Sentencia Definitiva N° 50/2025

Sentencia Nº 50 Montevideo, 3 de octubre de 2025. Ministra redactora: Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia esta causa caratulada“AA.- UN DELITO CONTINUADO DE REVELACIÓN DE SECRETO.- JUICIO ORAL (Testimonio de IUE 2-20104/2021)”.- IUE 583-179/2024 venida a conocimiento de este Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno por recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva n° 130/2025 dictada por el Juez Letrado de Maldonado de 4° Turno Dr. Sebastián Amor, interpuesto por la Defensa a cargo del Dr. Fernando Rosas y la Dra. Sara Durán y con intervención de la Fiscalía Departamental de 5° Turno representada por el Dr. Jorge Vaz.- RESULTANDO: 1) Por sentencia n° 130/2025 dictada el 25 de abril de 2025 se condenó a AA como autor penalmente responsable de un delito de Revelación de Secretos, a la pena de suspensión por el plazo de un año y multa de 15 UR, con descuento de lo cumplido y siendo de su cargo las accesorias legales (art. 105 literales e y d del C.P.) (fs. 57-62). 2) Estando en tiempo compareció la Defensa del acusado a interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada, formulando los agravios que se sintetizan a continuación. Afirma que existió error en la valoración de la prueba, no se discute que AA proporcionó información al Dr. BB, lo que se discute es la clase de información que aportó. Alega que la prueba consistente en los audios producto de las interceptaciones telefónicas es nula, esa interceptación fue ilegal por tratarse de conversaciones entre abogado y defendido. No se consideró la declaración de los testigos Crio Mayor CC y Crio Gral. DD, quienes declararon que la información contenida en el SGSP es de carácter reservada. Entiende que existió error en el juicio de tipicidad, la calificación jurídica no es correcta, no existió abuso de la función ni se ocasionó daño a la seguridad pública como dice la sentencia. La sentencia no realizó un análisis jurídico en cuanto refiere a la atipicidad de la conducta -más allá del abuso de la función- dado que falta la referencia normativa: información secreta. Se confunde lo que es información reservada e información secreta, el razonamiento del decisor condena analógicamente in malam parte asimilando información reservada a secreta. La información contenida en el SGSP es de carácter reservado pero no es secreta, pues este elenco es taxativo y de fuente legislativa. Reseña todas las leyes que refieren a información secreta. Por último se agravia en cuanto a la individualización de la pena recaída, alegando que no existió daño a la seguridad pública ni a la función, ni se menoscabó el bien jurídico tutelado por el art. 163 CP. Asimismo la Defensa funda el agravio respecto de la apelación con efecto diferido contra la resolución n°3828/2024 dictada en la audiencia de control de acusación realizada en IUE 2-20104/2021, que refiere a excepciones y cuestiones previas. Solicita al Tribunal se revoque la sentencia declarando la absolución de su defendido y en subsidio solicita el abatimiento de la pena impuesta a seis meses de suspensión y 10 UR de multa (fs. 63-72). 3) Por decreto n° 1347/2025 se confirió traslado al Ministerio Público por el término legal (fs. 74). 4) Estando en tiempo compareció el representante fiscal abogando por la confirmatoria de la recurrida, de acuerdo a los argumentos que se resumen a continuación. Afirma que los audios de las interceptaciones no son ilegales, denotan diáfanamente una comunicación entre personas amigas que una le pide favores a otra, nada indica una conversación entre abogado y su cliente. Respecto de la tipicidad, entiende que la calificación jurídica fue correcta. AA abusó de sus funciones pues utilizó un sistema informático con información reservada, destinado a la función pública, al que tenía acceso por su condición de funcionario policial, para brindarle información a un tercero ajeno a dicha función pública, sin autorización reglamentaria ni legal para ello. En tanto AA no tenía justa causa para revelar la información reservada que reveló, actuó con abuso de funciones. En relación al daño, el tipo penal en cuestión es un delito de peligro por lo cual para su consumación es indiferente que se haya ocasionado daño. La información revelada encarta en el carácter de secreto que requiere el tipo penal, el secreto al que refiere el art. 163 del CP es todo aquello que no puede ser divulgado, sea por disposición legal o reglamentaria. En cuanto a la pena, la establecida es correcta y acorde a la proporcionalidad de los hechos cometidos y las alteratorias relevadas. Contesta la apelación a la resolucion n° 3828/2024 y solicita se mantengan las recurridas en todos sus términos (fs. 76-82). 5) Por decreto n° 1439/2025 se franqueó la alzada con efecto suspensivo (fs. 83). 6) La causa fue recibida por esta Sala y pasó a estudio de los Sres. Ministros por su orden. Al no alcanzarse el acuerdo, se ordenó la integración de la Sala, por lo que se procedió al sorteo correspondiente recayendo la suerte en el Sr. Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno Dr. José María Gómez. Obtenida la mayoría legal de votos, se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1) El Tribunal integrado, por mayoría legal de votos, procederá a revocar la sentencia definitiva atacada disponiendo la absolución del acusado, por los fundamentos que se exponen a continuación. 2) En lo procesal, el recurso de apelación se interpuso y sustanció en legal forma, de acuerdo a lo previsto por el art. 359 del CPP y arts. 248 y siguientes del CGP. Cabe recordar que en el actual proceso penal -acusatorio y adversarial- y conforme lo previsto en el art. 248 del CGP citado, el objeto de la alzada está delimitado por los agravios formulados por el recurrente, los que deben consistir en una crítica razonada de los fundamentos de la sentencia atacada. 3) En primer lugar corresponde pronunciarse sobre la apelación contra la resolución n° 3828/2024, respecto de la cual afirma la Defensa que “fundamenta el recurso de apelación con efecto diferido”. En primer lugar, se advierte que dicha apelación carece de un petitorio concreto, sino que se limita a relatar actuaciones cumplidas en etapas anteriores del proceso. En segundo lugar, el recurso de apelación con efecto diferido está regulado en el art. 251 n° 3 del CGP y en el art. 252.3 dispone que la apelación tendrá efecto diferido en los casos expresamente previstos en la ley. Por el contrario, el efecto diferido del recurso de apelación no está previsto en el CPP, en tanto el art. 362 del CPP prevé únicamente el efecto suspensivo y no suspensivo del recurso. Tampoco es aplicable por remisión la previsión del art. 147 del CGP sobre la recurribilidad de las resoluciones relativas a prueba, en tanto tales decisiones tienen un régimen impugnativo expresamente regulado en el art. 365 del CPP. Por lo cual el recurso interpuesto es improcedente. En tercer lugar, de acuerdo a lo que resulta del auto de apertura a juicio, la sentencia referida se dictó en audiencia de control de acusación, fue impugnada oportunamente por la Defensa y los recursos fueron desestimados (fs. 5 y fs. 6 parte final). Todas las cuestiones que plantea en el capítulo III del escrito de apelación refieren a decisiones adoptadas en etapa de garantías, que ya fueron decididas por resolución firme y no corresponde que vuelvan a plantearse en juicio oral. En mérito a lo expuesto, corresponde el rechazo de la apelación contra la sentencia n° 3828/2024 por inadmisible. 4) Sobre el mérito de la causa, el sentenciante de primer grado realizó el análisis de la prueba producida y entendió que la Fiscalía logró acreditar su teoría del caso con el grado de certeza necesario, concluyendo que el acusado AA realizó la conducta típica prevista en el art. 163 del CP. La Defensa del imputado interpuso apelación, formulando los agravios reseñados en el resultando n° 2 de esta sentencia. Se advierte que, en concreto, los agravios no cuestionan la plataforma fáctica tenida por acreditada en la sentencia, sino la calificación jurídica atribuida a la conducta del acusado. 5) La Sala comparte el análisis probatorio sobre la plataforma fáctica realizado por el sentenciante de primer grado, realizado conforme las reglas establecidas en los arts. 141 a 144 del CPP y, en consecuencia, se entiende que han quedado acreditados en grado de certeza razonable los hechos que se relacionan a continuación. El acusado AA es funcionario policial, detenta el grado de Sargento de Policía y al momento de los hechos se desempeñaba en la Escuela Departamental de Policía de Maldonado. Debido a su función, tenía acceso a la herramienta informática Sistema de Gestión y Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior, el que contiene datos sobre personas requeridas y vehículos incautados, entre otros. En dos oportunidades, el Dr. BB le solicitó a AA información existente en el SGSP referida a asuntos en los cuales intervenía profesionalmente. El abogado mantenía con AA una relación de amistad. La primera vez, el Dr. BB le solicitó información sobre si una persona a la cual asistía estaba requerida. AA llamó por teléfono a un subalterno, el funcionario policial FF, para que le consiguiera la información de esa persona, lo que éste cumplió. En la segunda ocasión, el abogado la preguntó sobre un vehículo que se encontraba incautado en una dependencia policial en Montevideo. El acusado ingresó al SGSP mediante su usuario y contraseña y obtuvo la información sobre la incautación del vehículo y datos del mismo. En ambas oportunidades AA obtuvo la información del SGSP y se la proporcionó al Dr. BB. 6) Como se dijo, corresponde entonces pronunciarse sobre los agravios formulados por la Defensa recurrente. 7) En primer lugar, el defensor afirma que existió error en la valoración de la prueba por parte del sentenciante. Pero en seguida se contradice, ya que a continuación afirma que no se controvierte que AA haya proporcionado información del SGSP al Dr. BB sino que “lo que si se discute es qué clase de información aportó el sr. AA”. Se concluye entonces que el apelante no formuló agravio sobre la plataforma fáctica. Es decir, no se agravia porque entendió acreditado que el imputado proporcionó información ni cuál fue esa información (lo que admite) sino que su agravio refiere a la naturaleza de esa información, que a su entender no es secreta sino reservada. Al respecto la Defensa refiere que el sentenciante no consideró la declaración de los testigos Crio Mayor CC y Crio Gral. DD, quienes manifestaron que la información contenida en el SGSP es de carácter reservada. Asiste razón al recurrente en que el juez de primer grado no mencionó en la sentencia los testimonios referidos. Sin perjuicio de ello, se entiende que la naturaleza de la información no es una cuestión de prueba sino de derecho, que fue considerada por el decisor en el capítulo de calificación jurídica. Por lo que el agravio no es de recibo, la naturaleza de la información no puede ser acreditada por declaraciones testimoniales. En ese sentido, se advierte que el mismo defensor analiza la cuestión de la naturaleza de la información cuando se agravia respecto de la calificación jurídica, por lo que la Sala lo analizará en esa oportunidad. 8) En segundo lugar, el recurrente alega la ilegalidad de las interceptaciones por tratarse de comunicación entre el abogado y su cliente. En lo formal y contrariamente a lo que sostiene el juez en la sentencia, se entiende que aun cuando la prueba haya sido admitida en la audiencia de control de acusación, es admisible el cuestionamiento de la ilicitud en etapa de juicio oral, cuando lo que se invoca como fundamento de la ilicitud es la vulneración de derechos fundamentales, como en el caso. Pero en lo sustancial, se comparte que las conversaciones registradas mediante las interceptaciones telefónicas no se enmarcan en una asistencia profesional que el abogado estuviera prestando a AA, en cuyo caso sería ilegal. Más allá que el Dr. BB pueda ser abogado del acusado AA, en las dos oportunidades referidas a los hechos imputados, la comunicación entre ellos no se dio en el marco de la relación abogado - cliente, sino que fueron pedidos de información policial del abogado a AA, referidos a otros clientes del Dr. BB. Por lo cual no pueden quedar alcanzadas por la exclusión del art. 205.2 del CPP. Tal como dijo el Fiscal al contestar el recurso, el hecho que uno de los interlocutores sea abogado no le otorga a esa comunicación un bill de justificación o de impunidad respecto de todo lo conversado. En consecuencia, también corresponde desestimar el agravio sobre la nulidad de la prueba por ilicitud. 9) Finalmente se analizará el agravio referido al error en la calificación jurídica. El juez de primer grado en el capítulo de calificación jurídica analizó la cuestión referida a la naturaleza de la información proporcionada y concluyó que tiene el carácter de reservada. Entendió que es reservada por su naturaleza, ya que no puede divulgarse libremente la existencia de requisitoria penal sobre una persona o incautación de en una investigación, porque podría frustrarse una investigación criminal y por ende afectarse la seguridad pública (fs. 61 vto.). La defensa se agravia por dicha conclusión, alegando que la información es reservada pero no secreta, todo de acuerdo a los fundamentos que expone en el escrito (fs. 64 vto.-70). La Sala integrada en mayoría comparte la posición del recurrente y acogerá el agravio formulado, de acuerdo a lo que se dirá. 10) El art. 163 del CP dispone: “El funcionario público que, con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o facilitare su conocimiento, será castigado …”. Entonces, los elementos descriptivos del tipo penal se complementan con la referencia normativa, según la cual los documentos o los hechos a que refiere la norma deben “permanecer secretos”, es decir, deben catalogarse como secretos. La cuestión entonces consiste en determinar cuál es la naturaleza de la información proporcionada por el imputado AA y para ello debe acudirse a la normativa vigente. En ese sentido, el art. 7 de la Ley 17.060 (Ley Cristal) establece: “Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada. En todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiese lugar por derecho”. El art. 2 de la Ley 18.381 de Acceso a la información pública dispone: “(Alcance). Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales” (destacado de la Sala). El art. 8 de la misma Ley 18.381 prescribe: “(Excepciones a la información pública). Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial” (destacado de la Sala). El art. 9 de la Ley 18.381 regula la información que puede clasificarse como reservada y el art. 10 la información que se considera confidencial. Por su parte, en la Guía elaborada por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) para clasificar información como reservada o confidencial, en el marco de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, se distingue entre información reservada, confidencial y secreta. Categorías diferentes que no son sinónimas. La información reservada es aquélla que, por motivos excepcionales, el jerarca del organismo puede señalar como tal, cuando a esa información aplique algunas de las hipótesis previstas en el artículo 9° de la Ley 18.381, debiendo cumplirse ante la UAIP el procedimiento dispuesto para la clasificación de la información como reservada. En el caso, el juez de primer grado fundamentó su decisión en la naturaleza “reservada” de la información en tanto podía poner en riesgo la seguridad pública, de acuerdo al art. 9 citado. Es correcto que entre las causales de reserva de información se menciona el comprometer la seguridad pública. A propósito del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), corresponde precisar que la protección de la seguridad pública es una función del Estado, que tiene como fin salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública. De ello se desprende que la seguridad pública ingresa en la categoría de la reserva. Pero información reservada es distinto de información secreta. Según el art. 8 de la Ley 18.381 ya citado, información secreta es aquella definida como tales por leyes específicas, en las que se establece la obligación de los organismos públicos de resguardar determinada información. La interpretación debe ser estricta y aplicarse únicamente a las materias previstas en cada ley donde se establece la información secreta. Como se dijo anteriormente, la referencia normativa del art. 163 del CP es que se trate de información que “deba permanecer secreta”. La información emergente del SGSP no ha sido declarada “secreta” por ley, es decir que la información policial proporcionada por AA no está declarada secreta por ley. En consecuencia, en tanto la información no era secreta, la conducta del imputado AA no se adecua al tipo penal establecido en el art. 163 del CP. Al respecto dijo el TAP 4º Turno: “… en el caso de autos, no se acreditó en absoluto que la participación que le cupo, al funcionario policial CC, en la investigación que derivó en el encausamiento de DD, -dispuesto por otra Sede Penal diversa de la de origen-, revistiera el carácter legal de “hecho que debe permanecer secreto”, que es el elemento estructural exigido preceptivamente por el art. 163 del Código Penal, para que se configure la hipótesis delictiva edictada en el mismo. “III) Que en tal sentido, la doctrina ha precisado que el referido texto penal, ‘...con su redacción tiene indudable conexión con el aspecto del subjetivismo relativizado, en efecto, en el mismo se exige que los hechos o documentos a que se refiere la figura ‘deben permanecer secretos, por cuyo mérito si se indaga la fuente misma de ésta obligatoriedad, habrá de encontrarse en nuestro derecho, -al igual que en el italiano-, una disposición legislativa o un acto administrativo. Es natural y obvio que si el secreto administrativo estuviera impuesto por un texto legal, la situación sería indiscutiblemente de las encartadas en el art. 163 del Código Penal, pues sería el preceptum legis el que haría que la misma debe permanecer secreta, pero no debe descartarse la determinación por acto administrativo. La posición examinada, respecto de la forma como el Estado hace jugar su voluntad, en la determinación de lo que es secreto administrativo, ha sido acogida por Carballa, -al estudiar el secreto estadial-, en cuanto considera que no queda otra posibilidad que determinar por vía de disposición legal o administrativa, o deducir de las respectivas normas la naturaleza secreta de la situación. Desde luego que la manifestación de voluntad exteriorizada en la disposición legal o en la administrativa, debe ser relativizada, esto es, no debe perderse de vista la naturaleza intrínseca de la situación que involucra al punto que, si a mérito de un exagerado subjetivismo, la Administración Pública declara por acto administrativo que una situación es secreta, cuando en realidad su naturaleza no condijera con semejante declaración, no quedaría otra alternativa, antes de admitir aquella como elemento estructural de una incriminación, que estar a lo que en concreto resolviera sobre el particular, la autoridad judicial respectiva....’. (Bayardo Bengoa, Derecho Penal Uruguayo, T IV, Vol. I, págs. 227-228)” (sentencia 542/2015 del 08/12/2015) En el mismo sentido, dijo el Ministro Dr. José Gómez en su voto: “La ristra de secretos establecidos en nuestro derecho positivo dice relación con Secretos comerciales e industriales; Secreto de las comunicaciones; Secreto bancario o tributario; Secreto estadístico; Secreto profesional; Secretos político y militar. “En cuanto a los Secretos que deben guardar los funcionarios, hay una disposición específica que involucra a los funcionarios policiales según lo prevé el Decreto-Ley 15.098 artículo 3: “Todo policía en actividad o retiro o que haya perdido el Estado Policial y que hubiere tomado conocimiento de hechos o documentos que por su propia naturaleza debieran permanecer secretos, no podrá divulgarlos y si lo hiciere, se considerará que ha incurrido en el delito previsto en el artículo 47 literal i) del Código Penal Militar”. Y a su vez este Código establece: “Cometen delito contra la regularidad del servicio, los militares y los equiparados, en su caso, que quebranten la norma de alguna de las maneras siguientes: i) Revelando hechos atinentes al servicio, que debieran permanecer secretos, fuera del caso de espionaje”. “De estas normas no se desprende ningún dispositivo que declare secreta la información contenida en el SGSP, la que, por ende, al comprometer la seguridad pública, se adscribe como causal de reserva de información, tal como lo consignó el sentenciante de primer grado, invocando el art. 9 de la Ley 18381, pero nunca de carácter secreto como lo exige el art. 163 del Código Penal. “No habrá de soslayarse que el art. 8 de la manida Ley 18381 establece como excepciones a la publicidad de la información, por un lado las definidas como secretas por la ley; y por otro las definidas como reservadas según declaración del jerarca correspondiente “Se reitera que la línea que las distingue es muy delgada, lo que apareja serias dudas cuando se trata de deducir de las respectiva normas la naturaleza secreta de la situación empero no se debe perder de vista la máxima que todo supuesto de duda deberá sufragar en favor del acusado (FAVORIS REI)”. 11) Por los fundamentos expuestos, las normas citadas y lo previsto en los arts. 359 del CPP y los arts. 248, 253 y 257 del CGP, el Tribunal FALLA: REVÓCASE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA N° 130/2025 EN SU LUGAR SE DISPONE LA ABSOLUCION DE AA DE LA IMPUTACIÓN RECAÍDA EN ESTA CAUSA. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE AL JUZGADO DE PROCEDENCIA QUE DEBERÁ PROCEDER A LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES. Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras Ministra Dr. Ricardo Míguez Isbarbo Ministro Dr. José Gómez Ministro Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada DISCORDE: Dr. Dr. Daniel Tapie Santarelli I) LOS HECHOS PROBADOS. En autos han quedado probados los hechos que a continuación se exponen, y que fueron incluidos en la demanda acusación como fundamento de la pretensión en ella actuada: Que el imputado AA quien reviste la calidad de funcionario público, y el grado de Sargento de Policía se desempeñaba en la Escuela Departamental de Policía. En virtud de la calidad referida, tenía acceso a la herramienta informática llamada Sistema de Gestión y Seguridad Pública (SGSP) y en ese contexto, reveló información reservada al Dr. BB con quien mantenía una relación de amistad. El SGSP tiene carácter confidencial y permite entre otras funcionalidades que la policía pueda obtener información de personas que podrían encontrarse requeridas, vehículos incautados, etc. La información que el imputado reveló, refería a si una persona se encontraba requerida por la autoridad, quien era asistido jurídicamente por el Dr. BB. En otra oportunidad le brindó información al referido abogado, respecto de un vehículo que se encontraba incautado en Montevideo. Surge además que el imputado ingresaba al SGSP mediante su usuario y contraseña, o le solicitaba la información a un subalterno el funcionario FF, también funcionario policial, quien a la sazón prestaba funciones en la Escuela Departamental de Policía. A modo de ejemplo del tipo de conversaciones que surgen de las interceptaciones, el día 14/01/2021, 18:47 BB se comunica con AA. Le pide que le averigüe por una persona a fin de saber si está requerida: "tengo un pibe ahí que quiere saber si lo precisan" expresa el Abogado. AA le pregunta a BB si es ya o puede dejar para mañana expresándole AA: "como quieras vos, la urgencia la manejas vos". Preferentemente que sea hoy le expresa el abogado y le pasa por mensaje los datos de la persona en cuestión, a hora 18:50. A la hora 19:30 AA llama al funcionario policial FF de la Escuela Departamental y AA le expresa textualmente: "escucha, te paso a tu whatsapp una cédula, tírame si está requerido o no". Siendo la hora 19:34 AA llama a BB pasándole la información que este le había pedido: tales como nombre completo, anotaciones de eventos policiales de esa persona, calificación de los mismos, fechas, unidades policiales participantes y también le expresa finalmente que no se encuentra "requerido". En otra llamada el abogado llama a AA, se tratan de amigos, el abogado le solicita información respecto a un vehículo que se encuentra detenido en una dependencia policial en Montevideo y el abogado le expresa que así no tiene que ir a la comisaría de dicha ciudad a averiguar, utilizando una frase más coloquial. AA le expresa al abogado: dame un segundo que estoy hablando contigo y estoy abriendo el sistema, para un poquito. Dado que el abogado no tenía ningún dato del evento policial, AA lo busca en el sistema por la matrícula y de esa forma accede al evento. AA le comenta que el auto tiene muchas intervenciones y le aconseja que su cliente "se lo saque de encima" porque tiene muchas intervenciones. AA le lee los detalles del hecho que resultó en la incautación del vehículo, tratándose de una persecución policial de un auto en actitud sospechosa que se dio a la fuga al avisar al móvil policial. Le expresa el nombre de las personas participantes, le pasa el número del evento y que no hay fiscalía asignada aún pues está registrado como hecho policial. AA le indica al abogado cómo hacer para recuperar el vehículo. El abogado le agradece por haberle ahorrado ese viaje a Montevideo y AA le expresa: "mi amigo usted se lo merece vio". II) LA PRUEBA Y SU VALORACION. La prueba que sirve de fundamento para acreditar los hechos relacionados está integrada con las declaraciones de los funcionarios policiales: Comisario CC, Cabo EE, DD, la grabación de las interceptaciones telefónicas entre AA y BB, y entre AA y FF, recabadas por el sistema Sail, la Auditoría realizada al evento N° 11437212 del SGSP entre las fechas 05/09/2020 al 15/06/2021, las declaraciones de GG, HH y II y el Dr. BB, que son concluyentes para la atribución de responsabilidad penal de AA. En primer lugar, la sentencia de primera instancia se basó en la certeza de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera y en la culpabilidad del imputado (plena prueba. Artículo 142 del CPP). Se considera que el decisor de primer grado, cumplió con las pautas edictadas en el artículo 143 del Código del Proceso Penal, valorando las pruebas incorporadas en autos (la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público) y la de descargo aportada por la Defensa, por separado y en conjunto (testimonios, grabaciones, auditoría) , de acuerdo con las reglas de la sana crítica, e indicando cada uno de los medios de prueba que constituyeron el fundamento principal de una sentencia de condena, como surge de las fojas 60 a 62 de la misma. El artículo 119.1 del CPP señala que la sentencia debe incluir debidamente 2articulados, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados, y ello acaeció en la citada sentencia. La sana crítica, según señera definición del Maestro Couture es:” Calificación atribuida a las reglas que rigen los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano en procura de su verdad, por apoyarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad” (Vocabulario Jurídico, pág 532). Gorphe , dice que la sana crítica es “ una certeza razonada, adecuándose al orden lógico del acontecer humano ya que cualquier otra solución … no sería posible”. Devis Echandía expresa que por “valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido”. En efecto. El funcionario policial, Comisario Mayor CC, declaró en la audiencia celebrada el 18 de marzo de 2025 que dentro de la Dirección de asuntos internos, tienen varios departamentos y en este caso había información sobre jerarquías policiales que tenían vínculos con organizaciones criminales vinculadas a la droga, fallaban los allanamientos porque se les avisaba antes , esto ocurría en Maldonado. Recayó en la Fiscalía de San Carlos y comenzó la operación. El Sr. AA no estaba como objetivo, si estaba un abogado, que además de ser defensor de oficio, su rol penal era defender a personas del narcotráfico y que tenía contactos con la policía obtenía información de operaciones. Se hace a través de SAIL, cuando está intervenido el Dr. BB, una persona le pide información sobre un vehículo que estaba en zona dos de Montevideo. Dicha persona Ingresa al Sistema de Gestiones de Seguridad Pública y le narra todo el hecho, como lo interceptaron, y nadie puede ingresar si no tiene un usuario y resultó ser el sargento AA. En esta investigación, el análisis de los audios los hice yo, y su equipo de trabajo, el Comisario Tabares y algún operador. La primer llamada fue por una camioneta incautada en Montevideo, el abogado BB llama a AA y le pregunta sobre la misma, y AA le describe todo el procedimiento y que no había sido designada todavía la fiscalía; después surge que había una persona que estaba requerida, le pasa el número de cedula y le dice que no, pero lo estaban buscando , JJ, apodado el mono, vinculado a la droga . Sucedió con otra persona que esta requerida por temas de violencia doméstica y le pasa información, le pide a un policía y le pasa la ficha, ingresa con su clave y accede al Sistema y le narra lo que decía. El SGSP maneja información sensible. Reportes migratorios, que vehículos están requeridos, todos los operativos de la policía. Es la base de equipo con la fiscalía. Las investigaciones están reservadas. Tiene una fuente de información importantísima y es sensible. Todos los funcionario policiales que realizan un curso y se les da un rol, pueden ingresar y es auditado, si un policía ingresa está auditado y si presta la clave, es irregular e ingresan igual. Como jerarca de Asuntos Internos, a los policías cuando hacen el curso se les informa de toda la normativa y del contenido del sistema, se les notifica bajo declaración jurada del contenido que tiene el sistema LA RESERVA que si se violenta tal situación pueden incurrir en tales delitos y son notificados por Zimbra. Luego se reproducen todos los audios en la audiencia, entre AA y BB y luego entre AA y FF. Contra examinado por la Defensa, hay una diferencia de la información secreta, reservada y confidencial y el acceso a esta información. Responde que sí. Ud dijo que la información es sensible, SGSP. Estas interceptaciones son del año 2020 y 2021. Contesta, los roles siguen iguales, pero se han tomado medidas de seguridad sobre la información. Este procedimiento no ha terminado, hubo condenas a ciertos jerarcas de la policía. Ud interceptó las conversaciones de un abogado penalista. Si sabía que estaba escuchando a un abogado que fue solicitado por la policía y la fiscalía hizo el control correspondiente y el poder judicial autorizó dicha intervención y todo el sistema sabía que era un abogado penal y laboral. Ud recuerda la fecha que se autorizaron las escuchas, contesta fue en octubre de 2020. Luego se amplió el plazo. El sistema Sail le da la fecha cuando comenzó con AA. El funcionario policial EE, es Cabo, y trabaja actualmente en Seccional Policial 10. En 2020 y 2021 trabajó en la Escuela Departamental como administrativo y trabajó con AA, como su superior. Yo tenía ingreso al SGSP y AA me pidió una vez una información. Se le hace escuchar el audio a FF. Le pasa una cedula y si está requerido. Somos yo y el sargento AA. El testigo DD, declara en la audiencia celebrada el día 3 de abril de 2025, trabaja en la policía como analista de sistema del Ministerio del Interior y realizó la auditoría sobre el evento N° 11437212, la que se incorpora a los autos. El Dr. BB, declara que conoce a AA desde hace muchos años. En algún momento tuve una relación profesional, el me consultó sobre un accidente de tránsito. Sobre estos hechos me avisa CC que AA estaba detenido, y me comunico con el Sr. Fiscal, en principio tenía intenciones de patrocinarlo, pero me explicó la situación. Un cliente me llama y me dice que había un auto suyo incautado en Montevideo, en dos oportunidades no me dieron información , presenté un escrito por mail ,no me contestaron, fui de vuelta a la zona 2 y me comí una amansadora y ahí llamo a AA y le pregunto y él me informa que el auto no estaba requerido por nadie, yo no tenía ganas de ir a Montevideo. El llamado por una persona, llamé a AA para preguntarle para que lo estaban buscando, no recuerdo si la información que me dio fue concreta, presenté un escrito y asumí el cargo y así como llamé a AA, llamaba a otros policías. Interrogado por el Fiscal, contesta soy Defensor Público en materia de familia desde el año 2000. La Defensa entre sus agravios entiende que hubo error en la valoración de la prueba. Es contradictorio: afirma que no comparte la valoración probatoria realizada por la Sede pero a la vez dice que no se controvierte en lo más mínimo, y no hay discusión sobre que su defendido AA dio información al abogado, lo que sí se discute es que clase de información aportó el Sr AA. Los hechos que se tuvieron por probados en la sentencia, reitera, son los siguientes: El acusado AA es funcionario policial y como tal tiene acceso al SGSP. Mantenía relación de amistad con el abogado Dr. BB. En dos oportunidades reveló a BB información que extrajo del SGSP: en una ocasión le informó si una persona que era cliente del abogado estaba requerida; en otra ocasión, le brindó información sobre un vehículo incautado en la ciudad de Montevideo. El imputado ingresaba al sistema mediante su usuario y contraseña o le solicitaba la información a un subalterno FF. Tales hechos quedaron acreditados por la prueba presentada por Fiscalía y reseñada en la sentencia. III) ERROR EN LA CALIFICACION JURIDICA. La Defensa afirma que hay atipicidad dado que falta la referencia normativa, que es información secreta, en este caso la información no era secreta sino reservada: El artículo 163 del Código Penal (Revelación de secretos) reza: “El funcionario público que, con abuso de sus funciones revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o facilitare su conocimiento, será castigado con suspensión de seis meses a dos años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables).” No hay atipicidad de la conducta, como lo sostiene la Defensa. Según Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán en su libro Derecho Penal. Parte General ,pag 281 a 282: “La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Por imperativo del principio de legalidad, en su vertiente del nullum crimen sine lege, solo los hechos tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados como tales. Ningún hecho, por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la categoría de delito si, al mismo tiempo, no es típico es decir, si no corresponde a la descripción contenida en una norma penal. De la amplia gama de comportamientos antijurídicos que se dan en la realidad, el legislador selecciona-conforme al principio de intervención mínima aquéllos más intolerables y más lesivos para los bienes jurídicos más importantes y los amenaza con una pena, describiéndolos en el supuesto de hecho de una norma penal, cumpliendo así, además, las exigencias del principio de legalidad o de intervención legalizada (véase supra capítulo V). Esto no quiere decir que el legislador tenga que describir con toda exactitud y hasta sus más íntimos detalles los comportamientos que estime deban ser castigados como delito. Ello supondría una exasperación del principio de legalidad que, llevado hasta sus últimas consecuencias, desembocaría en un casuismo abrumador que, de todos modos, siempre dejaría algún supuesto de hecho fuera de la descripción legal. La diversidad de formas de aparición que adoptan los comportamientos delictivos impone la búsqueda de una imagen conceptual lo suficientemente abstracta como para poder englobar en ella todos aquellos comportamientos que tengan unas características esenciales comunes. Esta figura puramente conceptual es el tipo. Tipo es, por tanto, la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. (Tipicidad es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal.” ( CF. Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán. Derecho Penal. Parte General,pág. 281 a 282) En el capítulo de calificación jurídica el Juez de primera instancia analiza la cuestión referida a la naturaleza de la información proporcionada y concluye que existió abuso de la función por parte del imputado y que la información tiene el carácter de reservada. Entendió que es reservada por su naturaleza, ya que en la medida que si pesa una requisitoria penal sobre una persona o si existen vehículos incautados en una investigación, dicha información no puede ser divulgada libremente porque podría frustrarse una investigación criminal y por ende afectarse la seguridad pública (fs. 61 vto.) La defensa se agravia por dicha conclusión, alega que no existió abuso de la función y que la información es reservada pero no secreta, todo de acuerdo a los fundamentos que expone en el escrito (fs. 64 vto.-70). Entiendo que el imputado, utilizó un sistema informático con información reservada y claramente actuó con abuso de sus funciones, excedió su función al proporcionar información reservada, incluso pidiéndole a otro funcionario policial subalterno, en que debe permanecer para conocimiento de los terceros ajenos a la función pública y realiza el acto en razón del empleo que tiene al momento en que revela, sin ninguna autorización reglamentaria ni legal para ello. Como lo expresa el Sr Fiscal y se comparte, “ la información revelada encarta en el carácter de secreto que requiere el tipo penal en cuestión. El secreto al que refiere el artículo 163 del CP es todo aquello que no puede ser divulgado , sea por disposición legal o reglamentaria”. Bayardo Bengoa expresa: “. La obligatoriedad del vínculo secreto, tiene funda-mental importancia en la conducta de autos, ya que la revelación debe tener lugar respecto de hechos que "deben permanecer secretos. El punto en estudio, se vincula a lo que llamáAA "subjetivismo relativizado" y consideráAA como uno de los elementos estructurales del secreto, pues el titular del secreto administrativo determina que, ciertos hechos pertenecientes a? empleo, dada su naturaleza, no deben manifestarse; obligación que se exterioriza sea en un acto administrativo dictado por la respectiva autoridad, o en una disposición de la ley (110). Ahora bien, todo lo expuesto hace que se considere con toda razón, que la obligación de no revelar los secretos del empleo no deriva directamente de la ley penal, sino que resulta de otras normas de derecho público extrapenal, explícitas o implícitas, y dirigidas a regular las funciones del empleo (111). Desde luego que la obligatoriedad del vínculo secreto es un extremo que se proyecta sobre todas las modalidades de la figura delictiva en examen” (Cf. Derecho Penal Uruguayo, Bayardo Bengoa T IV Vol 1, pág 195). También surge como lo señala el Juez, “que el imputado al momento de los hechos prestaba funciones en la escuela departamental de policía, en el departamento de Maldonado. Este hecho permite concluir que el imputado actúo en abuso de sus funciones, esto en la medida que ninguna de sus funciones refería a la investigación de hechos delictivos y mucho menos referidos a jurisdicciones fuera del Departamento de Maldonado. Por lo que el imputado ingresó a los diferentes eventos policiales, no para ingresar datos o dar seguimiento a una investigación criminal, sino para obtener información que luego le proporcionaba a su amigo el Dr. BB” “La norma exige un medio típico específico que es el cometer la conducta "con abuso de sus funciones", lo que excluye toda revelación para la que hubiere justa causa, cuya legitimidad debe buscarse ante todo en la propia ley, que puede otorgar un permiso o imponer incluso una obligación de revelación o comunicación.” (CF Código Penal Uruguayo .Miguel Langón, pag 474). Asimismo se equivoca la distinguida Defensa al expresar que AA no abusó de su función pues no existió daño, cuando el reato del art 163 del Código Penal es un delito de peligro y se consuma con la revelación de los hechos, con la publicación o difusión de los documentos o con la facilitación a un tercero y admiten la tentativa, ya que no se exige daño o perjuicio, ni que se haya en definitiva alcanzado a violar el secreto, mediante la adquisición de su conocimiento por un tercero no autorizado a saberlo. Camaño en su obra Tratado de los delitos, edit. AMF, 1967, pág. 129, manifestó “Se consuma con la revelación o facilitación (y no cuando el tercero adquiere el conocimiento del secreto), aunque no haya producido el perjuicio…”. “Y el Sargento AA, como dice el Fiscal al contestar el recurso de apelación, que se comparte, no tenía justa causa para relevar información reservada, que reveló, razón por la cual actuó con abuso de funciones”. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno, en sentencia N°311/13 de fecha 20 de setiembre de 2013 dijo;” El delito imputado, Revelación de secretos está previsto en el art. 163 del Código Penal.- Norma que, como dice Bayardo (Derecho Penal Uruguayo, DGEU, 1979, T. IV, pág. 187) es de aplicación “…Cada vez que los objetos de conocimiento destinados a permanecer secretos en interés de la Administración Pública, son revelados, publicados o difundidos por un funcionario público, o es facilitada su cognición, habiendo sido conocidos o detentados aquéllos en razón de su cargo, y actuado el funcionario con abuso funcional… Indudablemente, la investigación policial llevada a cabo por una orden judicial no puede revelarse a terceros. Es innegable el peligro de frustración que implica que se conozca lo que se está investigando. Más si se le hace saber a una persona vinculada a la dependencia en la cual se sospechaba que se habían cometido delitos. El conocimiento de los hechos que AA reveló, lo obtuvo por razón de su cargo. Al respecto Bayardo (ob. cit., pág. 194) dijo “…lo que resulta esencial para la existencia jurídica del delito es que el conocimiento del hecho, haya acaecido “en razón de su empleo” (per raggione d´ufficio, según reza la conceptuación zanardelliana), ello es tan así que si el funcionario público conociera el hecho independientemente de las funciones inherentes a su cargo, no podría ser responsabilizado por el delito que estamos examinando”. Milton Cairoli, al analizar el citado artículo 163 del Código Penal señala: “Los hechos son circunstancias acaecidas y conocidas por el funcionario en virtud de su empleo actual o anterior. Deben haber sido conocidos "en razón de su empleo", o sea, en mérito a la competencia propia del cargo. Se ha dicho que si el funcionario conociera el hecho independientemente de sus funciones inherentes al cargo y lo revelara no sería responsable de este delito. Pero el asunto da para pensar porque el término "con abuso de sus funciones" parecería que permite suponer que puede haberlo conocido abusando de su calidad de funcionario, o sea, por razones extrañas a su cargo. De manera que puede ser indiferente el modo con el cual el funcionario ha conocido la noticia secreta siempre que al revelarla infrinja deberes inherentes a funciones de su cargo o inherentes al servicio que cumple en la Administración. Pienso que esta interpretación tiene que estar por encima de la traducción fiel de las palabras del código italiano ragione d'ufficio, por razón de su cargo. La Casación italiana también lo ha entendido en forma amplia: "La noticia que debe permanecer secreta debe ser propia del oficio, pero no es necesario que pertenezca a las funciones del sujeto activo. Es indiferente que la noticia haya llegado a conocimiento del funcionario no directamente sino por indiscreción de otro oficial público perteneciente al oficio". (54) (54). El caso así juzgado por el tribunal italiano citado era el de un comisario seccional que avisó a la regente de un prostíbulo clandestino que esa noche el Departamento de Represión de Malas Costumbres le allanaría el local. El comisario seccional había sabido esto no por razón de su cargo, pues esta nada tenía que ver con ese procedimiento, sino por casualidad, pues lo había oído por una indiscreción de un funcionario del Departamento de Malas Costumbres. (V. en MANZINI, Vincenzo, ob. cit., p. 341). Como lo señala Gilberto Rodríguez en el Libro Curso de Derecho Penal. Parte Especial. Germán Aller, pág 606/608): “El sujeto pasivo es la Administración Pública, que si bien tiene el deber de informar y hacer conocer a los ciudadanos la transparencia de su gestión, por lo que rige el principio de la transparencia y publicidad de la gestión, la excepción es la reserva de la información por razones estrictas y debidamente fundadas, que no pueden ser dadas a conocer o que, si bien pueden serlo, ello ha de hacerse mediante determinados procedimientos. El bien jurídico que se protege no es la publicidad, sino la reserva de la información que por determinadas circunstancias la Administración está llamada a proteger mediante el deber de mantener en desconocimiento de terceros ciertos aspectos, actos, hechos, etc, que su naturaleza y seguridad, deben permanecer en secreto, es decir ocultos. La afectación por la relevación, divulgación o propagación de esos hechos que no deben darse a conocer es lo que lesiona este bien jurídico.” Secreto significa literalmente lo apartado, escondido o separado, y consiste en la reserva o sigilo que deben tener ciertas personas o funcionarios de omitir hacer saber a otros ciertas cosas, que por su índole no deben ser difundidas (como las que derivan del secreto profesional, bancario, médico, militar. de estado o gobierno, procesal, de confesión, etc.). Sobre la naturaleza de la información. El artículo. 7 de la Ley N° 17.060 (Ley Cristal): Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada. En todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiese lugar por derecho. Todos los funcionarios policiales, que hacen uso del Sistema de Gestión y Seguridad Pública (SGSP), a través de su usuario y clave, como bien lo explicó el Comisario Mayor CC en su declaración si revelaran hechos, o publicaran documentos o dieran información a terceros ajenos , que deben permanecer reservados, como acaeció con el imputado de autos, incurrirán en delitos. El SGSP maneja información sensible. Reportes migratorios, que vehículos están requeridos, todos los operativos de la policía, etc Es la base de equipo con la fiscalía. Las investigaciones están reservadas. Tiene una fuente de información importantísima y es sensible. Todos los funcionarios policiales que realizan un curso y se les da un rol, pueden ingresar y es auditado, si un policía ingresa está auditado y si presta la clave, es irregular e ingresan igual. Como jerarca de Asuntos Internos, a los policías cuando hacen el curso se les informa de toda la normativa y del contenido del sistema, se les notifica bajo declaración jurada del contenido que tiene el sistema LA RESERVA que si se violenta tal situación pueden incurrir en tales delitos y son notificados por Zimbra. El artículo 2 Ley N° 18.381 (Sobre el Derecho de Acceso a la información pública: (Alcance) establece: “Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. El artículo art. 8 Ley 18.381: (Excepciones a la información pública).- Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial. El artículo 9 Ley 18.381 (Información reservada). Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: A) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional… A criterio de suscrito, tanto el artículo 7 de la Ley N° 17.060 como los transcriptos de la Ley N° 18.381 emplean los términos reservado o secreto como sinónimos. Entiendo con el Juez a quo, que los hechos que el imputado, revelaba tenían la virtualidad de comprometer la seguridad pública, por lo que la calidad de reservada de esa información estaba justificada legalmente. iv) Respecto de la fundamentación de la apelación contra la Resolución N° 3828/2024. Compartiendo las razones y los fundamentos expuestos por la Sra. Jueza de primer grado, Dra. Sylvana García Noroya confirmo la Resolución N° 3828/2024 dictada en Audiencia de Control de Acusación el día 6 de diciembre de 2024, en virtud de que la primera demanda acusación presentada el 10 de junio de 2022, no fue alcanzada por la nulidad de los actos dispuesta por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to Turno. Sobre las NULIDADES .El artículo 378 del CPP (Reglas generales y procedimiento) reza: “Son aplicables al proceso penal las reglas y procedimientos establecidos en los artículos 110 a 116 del Código General del Proceso en lo pertinente, con las variantes que resultan de los artículos siguientes.” El artículo 113 del Código General del Proceso, se encuentra en la Sección VII De la nulidad de los actos procesales. y establece: Art. 113. Extensión de la nulidad – “La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos, que son independientes de aquél. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario.” El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to Turno hace retrotraer el proceso a la fecha de la formalización, por la nulidad que afectaba. Y la nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni de los sucesivos que son independientes de aquel y la demanda-acusatoria es un acto totalmente independiente y autónomo. Es un acto independiente del resto del proceso, lo que rige es el principio de conservación de aquellos actos que son importantes mantener en el proceso. El Profesor Enrique Vescovi, al analizar el artículo 113 del CGP señala que esta disposición consagra el reiteradamente aludido principio de conservación de los actos, tratado ya en la Introducción a esta Sección (supra § 8, b). En principio, los actos procesales gozan de un manto de regularidad o juridicidad, como cualquier acto jurídico, y el interés público tiende a lograr que conserven esa cubierta, pese a que existan irregularidades que los afecten. Se subraya así el carácter instrumental del derecho procesal y la buscada preeminencia del derecho sustantivo por sobre el adjetivo. Por ello es que se limita al máximo la posible existencia de nulidades: primero, estableciendo en la ley el modelo de los actos; segundo, regulando la vigencia de principios tales como la especificidad, trascendencia; tercero, restringiendo el elenco de nulidades absolutas; y, por último, tratando de evitar en lo posible el fenómeno de las nulidades en cascada. Esta disposición limita la existencia de los efectos negativos de una declaración de nulidad (privación de eficacia a los actos, retroceso del proceso, dispendio de energía contrario a la economía procesal, etc.) en un doble sentido: en primer lugar, al disponer que los actos anteriores al nulo no se ven alcanzados o contaminados por la nulidad, auxiliándose para ello de la regla de preclusión; y en segundo lugar, al determinar que los actos posteriores tampoco serán nulos si se los puede considerar en su existencia y valoración como autónomos. De este modo se estatuye un límite a la posibilidad de contagio o contaminación de la nulidad: si los demás actos son independientes del anulado, no serán afectados por la declaración. La clave radica entonces en determinar cuándo existe o no esa independencia. De regla, los actos anteriores al nulo serán fácilmente identificables como autónomos e in-dependientes, como por ejemplo, si la nulidad acaece en el diligenciamiento de probanzas, no cabe dudar de que los actos de proposición (demanda y contestación), así como otros previos en que se produjeron pruebas, no resultan contaminados. La cuestión se vuelve más ardua con respecto a los actos posteriores al nulo, debido a la característica de ser continuada y sucesiva la relación jurídica procesal, al devenir consecuencial típico del desarrollo de un proceso. Ello favorece el efecto de nulidades en cascada, aunque la estructuración en base al principio de preclusión permite distinguir claramente etapas y, por tanto, restringir la anulación a los actos que integran la misma etapa. Hilando aún más fino, habrá de establecerse caso a caso si la conexión entre el acto nulo y los posteriores es tal que sin aquel no podría concebirse la existencia autónoma de los otros, en que no habrá más remedio que proceder a la anulación, por el vínculo necesario de dependencia constatado; o si por el contrario, pese a su vínculo natural por hallarse integrados en un mismo proceso, pueden perfectamente aislarse del nulo otros actos, que no dependen de él en su existencia, producción ni valoración, hipótesis en que se aplicará el principio de conservación y no se hará lugar a la nulidad. Así, por ejemplo, la nulidad de un medio de prueba (declaración de un testigo, peritaje) no implica necesariamente la de otros que se hayan producido sin el vicio respectivo, y por tanto con carácter independiente. La norma en examen se aplica incluso a las diversas partes o sectores en que pueda dividirse un acto, lo cual demuestra la importancia asignada por el legislador al principio de conservación, y el recelo con que contempla las nulidades, tratando de restringir las consecuencias negativas que su declaración acarrea….” (Cf CODIGO GENERAL DEL PROCESO, TOMO 2, ENRIQUE VESCOVI, Director, pág 449 a 451). En definitiva, la primigenia demanda acusatoria impetrada en plazo por la Fiscalía, no es nula, no haciéndose lugar a la excepción de caducidad y prescripción de la acusación fiscal. V) CIRCUNSTANCIAS ALTERATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD Estima el Tribunal que el Señor Juez de primera instancia efectuó un correcto relevamiento únicamente de la atenuante de la primarierdad en vía analógica. VI) INDIVIDUALIZACION DE LA PENA Teniendo en cuenta la pena mínima prevista en el artículo 163 del Código Penal (seis meses de suspensión) y el máximo (dos años), y multa de 10UR (diez unidades reajustables) a 3000 UR (tres mil unidades reajustables) considerando además la atenuante de la primariedad, sin computarse agravantes y en vista de los hechos de autos, la pena impuesta en primera instancia de un año de suspensión y la multa de 15 UR, será abatida al mínimo legal de seis meses de suspensión y multa de 10 UR, con lo que a juicio del suscrito se considera se contemplan adecuadamente los parámetros previstos en el artículo 86 del Código Penal. VOTO: Por lo dicho voto por confirmar la Sentencia de Primera Instancia salvo: en cuanto al monto de la pena impuesta, la que se revoca y en su lugar se individualiza en seis (6) meses de suspensión y multa de 10 UR ( diez unidades reajustables).