artículo 265 del CPP) no parece lógico exigirle que tenga que acusar cuando aún no ha vencido el plazo legal que tiene para investigar correspondiendo ambas actividades a diferentes etapas procesales.." Igual posición fue sustentada por todos los integrantes de la SCJ en sentencia 606/2021 cuando dispone "..El vencimiento del plazo máximo de la investigación y la imposibilidad de su re apertura, no significa que haya vencido el plazo para deducir acusación y que, en definitiva deba disponerse el sobreseimiento de la imputada..." “Este evidentemente no puede ser un argumento para disponer el sobreseimiento porque como ya se dijo, no se encuentra dentro de las causales legalmente establecidas. Además de ello tampoco existió ninguna ilegalidad por parte de la fiscalía al pretender deducir demanda acusatoria luego del año y tal es así, que la Sra. Defensora no tuvo ningún cuestionamiento en ese sentido. (según surge del audio de la audiencia)”. b-El otro argumento de índole material en que la sede se basó para disponer el sobreseimiento refiere a que habría una hipótesis de eventual doble incriminación, la de revocar la libertad a prueba y la de imputar un delito autónomo. “La fiscalía evidentemente, no tiene el honor de compartir la posición del Sr Juez entendiendo que resulta a todas luces equivocada”. “El imputado AA, como se dijo fue condenado por Sentencia 287/2023 del 24 de octubre del mismo año en la IUE 2-101703/2023 "...como autor responsable de cuatro delitos de Desacato en modalidad de incumplimiento de una medida cautelar impuesta judicialmente en procesos de protección ante la Violencia Domestica en régimen de reiteración real entre sí, dos de ellos en concurso formal con dos delitos de retiro o destrucción de dispositivos electrónicos, en reiteración real con un delito de Violación de domicilio especialmente agravado, un delito de daño y dos delitos de Violencia Domestica especialmente agravados, uno de ellos en concurso formal con un delito de Lesiones Personales agravado a la pena de 20 meses de prisión con descuento de la detención sufrida, y pago de los gastos del proceso, pena que se cumplirá de la siguiente forma: tres (3) meses de prisión y el saldo, esto es diecisiete (17) meses sustituyéndose por libertad a prueba durante el plazo señalado..." Se le impusieron diversas obligaciones, entre ellas ".. la de portar un dispositivo de monitoreo electrónico por un plazo igual al de la duración del lapso de cumplimiento de la pena en régimen de Libertad a prueba, fijándose a tal efecto un radio de exclusión de 1000 metros…habiendo la victima prestado su consentimiento...." Cumplido el término de la prisión efectiva, y de acuerdo a lo que surge del Informe de DIMOE agregado a la investigación, el día 21 de enero del año 2023 se le colocó el dispositivo en cumplimiento de una de las obligaciones que se le impusieron, como se dijo, en la Sentencia de condena. El 6 de febrero del año 2024 el penado en dicha causa dañó intencionalmente la tobillera a efectos de descartarse del dispositivo electrónico quedando su malla inutilizada así como del dispositivo rastreador que tenía en su poder, por lo que fue formalizado en estas actuaciones y cumplió medida cautelar de prisión efectiva hasta que se le revocó la libertad a prueba encontrándose actualmente cumpliendo la condena que se le impuso en prisión efectiva. (Información detallada en el capítulo de Antecedentes- Trato procesal) Luego de esta breve introducción a efectos de clarificar las circunstancias en que AA se retiró y daño el dispositivo electrónico y se descartó del dispositivo rastreador, la Fiscalía evidentemente disiente con el fundamento esgrimido por la Sede en cuanto a que se estaría castigando dos veces al imputado por la misma conducta. En un primer orden de ideas es necesario resaltar, que la obligación de portar el dispositivo no fue la única que se le impuso en la Sentencia de condena. Por su parte, evidentemente y como está plenamente probado el accionar de AA se adecua a las previsiones del artículo 359 bis del CP Esta figura penal autónoma fue incorporada en el título XIII capítulo VI del libro II del CP, delitos contra la propiedad, y conforme al costo significativo para el Estado es que se creó este nuevo tipo penal. Es evidente que con esa destrucción violó a su vez una de las obligaciones que se le impusieron, pero de igual modo representó un plus que el legislador entendió pertinente castigar con una pena. A su vez, el artículo 295 bis enumera como una de las causas de la revocación del Régimen de Libertad a Prueba el haber cometido un nuevo delito, delito que el imputado cometió y fue formalizado cuando destruyó la tobillera que portaba. En tal sentido, la Dra. Mercedes Reyes de Salterain y Darwin Rampoldi Robaina en su trabajo "Ejecución penal acusatorio- Aspectos controvertidos y Ley 19.889- Estudios sobre el nuevo proceso penal (tomo II- pág. 335 y ss) señalan "...si adoptada como forma de cumplir la pena este sistema del artículo 295 bis del CPP el sujeto es sometido a portar y usar un dispositivo de monitoreo electrónico y procede dentro del plazo de condena a retirarlo y destruirlo parcialmente. En ese supuesto es claro que ha cometido un delito, nos parece y que configura el tipo del artículo 359 bis del CP. El asunto de mayores dudas es si ese mismo hecho que da mérito a una nueva formalización se transforma o mejor dicho si también es la configuración del supuesto de hecho del párrafo 14 del 295 bis y por tanto debería revocarse la Libertad a Prueba.... Entendemos que ambas normas se aplican en forma concurrente y fundamentamos nuestra posición del siguiente modo. “En este caso no se trata de medidas cautelares incumplidas sino de una forma concreta y específica de estar sometido a vigilancia, a prueba, en libertad pero controlada por el uso de dispositivo electrónico. No son cautelas...sino la propia pena, incumpliéndola del modo en que estaba dispuesta. Asimismo la rotura, destrucción parcial o total o retiro no autorizado actualmente son una figura específica de comisión del delito claramente delimitada por la ley, esto es, que tiene un supuesto de hecho claro y concreto en el que de actuarse dolosamente se incurre en el mismo y se está sujeto a las penas alli previstas..." “En el caso en estudio en el plazo del cumplimiento de la Sentencia de Condena en Régimen de Libertad a prueba el imputado cometió un nuevo delito, el retiro o destrucción del dispositivo, circunstancia que está expresamente establecida como violación grave al régimen de libertad a prueba y que da lugar a su revocación. (artículo 295 bis del CPP) por lo que no se comprende la duda en cuanto a si se castiga, como lo plantea el Sr Juez dos veces una misma conducta”. “En concordancia con lo antes referido, en el trabajo supra referido, (pág. 354) sus autores señalan "...si el sujeto concreto portara el dispositivo y con el mismo cometiera cualquier otro delito diferente al del artículo 359 bis, ¿no sería acaso formalizado y sometido a nuevo proceso? La respuesta aparece como afirmativa, y por esa misma causa incluso activaría la consecuencia del artículo 295 bis del CPP que no es otra que la revocación de la Libertad a Prueba y el cumplimiento del saldo de pena en régimen de privación de libertad...¿ cuál sería la razón del privilegio del artículo 359 bis, que en caso de ser formalizado por él, no correspondería hacer efectiva la consecuencia del artículo 295 bis? Realmente no encontramos un fundamento sólido que nos permita adoptar esta posición?" Y concordante con ello, esta Fiscalía se pregunta ¿Cuál sería la razón por la que no correspondería aplicar la norma del artículo 359bis, argumentando que ya se le revocó el Régimen de Libertad a prueba en la causa por la que lo debía portar? Solicita: Se tenga por presentado en tiempo y forma los recursos de Reposición y Apelación interpuestos contra la Sentencia de interlocutoria N. 1158/2025 de fecha 11 de junio del corriente, revocándose la misma. Para el caso que la sede mantenga la recurrida se franquee ante el Tribunal de Apelaciones que por turno corresponda el recurso de apelación interpuesto previo traslado a la defensa En definitiva se revoque la sentencia interlocutoria impugnada a efectos de poder continuar con la tramitación de los presentes por la vía del proceso abreviado, tal cual lo acordaron Fiscalía, imputado y la defensora pública del mismo. 14) La Defensa Pública del imputado, evacuó el traslado de la apelación interpuesto por la Fiscalía contra la interlocutoria N° 1158/2025, solicitando al Tribunal de Apelaciones que por turno corresponda que mantenga la recurrida en todos sus términos. Aclaraciones previas. “En forma previa a ingresar al fondo del asunto, es necesario realizar aclaraciones sobre la actitud adoptada por esta defensa en audiencia y la que adoptará ahora. Oportunamente me entrevisté con el Sr. AA a efectos de darle a conocer las opciones para resolver la investigación que había formalizado la Fiscalía al amparo del art. 359 del CP, considerando especialmente que como defensa no había sido quien había actuado en audiencia de formalización, por lo que no se había podido formular oposición en dicha oportunidad procesal”. “Se le explicó entonces la posibilidad que el hecho imputado no fuera considerado un delito (de hecho, ya recurrí una resolución en este sentido -aunque en Sede de medida cautelar-que se encuentra a estudio del Tribunal correspondiente) y que, en este caso concreto, la Fiscalía ofrecía un acuerdo correspondiente al mínimo previsto legalmente, habiendo el imputado cumplido casi la mitad de dicha pena a través de medidas cautelares. Frente a esta situación y considerando que la decisión siempre es del imputado, éste decide aceptar el acuerdo, continuar cumpliendo ambas penas y de esa forma obtener su libertad ambulatoria definitiva”. “Por lo tanto, es correcto lo que señala la Fiscalía en su recurso, en cuanto a que las partes habían arribado a un acuerdo en el marco de un proceso abreviado y que había sido debidamente asesorado y asistido por esta defensa, en función de lo señalado. Corno quedó además claro en audiencia, como defensa antepuse la voluntad de mi defendido y las circunstancias particulares del caso sobre mi opinión personal en relación con la configuración del delito, entendiendo que no era posible garantizar un resultado en juicio (y habiendo transcurrido ya la etapa de formalización)”. “Esta postura se mantuvo durante la audiencia, habiendo la Fiscalia anunciado el acuerdo en los términos señalados, que fue respetado por esta defensa de conformidad a la decisión del Sr. AA, como bien explica la Fiscalía en su escrito. Luego de la resolución recurrida, volvía entrevistarme con él, quien me manifestó que ahora quiere "pelearla" teniendo claro que no se puede asegurar el resultado, así como las consecuencias. Incluso, que en caso de prosperar el recurso interpuesto por la Fiscalía, debería tramitarse un juicio oral y eventualmente cumplir una pena, aún luego de haber recuperado ya su libertad ambulatoria”. “Con la voluntad del imputado y en la representación conferida, comparezco entonces a oponerme al recurso interpuesto por la Fiscalía, solicitando al Tribunal de Apelaciones que por tumo corresponda que mantenga la recurrida, en mérito a lo que se señalará”. b Del recurso interpuesto “La Fiscalía se agravia en definitiva por la resolución de sobreseimiento entendiendo que el juez actuó extra petita/de oficio, desconociendo las normas específicas del instituto del sobreseimiento y desaplicando normas por cuestiones de política criminal. Más allá de las consideraciones que se realizarán en los próximos capítulos, se deja desde ya constancia que no se comparten las conclusiones manifestadas por la Fiscalia. Se podrá o no coincidir con la postura de la Sede de primera instancia, pero lo que no puede argumentarse es que la cuestión se reduce a una desaplicación de normas por temas de política criminal. La resolución recurrida se da luego de diversas preguntas realizadas a la Fiscalía y de interpretar las normas a favor del imputado, con la debida fundamentación en cuestiones muy distintas a una mera percepción personal sobre la situación”. b.a En relación con la no configuración del tipo penal “El cuestionamiento realizado por la Sede de primera instancia no hace más que reconocer las incongruencias del sistema penal e interpretar la normativa, como corresponde, en forma restrictiva y a favor del imputado. En efecto, señala que "teniendo en cuenta también que no hay como una solución legal en el sentido que diga si se le imputa este delito qué pasa con si tenía una causa anterior (...) habría que ver si la respuesta punitiva realmente es la que se deriva del sistema o no y ordenar de alguna manera una política criminal un poco más racional en el sentido de ajustar estas incongruencias que genera la aplicación de estos institutos". “Entonces, lo señalado por la Fiscalía en su recurso resulta inadecuado en relación con la resolución judicial. Lo que señala la Sentencia recurrida es que no existe una norma que específicamente pene la rotura o el retiro del dispositivo electrónico cuando se encuentra la persona cumpliendo una pena en régimen de libertad a prueba. Esto resulta coherente y cuestionable, porque no surge claramente que la norma haya querido castigar específicamente esta situación, cuando el propio art. 295 del CPP regula la consecuencia legal. El juez señala expresamente que " la ley no hace esas distinciones" y que se trata de "un esfuerzo por sistematizar y bajar el exceso punitivo" porque "por una misma conducta se están aplicando dos consecuencias a la vez y las dos consecuencias en el caso son más tiempo de privación de libertad" “Es decir, la recurrida señala que la regulación procesal prevé una consecuencia determinada para cualquier incumplimiento de las condiciones previstas en el régimen de libertad a prueba: su revocación. La existencia de un tipo penal específico no implica por sí misma la imputación de un delito, sino que como en cualquier aplicación de una norma, debe realizarse en un determinado contexto”. “En efecto, la tarea de interpretación realizada por la Sede no es nueva, sino que se vincula con el renombrado "garantismo penal" de Ferrajoli: "Garantismo y derecho penal mínimo son, en efecto, términos sinónimos que designan un modelo teórico y normativo de derecho penal capaz de minimizar la violencia de la intervención punitiva-tanto en la previsión legal de los delitos como en su comprobación judicial- sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos de la persona. Por lo que respecta al delito, estos límites son las garantías penales sustanciales: desde el Principio de estricta legalidad o taxatividad de los hechos punibles, a los de su lesividad, materialidad y culpabilidad (...) Así pues, mientras las garantías penales se orientan a minimizar los delitos, es decir a reducir al máximo lo que el poder legislativo puede castigar, las garantías procesales se orientan a minimizar el poder judicial, es decir a reducir al máximo sus márgenes de arbitrio.. En efecto, el art. 14 del CPP dispone expresamente que, frente a la duda, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta que la finalidad es el juzgamiento del caso concreto, con todas las garantías del debido proceso. Como señala Prato, la normativa no prevé un método específico, pudiendo el intérprete recurrir a la interpretación gramatical, al espíritu de la norma o a la historia fidedigna de su sanción, sin seguir un orden determinado, pudiendo apelar a las normas generales emanadas de la Constitución, a los principios generales del derecho y a los principios específicos del derecha penal. Concluye la autora que "cualquier duda que pueda plantearse por posibles versiones contradictorias de una misma disposición, solo puede resolverse a la luz del respecto del debido proceso". En este sentido, cuando siguiendo las reglas semánticas (porque ir más allá sería innovar el Derecho, no interpretarlo), igualmente se pueden avalar varias posibilidades interpretativas, señala Lifante que debe optarse por aquella que presente la versión más justa, que será la que respete los principios sobre los que se sustenta nuestra Constitución”. “Este es el proceso lógico que desarrolló la Sede al momento de fallar, como venimos de decir. Realizó un prolijo trabajo de interpretación, en función de los principios generales y específicos del proceso penal que nos rige, frente a la ausencia de una norma específica que sancione con dos consecuencias a una misma conducta. En tal sentido, a través de su resolución judicial pretende ajustar las incongruencias que generan la aplicación de dos supuestos no regulados, interpretando la norma. Entonces, no cabe duda que el uso de dispositivo electrónico de monitoreo, en las cuestiones que hacen a esta etapa del fuero penal, tienen como finalidad cautelar las posibles frustraciones del proceso en función de los riesgos que se aleguen concretamente en cada caso (cuando cumple la finalidad de medida cautelar) o como parte de las condiciones que deben cumplirse como pena (cuando se impone en el marco de una condena en régimen de libertad a prueba, como en el caso que nos ocupa)”. “En este punto es importante distinguir el uso de este tipo de dispositivos en situaciones previstas por las leyes de protección frente a la violencia basada en género o doméstica, en las que efectivamente está prevista como un mecanismo de contralor del cumplimiento de las órdenes judiciales, de aquellos casos en donde se implementa como forma de cumplimiento de la pena. La naturaleza es sustancialmente distinta, lo que no resulta un hecho menor, sino que, por el contrario, determina la consecuencia que eventualmente puede tener su retiro o destrucción: en este caso su incumplimiento no puede aparejar la imputación de un nuevo delito, como tampoco el incumplimiento del arresto domiciliario o la presentación semanal ante la comisaria correspondiente implica la imputación de un delito de desacato”. “Entonces, al Sr. AA se lo puede cuestionar, como ya se hizo, por incumplir la condición de cumplimiento de una pena, punto que a esta altura del proceso no ha sido controvertido. En tal hipótesis, es la propia legislación la que prevé la consecuencia que debe sufrir el penado que no cumple con las condiciones: el cumplimiento del saldo en prisión. En efecto, señala el art. 295bis del CPP que "en caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena" y que si el Incumplimiento es grave "deberá dar lugar a su revocación inmediata, sin necesidad de contar con la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía (artículo 287 de este Código)". “Como bien sabe el Tribunal, luego la norma señala que se considera violación grave la existencia de una formalización posterior, lo que lógicamente debe ir de la mano con la existencia misma de un delito. Se comparte con la Sede de primera instancia, entonces, cuando refiere que "lo razonable es o le revocamos la libertad a prueba... o no le revocamos la libertad y optamos por aplicarle este delito", considerando que se realiza una imputación doble por un único hecho, sin fundamento legal que expresamente así lo señale”. “En efecto, si el imputado hubiera cometido, por ejemplo, un delito de hurto, la causal de revocación de su libertad a prueba hubiera sido ésta, prevista expresamente en la norma. Sin embargo, al incumplir las condiciones de la libertad a prueba (concretamente: portar el dispositivo electrónico de monitoreo), la consecuencia natural es la revocación del beneficio, lo que en definitiva se hizo. Lo mismo que ocurriría si se acerca a la víctima, incumple un arresto domiciliario o no se somete a la vigilancia de la DINAMA: todos son incumplimientos al régimen al cual se obliga y no implican un designio criminal específico mediante el que pueda Imputársele un delito autónomo, alejándose de la regulación expresamente prevista en el art. 295bis del CPP, como vimos Si bien no se accedió a sentencias que refirieran a este tema concreto (lo que fue tomado en cuenta para asesorar al imputado, según se explicó en el primer capítulo de este escrito), sí existe un análisis similar realizado por el Tribunal de Apelaciones de 4to Turno, que se entiende extensible al caso, no porque la jurisprudencia sea fuente de derecho, sino porque el análisis realizado es interesante y garantista, pudiendo servir de guía para otras situaciones que pueden darse en estos contextos. En dicho caso, se planteó por parte de la Fiscalía actuante la formalización de una investigación por la presunta comisión de un delito de desacato frente al incumplimiento de una medida cautelar dispuesta en la sede penal. Es decir, existiendo medidas de no acercamiento a la víctima, éstas se incumplen y la Fiscalía pretende realizar una nueva imputación por un delito de desacato. El mencionado Tribunal, señaló: de lo que se trató en el caso es de la ineficiencia e ineficacia de la cautela fijada en la audiencia celebrada el 10 de abril de 2025, por Sentencia Interlocutoria N° 765/2025 para asegurar el desarrollo del proceso y la vinculación del imputado al mismo, teniendo en cuenta la prohibición constitucional y legal del juicio en rebeldía. En ese marco, la solución al tema no es atribuir un delito de desacato, pues como se expresó la conducta desplegada por el imputado no tiene adecuación típica al mismo. Lo que corresponde, bajo el paraguas del art. 234 del CPP es evaluar la eventualidad de sustituir las medidas limitativas vulneradas por la prisión preventiva". “Luego el Tribunal realiza una explicación en relación con el delito de desacato que, estimamos, es aplicable al caso que nos ocupa: la rotura del dispositivo electrónico puede constituir delito en caso que se haga en el marco de los procesos previstos en la ley 19580 o 17514, cuando es fijada como medida de protección en los procesos de violencia basada en género o doméstica. Concluyendo que "un incumplimiento de la cautela en ese proceso [de protección) derrama consecuencias en materia penal, como lo es la posible atribución del delito de desacato. Sin embargo, distinta es la situación con el incumplimiento de una cautela fijada en Sede penal como forma de conculcar riesgos procesales pues la solución estatuida expresamente por el ordenamiento vigente es la posibilidad 'podrá de fijarse la de mayor intensidad como lo es la prisión preventiva (art. 234 del CPP)". Y es que, en esencia, el delito previsto en el art. 359 del CP es la de un delito de desacato. Tan es esta asimilación que en los escasos antecedentes parlamentarios se hace referencia expresamente al fundamentar la necesidad de la norma, señalando que " lo que se concreta en este artículo -que nos parece muy importante- es una idea de la anterior Administración en cuanto sus autoridades señalaban que la figura del desacato no alcanzaba o no se aplicaba por parte de la Justicia". Es decir, ya desde la sanción de la norma se asimila la imputación por un delito de desacato al analizado en este caso lo que nos da una pauta de la ontología de la norma y la necesidad de realizar su interpretación. Y así también se ha sostenido a nivel doctrinario: " este delito es básicamente un desacato", “No se está discutiendo, a esta altura del proceso, la revocación de la libertad a prueba prevista originalmente, que ya se encuentra ejecutando y respecto a lo que existe cosa juzgada”. “Lo que se discute es que pueda implicar la imputación de un nuevo delito y su eventual sanción punitiva, cuando la consecuencia legal está expresamente establecida en la norma, como ya vimos. Con un mismo acto se le está duplicando la sanción penal, sin texto expreso que lo habilite. Y es sobre ello que la Sede refiere al uso de la política criminal como forma de resolver la cuestión planteada, que tiene que ver con la interpretación de la norma y la necesidad de aplicarlo en forma restrictiva”. b.b En relación con el vencimiento del plazo legal para investigar “El segundo elemento que utiliza el a quo para rechazar el acuerdo y disponer en definitiva el sobreseimiento es el vencimiento del plazo para investigar. Debe señalarse desde ya que la discusión no estuvo centrada en este punto, que surgió de hecho hacia el final de la audiencia. En efecto, el juez pregunta si el plazo de investigación está vigente, a lo que se le responde que no. Luego de las explicaciones brindadas, reconoce el trabajo prolijo de la Fiscalía y que la defensa actuó de buena fe y comprometida, aunque concluye que, vencido el plazo, no puede continuarse el proceso, entendiendo que el plazo previsto en el art. 265 del CPP es un plazo perentorio e implica la caducidad de la pretensión punitiva del estado”. “Nuevamente, lo que hace la Sede es interpretar la norma, que no queda duda, no es clara. Tal es el desconcierto respecto a su alcance, que se han presentado un sin fin de posturas al respecto, tamo a nivel jurisprudencial como doctrinario (archivo de las actuaciones, fijación de plazo para acusar, nacimiento de un plazo automático de 30 días, remisión al fiscal subrogante, inexistencia de consecuencias). Y todas ellas han sido fruto de la interpretación libre de los operadores. Como ya fuera mencionado, las posturas jurisprudenciales no son fuente de derecho (ni siquiera las de la Suprema Corte de Justicia), por lo que hizo el juez fue interpretar a su mejor saber y entender la ontología de la norma, que no quiere Investigaciones eternas con resultados inciertos”. “La postura de la Sede refleja la aplicación de los diferentes principios que deben regir el proceso penal. Como señalan Eustaquio y Asteggiante", estos son: a) la duración razonable del proceso (art. 10 CPP); b) la dirección técnica por parte del Juez (art. 10 CPP); c) la igualdad de las partes en el proceso (art. 12 CPP). Y refleja incluso lo sostenido por la mejor doctrina procesalista, por lo que no es una conclusión antojadiza o sin sustento, como parece señalar la Fiscalia”. “Y en este caso, además, debemos tener presente un elemento importante: no solo había transcurrido el año desde la formalización de la investigación, sino que la acción de la Fiscalía en cuanto a solicitar un plazo para acusar se realizó una vez vencido aquel plazo (como bien señala la representación fiscal en su recurso, la solicitud la realizó recién el 5 de mayo)”. Conclusiones Lo que hizo la Sede, entonces, se encuentra lejos de una actuación fuera de la normativa legal, sino por el contrario, refleja el cumplimiento de su rol: la interpretación y aplicación del derecho procesal vigente, encausando el proceso en función de su mejor saber y entender. Aplicó expresamente las competencias que refieren a su estatuto ya que, como ha dicho Larrieu, "la función del juez de garantías consiste en equilibrar el necesario ejercicio de la acción estatal de persecución de las conductas criminales, con la preservación de los derechos y garantías fundamentales del investigado y/o imputado". El juez sopesó los argumentos utilizados por las partes en audiencia y las explicaciones brindadas por la Fiscalía en dicha oportunidad (que no pueden subsanarse por vía recursiva) y entendió que la doble imputación no era ajustada a derecho, por lo que la consecuencia legal debía ser el sobreseimiento del imputado. Lo hizo, en definitiva y como fuera largamente explicado, considerando la existencia de una norma que sanciona la conducta de otra forma (la revocación de la libertad a prueba) y los principios que rigen el proceso penal y las garantías del imputado. Por estos motivos, se entiende ajustada a derecho, debiendo ser mantenida por el Tribunal que por turno corresponda. SOLICITA: se la tenga por presentada y por evacuado el traslado conferido; y en función de los argumentos señalados, se mantenga la recurrida en todos sus términos. 15) Por Decreto N° 1360/2025 , de fecha 17 de julio de 2025, la Sede “ a quo”, dispuso: “Por presentada en la representación invocada. Por evacuado en tiempo y forma el traslado conferido. Al haberse interpuesto recurso de apelación por la Fiscalía contra la resolución judicial que dispuso el sobreseimiento de AA, se franquea la alzada con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda, al que se remitirán las actuaciones con las formalidades de estilo. Asígnese Tribunal de segunda instancia. Notifíquese personalmente. 16) Se recibieron los autos por la Sala, con fecha 22 de julio de 2025, pasando a estudio por su orden para resolución, y se acordó su dictado en legal forma. CONSIDERANDO: I) El Tribunal con la mayoría legalmente requerida revocará la sentencia interlocutoria recurrida por las razones que a continuación se expondrán: II) La Fiscalía de Flagrancia de 4° Turno interpuso la presente vía recursiva contra la resolución dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia, en tiempo y forma y expresó como batería de agravios los expuestos en el resultando N°13) de la presente a la cual “brevitatis causae”, la Sala se remite. III) EL TEMA EN DEBATE: El “themma decidendum” en la presente causa consiste en determinar si corresponde confirmar la Resolución N° 1158/2025, de fecha 11 de junio de 2025, dictada por el Sr. Juez “a quo”, por la cual se dispuso el sobreseimiento de AA, y la clausura de dicho procedimiento y la libertad inmediata del imputado. O si por el contrario como lo entiende la Fiscalía, debe revocarse la recurrida, a efectos de poder continuar con la tramitación de los presentes por la vía del proceso abreviado, tal cual lo acordaron Fiscalía, imputado y la Defensa Pública del mismo. IV) La Fiscalía con fecha 5 de mayo de 2025 solicitó a la Sede Penal de 35° Turno, que por haber vencido el año de la etapa investigativa se le concediera un plazo de 90 días para formular la demanda acusación. La Defensa del imputado no formuló oposición a lo solicitado por la Fiscalía (fs. 84). Por Decreto N° 995/2025 de fecha 14 de mayo de 2025, el Juez entendió que no tiene facultades legales para habilitar un plazo para acusar un vez vencido el plazo de investigación, no hay fundamento legal para ello, y se estará al impulso procesal de las partes. V) Para la Sala la solicitud de la Fiscalía de un plazo para que la misma presente la demanda acusatoria, es viable, aun habiendo operado el vencimiento del plazo de un año previsto en el artículo 265 del CPP (la etapa investigativa), por los siguientes fundamentos: Este Tribunal con actual integración, compartió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 606/2021 de fecha 20 de julio de 2021 en autos caratulados: “Pieza mandada a formar en autos “Otte Fernández, Nathalia Madelein. Un delito continuado de atentado violento al pudor agravado en calidad de coautora en concurrencia formal con un delito de omisión a los deberes inherentes a la Patria Potestad de acuerdo a lo previsto en los arts. 47 Nral. 6, 14, 58, 60 Nral. 1, 61, 273 y art. 273 B del C.P. Formalización. IUE 575- 81/2018” (IUE 575-99/2018), en la cual arriba a una solución proclive a la continuidad del proceso concediendo a la parte actora un plazo para que deduzca acusación si así lo entendiera pertinente. Se considera trasladable a la cuestión debatida los argumentos desarrollados in extenso por la Corporación, que permite el desarrollo y la conclusión definitiva del proceso. VI) Esta Sala por unanimidad en esa decisión adoptó el criterio expresado en la sentencia Nº 606/21 de 20 de julio de 2021 de la Suprema Corte de Justicia, sosteniendo que si bien el CPP no establece un plazo expreso para acusar, tampoco puede entenderse subsumido en el plazo de la investigación que regula el artículo 265 del CPP, como lo interprete el Juez A Quo en la resolución N° 995/2025. El vencimiento del plazo de investigación no puede ser tomado como una causal de sobreseimiento. VII) Reza la multicitada sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo siguiente: “...El art. 265 del C.P.P. establece un plazo máximo de duración de la investigación. Textualmente dispone: “La investigación no podrá extenderse por un plazo mayor de un año a contar desde la formalización de la investigación. En casos excepcionales debidamente justificados, el fiscal podrá solicitar al juez la ampliación del plazo hasta por un año más”. “En la especie, resulta indudable a juicio de la Corporación que el plazo de un año para investigar, fijado en la disposición que viene de citarse, ha vencido, sin que antes se hubiera solicitado su prórroga por la Fiscalía, lo que determina que no pueda reabrirse la investigación, por tratarse de una etapa a cuyo respecto operó la preclusión. “Debe señalarse que, el vencimiento del plazo de un año para investigar debe ser regularmente controlado por el Juez de garantías. Vencido el mismo, sin que se hubiese solicitado prórroga en plazo, el Magistrado actuante debe fijar plazo para acusar, como medida necesaria para la eficiente administración de justicia con las garantías del debido proceso (arts. 3, 6, 10 y 12 del C.P.P.). El sistema adversarial en el proceso penal, no devalúa la intervención del órgano jurisdiccional que, ante el fatal cumplimiento de plazos perentorios, debe sustanciar debidamente las actuaciones, para que en un plazo razonable el Ministerio Público deduzca el acto procesal de acusación. (…) “Ahora bien, el vencimiento del plazo máximo de la investigación y la imposibilidad de su reapertura, no significa que haya vencido el plazo para deducir acusación y que, en consecuencia, deba disponerse el sobreseimiento de la imputada en función de una presunta caducidad de la pretensión fiscal. (…) “La acusación no puede ser entendida como una fase que se subsume dentro de la etapa de la investigación. Se trata de dos actividades o funciones procesales diversas, que tienen lugar en momentos procesales distintos. (…) “En suma, para la etapa de investigación, la ley fijó un plazo máximo de duración, en el art. 265 del C.P.P.: un año a contar desde la formalización, prorrogable hasta por un año más, en casos excepcionales debidamente justificados. “En cambio, respecto a la acusación, que corresponde a un momento distinto a la etapa de investigación, necesariamente posterior, la ley no fijó ningún plazo máximo para su formulación (sí lo había hecho en anteriores redacciones del C.P.P., pero la redacción vigente no lo fija en ninguna disposición).” “Pues bien, pese a que el C.P.P. no previó expresamente un plazo para acusar, ello no obsta a que, a juicio de la Corporación, si las partes lo solicitan, debe necesariamente fijarse un plazo para que el Fiscal deduzca la acusación. De lo contrario se violarían las más elementales garantías del imputado, se lo sujetaría indefinidamente al proceso (hasta la fecha en que operara la prescripción del delito por el que se lo persigue)”. “En el caso, ante la ausencia de un plazo fijado por la ley, deberá ser el Juez quien, a solicitud de las partes, fije el plazo para que la Fiscalía presente la acusación...”. VIII) El segundo argumento esgrimido por el Juez a quo para disponer el sobreseimiento es que habría una doble incriminación en la conducta del imputado, la de revocar la libertad a prueba en la causa originaria y la de imputar el delito de retiro y daño del dispositivo de monitoreo en la presente. El Colegiado en mayoría no comparte la posición del juez, el cual entiende que la conducta del imputado se sanciona dos veces, violentándose el principio básico del derecho penal que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho. El principio non bis in ídem. Como lo señalan Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aran, en su obra. Derecho Penal, Parte General pág. 117/120): “En términos generales, el principio non bis in idem consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez… “Sin embargo, con ello se apunta a uno de los mayores problemas de la decisión sobre si se infringe o no el «non bis in idem, puesto que no siempre aparece de manera clara cuándo nos encontramos realmente ante un sólo hecho que pueda considerarse definido por dos normas distintas. Esta es la problemática del denominado concurso de leyes o de normas, cuyo estudio corresponde a otras lecciones del programa, y que se resuelve decidiendo cuál de las normas aparentemente concurrentes debe prevalecer sobre la otra; ésta es la razón por la que el principio non bis in idem se contiene en el principio de legalidad: en definitiva, se trata de decidir qué norma se ajusta con mayor exactitud al su-puesto enjuiciado, lo que conduce a excluir la aplicación de otras que recogen sólo algunos aspectos del mismo (GARCIA ALBERO). “Sin olvidar esta cuestión, los casos más frecuentes y arduos de concurrencia de sanciones se plantean en la con-fluencia del Derecho penal y del Derecho administrativo constitutivas de delito y que, a la vez, pueden considerarse disciplinario. Existen situaciones que son definidas como infracciones administrativas o disciplinarias por las que puede imponerse la correspondiente sanción: “Así, por ejemplo, el art. 468 CP recoge el delito de quebrantamiento de condena que comete (en grado de tentativa) el condenado que intenta evadirse del establecimiento penitenciario. Y ese mismo intento es constitutivo de una falta muy grave con arreglo al Reglamento Penitenciario, por la que el interno puede recibir sanciones de aislamiento en celda entre otras. “El Tribunal Constitucional ha establecido una considerable jurisprudencia en la que se matiza la formulación general del principio de «non bis in idem con que hemos inicia-do este apartado y que, como se verá, conduce a admitir algunos supuestos de concurrencia entre la sanción penal y la administrativa. “Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en esta materia pueden resumirse en torno a dos principios generales (a y b) y una excepción (c): a) No cabe duplicidad de sanciones cuando se trate de un mismo sujeto, un mismo hecho y las sanciones tengan el mismo fundamento (STC 2/1981). Luego, a sensu contrario, pueden acumularse sanciones de fundamento distinto. “b) Se prohíbe que autoridades del mismo orden (sea del orden judicial o bien del orden administrativo) sancionen repetidamente el mismo hecho a través de procedimientos distintos. La STC 159/1985 denegó la acumulación de una pena y una medida de seguridad, impuestas ambas por órganos judiciales sobre unos mismos hechos. “c) En cambio, puede acumularse una pena y una sanción administrativa por un mismo hecho, si el sujeto se encuentra en relación de sujeción especial con la Administración. “De darse tal relación (funcionario, concesionario, etc.), afirma el Tribunal Constitucional que el ius puniendi ejercido con la sanción administrativa, «no es el genérico del Estado» (STC 2/1987) y dicha sanción administrativa puede aplicarse junto a la pena en virtud, precisamente, de la relación existente entre la Administración y el sancionado. Este argumento ha sido utiliza-do por el propio Tribunal Constitucional para admitir la duplicidad de sanciones (penal y disciplinaria) en el caso de los reclusos, a quienes considera afectados por una relación de sujeción especial con la Administración Penitenciaria. Las SSTC de 13 de junio de 1990 y de 10 de diciembre de 1991 han matizado esta doctrina añadiendo que no basta con la relación de sujeción especial sino que, además, las sanciones deben tener distinto fundamento. “De la jurisprudencia constitucional se desprende que no es posible la aplicación conjunta de dos sanciones penales a un mismo hecho, puesto que, si ambas son penales, normalmente tendrán el mismo fundamento y, con toda seguridad, se impondrán ambas por autoridades del orden judicial, con lo que no podrán acumularse. “En cambio, no se cierra definitivamente el paso a la acumulación de sanción penal y administrativa; es más, los principios que se acaban de resumir parecen establecidos para permitirla en muchos casos: así, cuando sobre un mismo hecho concurren una pena y una sanción administrativa, con relativa frecuencia estaremos ante una relación de sujeción especial entre el sancionado y la Administración, con lo que podrá admitirse la acumulación. Piénsese en los delitos de funcionarios en el ejercicio de sus cargos que pueden recibir la pena establecida en el Código y también la sanción disciplinaria propia de su condición de funcionarios que atiende, precisamente, a su vinculación con el Cuerpo al que pertenezcan, esto es, a la Administración. Del mismo modo, será frecuente que la sanción penal y la administrativa obedezcan a distintos fundamentos, supuesto en el que expresamente ha admitido el Tribunal Constitucional la acumulación de sanciones. “La STC 94/1986 de 8 de julio estableció que no infringe el <<<non bis in idem» la aplicación de una pena por quebrantamiento de condena y, al mismo tiempo, la privación del beneficio penitenciario de la redención de penas por el trabajo (art. 100,1 Cp anterior), puesto que este segundo supuesto no tiene su fundamento en el castigo del delito cometido sino en el incumplimiento de una «condición» a la que se encuentra sometida la redención de penas por el trabajo.” A nuestro juicio, el imputado de autos, quien fue condenado por sentencia definitiva N° 287/2023 del 24 de octubre de 2023 en la IUE 2-101703/2023 "...como autor responsable de cuatro delitos de Desacato en modalidad de incumplimiento de una medida cautelar impuesta judicialmente en procesos de protección ante la Violencia Domestica en régimen de reiteración real entre sí, dos de ellos en concurso formal con dos delitos de retiro o destrucción de dispositivos electrónicos, en reiteración real con un delito de Violación de domicilio especialmente agravado, un delito de daño y dos delitos de Violencia Domestica especialmente agravados, uno de ellos en concurso formal con un delito de Lesiones Personales agravado a la pena de 20 meses de prisión con descuento de la detención sufrida, y pago de los gastos del proceso, pena que se cumplirá de la siguiente forma: tres (3) meses de prisión y el saldo, esto es diecisiete (17) meses sustituyéndose por libertad a prueba durante el plazo señalado...", se le impusieron diversas obligaciones, entre ellas ".. la de portar un dispositivo de monitoreo electrónico por un plazo igual al de la duración del lapso de cumplimiento de la pena en régimen de Libertad a prueba, fijándose a tal efecto un radio de exclusión de 1000 metros…habiendo la victima prestado su consentimiento...." Cumplido el término de la prisión efectiva, y de acuerdo a lo que surge del informe de DIMOE agregado a la investigación, el día 21 de enero del año 2023 se le colocó el dispositivo en cumplimiento de una de las obligaciones que se le impusieron. El 6 de febrero del año 2024 el penado en dicha causa dañó intencionalmente la tobillera a efectos de descartarse del dispositivo electrónico quedando su malla inutilizada así como del dispositivo rastreador que tenía en su poder, por lo que fue formalizado en estas actuaciones y cumplió medida cautelar de prisión efectiva hasta que se le revocó la libertad a prueba encontrándose actualmente cumpliendo la condena que se le impuso en prisión efectiva. Reiteramos, a nuestro criterio, no se estaría castigando dos veces al imputado por la misma conducta y no se violenta y no infringe el principio “non bis in idem”, la revocación de la libertad a prueba y al mismo tiempo la imputación del delito Retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos, art 359 Bis del Código Penal, en virtud de que el primer supuesto no tiene su fundamento en el castigo del delito cometido, sino en el incumplimiento de una obligación que le fuera impuesta y el cumplimiento del saldo de pena en régimen de privación de libertad. (artículo 295 BIS del Código Penal). El delito Retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos, es un delito que se separa del delito de Daño y se autonomiza en función de la Ley de Urgente Consideración N° 19.889 en su artículo 15. Dichos dispositivos están configurados para que la persona que los porta no se lo pueda retirar sin violentarlo o destruirlo, y en el caso que nos ocupa, el imputado dañó clara e intencionalmente la tobillera que portaba y se despojó de ella, así como del dispositivo y del Informe de la Empresa Surely del 15/02/2024 emerge que la malla del equipo fue cortada, lo que impide su utilización debiendo ser sustituida. Sin perjuicio de la figura delictiva imputada “ prima facie” al indagado en la formalización de la investigación en la presente causa IUE: 2-17871/2024 artículo 359 BIS del Código Penal (Retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos), la doctrina sostiene que “ si el sujeto activo incumple las medidas dispuestas por el tribunal en el ámbito de la ley N° 19.580/2017 (Violencia hacia las Mujeres , basada en Género), articulo 66, si lo hace de forma que no se adecua exactamente al tipo objetivo del tipo penal que estamos estudiando, se aplica el delito del 173 CPU, convocado por el art 66 parágrafo segundo citado supra” (CF Incidencias de la LUC en el Derecho Penal, El delito de Retiro o Destrucción de Medios o Dispositivos Electrónicos .(art 15 de la ley 19.889/2020). Juan Carlos Fernández Lecchini, pág. 325//344. Además, el redactor comparte lo expuesto por los Jueces Mercedes Reyes y Darwin Rampoldi, en su trabajo “Ejecución Penal acusatorio. Aspectos controvertidos y Ley 19.889- Estudios sobre el nuevo proceso penal ( Tomo II, pág. 335 y ss.) recogido y citado por la Fiscalía al interponer la apelación a fojas 113 a 113 vto. IX) Por los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia interlocutoria impugnada ( N° 1158/2025 de fecha 11 de junio de 2025) y se dispondrá que el Sr. Juez “a quo” ha prejuzgado y no puede seguir interviniendo en este asunto, debiendo pasar al Juez subrogante las actuaciones que correspondan, el que continuará desde el estado en que se encontraban al momento en que se dictó la resolución que se impugna. Se verá allí si se da andamiaje al "Proceso Abreviado" que en una primera instancia se habla acordado entre la Fiscalía, la Defensa y el imputado y se verá en audiencia que camino elegirá recorrer el imputado desde el punto de vista procesal. X) Como lo dice el Sr. Ministro Dr. Ricardo Míguez en su voto: “… no se puede confundir como se pretende por la Defensa los efectos del incumplimiento de una "libertad a prueba", con el delito del artículo 359 Bis del Código Penal, aunque resulten todos del mismo hecho o evento injusto, porque ambas responden a diferentes circunstancias. Así, la revocación es por consecuencia del Incumplimiento y la formalización por rotura del dispositivo, es por un nuevo delito cometido (Art. 359Bis del C. Penal). No comparto en el punto ni la interpretación del Juez de primera instancia ni la que pretende ahora sostener la Defensa, en cuanto se estaría penando dos veces al sujeto, por el misma hecho. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 265, 358 y siguientes del Código del Proceso Penal, el Tribunal, RESUELVE: Revocase la sentencia interlocutoria Nº 1158/2025 de fecha 11 de junio de 2025, y en su lugar, se dispone que atento a que el Sr. Juez “ a quo” ha prejuzgado y no puede seguir interviniendo en esta causa, las actuaciones deben remitirse al Juez subrogante que corresponda, el que continuará desde el estado en que se encontraban al momento en que se dictó la resolución que se impugna. Se decidirá en la audiencia, si se hace lugar al "Proceso Abreviado" que en una primera instancia se habla acordado entre la Fiscalía, la Defensa y el imputado. Oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, para que dé cumplimiento a la misma. Dr. Ricardo Miguez Isbarbo Ministro Dr. Daniel H. Tapie Santarelli Ministro Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada DISCORDE Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras En relación a los agravios de la Fiscalía recurrente, entiendo lo que se expone a continuación. 1.- Sobre la posibilidad del juez de disponer el sobreseimiento del imputado. El agravio de la Fiscalía no es de recibo. El juez de garantías tiene un rol fundamental justamente en el control de que se respeten las garantías del imputado y se cumplan las reglas del debido proceso. En el caso, el juez entendió que no correspondía continuar el proceso por dos razones: por haber vencido el plazo del art. 265 CPP y porque la conducta imputada en este proceso a AA ya había sido sancionada por la revocación del régimen de libertad a prueba en causa anterior. El juez fundó tales razones y está facultado para poner fin al proceso mediante el sobreseimiento del imputado. 2.- Sobre el vencimiento del plazo del art. 265 CPP.- Estoy de acuerdo con la posición de la mayoría, en tanto este Tribunal con actual integración ya compartió la sentencia de la SCJ n° 606/2021 sosteniendo que si bien el CPP no establece un plazo expreso para acusar, tampoco puede entenderse subsumido en el plazo de la investigación que regula el art. 265 del CPP. Así lo entendimos en sentencias dictadas en las causas IUE 506-87/2020 y en IUE 595-58/2025. El vencimiento del plazo de investigación no puede ser tomado como una causal de sobreseimiento, la norma no prevé sanción para ese supuesto. Así dijo la SCJ en sentencia 606/2021: “Ahora bien, el vencimiento del plazo máximo de la investigación y la imposibilidad de su reapertura no significa que haya vencido el plazo para deducir acusación y que, en consecuencia, deba disponerse el sobreseimiento de la imputada en función de una presunta caducidad de la pretensión fiscal … Pues bien, pese a que el C.P.P. no previó expresamente un plazo para acusar, ello no obsta a que, a juicio de la Corporación, si las partes lo solicitan, debe necesariamente fijarse un plazo para que el Fiscal deduzca la acusación. De lo contrario se violarían las más elementales garantías del imputado, si se lo sujetara indefinidamente al proceso (hasta la fecha en que operara la prescripción del delito por el que se lo persigue).” En conclusión, entiendo que la presentación de la acusación vencido el plazo previsto en el art. 265 del CPP no determina el sobreseimiento del imputado. Sin perjuicio de ello, cabe observar que la Fiscalía fue poco diligente en esta causa. En efecto, a pesar que se trataba de un asunto sencillo que no requería una investigación extensa, no presentó la acusación durante el plazo del 265 del CPP y tampoco se presentó a pedir prórroga para la investigación antes del vencimiento. Recién después de dos meses de vencido el plazo del art. 265, solicitó se le concediera plazo para acusar, pidiendo 90 días para ello, cuando la acusación no presentaba ninguna complejidad. Finalmente, cuando el juez entendió que no podía concederle ese plazo, no impugnó esa decisión, como hubiera correspondido. En tanto no impugnó esa decisión, cabe entender que aceptó la posición del juez, según la cual no corresponde conceder plazo para acusar una vez vencido el término del art. 265 del CPP y por tanto precluye la oportunidad de la Fiscalía para hacerlo. 3.- Sobre la doble penalización de la conducta. Comparto la posición del juez y de la defensora al contestar el recurso, entendiendo que la conducta realizada por el imputado – retiro y daño del dispositivo de monitoreo – resulta sancionada doblemente si, además de la revocación de la libertad a prueba en la causa originaria, también se lo condena en esta causa. Es el mismo accionar que se sancionaría dos veces, violentándose el principio básico del derecho penal que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho. La sanción por el incumplimiento de la obligación impuesta en la libertad a prueba de portar el dispositivo electrónico de monitoreo está prevista en el mismo art. 295 bis inc. 13 del CPP y es la revocación del régimen de libertad a prueba. Tal como dijo la Fiscalía en audiencia, no está expresamente previsto qué norma aplicar en este caso, si el art. 295 bis del CP o el delito previsto en el art. 359 bis del CP. Por esa razón, entiendo que hay que hacer una interpretación favoris reo, principio que exige no solamente resolver a favor del imputado las dudas probatorias respecto a su responsabilidad, sino también las que se presenten en la interpretación y aplicación de las normas penales sustanciales y de procedimiento. En el caso, la interpretación más favorable al imputado es la adoptada por el juez de primera instancia, entendiendo que no corresponde imputar el delito previsto en el art. 359 bis CP en tanto el accionar de AA ya fue sancionado con la revocación del régimen de libertad a prueba, en aplicación del art. 295 bis inc. 13 del CPP. Me permito discrepar con la posición de los apreciados colegas Darwin Rampoldi y Mercedes Reyes en el trabajo que cita la Fiscalía. La diferencia con el supuesto de quien comete un hurto estando en libertad a prueba portando dispositivo electrónico es clara, a mi juicio: en caso de cometer un hurto, está realizando una conducta típica, distinta de las obligaciones impuestas, y por esa razón será sometido a nuevo proceso; en el caso de retiro de la tobillera electrónica, está incumpliendo la obligación de portar el dispositivo que se le impuso en la libertad a prueba y por esa razón será castigado con la revocación de dicho régimen. Si además de esa sanción, se lo somete a proceso por el mismo hecho, se estaría castigando dos veces la misma conducta. Por lo que VOTO POR CONFIRMAR LA INTERLOCUTORIA ATACADA, entendiendo que no corresponde el sometimiento a proceso por el hecho atribuido por la Fiscalía. Y estando el proceso ya iniciado, es correcto disponer el sobreseimiento del imputado y la clausura del proceso.