Sentencia Interlocutoria N° 568/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – AUTOR DE UN DELITO CONTINUADO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUES CON SU CUENTA SUSPENDIDA, CUATRO DELITOS DE APROPIACION INDEBIDA, REITERADOS DELITOS DE RECEPTACIÓN Y UN DELITO CONTINUADO DE OMISIÓN DE LOS DEBERES INHERENTES A LA PATRIA POTESTAD, TODOS EN CONCURRENCIA EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ – IUE: 303-65/2025 – (TEST. DE IUE 2-47673/2024); venida del Juzgado Letrado de Paysandú de 4º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la defensa de la víctima Dra. Amalis Martínez, contra la interlocutoria N.º 1044/2025 dictada el 4 de junio de 2025 por la Dra. Noelia Acosta, con intervención de la Fiscalía Letrada Departamental de Paysandú de 3º Turno, representada por la Dra. Sofia De Thy. RESULTANDO : I) La hostilizada resolvió: “...1) Obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento a este tribunal; 2) obligación de presentarse a la seccional policial de su domicilio una vez a la semana sin permanencia; 3) prohibición de acercamiento en un radio de exclusión de 300 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio e incluso por interpuesta persona con el Sr. BB … II) La Dra. Amalis Martínez Nemes en representación de la víctima BB, interpone recursos de reposición y apelación en subsidio (fs.171) y expresa que la impugnada causa agravio porque no valoró debidamente los hechos, pruebas y argumentos aportados tanto por la defensa como por la fiscalía. Existe prueba suficiente de la conducta delictiva de AA en perjuicio del defendido, lo que justificaría la medida cautelar solicitada: la prohibición de innovar sobre el padrón 12.402 en el Departamento de Maldonado. La A quo rechazó la medida fundamentando que la defensa no ofreció caución, que el inmueble está a nombre de CC – supuestamente un tercero ajeno al proceso – y que debía presentarse contra cautela. La defensa entiende que estos argumentos son erróneos, pues CC no es un tercero ajeno: está investigada por fiscalía, declaró haber adquirido el inmueble junto a AA y reconoció que recibió en su cuenta el dinero prestado por BB, la víctima, es pareja del imputado y no tiene ingresos propios para justificar la adquisición. Además, el propio AA admitió que la propiedad le pertenece y que pretendía utilizarla para responder a deudas, lo cual demuestra que el bien está directamente vinculado al proceso. Agrega que el inmueble ya tiene hipotecas y embargos, por lo que no habría afectación real a terceros y que, de persistir la negativa, BB difícilmente podría cobrar lo adeudado, de cincuenta mil dólares. Asimismo, señala que el monto de la deuda y las pruebas existentes acreditan el derecho y el riesgo de frustración del mismo amén de carecer de bienes para ofrecer contra cautela; cumpliéndose así los requisitos legales para la medida cautelar. En consecuencia, se solicita la revocación de la resolución recurrida y que se disponga la medida de prohibición de innovar sobre el padrón mencionado. III) La Dra. Sofía Ana de Thy Huby por la Fiscalía Departamental de Paysandú de 3º turno interpone apelación (fs.183) y expresa que el imputado incumplió con la presentación de documentación requerida, lo que refuerza los riesgos procesales ya advertidos. Entiende que las medidas cautelares impuestas son insuficientes para neutralizar el peligro de fuga y ocultamiento, el cual se configura por múltiples elementos: antecedentes penales y condición de reincidente, ausencia de arraigo familiar y laboral, reiterados cambios de domicilio, falta de bienes a su nombre, capacidad económica y antecedentes de viajes al exterior. Destaca fiscalía que AA declaró no tener domicilio fijo, que fue denunciado por violencia doméstica por su expareja con quien no está casado, con quien además figura el inmueble adquirido con dinero prestado por la víctima, y que carece de trabajo formal o de constancia laboral. Todo ello, junto con la gravedad de los hechos imputados, el perjuicio a varias víctimas y la expectativa de pena de prisión, incrementa el incentivo para fugarse, como también la cercanía de la frontera con Argentina como un riesgo concreto no valorado por la A quo. IV) Fiscalía además evacuó el traslado del recurso interpuesto por la víctima (fs.194) y reconoce que también investiga a CC, quien declaró como imputada pero aún no ha sido formalizada, pese a que reconoció haber adquirido junto a AA el inmueble cuestionado y recibir en su cuenta los dineros vinculados. Se comprueba además que la finca está hipotecada y embargada, y que el propio AA se ha declarado propietario en varias oportunidades. Señala fiscalía que la medida cautelar de prohibición de innovar busca mantener el statu quo y resguardar los bienes mientras se sustancia el proceso, tratándose de una medida cautelar menos gravosa que el embargo; por ello, la fiscalía entiende que corresponde flexibilizar la exigencia de justificación sumaria y exonerar de contra cautela al solicitante, dado que es víctima del delito y la medida no priva al tenedor del bien de su uso y goce. V) La defensa del imputado fue notificada del traslado de la apelación de la víctima, pero no lo evacuó. VI) Luego de presentada la apelación por fiscalía, la Sra. Magistrada A quo repuso por contrario imperio la impugnada, y por interlocutoria 1106/2025 dispuso para el imputado AA la prohibición de salir del país con vencimiento el 1º de diciembre, sin perjuicio (fs. 187). Por providencia N.º 1185/2025 se franqueó la apelación de la víctima sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, se acordó previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la interlocutoria impugnada, por los fundamentos que expondrá. II) En audiencia del 24 de abril de 2025 y por interlocutoria 729/2025, se formalizó la investigación contra AA por la presunta comisión en calidad de autor de un delito continuado de libramiento de cheques con su cuenta suspendida, cuatro delitos de apropiación indebida, reiterados delitos de receptación y un delito continuado de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, todos en concurrencia real. Los hechos que fundan el proceso consisten en que el 20 de mayo de 2020, AA constituyó una sociedad de responsabilidad limitada denominada YY S.R.L. junto con su hermana HH, fijando como objeto de la sociedad la intermediación en la compraventa de y arrendamiento de bienes inmuebles, toda clase de bienes y mercadería, industrialización y distribución de todo tipo de bienes, representación y concesión, comisiones, mandatos y consignaciones, comprar y adquirir en cualquier forma, prometer en venta, vender, dar y tomar arrendamiento, permutar y enajenar por cualquier título y modo, hipotecar y gravar, fraccionar, administrar, construir y explotar inmuebles urbanos, suburbanos y rurales entre otros objetos. La sociedad fue inscripta en forma definitiva en el registro de personas jurídicas el día 8 de julio de 2020. Posteriormente, el imputado abrió la inmobiliaria de nombre comercial “YY”, con sede en el local comercial ubicado en la calle L. Gómez N.º 0000 de la ciudad de Paysandú y comenzó su actividad en el rubro inmobiliario en esa ciudad. Mantuvo difusión en redes sociales con logo y fotografías promocionando la inmobiliaria. Para el giro empresarial, el 16 de octubre de 2020, AA abrió una cuenta corriente en el banco XX SA individualizada con el N.º 000 para trabajar tanto con pesos uruguayos como dólares. Solicitó chequeras de cheques comunes, siendo las últimas chequeras entregadas en pesos desde el 774726 hasta el 774750 y en dólares americanos desde el 778551 hasta el 778575, las que le fueron entregadas el día 15 de abril de 2021. Atento al libramiento de cheques sin fondo, la cuenta N.º 3376052300 fue suspendida desde el 31 de mayo de 2021 por el término de seis meses. La suspensión fue notificada en el domicilio por telegrama colacionado el día 27 de mayo, con acuse de recibo el día 31 de mayo de 2021. Posteriormente con fecha 30 de junio, la cuenta fue suspendida por un año. Con igual fecha la cuenta fue clausurada por el BCU por boletín N.º 2442 de fecha 30 de junio de 2021, situación esta que le había sido comunicada al cliente por telegrama N.º 98959 de fecha 10 de setiembre, con acuse de recibo de 14 de setiembre de 2021. A pesar de haberse solicitado a AA la entrega de la chequera a la fecha de la denuncia la misma no había sido entregada al banco. Cheques librados contra cuenta del XX que se encontraba suspendida. No obstante, la clausura de la cuenta, AA libró varios cheques, ocho en total contra su cuenta, los que fueron rechazados a su cobro por ese motivo, sin perjuicio de que la cuenta tampoco tenía los fondos suficientes para cubrirlos. Es así que con fecha 10 de junio de 2021, 15 de julio, 24 y 28 de agosto y 21 de setiembre de 2021, GG en representación del banco XX Uruguay SA formuló denuncias penales respecto del imputado, denunciando el libramiento por él de ocho cheques contra la cuenta corriente en pesos uruguayos y dólares de la empresa YY S.R.L. que representa, en el banco XX e individualizada con el N.º 3376052300. El total de los ocho cheques sumaron un total de U$S 9.800 (dólares americanos nueve mil ochocientos) y $ 163.500 (ciento sesenta y tres mil quinientos pesos uruguayos), los que la fiscalía luego identifica. Previamente, con fecha 19 de febrero de 2021, AA había sido notificado por telegrama colacionado de la devolución de tres cheques por falta de fondos y advertido de la eventual suspensión de la cuenta en caso de no presentar los cheques al banco en un plazo de cinco días, notificación que se reiteró el día 20 de mayo de 2021 por cuatro cheques más, el día 24 de mayo de 2021 por otro cheque, el 25 de mayo de 2021 por otro cheque, el 7 de junio de 2021 por dos cheques, el 9 de junio de 2021 por la devolución de otro cheque así como el 11 de junio de 2021 por otro cheque, el 8 de julio de 2021, por otro el 16 de agosto de 2021 por otro y finalmente el 10 de setiembre de 2021 por la devolución de un último cheque. A la fecha, el imputado no ha abonado los cheques referidos. Apropiación indebida de alquiler. Asimismo, con fecha 5 de abril de 2021 AA en su calidad de representante de YY S.R.L. celebró un contrato de alquiler de una propiedad de LL sita en calle L. Gómez 000 de Paysandú con el inquilino MM. Se estableció un precio de arrendamiento en la suma de $ 21.000 a abonarse a mes vencido mediante depósito en la cuenta banco XX ya señalada, cuyo titular era AA en su calidad de administrador. Es así que el inquilino en el mes de abril de 2021 depositó el precio del alquiler en la cuenta bancaria de la inmobiliaria, no obstante, lo cual el dinero no le fue entregado a la propietaria, sino que el imputado se apoderó del dinero convirtiéndolo en su provecho. La denunciante, advertida de la falta de pago del arrendamiento, se comunicó con la inmobiliaria en el mes de mayo de 2021, siendo atendida por HH, quien le manifestó que era AA quien administraba los pagos. A pesar de las tratativas, el alquiler del mes de abril de 2021 no le fue abonado a la víctima: MM radicó denuncia penal respecto del imputado el día 1º de abril de 2021. Apropiación indebida. Asimismo, con fecha 17 de febrero de 2021 AA por sí y en su calidad de representante de YY S.R.L. celebró un contrato de gestión de urbanización en propiedad horizontal con II y su esposa JJ a fin de proyectar la ejecución de una urbanización de propiedad horizontal conforme la ley 17292 respecto del padrón sito en el departamento de Paysandú, localidad catastral chacra empadronado con el número de 826 (ochocientos veintiséis) que consta de una superficie de cuatro (4) hectáreas 6117 (seis mil ciento diecisiete) con 56 (cincuenta y seis) decímetros. Los términos del contrato establecían que AA por sí y en su calidad de representante de YY S.R.L. debía realizar la totalidad de la gestión para la incorporación del inmueble al régimen de urbanización de propiedad horizontal por su cuenta y obra. En la cláusula quinta se establecieron las obligaciones del imputado el que debía contratar a la empresa “Soluciones Inca” para la extracción de los árboles, regularización del terreno, conformación de calles proyectadas terminación de tosca compactada, conformación de cunetas para desagües pluviales, suministro y colocación de cañerías para cruces de calle, conformación de accesos al fraccionamiento, y zanjeado para instalación de abastecimiento de agua; también debía contratar al Ing. Agrimensor KK para gestionar la solicitud de viabilidad dirigida al director de obras de la Intendencia Departamental de Paysandú, cédula catastral vigente del inmueble, confección de planos que relacione la urbanización proyectada con su entorno con firma del agrimensor, confección de plano total con curvas de nivel cada metro, firmado, confección de plano de anteproyecto de fraccionamiento con detalles, confección de proyecto de red vial, obtención de certificado de viabilidad de OSE y de UTE, e indicación de sistema de recolección de residuos. También debía de contratar técnicos terciarios en construcción y gestiones de proyectos NN a fin de realizar el relevamiento del lugar, de plano altimétrico, investigación de la red, realización de plano, realización de memoria descriptivas y memoria de cálculo con firma de ingeniero civil. También asumió el seguimiento de trámites hasta su aprobación, impresión de planos, contratación en área notarial a la escribana ÑÑ a fin de redactar anteproyecto de reglamento de copropiedad, y reglamento de copropiedad final, certificados notariales para Intendencia Departamental de Paysandú y para la Dirección Nacional de Catastro, boletos de reserva y toda documentación que sea requerida. En la cláusula sexta de dicho contrato se estableció expresamente que la contratación de los profesionales, del personal, y el pago de honorarios, sueldos, gastos, jornales, viáticos, contribuciones de seguridad social y demás beneficios que correspondieran sería de cargo de AA por sí y en su calidad de representante de YY S.R.L. así como en la cláusula séptima que también serían de su cargo la inscripción del personal en MTSS y BPS y se estableció que serían de su exclusiva cuenta y responsabilidad toda las acciones legales, civiles, laborales y/o penales que puedan iniciarse. AA por sí y en su calidad de representante de YY S.R.L. también asumió, conforme la cláusula octava por su cuenta y orden todos los gastos e impuestos que conlleve la incorporación a la urbanización en PH y que sea pasible de cobro ante cualquier oficina pública, inclusive el 10% del valor del fraccionamiento en la Intendencia Departamental de Paysandú como contrapartida se acordó que los propietarios, el matrimonio II - JJ se obligaban a entregar diez (10) terrenos que se identificaron en el plano con los números 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23 y 27. Se estableció una duración de contrato de dos años renovable en forma automática por el mismo período si no se ha finalizado aún la urbanización en su totalidad a la fecha de vencimiento del primer plazo. AA contrató a la escribana ÑÑ para constitución de la S.R.L., así como para la redacción de su contrato. Asimismo, ella sería la encargada de abonar los costos a los proveedores en lo referente al proyecto y reunirse con los arquitectos y con el ingeniero. A los efectos de solventar los gastos para iniciar y culminar la urbanización con fecha 25 de febrero de 2021, AA por sí y en su calidad de representante de YY S.R.L. y OO convinieron celebrar un boleto de reserva respecto del terreno individualizado con el n.º 11 obligándose a reservar para la venta, libre de toda obligación y gravamen por el precio total integrado U$S 14.500 (dólares catorce mil quinientos) el que se integró con la entrega de un automotor tipo sedán, marca VW modelo Vento. Asimismo, se estableció como plazo máximo de escrituración 150 días a partir de la fecha. El acuerdo se suscribió en la escribanía con la escribana ÑÑ ubicado en la calle Zorrilla y Bolívar estando presente AA, no así II a quien conoce de larga data y quien le había exhibido la futura urbanización. AA recibió el automotor, el que posteriormente vendió a la automotora Llambías por la suma de U$S 14.500 (dólares catorce mil quinientos) y le manifestó a Botino que el dinero obtenido iba a ser destinado a cubrir los gastos para finalizar la urbanización. Botino estuvo atento durante todo el año 2021; pasó reiteradas veces por el terreno constatando que no existían avances en las obras y estuvo atento a la evolución de la urbanización mediante comunicación con AA. En comunicación de fecha 11 de marzo de 2022, le manifestó su preocupación por la “quietud” en el terreno ya pasado un año donde AA le relató los avances de la obra. OO también se comunicó con II a quien el 29 de diciembre de 2021 expresó su preocupación por lo lento del proyecto, manifestando II a su vez que él también estaba muy preocupado. En esa misma conversación le contó a OO que le habían hecho una oferta de compra de la totalidad de la chacra pero que él tenía interés en la urbanización. Luego el día 11 de marzo de 2022, II le informó a OO que el 2 de marzo de 2022 había ingresado a la Intendencia Departamental de Paysandú el plano de regularización de las construcciones existentes en el lugar y que luego de regularizado ingresaría el plano del agrimensor de la urbanización. OO tuvo conocimiento que II había vendido la chacra, por lo que el día 5 de octubre de 2022, se comunicó con él quien le confirmó a OO que había vendido la chacra en su totalidad contestando el comprador “me cagaron”, venta que posteriormente confirmó con el escribano Carlos Bertachi. Posteriormente a esa conversación, II no le atendió nunca más las llamadas. Enterado de la venta de la chacra por parte de II y su esposa, OO ese mismo día 5 de octubre, se comunicó con AA quien en principio pareció sorprendido por la noticia. Posteriormente se iniciaron las tratativas de devolución del dinero abonado con AA quien con distintas escusas difirió la conversación hasta el 22 de octubre de 2022 sin conseguir OO la devolución de su dinero. Se promovió tramite de resolución de boleto ante la justicia civil, culminando en sentencia favorable la que se ejecutó trabándose finalmente un embargo genérico respecto del imputado. Finalmente, y a pesar de la intervención de su abogada, Dra. Carol Núñez, AA no le devolvió el pago, radicando finalmente la denuncia penal el día 1° de marzo de 2023. Con la misma finalidad de solventar los gastos para culminar la urbanización con fecha 10 de marzo de 2021, AA por sí y en su calidad de representante de la S.R.L. y PP convinieron celebrar un boleto de reserva respecto del terreno individualizado con el N.º 12 obligándose a reservar para la venta, libre de toda obligación y gravamen por el precio total integrado de U$S 14.000 (dólares catorce mil) el que se integró con la entrega de la suma de doce mil dólares americanos (U$S 12.000) al contado y en efectivo y en una sola partida en el mismo acto de la firma, otorgando AA eficaz carta de pago por dicha suma, y el saldo de dos mil dólares en un máximo de un año a contar a partir de la fecha, deuda que fue documentada en un vale con fecha de vencimiento el día 10 de marzo de 2022, suma que fue abonada a la Esc. ÑÑ el día 6 de diciembre de 2021, expidiendo la misma recibo de pago. Asimismo, se estableció como plazo máximo de escrituración 150 días a partir de la fecha del acuerdo, al igual que con OO, se suscribió en la escribanía de ÑÑ, estando presente AA, no así II, el propietario de la chacra. AA recibió el dinero y le manifestó al comprador que el dinero obtenido iba a ser destinado a cubrir los gastos para finalizar la urbanización. Illenzer, al igual que OO estuvo atento durante todo el año 2021 pasó reiteradas veces por el terreno constatando que no existían avances en las obras y estuvo atento a la evolución de la urbanización mediante comunicación con AA quien según sus propios dichos era “puro verso y verso” que faltaba el agrimensor, que había problemas con la Intendencia, que los trámites demoraban, etc. A mediados del año 2022 tomó conocimiento de la venta de la chacra por parte de II a través de AA quien le manifestó “me cagó”, no obstante, le informó que no tenía dinero para devolverle el pago y le prometió entregarle otro terreno, promesa que incumplió también. Finalmente, y a pesar de la intervención de su abogado, Dr. Martín Flores, AA no le devolvió el pago, radicando finalmente la denuncia penal el día 1º de marzo de 2023. Asimismo y por idénticos motivos de destinar el dinero para solventar los gastos para iniciar y culminar la urbanización con fecha 1º de junio de 2021, AA por sí y en su calidad de representante de la S.R.L. y QQ, RR, SS, TT y UU convinieron celebrar un boleto de reserva respecto del terreno individualizado con el N.º 27 obligándose a reservar para la venta, libre de toda obligación y gravamen por el precio total integrado de U$S 28.000 el que se abonó en su totalidad al contado y en efectivo y en una sola partida en el mismo acto de la firma otorgando AA eficaz carta de pago por dicha suma. Asimismo, se estableció como plazo máximo de escrituración 210 días a partir de la fecha. El acuerdo, al igual que con los compradores anteriores, se suscribió en la escribanía de la escribana ÑÑ, estando presente AA, no así II, el propietario de la chacra. AA recibió el dinero y le manifestó al comprador que el dinero obtenido iba a ser destinado a cubrir los gastos para finalizar la urbanización. VV, WW, ZZ y AAA al igual que los otros compradores estuvieron atentos durante todo el año 2021 al avance de la obra con AA quien les informó del corte del monte y que el expediente había ingresado a la Intendencia. Esta situación perduró hasta que a mediados del año 2022 en ocasión en que corrían por el lugar, haciendo deporte, advirtieron la presencia de un cartel indicando que no se vendía más terrenos, suscritos por II el propietario de la chacra. se comunicaron con AA quien les puso en conocimiento que la chacra había sido vendida por II a una tercera persona. No obstante, le informó que no tenía dinero para devolverle el pago y le prometió entregarle otro terreno o devolverle el dinero, promesas que incumplió también. Finalmente, y a pesar de la intervención de su abogada, Dra. Carol Núñez, no le devolvió el pago, radicando finalmente la denuncia penal el día 1° de marzo de 2023. AA realizó otros negocios de similares características con otras personas, uno de ellos Daniel Alfaro con quien arribó a un acuerdo de pago. Como primera etapa, AA contrató una empresa para la tala del monte existente en el padrón. luego, con fecha 12 de abril de 2021 AA inició los trámites para regularizar el terreno, para lo cual contrató al estudio de arquitectos M2 Estudio cuyos titulares son los Arqtos. BBB y CCC a quien solicitó la regularización de una construcción existente en el padrón N.º 826. Desde el estudio se tramitó el permiso y culminó la tramitación del permiso de construcción municipal, la que fue inscripta en la dirección nacional de catastro el día 21 de marzo de 2022. Por esa regularización se abonó un honorario de U$S 1800 más IVA además de la suma de $3.000 por concepto de timbres y $ 3.500 de honorarios de gestión. Asimismo, AA contrató al Ing. Agrimensor KK para realizar un plano proyecto de la urbanización en propiedad horizontal con la mayor cantidad de terrenos posibles. El ingeniero realizó dos proyectos de urbanización de PH con 26 y 27 terrenos respectivamente de entre 1051 y 2055 metros cuadrados cada terreno y 1250 y 2164 metros cuadrados cada terreno respectivamente. Asimismo, el ingeniero realizó la consulta previa al ingreso a carpeta mediante el envío por mail del proyecto en la dirección de obra de la Intendencia para la viabilidad del mismo, siendo informado desde la dirección de obras que en esa zona de la ciudad no eran permitidos terrenos de dimensiones inferiores a los 2000 metros cuadrados cada uno, por lo que el proyecto no era viable. No se adjudica número de expediente referente a esos envíos. Como forma de continuar con el proyecto y conforme la normativa vigente (ley 10.751) solamente se podía obtener un permiso de construcción en caso de existir previamente construcciones en cada uno de los terrenos, es decir tramitar el permiso como regularización de una construcción antigua. AA estimó que podía construir una casilla en cada uno de los terrenos, no obstante, nunca las construyó. El ingeniero manifestó no haber cobrado aún sus honorarios por los proyectos realizados, ni las gestiones y consultas realizadas respecto de la viabilidad de la urbanización. Habiendo transcurrido varios meses desde la suscripción del contrato de gestión de urbanización en propiedad horizontal y ya advirtiendo que no prosperaría conforme el rechazo del proyecto, II enajenó el padrón N.º 826 en su totalidad mediante título compraventa y modo tradición en su totalidad a Mauricio Molinuevo el día 4 de agosto de 2022. Posteriormente, con fecha 8 de febrero de 2023 se dio inició al trámite referido a la viabilidad del padrón al régimen de urbanización en propiedad horizontal en el expediente n.° 2023/826. A pesar de las tratativas realizadas las partes no pudieron obtener la devolución del dinero entregado para la culminación de la urbanización, el que no fue destinado a la misma, sino que en provecho propio. Receptación. También se realizaron nuevas denuncias respecto a AA, en este caso por entregas previo endosos de dos cheques de pago diferidos que había sido previamente hurtados. Es así que en ocasión de gestionar AA un arrendamiento en la ciudad de Punta del Este para DDD, un amigo, con EEE para una propiedad de FFF, el día 28 de agosto de 2023, entregó dos cheques de pago diferidos contra la cuenta del banco BBVA, cuyo titular es de “XXX S.R.L.” a sabiendas que habían sido robados en la ciudad de Paysandú. Los cheques fueron devueltos sin abonarse, con la constancia al dorso de “difiere firma”, los que fiscalía identifica a continuación. Además, en el año 2019, AA inició una relación de orden comercial y luego de amistad con BB Conavacho quien reside en Punta del Este. AA viajaba mucho, conducía autos de alta gama y le relató que hacia negocios a través de su inmobiliaria YY en la ciudad de Paysandú donde residía en principio, radicándose en el año 2021 en Punta del Este, viajando constantemente. Su nivel de vida era alto y su aspecto era de una gran comodidad económica. Fue a raíz de esta relación de amistad con BB que AA le relató un mal negocio con una persona FF el que lo había “complicado” económicamente y le pidió dinero prestado para completar el pago de un automotor con la promesa de devolverle pronto, lo cual hizo en parte únicamente. Con el correr de los meses se mantuvo la amistad, donde AA le comienza a solicitar dinero a BB para devolverle únicamente una parte para volver a pedirle prestado con distintas versiones y estratagemas hasta que le pide dinero para la compra de una casa en el balneario “El Tesoro” con la promesa de devolverle con el negocio de Paysandú. El dinero era entregado en efectivo o mediante depósito o transferencias a la cuenta de la pareja AA en el BROU, CC. Para garantizar los préstamos AA suscribió incluso un vale por valor de U$S 6000 con vencimiento el 27 de julio de 2022 el que aún se adeuda. Asimismo, ambos realizaban pequeños negocios juntos, con fechas de pago muy ajustadas que generaron fricciones en su relación. Para dichos negocios, AA entregó varios cheques en pago, cheques que sabía habían sido hurtados tal como surge de la conversación de WhatsApp de AA con el denunciante BB en donde en conversación de fecha 17 de abril de 2023 le dice “...sabemos que estos cheques son robados... el negocio que tú hiciste con el que te dio los cheques robados tenés que denunciarlo...”. En principio, AA entregó para ese negocio que tenía con BB tres cheques de pago diferidos contra la cuenta cuyo titular es “EE” en el banco BBVA, fueron devueltos sin abonarse con la constancia “orden de no pago” de fecha 24/02/2023, que fiscalía identifica. Asimismo, posteriormente, AA endosó y entregó contra la cuenta también de “EE” pero abierta en el banco Itaú, cheques que también sabía habían sido hurtados, los que también fueron devueltos sin abonarse con la constancia “difiere firma” los que sumaron un total de uss 8.580 (dólares americanos ocho mil quinientos ochenta). AA entregó otros cheques contra la cuenta cuyo titular también es “EE” pero en el banco Santander, cheques que también sabía eran hurtados y que fueron devueltos sin abonarse con la constancia “difiere firma”, que sumaron un total de $ 135.400. Varios de los cheques fueron cubiertos por BB, no devolviéndole el dinero AA, suma que asciende a $ 18.560 más el dinero que le había prestado durante el año 2022 y 2023, el que suma un total de U$S 34.700, sumando un total de uss 53.260. En efecto, estos cheques eran provenientes de un asalto a mano armada a la automotora de la cual es propietario EE con fecha 18 de mayo de 2022, hecho delictivo que no fue aclarado y en el cual se apoderaron con violencia de dinero y varias chequeras de la cuales provienen los cheques referidos. No se ha podido acreditar que AA hubiera participado de dicho ilícito ni que hubiera falsificado la firma de dicho títulos valores, pero sí que aceptó los cheques a sabiendas que eran mal habidos, situación que surge del chat de WhatsApp aportado por BB donde claramente le dice que sabe que los cheques son robados. Omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Además de lo anterior, de la investigación surge que AA mantuvo una relación sentimental con GG durante tres años, desde el año 2013 al año 2016, de la cual hubo un hijo, DD, nacido el 1º de abril de 2015 de actualmente nueve años de edad. Posteriormente a la separación de la pareja, se homologó un acuerdo entre los padres del niño por tenencia y pensión alimenticia. En dicha transacción se acordó el pago de una pensión alimenticia por parte de AA a su hijo DD en la suma equivalente a una BPC mensual, suma que se depositaría en la tarjeta Mi Dinero de la progenitora. Como AA cesó el pago de la pensión alimenticia, el día 30 de agosto de 2020 se presentó intimación de pago y posterior juicio ejecutivo. En dicho expediente ese arribó a un acuerdo transaccional por la suma de U$S 2.000 el día 12 de febrero de 2021. Posteriormente a dicho pago AA dejó nuevamente de abonar la pensión por lo que se procedió a realizar una nueva intimación por la suma de $79.390 correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2021. AA no cumplió, se promovió juicio ejecutivo, en la cual se dispuso embargo genérico, así como se libró oficio al Clearing de Informes y al BPS. Se intentó arribar a un acuerdo transaccional con AA referente al pago de la pensión alimenticia no quedando más que en vanas promesas que no se concretaron. A la fecha de la denuncia – noviembre de 2022 – se adeudaban veintidós meses de pensión alimenticia. Además del incumplimiento contumaz en el pago de la pensión alimenticia, AA omite asimismo deberes básicos como visitar a su hijo, a pesar de mantener vínculo estrecho y fluido con su otro hijo mayor GGG que hubo de una relación anterior con HH, situación que ha afectado negativamente al niño, quien extrañaba a su padre y corría hasta la puerta cuando escuchaba un auto pasar, le generó baja autoestima, descenso de rendimiento en la escuela y en el fútbol, así como enuresis nocturna lo que determinó consultas con psicólogo y administración de medicación. La deuda actualizada con intereses al día de hoy es $ 387.054, los costos y costas son 118.050. III) Inicialmente, corresponde señalar que una vez presentada la apelación de fiscalía – por no haberse accedido a la medida cautelar de prohibición de salir del territorio de la República – la Sra. Magistrada A quo repuso en interlocutoria N.º 1106/2025, por lo que dicha apelación carece de objeto. La competencia de este Tribunal se limitará en consecuencia, a la impugnación presentada por la víctima BB. IV) En la audiencia del 4 de junio de 2025, se homologó acuerdo reparatorio por interlocutoria 1043/2025. Acto seguido, la fiscalía (pista 12) solicita medidas cautelares por los delitos que no fueron incluidos en el acuerdo reparatorio. Al mencionar los riesgos, la fiscalía aclara que el inmueble de Maldonado está a nombre de su pareja CC. La defensa de la víctima (pista 13) se adhiere a las medidas solicitadas por fiscalía, y además pide la medida cautelar de prohibición de innovar sobre el inmueble padrón 12402 de Maldonado. Se trata de un bien vinculado a los hechos denunciados, su titular – CC – es pareja del imputado, y este compareció al proceso afirmando que el bien era de él (fs. 96). Luego, fiscalía refiere a un acta de la investigación donde el imputado señala que no tiene domicilio hasta que su mujer le devuelva la casa (pista 19). HHH es imputada – no formalizada – e informó la existencia de dicha propiedad (pista 20); algunos de los dineros provenientes de los cheques robados fueron depositados en su cuenta (pista 22). Finalmente, la A quo dicta la resolución objeto de esta apelación. V) Decisión del Tribunal : El Tribunal comparte plenamente la muy acertada resolución de la Sra. Magistrada A quo y en tal sentido, confirmará la recurrida. Primeramente, la Sala desea señalar que fiscalía en audiencia y posteriormente al evacuar el recurso de apelación de la víctima, exhorta a la A quo a hacer lugar a la medida cautelar de no innovar. No obstante, no dedujo pretensión en tal sentido. Más allá de lo que se dirá infra, la fiscalía está legitimada activamente para solicitar medidas cautelares sobre los bienes del imputado en protección de la víctima, e incluso, en tal caso, está exonerada de ofrecer contra cautela (arts. 48.1 y 250 CPP); sin embargo, en este caso no hizo uso de esa facultad En segundo lugar, asiste razón a la A quo en la medida que la solicitud no cumple con las condiciones legales para acceder a ella. En efecto, el art. 101 del CPP establece el principio en la materia: La acción civil no podrá ejercerse en sede penal, sin perjuicio de las medidas cautelares que se puedan dictar a petición de parte , de donde se infiere que toda actuación de índole no penal – reparatoria, de garantía, etc. – se debe adoptar cumpliendo con las rígidas disposiciones legales previstas en el código, y por añadidura, con un criterio de interpretación estricta. En este marco es que la A quo debió resolver el pedido de medida cautelar contra una persona no formalizada, por obligaciones de quien no es el titular ni documental ni registral del bien objeto de la medida, y además, sin ofrecer contra cautela, ni justificar motivo fundado para prescindir de ella. Jurisprudencia y doctrina si no en forma unánime, por lo menos muy mayoritaria, entiende que las medidas cautelares sobre bienes del imputado solo pueden solicitarse después de su formalización (v.gr. interlocutoria 677/2023. TAP 2º. BJN). Esta Sala ha decidido sobre el punto: La Sala confirmará la recurrida al no estimar de recibo los agravios articulados por la denunciante contra el rechazo -que se comparte- de su solicitud de cautelares sobre bienes del imputado para quien no se solicitó -aún- formalización de la investigación por el M. Público. (…) No se conoce doctrina a favor de la tesis de la recurrencia y el tema no se dirime viendo desde cuándo alguien es considerado imputado de acuerdo con la nueva ley procesal penal, por lo que la extensa cita transcripta en el recurso, nada aporta en su beneficio. (…) “¿Desde cuándo el Código habilita la adopción de medidas cautelares contra bienes del imputado? Si solamente nos basáramos en lo estipulado por los artículos 63 y 250 del CPP, podría entenderse que la adopción de medidas cautelares queda habilitada desde antes que exista pedido de formalización por parte del Ministerio Público; ya que como analizáramos desde antes de ese momento, el Código ya está dando la calificación de imputado al sujeto objeto de la indagatoria preliminar. Sin embargo, esta solución no parece lógica. Para responder correctamente la cuestión debemos agregar a nuestro análisis el contenido del artículo 266 del CPP. Dicha disposición en su numeral 6, establece como actividad procesal dentro del contenido de la audiencia de formalización, la resolución sobre la adopción de las medidas cautelares sobre bienes solicitadas por el Ministerio Público o por la víctima. De su lectura y armonización con los artículos 63 y 250 del CPP puede entonces concluirse que la adopción de medidas se encuentra habilitada, una vez que el juez haya admitido la formalización…” (Lueiro, Natalia-Perdigón, Marcel-Uturburu, Alfonsina: Las medidas cautelares sobre los bienes, en Curso sobre el Código del Proceso Penal, IUDP-FCU, 2, p. 295). (…) “En cuanto a la oportunidad, al igual que en el CPP, no se establece expresamente los límites temporales dentro de los cuales estas medidas pueden solicitarse, lo cual no es óbice para entender que los mismos se desprenden de la propia regulación. De acuerdo a la misma (arts. 45 lit. f, 48, 81.2 -lit. e-, 216, 250 a 254 y 268.6 NCPP), entendemos que pueden pedirse desde la solicitud de formalización de la indagatoria preliminar…” (González Miragaya, Santiago-Soba Bracesco, Ignacio M.: Las medidas cautelares sobre los bienes del imputado y del tercero civilmente responsable, en XVIII Jornadas Nacionales de D. Procesal, p. 154) (Interlocutoria 134/2022. TAP 1º. BJN) . Esta posición también es sustentada por la Dra. Lucía Long Álvarez (Cfme. El control del pedido de medidas cautelares sobre bienes del imputado o del tercero civilmente responsable. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal. 20ª. Colonia del Sacramento. Octubre 2022. Pág. 561 y ss.). En la medida que la titular del bien – CC – no ha sido formalizada en esta causa, claramente no puede ser objeto de la medida. La hipótesis de la adopción sobre el tercero civilmente responsable – mencionada por la A quo al pasar en la audiencia – tampoco es de recibo. Evidentemente en este caso no es necesaria la formalización, pero sí justificar el vínculo, extremo que no se ha realizado. De hecho, se alega que el bien es propiedad del imputado AA, lo que indirectamente implica alegar la simulación absoluta de un negocio jurídico, pero poca justificación se da sobre ese extremo, amén de que no sería la hipótesis por lo menos clásica de un tercero civilmente responsable, que refiere a aquellos sujetos que no han tenido participación directa en el hecho delictivo pero tienen un vínculo con el imputado que los hacen responder civilmente por los daños causado; es decir, un responsable civil por un hecho de otros, o de la cosa (Cfme. Long Álvarez, Lucía. Ibídem. Pág. 559). Adviértase en consecuencia la contradicción en el argumento, puesto que la base del pedido es que la titular del bien es efectivamente responsable penal – y su formalización está en cierne – lo que en principio la excluye como tercero civilmente responsable. Por último, la contra cautela es una exigencia para la adopción de una medida cautelar y que tiene por finalidad garantizar las eventuales condenas procesales que puedan recaer (en el proceso civil) y los daños que la medida cautelar puede irrogar al cautelado. Es cierto que a mayor verosimilitud de los requisitos necesarios para su imposición – apariencia del derecho y peligro de lesión – las condiciones para exonerar de la contra cautela, o eventualmente fijarla en cantidad o calidad mínima, disminuyen, pero ello no implica una carta blanca para prescindir de ella. Dice SIMÓN: A mi criterio, no obstante reconocer una base de buen sentido en los postulados de esa tendencia, no puede apoyarse su aplicación en forma extensa, sino únicamente en casos absolutamente excepcionales de elevado grado de suficiencia de acreditación de humo de buen derecho y de peligro en la demora, en forma acumulativa, e imposibilidad o gran dificultad para el aporte de contra cautela, debidamente justificadas. (…) La contra cautela es la que asegura la vigencia de principios procesales claves, como el de igualdad de acceso a la justicia e imparcialidad del tribunal, no prejuzgamiento; además de proteger los derechos sustanciales del litigante que se ve sometido a la cautela o de terceros que pueden ser alcanzados por la misma… (Cfme. Simón, Luís María. La contracautela. RUDP. 4/2006. Pág. 591) . Entonces, además de las razones antes expresadas, la simple invocación a la verosimilitud del derecho de la víctima no alcanza para eximir de otorgar garantía o por lo menos, de justificar el motivo para no hacerlo, o para ofrecer una de cuantía moderada. Este hecho no cambia por tratarse de un proceso penal, y mucho menos, cuando la persona afectada no es parte de él. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE .