Sentencia Interlocutoria N° 536/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: 1. AA. 2. BB – CONTROL DE DETENCIÓN – (TEST. DE IUE: 2-51209/2025) – IUE 557-39/2025; venida del Juzgado Letrado Penal de 37º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la Fiscalía Letrada de Flagrancia y Turno de 13º Turno, representada por la Dra. Andrea Fuentes, contra la resolución N.º 1566/2025 dictada el 12 de junio de 2025 por la Dra. Mercedes Reyes, con intervención de la defensa, Dr. Diego Cabrera. RESULTANDO : I) La hostilizada resolvió: Téngase por ilegal la detención de AA y BB conforme al art. 15 de la Constitución y art. 218 del CPP, asimismo se dispone el cese inmediato de la detención. II) La Dra. Andrea Fuentes por fiscalía funda su apelación (fs.17) y expresa que la Sra. Magistrada basó su decisión en la versión de los propios imputados y en la falta de filmación policial, sin valorar adecuadamente los elementos presentados por la fiscalía. Los hechos se originaron el 11 de junio, cuando policías de Investigaciones Zona IV patrullaban un área conflictiva y observaron una camioneta sospechosa de la que descendieron tres hombres descargando bolsas. Al ser interceptados, huyeron corriendo; dos fueron detenidos – AA y BB – con un arsenal de armas y municiones en su poder, mientras el conductor escapó. En el lugar también fue detenido CC en una moto con numeración adulterada, quien luego fue condenado en un proceso abreviado. La defensa alegó que AA y BB estaban durmiendo en una casa del descampado y que la policía ingresó sin orden de allanamiento, plantándoles las armas y golpeándolos. Mostró videos de origen y autenticidad desconocidos, los cuales la A quo consideró, pese a que no registraban la detención, y con base en ello, resolvió declarar ilegal la actuación policial. Fiscalía sostiene que la detención fue en flagrancia, que existe presunción de legitimidad en el accionar policial y que los dichos de los imputados son poco creíbles y contradictorios. La falta de filmación no invalida la legalidad del procedimiento y que las pruebas materiales – armas, municiones, actas policiales – no fueron consideradas. Además, critica que se diera valor a videos de dudosa procedencia y a testigos sospechosos, y cuestiona que la Jueza negara diligencias solicitadas como exámenes de ADN, huellas y peritajes de celulares, aun sin oposición de la defensa. En conclusión, fiscalía entiende que la resolución de la A quo es errónea y solicita al Tribunal de Apelaciones que la revoque, declarando ajustada a derecho la detención de AA y BB, y que se libre orden judicial para su nueva captura. III) El Dr. Diego Cabrera, por la defensa, aboga por la confirmatoria (fs. 24). Los imputados niegan haber estado en la vía pública y afirman que fueron detenidos violentamente dentro de su vivienda, adonde los funcionarios ingresaron sin orden judicial, derribando puertas y golpeándolos. La defensa sostiene que la versión policial es inconsistente, ya que no se precisa si la camioneta estaba en movimiento o detenida, ni cómo pudo ser vista en un lugar oscuro y de escasa visibilidad. Además, no existen pericias que vinculen a los imputados con dicho vehículo. Destaca que todos los policías involucrados tenían sus cámaras GoPro apagadas, lo que considera una irregularidad grave y una señal de falta de transparencia. Los videos aportados por la defensa provienen de vecinos que presenciaron los hechos y se acercaron al lugar al percibir un procedimiento irregular. En ellos se observa un operativo nocturno con policías armados apuntando hacia una vivienda, se escuchan gritos de auxilio y a una menor manifestando que fue empujada por la policía. Según la defensa, esto demuestra un ingreso ilegal a una casa sin orden judicial. Fiscalía objetó la validez de esos videos en virtud del art. 264 del CPP, pero la defensa argumenta que la restricción se aplica solo al legajo fiscal, no al de esta. En conclusión, la defensa entiende que el material aportado y las inconsistencias del relato policial evidencian un procedimiento irregular y solicita que el Tribunal de Apelaciones confirme la resolución que declaró ilegal la detención y dispuso la liberación de los imputados. IV) Por providencia N.º 1843/2025 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, se acordó previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de revocar la interlocutoria impugnada, por los fundamentos que siguen. II) Los hechos que motivaron el procedimiento, y a la postre, la resolución sobre la detención, consisten en que el 11 de junio del corriente año próximo a las 19:50, informa la autoridad policial, que se estaba realizando un patrullaje preventivo en la intersección de las calles Continuación Zubillaga esquina José Castro, debido a que se han dado varios eventos con disparos de arma de fuego en esa zona, cuando avistan una vehículo Chevrolet de color rojo, del cual se posee número de matrícula, que ingresa por Continuación Zubillaga con las luces apagadas, en actitud sospechosa, por lo cual los funcionarios policiales inmediatamente se dirigen hacia la camioneta, para proceder a identificar a los ocupantes y efectuar un registro. De la camioneta descienden tres masculinos, el conductor y luego los dos imputados – AA y BB – quienes portaban bolsas en sus manos, y al advertir la presencia policial, el conductor de la camioneta se da rápidamente a la fuga, la policía lo pierde de vista, y persiguen a AA y a BB, se da una pequeña persecución, la policía logra detenerlos en un pasaje donde son muchas casas juntas, incautándoles unas bolsas que contenían varias armas de fuego, más de cien cartuchos y cargadores, incluso fusiles. Los funcionarios policiales no prendieron sus cámaras GoPro. Los imputados manifestaron haber sido detenidos cuando dormían en una casa, que se encuentra en un descampado existente al final de un pasaje, y que los funcionarios policiales entraron a la casa sin contar con orden de allanamiento en horas de la noche, siendo detenidos en su dormitorio. En la audiencia del 12 de junio de 2025, los imputados denuncian que fueron aprehendidos dentro de su domicilio en horas de la noche, que fueron insultados y agredidos físicamente (4.00). Fiscalía explica el operativo expuesto anteriormente, resaltando que se les incautaron armas de fuego y que se trata de una zona hostil para la policía. Cuenta con la versión de un vecino, que manifiesta – en contra de lo argüido por la defensa – que él autorizó el ingreso a su domicilio, cosa que finalmente no hicieron. No cuenta con imágenes de cámaras GoPro, pero sí la declaración en actas de tres policías. La defensa se opone a la legalidad de la detención y alega que tiene imágenes tomadas por vecinos, las que no obstante no muestran el momento mismo de la detención, cosa que se le exhibió a la fiscalía y esta admite. Niega la posesión de las armas y afirma que es obvio que la policía ingresó a la casa. Al minuto 21.50, la defensa se levanta espontáneamente de su asiento y le comienza a exhibir el celular a la Magistrada, sin oposición de la fiscalía, ni fundamentación alguna por parte de la A quo. Posteriormente, la Sra. Magistrada solicita a la fiscalía que lea las actas tomadas a los policías, a lo que la Dra. Andrea Fuentes, accede (30.35), y de ellas surge la versión de los funcionarios, de que la persecución fue en el pasaje (31.35, 33.10 y 34.30). Oídas las partes, la A quo realiza su fundamentación verbal (41.30) e indica que es una situación incierta, que no fue registrada por cámaras GoPro y considera que la versión de los imputados es verosímil, no tiene elementos para descreer de ellos, y ante las dudas que se le genera, considera que la detención es ilegal. Una vez dictada la providencia y anunciado el recurso (47.15), la fiscalía solicita autorización para realizar un hisopado bucal y obtener su ADN, amén de sus huellas digitales, para confrontarlos con las armas incautadas. También solicita autorización para periciar los celulares. La defensa se allana a la petición, pero no obstante ello, la A quo no se expide, sin perjuicio de que puedan hacerlo voluntariamente, ya que están libres. III) Como consideración previa, el Tribunal recuerda que en materia de apelación, la jurisdicción de la alzada está delimitada por los agravios contenidos en los recursos: tantum devolutum quantum apellatum. En este sentido, se advierte que si bien la fiscalía manifiesta su oposición o descontento con la decisión de la A quo de no habilitar el examen de los imputados y de los celulares incautados – tomada en la audiencia, aunque no plasmada por escrito en el acta sucinta – no la impugna; esto es, no formula oposición u objeción en audiencia, y lo que sella su suerte, es que no interpone ni recurso de reposición ni tan siquiera anuncia la apelación. Conforme art. 359.3 CPP y 254 numeral 2º CGP, el no cumplimiento de esta formalidad conduce a tener por no admitida la apelación en cuanto a esa concreta decisión. IV) En relación a la declaración de ilegalidad de la detención, ella se produce luego de la controversia planteada entre defensa y fiscalía, en la que aquella afirma que el arresto se dispuso dentro de la morada, sin orden de allanamiento y en horas de la noche, mientras que esta afirma que ocurrió en los pasajes entre las viviendas. Para sustentar sus dichos, las partes exponen su evidencia: la defensa, la versión de los imputados y los videos tomados por los vecinos; y la fiscalía, las actas tomadas a los policías y al vecino que autorizó el allanamiento, amén de las armas incautadas. Durante la argumentación, la defensa exhibe los videos que habrían tomado los vecinos, y lo hace enseñando su celular directamente a la A quo (21.50). El Tribunal entiende que la Sra. Magistra, al tolerar la actuación de la defensa, vulneró la disposición del art. 264 inciso cuarto CPP que claramente establece: El legajo de la Fiscalía no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional, salvo en los casos de los artículos 224.1, 272, 273, 273 BIS y 273 TER de este Código, quien tendrá que resolver los planteos que le formulen las partes en audiencia, en base a las argumentaciones que estas hagan de la información recolectada y la contradicción que genera la parte contraria . La norma es clara en dos puntos. Primero al establecer la regla de que no corresponde consultar el legajo fiscal, salvo las excepciones concretas que señala a continuación – prisión preventiva, proceso abreviado y simplificado – y segundo, en regular que la decisión se toma en base a los planteos de las partes , sus argumentaciones y la contradicción que se genere con la parte contraria. Los registros previos no pueden ingresar al proceso salvo las excepciones previstas, lo que confirma la regla de la imposibilidad de su consulta por el tribunal (259.1 y 217.1 CPP). La otra excepción prevista – y en este caso ya se trata de actividad probatoria – es para el caso que la defensa lo solicite cuando se esté discutiendo la prisión preventiva (art. 266.6 inciso tercero, CPP). La defensa, al contestar el recurso, ensaya el argumento de que la prohibición de exhibición de registros previos alcanza solo a la fiscalía, y nada expreso se dice de la defensa. El Tribunal no comparte esta argumentación ya que la exhibición de las carpetas es por naturaleza excepcional, y no corresponde hacer interpretaciones extensivas de situaciones excepcionales, sin olvidar que el art. 264 es claro en cuanto a que refiere a las partes, y no solo a fiscalía. Esta interpretación de la defensa conduciría a que fiscalía no pueda presentar su carpeta para defender la detención o la formalización, pero sí podría hacerlo la defensa… y también la víctima, ya que siguiendo la argumentación del Sr. Defensor, la prohibición alcanza únicamente al acusador. Como segunda objeción al argumento defensista corresponde traer a colación los artículos 12 y 71.4 CPP, en cuanto a la igualdad procesal entre las partes. Si se prohíbe a la fiscalía probar los hechos en audiencia, pero por el contrario, se permite que la defensa diligencie prueba o exhiba evidencia – imágenes como en este caso, pero eventualmente podrían ser testigos, documentos, peritos, etc. – la fiscalía se encontraría en franca desventaja lo que conspira contra el principio de igualdad procesal ya señalado. También se advierte que la representante de fiscalía no objetó en el momento la acción de la defensa de exhibir registro de su carpeta, lo que podría haber evitado la irregular situación, pero que no obstante no cambia las consideraciones realizadas anteriormente, porque las normas procesales no son disponibles por las partes (art. 12 y 18 Constitución). En conclusión, como ha sostenido este Tribunal en caso análogo: Liminarmente cabe observar que el acceso a la carpeta investigativa que de manera oficiosa dispuso la A quo en el curso de un incidente de control de la detención, irrespetó lo establecido en el art. 264.4 NCPP (en su actual redacción), en tanto implicó extender el alcance de la norma hacia situaciones que definitivamente no contempla, ni autoriza. Como tuvo oportunidad de señalar recientemente el Tribunal, allí se “sienta el principio general que el legajo de Fiscalía “no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional” y por ende, que el Juez “tendrá que resolver los planteos que le formulen las partes en audiencia, en base a las argumentaciones que éstas hagan de la información recolectada y la contradicción que genera la parte contraria”; razón por la cual cabe concluir que solo de manera absolutamente excepcional podrá efectuar dicha consulta, y por cierto que no en todos los casos, sino únicamente en aquéllos que taxativamente se lo autoriza: arts. 224.1 (requisitos para disponer la prisión preventiva), arts. 272, 273 y 273bis (que refieren al proceso abreviado) art. 273ter. (que se vincula al proceso simplificado) (Interlocutoria 846/2020. TAP 1º. BJN. entre otras). V) En cuanto al fondo de la decisión, la Sala no percibe mérito para apartarse de la presunción de legitimidad de la actuación policial que surge del art. 31 bis de la 18.315. Sin perjuicio de que se trata – obviamente – de una presunción iuris tantum, y su redacción puede merecer críticas, lo cierto es que derecho vigente y aplicable al caso. De allí que para sostener que la policía actuó vulnerando la Constitución y la ley, ingresando ilegítimamente en la morada de los imputados, se requiere prueba – o en términos del CPP, evidencia – que así lo permita concluir. Lo que se posee en concreto son las versiones enfrentadas de los imputados y la policía, ya que las filmaciones que invoca la defensa – y sin perjuicio de que no debieron exhibirse – son impertinentes, ya que el propio Letrado señala que no captan el momento de la detención, sino uno posterior. Los testigos señalados no fueron interrogados en fiscalía – ni por la defensa – de forma de invocar sus dichos como evidencia, y el único elemento existente a parte de la declaración de los imputados y la fiscalía, es la de un vecino que, contrariamente a lo afirmado por el Sr. Defensor, no sufrió un allanamiento ilegítimo, sino que autorizó el ingreso a su morada… que igualmente no se produjo. De los otros vecinos que habrían sufrido la vulneración de su derecho constitucional, la defensa no aporta sus declaraciones, las que mediante oralidad argumentativa, podría haber introducido en el debate. Frente a aquella presunción, los imputados tienen derecho a no decir la verdad a efectos de contemplar el derecho de no autoincriminación, no habiendo la defensa en su oralidad argumentativa invocado otras evidencias que corroboren su versión. La Sra. Jueza A quo señala como argumento la no utilización de las cámaras GoPro. El Tribunal no puede más que coincidir en que sería deseable que se contara con dicho insumo, pero en la medida en que no es un requisito exigido legalmente, una solemnidad ad probationem del accionar legítimo de la policía, la ausencia de su uso, no es más que un argumento por sí solo insuficiente para catalogar de ilegítima la actuación de los funcionarios. Es cierto que existe una obligación administrativa de utilizar las cámaras, pero la omisión en hacerlo, no implica automáticamente que la detención sea ilegítima o que la corrección de la detención no pueda acreditarse por otros medios (Cfme. Interlocutoria 793/2023, TAP 1º. BJN). En definitiva, las versiones contradictorias entre las partes sin evidencia cierta de la ilegalidad, salvo lo relativo a la omisión del uso de las cámaras Go Pro ya analizado, no alcanzan para desvirtuar la legitimidad presunta del accionar policial; incluso la incertidumbre que menciona la A quo, lejos de desvirtuar la presunción, la hace aplicable. VI) La fiscalía culmina su petitorio en la apelación solicitando el libramiento de orden judicial de detención. No corresponde al Tribunal expedirse al respecto. En efecto, el recurso de apelación tiene por finalidad que una decisión recurrida sea reformada, revocada o anulada (art. 248 CGP). Ello implica – necesariamente – que exista una decisión de primera instancia que agravie a la parte y esta pida su revisión en segunda instancia. No es el caso en examen, ya que no existió pedido de detención al tribunal A quo y por consiguiente, no hubo decisión de este en sentido alguno que pueda ser objeto de revisión y eventual revocación y reforma. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- REVÓCASE LA INTERLOCUTORIA N.º 1566/2025, Y EN SU MÉRITO, DECLÁRASE LEGAL LA DETENCIÓN DE AA Y BB. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE .