Sentencia Definitiva N° 271/2025

Sentencia Nro. 271/2025 - IUE: 2-22446/2023 Montevideo, 03 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministra Redactora: Dra. Mónica Besio. Ministros Firmantes: Dr. Guzmán López Montemurro. Dr. Álvaro França. AUTOS: “JCDECAUX URUGUAY y otro c/ MINISTERIO DE TURISMO - COBRO DE PESOS”. IUE: 2-22446/2023.- I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva No 116/2024, dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6o Turno, Dra. Fabiana Weisz Collazo, que acogió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta y en su mérito desestimó la demanda promovida en autos, sin especial condenación. II) La parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 755 y sig., formulando agravios. En síntesis expresó que la recurrida le agravia, en primer lugar, por amparar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Ministerio de Turismo (en adelante M. de Turismo), cuando motiva el accionamiento de JCDecaux la prestación de servicios que efectivamente realizó para el demandado en los años 2020 - 2021 y particularmente el incumplimiento en el pago de las campañas “Semana de Turismo” y “Vacaciones de julio de 2021”. Sostuvo que la legitimación pasiva del M. de Turismo, resultó probada en autos, era el mismo quien debía realizar el procedimiento administrativo para la compra directa por excepción. Dentro de las competencias de la Agencia Wavemaker se encontraba encargarse de la gestión de las compras de publicidad del M. de Turismo. Que el Ministerio demandado encargó las campañas publicitarias, que se ejecutaron conforme a lo pactado y que el mismo luego se negó a abonar, alegando un vicio en la contratación, el que sólo era conocido por el propio Ministerio y que lejos de comunicarlo y solicitar a JCDecaux que detuviera la ejecución, por el contrario, el propio Ministro de Turismo, Dr. Germán Cardoso resolvió insistir con el gasto. No se comparte la conclusión a la que arriba la recurrida, entendiendo que el Ministerio de Turismo carece de legitimación pasiva, sino que corresponde considerar las campañas que la propia sentenciante reconoce que se cumplieron a cabalidad por JDCecaux y fueron encargadas por el demandado. En segundo lugar, le agravia el error en el que incurre la recurrida al valorar la prueba. Expresó que la recurrida le agravia al prescindir de la actuación del M. de Turismo, atribuyendo en su lugar la sentenciante omisiones a JCDecaux que no son tales; el propio Ministro Dr. Germán Cardoso, ordenó insistir con las contrataciones. El vicio en el procedimiento no era apreciable al momento de ejecutarse las campañas por parte de JCDecaux, quien recibió una orden para ejecutar las campañas, de la misma forma que en los 16 años previos. En la impugnada se incurre en error, en tanto de lo reseñado en la misma (Considerando 5 a fs. 746 y 747), surge claro que sin perjuicio de las atribuciones de la Agencia Wavemaker (en adelante la Agencia) para la contratación y el vínculo que la misma tenía con la actora, la decisión de la compra y los incumplimientos en el proceso administrativo para la compra por excepción, le son imputables al demandado. M. de Turismo. Cita la declaración del Sr. Daniel Reta, funcionario del demandado, ante la Comisión Investigadora del Poder Legislativo, quien refirió a las compras de publicidad aprobadas por el demandado, con el visto bueno de la Agencia Wavemaker (en adelante la Agencia). Concluye que JCDecaux envió oportunamente la cotización y recibió la aprobación de la Agencia, previa aprobación por el M. de Turismo, como en todas las campañas anteriores que se ejecutaron, pero que en este caso no abonó, y entiende que tiene derecho al cobro de las campañas que ejecutó, conforme lo acordado con el M. de Turismo sin que pueda oponérsele excepción alguna. En tercer lugar, le agravia lo resuelto ya que el M. de Turismo no puede basarse para justificar su incumplimiento en la omisión de no haber seguido el procedimiento formal para la contratación administrativa, puesto que la legitimidad de este y de los actos que dan origen, dependían del propio Ministerio accionado. La sentenciante incurre en error al poner la carga de los vicios en el procedimiento administrativo en cabeza de JCDecaux, excusando al demandado. La actora no tenía participación en los procedimientos de aprobación de las compras por excepción; el demandado pretende sustraerse del cumplimento de las obligaciones, basándose en la falta de observación de requisitos formales que le eran propios. En cuarto lugar, le agravia que no se hayan contemplado los principios de la contratación administrativa, que resultan de aplicación al caso, prescindiendo de la presunción de legitimidad (cita doctrina que identifica a la misma como una cualidad del acto - presunción de conformidad a derecho-) y de la conservación de la ecuación económica financiera, en tanto el demandado recibió de conformidad los servicios de publicidad prestados por la recurrente, los aprovechó, no efectuó objeciones y busca sustraerse al cumplimiento de su obligación principal, el pago del precio, causándole daño a su contraparte. Peticiona se revoque la recurrida y en su lugar se ampare totalmente la demanda condenando al M. de Turismo al pago de la suma de $ 4.298.676, más reajustes e intereses legales, todo desde la fecha de la demanda y hasta el efectivo pago. III) La parte demandada, Ministerio de Turismo, a fs. 767 y sig., evacuó el traslado del recurso abogando por el mantenimiento de la recurrida en todos sus términos por corresponder a derecho. IV)Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede y recibidos los mismos, previo pasaje a estudio, en definitiva se dispuso el dictado de la presente sentencia en legal forma, Art. 200.1 C.G.P. (fs. 774 y sig.). V)La Sala arribará a decisión revocatoria del fallo apelado, en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente. La sentencia impugnada, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta y en su mérito desestimó la demanda promovida en autos, lo cual agravia a la parte actora. La Sra. Juez “a quo”, luego de analizar la prueba diligenciada en la causa - la cual relacionó en el Considerando 5o -, concluyó que “...emerge cabalmente acreditado que las accionantes efectuaron las campañas publicitarias por el período diciembre 2020 a julio de 2021 cuyo pago reclaman en esta instancia...” (Considerando 6o a fs. 750), lo cual no fue objeto de agravio a título eventual por parte del demandado, limitándose a contestar los agravios incoados por la actora (cabe recordar que existe lo que la doctrina llama “agravio eventual”, para la eventualidad de que la recepción de la apelación implique la alteración de la situación creada por la sentencia de primera instancia). Sin perjuicio de lo cual en la sentencia impugnada se concluyó que, en este caso no fue cumplida la normativa relativa a la contratación pública, la que en definitiva no llegó a perfeccionarse, por lo que el M. de Turismo carece de legitimación pasiva en autos. La parte actora se agravió en tanto se acogió la falta de legitimación pasiva del M. de Turismo. Entiende la Sala que, el agravio incoado a dicho respecto es de recibo, en mérito a lo que se expresará. Si bien, como se señala en la recurrida (la cual relaciona de manera correcta la normativa aplicable, a lo cual corresponde remitirse, Considerandos 2o y 3o -), en casos como el de autos en el que se está ante una contratación con el Estado, se requiere el cumplimiento de determinados requisitos y pasos administrativos a cumplir no solo dentro del propio organismo con el que se pretende contratar, sino ante otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas y otros de contralor, tales como el Tribunal de Cuentas, en este caso en particular, surge acreditado de la prueba relacionada en la recurrida (Considerando 5o), así como de la que se relacionará más adelante, que la forma en la cual se relacionaban la parte actora y demandada desde años atrás, permite concluir que el M. de Turismo demandado reviste legitimación pasiva por el reclamo promovido. Corresponde tener presente a dichos efectos que, en el ámbito de la contratación administrativa son de aplicación los principios generales de Derecho, entendiéndose que no se requiere que sean recogidos por normas positivas, en tanto se trata de reglas jurídicas que constituyen el soporte estructural del sistema normativo de que se trate (Conf. Carlos E, Delpiazzo en Normas y Principios de la Contratación Administrativa, pág. 27); entre otros se encuentran los de flexibilidad, veracidad, buena fe, etc.. El de flexibilidad “... se define por contraposición a la noción de rigidez y apunta a que la relación entre la Administración y el cocontratante no quede encorsetada en reglas pétreas sino que ambiente una relación fluida y dinámica de colaboración entre las partes...Implica reconocer el hecho de la imposibilidad de prever todas las situaciones y de reglamentar su resolución. Implica darle al administrador y al controlador una batería de instrumentos para utilizar en función del objetivo a lograr. Lo que implica confiar en su honestidad y buen juicio y hacerle asumir su responsabilidad...”(autor y obra citada, pág. 29 y 30), sin perjuicio de que no es posible invocar dicho principio para sustentar la posibilidad de diferir el cumplimiento de requisitos esenciales o sustanciales (Conf. Pinto Nerón en Los principios de la contratación pública, Estudios en homenaje al Profesor Dr. Felipe Rotondo, pág. 585). Se señala asimismo que, los principios generales de Derecho constituyen una derivación del texto constitucional y como tal son fuente directa del Derecho Administrativo, y tienen valor y fuerza de regla constitucional pese a que no figuren expresamente mencionados, siendo el Art. 72 de la Constitución el que proporciona las grandes directivas teleológicas en cuanto proclama genéricamente derechos, deberes y garantías inherentes a la persona humana, conceptos que se ratifican para la Administración en su accionar y en relación al de buena fe, se expresa que junto con el principio de colaboración, debe reconocerse también la obligación de indemnizar el enriquecimiento injusto a costo de otro, los cuales se integran a la Constitución a partir el citado Art. 72 (Conf. Algunasreflexiones sobre el mantenimiento de la ecuación económica-financiera, en Estudios de Derecho Administrativo en Homenaje al Prof. Emérito Dr. Carlos E. Delpiazzo, pág. 974 a 976). De lo expresado se extrae en definitiva que, no resulta acorde a los principios generales de Derecho, aplicables al Derecho Administrativo y en particular al relacionamiento de la Administración con sus proveedores, como lo son las actoras, que la misma pretenda eximirse de responsabilidad y faltar a sus obligaciones de pago, en situaciones como la de autos cuando durante varios años previos, el vínculo entre las mismas se desarrolló en la forma referida en la demanda. En efecto, debe tenerse presente además, que la forma previa de relacionamiento entre las partes a los efectos de la contratación de los servicios prestados por las actoras, se ve marcada no solo por el tipo de servicio, publicidad para promoción del turismo, lo que por razones específicas de urgencia, de tiempo, determina que se realice sin licitación, por contratación directa, Art. 33 lit. d) nal. 10 del TOCAF, sino también en este caso teniendo en cuenta que se estaba en plena Emergencia Sanitaria por la Pandemia de Covid 19 y se trataba de incentivar el turismo a nivel nacional, interno, para la Semana de Turismo y Vacaciones de julio del año 2021. Debe tenerse presente que de la Res. del M. de Turismo de fecha 16/2/2016 surge que el mismo adjudicó la Licitación Pública No 2/2015 para la contratación de Servicios de Agencia de Publicidad para dicha Secretaría de Estado, a la empresa, Consorcio Young & Rubicam S.A – Renier S.A. (la Agencia), por un plazo de dos años, en los términos del respectivo Pliego de Condiciones de la Licitación respectiva (fs. 264-265), el cual en su Art. 4 establecía un plazo de dos años, a partir del 1/4/2016, prorrogable anualmente, con un máximo de 6 años (fs. 256 vlto.), empresa con la cual se cumplían las tratativas y el desarrollo de la publicidad a realizar. Asimismo de la Res. del M. de Turismo No 648/2020 de fecha 22/12/2020 (fs. 526-527 vlto.), surge que se autorizó la pauta publicitaria para dicho Ministerio con JCDecaux, no solo para el ejercicio 2020, como se concluye en la recurrida, sino también para el ejercicio 2021 y de la Res. No 28/2021 de dicho Ministerio de fecha 29/1/2021 (fs. 548 y vlto.), resulta que se dispuso: “Insístese en el gasto autorizado por Resolución Ministerial No 648/20 de fecha 22 de diciembre de 2020, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas.”, las cuales fueron signadas por el entonces Ministro de Turismo, Dr. Germán Cardozo. Si bien el Tribunal de Cuentas por Res. No 5/2021 de fecha 13/1/2021, acordó cometer al Contador Auditor la intervención del gasto relativo a la Res. No 648 antes referida, una vez obtenida la certificación del M.E.F, como se señalara el M. de Turismo, por resolución del propio Ministro, en ejercicio de atribuciones delegadas, reiteró, insistió en el gasto, a pesar de lo observado por el Tribunal de Cuentas. De la prueba documental referida y de las declaraciones testimoniales relevadas en la recurrida, testigos Javier Rodríguez -Director de Comercial de JCDecaux-, Gonzalo Praderio –Encargado de Medios de la Agencia Webmaker (en consorcio con Young & Rubicam), y Claudia Fernández -empleada de la Agencia Webmaker-, surge que la referida agencia en definitiva actuaba como intermediaria entre el M. de Turismo y las agencias proveedoras de los servicios de publicidad, como es el caso de autos; que se enviaba la propuesta a la Agencia Webmaker, la que en definitiva le comunicaba a la actora cuando estaba dado el visto bueno, el ok., para el cumplimiento de la propuesta publicitaria, el Ministerio es el que en definitiva valida el plan de medios y posteriormente se van entregando los materiales, realizándose la aprobación de las propuestas en reuniones semanales. Esa fue también la operativa seguida en este caso. De la prueba documental obrante de fs. 195 a 204 surgen agregadas órdenes de compra emitidas por el M. de Turismo correspondientes a los años 2016 a 2019 inclusive, advirtiéndose que las mismas fueron emitidas en los meses de noviembre y diciembre del año correspondiente, al finalizar las respectivas campañas, y de fs. 206 a 254 lucen agregadas las respectivas facturas emitidas al año siguiente de las correlativas órdenes de compra. En autos el reclamo corresponde a parte de la campaña del año 2021, Semana de Turismo y Vacaciones de julio, las que de conformidad al tipo de actividad a la que corresponden, promoción del turismo, resulta de toda lógica que debieron cumplirse en tiempo y forma con antelación suficiente a las respectivas temporadas de Turismo y Vacaciones de julio del año 2021. De los mails obrantes a fs. 116 y vlto., resulta que la Agencia comunicó a la actora que en reunión con el M. de Turismo existía el ok. para los espacios de dichas campañas y que se solicitó ajuste de la cotización de la propuesta, ajuste que fue remitido por la actora a la Agencia al día siguiente, 5/3/2021, con detalles obrantes de fs. 109 vlto. a 114 vlto. De los mails obrantes a fs. 119 y fs. 120 resulta que con fecha 29/4/2021, desde la actora se consulta a la Agencia respecto de las órdenes de compra ya que no habían podido facturar, a lo cual se responde por parte de la Agencia, con fecha 3/5/2021, que se consultaría estatus con el M. de Turismo. De ello resulta en suma que, de conformidad a la operativa de gestión, de relacionamiento con el M. de Turismo a través de la Agencia, es posible concluir que la campaña de Turismo ya se había cumplido y restaba la emisión de las órdenes de compra y de las facturas, las que como ya se refiriera era costumbre que se emitieran luego de cumplida la respectiva campaña. Y del mail de fecha 16/6/2021 remitido desde la Agencia a la parte actora, resulta que se le comunica que se tenía el ok., “Tenemos luz verde para salir con MINTUR...comunicando campaña Vacaciones de Julio” (fs. 164), a ello se agrega que en mail de fecha 23/6/2021 desde la Agencia se comunicó a la actora que desde el M. de Turismo le habían expresado que, la expedición de las órdenes de compra estaba aún en proceso (fs. 167), todo lo cual nuevamente demuestra la operativa del vínculo entre las partes del proceso y el nexo a través de la Agencia. Asimismo de la respuesta remitida por la empresa KANTAR IBOPE MEDIA al oficio No 242/2024, en el cual se le solicitaba como parte de la prueba ofrecida por la parte actora, que informara sobre los registros de la campañas publicitarias realizadas por JCDecaux (JCDecaux OOH Uruguay S.A y JCDecaux Uruguay) para el M. de Turismo en el período diciembre 2020 a julio de 2021 (fs. 653 a 685), surge que se realizó publicidad durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021 y que la fecha del feriado de Carnaval fue los días 15 y 16/2/2021, cuyo pago no se reclama en autos y que la Semana de Turismo fue desde el 29/3/2021 al 4/4/2021 y que obviamente las Vacaciones de julio se cumplen en dicho mes. De ello se extrae que, necesariamente tratándose de la promoción del turismo para esas oportunidades, la publicidad debió cumplirse previamente a esas fechas, lo que surge del citado informe. De fs. 598 a 603 y fs. 611 vlto. de autos (correspondientes a los folios 186 a 196 y 213 del exp. adm. No 2020-9-1-0001937 agregado), surge acreditado que se autorizó el pago de la campaña, de la campaña 2020-2021 y Carnaval 2021, cuyo pago no es objeto de reclamo en autos. No se acreditó el pago de la campaña Semana de Turismo y Vacaciones de julio 2021, a pesar de que como ya fuera relevado, fue cumplida, sin que resulte de autos que hubiera existido en algún momento por parte de la demandada reclamo alguno al respecto del cumplimiento de la pauta publicitaria, con la cual la misma se vio beneficiada sin abonar la contraprestación económica respectiva, en detrimento, perjuicio de la actora. Como fuera ya referido el relacionamiento del Estado con sus proveedores, la contratación con el Estado, debe regirse por el principio de buena fe, debiendo el Estado dar fiel cumplimiento a las obligaciones que resultan de su accionar. Debe reconocerse que el mismo tiene la obligación de indemnizar el enriquecimiento del que se hubiera visto beneficiado por el cumplimiento, por parte de sus proveedores, de los servicios que los mismos le prestaron oportunamente de buena fe y en base a la confianza puesta en que el accionar de la Administración se cumplía conforme a derecho y como se venía haciendo desde tiempo atrás, como ocurrió en este caso. Es de esencia entender que en principio, los particulares que contratan con el Estado presumen que el mismo actuará conforme a derecho, a las normas que regulan su accionar, no correspondiendo pretender que los mismos se constituyan en controlador del accionar, de las etapas administrativas previas que el Estado sabe que debe cumplir, máxime cuando ha existido un relacionamiento desde años atrás que ha creado un vínculo de confianza en que el Estado actuará en todo momento ajustándose al derecho aplicable en cada caso. Entiende asimismo la Sala que, es de aplicación en autos la Teoría del Acto Propio (convenire contra factum proprium), la cual resulta aplicable no solo a la conducta de los particulares, en el ámbito del Derecho Privado, sino también a la del propio Estado, en el ámbito del Derecho Administrativo, en situaciones como la de las presentes actuaciones. La aplicación de la denominada Teoría de los Actos Propios se impone en punto a compulsar las conductas tanto de los administrados como de la propia administración (Conf. Barbieri, en A.D.C.U., T. XXX, p. 761 y sig.). Como ha dicho el Tribunal en varias oportunidades, la doctrina del Acto Propio puede sintetizarse en la tradicional definición de ENNECCERUS, de que a nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esa conducta interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, buenas costumbres o la buena fe (Conf. Gelsi Vidart “Acerca de la Teoría del Acto Propio Rvta Jurídica Estudiantil No 5 Año 3 mayo 1988; Minvielle Reyes La doctrina de los actos propios perspectiva procesal civil en RUDP 2/2000 páginas 291 y siguientes). El Derecho rehúsa su protección a quien al contradecir su conducta anterior, vulnera el Principio de la Buena Fe. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en distintos pronunciamientos: “Como lo ha expresado lo más granado de nuestra jurisprudencia Civil: ‘...la buena fe opera como un límite al ejercicio de los derechos subjetivos y su expresión en el adagio venire contra factum proprium, se concreta en que el ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad es inadmisible cuando con él la persona se pone en contradicción con el sentido que objetivamente y de acuerdo con la buena fe habría de dar a su conducta anterior’ (TAC 5o, Van Rompaey (r), Rochón, Echeverría, Almirati, ADCU, T. XXV, c. 96, págs. 40/41). Quienes se vinculan con otros sujetos en el tráfico jurídico, es dable que esperen de sus contrapartes un comportamiento coherente y de buena fe. Como enseña Bergstein, la coherencia es propia de la buena fe. En efecto, si aceptamos que la buena fe es - entre otros - un modelo de conducta que se traduce en derechos y obligaciones/prestaciones y espe-cialmente en expectativas, estas sólo pueden ambientarse en un marco de coherencia. La relación entre personas de buena fe es íntima, por lo que los cambios de actitud de los particulares que resulten bruscos e intempestivos no resultan amparables por el Derecho (cfme. Bergstein, J: ‘Buena fe y derecho tributario’, La Ley Uruguay, Montevideo, 2018, págs. 66/67). Ante la incongruencia entre dos conductas de un sujeto en la vida de relación con los demás sujetos, debe privilegiarse la primera acción cuando el cambio en el comportamiento resulta abrupto e injustificado. La regla delvenire se asienta en los principios de seguridad, razonabilidad y buena fe que deben orientar la aplicación del Derecho (cfme. Gelsi Bidart, A.: ‘Acerca de la Teoría del Acto Propio’, Revista Jurídica Estudiantil, V. 5, No 3 (Mayo de 1988), págs. 9 y ss. y López Mesa, M: ‘La doctrina de los actos propios’, B de f, Montevideo-Buenos Aires, 2005, págs. 89 y ss. y Berro, F: ‘La relevancia jurídica de la conducta anterior (Teoría de los Actos Propios)’, Amalio Fernández, Montevideo, 1989, págs. 65 y ss.; Minvielle, B y Reyes, A.: ‘La doctrina de los actos propios (perspectiva procesal civil)’, RUDP 2/2000, págs. 291 y ss.). En definitiva, el Principio de buena fe y la regla del acto propio resultan de aplicación a este caso y constituyen argumentos que conducen a amparar el recurso” (Conf. S.C.J, Sentencia No 512/2021). Y como lo enseñara también la Suprema Corte de Justicia en Sentencia No 86/2004 (L.J.U.. c. 14.921), “Precisamente, en el caso se verifica claramente la doctrina del acto propio (convenire contra factum proprium) concreción del principio de buena fe de raigambre constitucional, de jerarquía supralegal (arts. 7, 72 y 332 de la Carta) que es invocable en las relaciones entre la administración y los ciudadanos, erigiéndose en un obstáculo de la actuación de una pretensión deducida por una persona pública que entra en contradicción o resulta incoherente con la conducta o comportamiento llevado a cabo por esta en sus relaciones con el particular, generando la confianza en la legitimidad de su actividad ... ". No resulta admisible que el Estado luego de haber generado en la parte actora la confianza en la legitimidad de su accionar luego de varios años de relacionamiento, pretenda desconocer el derecho de la misma al cobro de un servicio que fue efectivamente prestado y que no mereció objeciones. Asimismo resulta procedente señalar que el Tribunal tiene reiteradamente admitido (Sent. N° 91/2011 en adelante, entre otras), que en el ámbito general de la responsabilidad del Estado (Art. 24 de la Constitución), se afirma que esta no es objetiva, sino que deriva de la falta de servicio público (por haber funcionado mal, tardíamente, no haber funcionado) e indirectamente en la falta de sus funcionarios, ya sea por la violación de la regla de derecho o por culpa (Conf.: Dr. Daniel Martins en La responsabilidad de la Administración y de los funcionarios en la Constitución Uruguaya R.D.P.P., T. XXX pág. 195 y sig.), lo que ha llevado a sustentar la opinión de que: “.. en caso de la responsabilidad del Estado por hecho ajeno, se requiere hecho ilícito del funcionario. Jamás va a responder el Estado (aun cuando se sostenga, lo que es correcto, el criterio de que la responsabilidad vicaria es objetiva) si no existe un hecho ilícito del dependiente (De Cores en A.D.C.U. T. XXI pág. 411; de la Sede Sents. 271/2003 entre otras). Asimismo la responsabilidad del Estado (arts. 24, 25 Carta) por actos, hechos u omisiones administrativas, adoptándose el criterio de la falta de servicio como criterio nuclear de ésta, no implica un régimen de responsabilidad objetiva que determine que aquél deba ser responsabilizado aún por los daños causados por su actividad lícita, o sin que exista dolo, culpa grave o negligencia de su parte”. Desde dicho punto de vista, en el caso de autos es posible concluir que el servicio no funcionó, no habiendo el demandado procedido a cumplir en tiempo y forma con las formalidades del caso, no habiendo por ello abonado a la parte actora por los servicios prestados. En mérito a los fundamentos expresados, y habiendo analizado la prueba aportada a la causa conforme el Art. 140 del C.G.P, corresponde en suma revocar la recurrida y condenar a la demandada, M. de Turismo a abonar a la parte actora la suma reclamada en autos por los servicios de publicidad cumplida por la misma, $ 4.298.976, con más sus reajustes e intereses desde la fecha de promoción de la demanda y hasta su efectivo pago, en virtud de que sin perjuicio que de la prueba ya antes relacionada (informe de la empresa KANTAR IBOPE MEDIA), resulta que los servicios fueron efectivamente cumplidos, debe tenerse presente que la parte demandada en su contestación de la demanda asumió una conducta que puede calificarse como ambigua y/o reticente, en tanto controvirtió de manera genérica que se hubieran cumplido los servicios, no ofreciendo prueba alguna a los efectos de acreditar dicho extremo y contrarrestar la prueba que la parte actora ofreció a esos efectos y que fuera contundente en cuanto a los servicios de publicidad cumplidos (Art. 130.2 C.G.P). VI)La conducta de las partes en el proceso ha sido correcta por lo que no existen méritos para la imposición de especiales condenas procesales en el grado (Art. 688 C.C. y 56 del CGP). Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal FALLA: Revocase la sentencia definitiva dictada en autos y en su mérito condénase al demandado, Ministerio de Turismo, a abonar a la parte actora la suma de $ 4.298.976, con más sus reajustes e intereses desde la fecha de promoción de la demanda y hasta su efectivo pago. Notifíquese personalmente. Sin sanciones procesales en el grado. Oportunamente, devuélvanse. Dra. Mónica Besio. Dr. Guzmán López Montemurro. Dr. Álvaro França. Esc. Adriana León. MINISTRA MINISTRO MINISTRO SECRETARIA