Sentencia Definitiva N° 255/2025

Sentencia Nro. 255/2025 - IUE: 2-125202/2023 Montevideo, 22 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministra Redactora: Dra. Mónica Besio. Ministras Firmantes: Dr. Álvaro França. Dr. Guzmán López Montemurro. AUTOS: “AA c/ INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES – DAÑOS Y PERJUICIOS”. IUE: 2-125202/2023.- I) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia Definitiva No 38/2024, dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de las Piedras de 4o Turno, Dr. Gaspar Aleczey Amorin, que amparó parcialmente la demanda, y en su mérito condenó a la Intendencia de Canelones a pagar la suma de $ 500.000 en concepto de daño moral, más los reajustes e intereses desde el evento dañoso y hasta el efectivo pago. II) La parte demandada interpuso, a fs. 195 y sig., recurso de apelación, formulando agravios. Manifiesta que le agravia la recurrida en cuanto ampara parcialmente la demanda y condena a la Intendencia de Canelones a abonar a la actora por concepto de daño moral la suma de $500.000, con reajustes e intereses desde el evento dañoso y hasta el efectivo pago. Sostiene que la actora no logró probar claramente el sufrimiento emocional o psicológico derivado del accidente. Las declaraciones de los testigos no son suficientes para establecer de manera objetiva el daño moral, los cuales se limitaron a referir las limitaciones en las tareas cotidianas de la actora, pero no prueban de manera concreta el sufrimiento psicológico. Que en los presentes autos no se ha presentado prueba objetiva alguna que respalde la existencia de un padecimiento real y profundo experimentado por la actora o al menos el testimonio de un perito que avale los efectos emocionales y psíquicos causados por el accidente, y que amerite la cuantificación del daño moral en la suma de $ 500.000. Cita doctrina y jurisprudencia. Peticiona se revoque la recurrida, desestimándose la demanda en todos sus términos. III) La parte actora evacuó el traslado del recurso, a fs. 201 y sig., sostuvo que el recurso interpuesto no cumple con lo dispuesto por el Art. 253.1 del C.G.P, no se realiza en el mismo un análisis crítico de la sentencia impugnada, no cumplió con la carga de la debida fundamentación. No existió agravio respecto a la culpa grave o dolo en la actuación de la demandada y en síntesis hizo referencia a la prueba diligenciada respecto del daño moral y abogó por la desestimatoria del recurso en todos sus términos, con especial condena en costas y costos. IV) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede, y recibidos los mismos, previo estudio legal, se acordó resolver la cuestión anticipadamente (Art. 200.1 del C.G.P), y se dispuso el dictado de la presente sentencia (fs. 204 y sig.). V) Previamente a ingresar al objeto de esta instancia corresponde señalar que en autos se promovió demanda por daños y perjuicios contra la Intendencia de Canelones. Expresó en breve síntesis que es funcionaria de la demandada desde el 10/10/2007, desempeñándose en tareas de cuidado de espacios públicos en el departamento; el día 21/1/2023 viajaba junto a otros compañeros municipales en una camioneta propiedad de la Intendencia de Canelones, en la que se traslada a funcionarios de la comuna, circulando por Ruta Nacional No 11 en dirección Oeste-Este, cuando a la altura del km. 137 el conductor de la camioneta perdió el dominio de la misma y volcó. Señaló que a consecuencia del accidente sufrió lesiones a nivel óseo y una pequeña fractura en el coxis, que estuvo dos meses en quietud absoluta, casi cuatro meses sin poder ir a trabajar, debiendo hasta la fecha padecer dolores insoportables en la zona lumbar, los que le impiden desarrollar su vida con normalidad, ya que su movilidad se encuentra limitada por dolores. Fundó la procedencia del reclamo en la responsabilidad del Estado derivada del accidente ocurrido, Art. 24 de la Constitución y Art. 1324 del C.C. Citó doctrina y jurisprudencia al respecto. Reclamó por concepto de daño moral la suma de $ 800.000. Ofreció prueba documental - entre ella copia de su historia clínica-, prueba por oficio al B.S.E, intimación a la demandada para la agregación de expediente administrativo relativo al accidente de autos y testimonial. En suma solicitó se condene a la demandada al resarcimiento del rubro daño moral por la suma de $ 800.000, más los reajustes e intereses desde el evento dañoso. VI) El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada en autos ya referida, la cual condenó a la demandada a abonar a la actora la suma de $ 500.000 por concepto de daño moral, con más sus reajustes e intereses desde el evento dañoso y hasta el momento del pago. El Art. 24 de la Constitución de la República dispone: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.”. El Tribunal tiene reiteradamente admitido que en el ámbito general de la responsabilidad del Estado (Art. 24 de la Constitución), se afirma que esta no es objetiva, sino que deriva de la falta de servicio público (por haber funcionado mal, tardíamente, o no haber funcionado) e indirectamente en la falta de sus funcionarios, ya sea por la violación de la regla de derecho o por culpa (Conf.: Dr. Daniel Martins en La responsabilidad de la Administración y de los funcionarios en la Constitución Uruguaya R.D.P.P., T. XXX pág. 195 y sig.), lo que ha llevado a sustentar la opinión de que: “... en caso de la responsabilidad del Estado por hecho ajeno, se requiere hecho ilícito del funcionario. Jamás va a responder el Estado (aun cuando se sostenga, lo que es correcto, el criterio de que la responsabilidad vicaria es objetiva) si no existe un hecho ilícito del dependiente.” (De Cores en A.D.C.U. T. XXI pág. 411, de la Sede Sents. No 231/2020, 232/2020, 350/2024, entre otras). Asimismo la responsabilidad del Estado (Arts. 24, 25 Carta) por actos, hechos u omisiones administrativas, adoptándose el criterio de la falta de servicio como criterio nuclear de ésta, no implica un régimen de responsabilidad objetiva que determine que aquél deba ser responsabilizado aún por los daños causados por su actividad lícita, o sin que exista dolo, culpa grave o negligencia de su parte. (de la Sala Sent. No 90/2020, 231/2020, 232/2020, 350/2024, entre otras). En el caso de autos y como lo expresara la actora en su escrito de traslado de la apelación, la atribución de responsabilidad a la Intendencia de Canelones en la ocurrencia del accidente que diera lugar al reclamo de autos no ha sido objeto de agravio por parte de la demandada. El agravio se limitó a la procedencia y al acogimiento del único rubro reclamado en las presentes actuaciones, el daño moral padecido por la actora, Sra. AA, como consecuencia de las lesiones padecidas a causa del accidente ocurrido el día 21/1/2023 cuando viajaba junto a otros compañeros municipales en una camioneta propiedad de la demandada, Intendencia de Canelones, a la cual solo le agravia el acogimiento del rubro daño moral y el monto de la condena por dicho concepto. Corresponde recordar qué se entiende por agravios. La Sala en anteriores pronunciamientos ha expresado al respecto que: “Se comparte jurisprudencia y doctrina que ha señalado que `la carga de la expresión de agravios impuesta por el art. 253.1 CGP implica el examen por el apelante de los fundamentos de la sentencia y la concreción de los errores que a su juicio ella contiene, no una simple fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea (Cf. Alsina en Tratado... T. IV, págs. 389 a 391 TAC 2 sentencia 171/2014 entre otras en BJN). Y no resulta menor señalar que si el escrito de apelación no llena tales requisitos el Tribunal debe declarar desierto el recurso de conformidad a lo claramente preceptuado por el art 253 del CGP. Lo señalado, no es más que la consecuencia del hecho de tener la segunda instancia en nuestro sistema, tiene un contenido sistemático, con una proyección revisiva de la sentencia y no supone un replanteo `in totum ? del pleito por el Juez superior tal como lo ha señalado prestigiosa doctrina que se puede convocar (Cf. Couture, Fundamentos... 2a.ed. Pág.256). Es por ello que la expresión de agravios debe referirse punto por punto a la sentencia y los posibles errores señalando sus defectos y aquellas decisiones que producen perjuicio (Cfm Vescovi Enrique Derecho Procesal Tomo VI pagina 112). Enseñaba Hitters que '...la expresión de agravios impuesta por el art. 253.1 CGP es el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que, a su juicio, ella contiene, de los cuales derivan los agravios de que reclama'. 'Siendo el agravio en la terminología de nuestro máximo procesalista: la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral ( cf. COUTURE, Fundamentos, p. 346 , Técnica de los recursos ordinarios, pág. 418, en cita de TAC 2o sentencia 174/2007 ). ? En suma, el artículo 253.1 CGP exige que la apelación se deduzca en escrito fundado, facultando al tribunal al rechazo de plano del recurso, cuando se incumple con ése requisito.” (de la Sala Sentencia Definitiva No 144/2022, entre otras). Establecido lo anterior es que corresponde analizar la procedencia o no del recurso de apelación. Entiende el Tribunal que todo recurso, en cuanto supone una solicitud de amparo por los perjuicios que se invocan con objeto de revisión de la sentencia y no de la instancia anterior, debe ser fundado (Véscovi, Enrique, Derecho Procesal Civil T. VI 2a. parte ed. 1985 pág. 111- 112, 2a. ed. actualizada pág. 127-128), por lo que sobre esa base es posible concluir que el recurso promovido en autos en relación al agravio referido - acogimiento del rubro daño moral y condena por dicho concepto por la suma de $ 500.000, más reajustes e intereses-, cumple mínimamente con la exigencia de constituir una crítica razonada y concreta del fallo, al proponer agravios en referencia al punto citado aunque de manera escueta. Por lo cual, y a efecto de la correcta aplicación del derecho a los hechos propuestos, lo que es siempre facultad del juzgador y en virtud de los criterios flexibles y amplios que propicia el Tribunal como garantía de los derechos involucrados en el segundo grado de conocimiento, se ingresará al examen de los agravios los que, como se señalara constituyen una mínima, concreta y razonada crítica de la sentencia (Art. 253.1 C.G.P.; de la sala Sent. No 104/06, 59 y 105/07, entre otras). VII) La Sala arribará a la decisión parcialmente confirmatoria del fallo apelado, en mérito a los fundamentos que se expresarán seguidamente. En cuanto a la procedencia de la condena por concepto de daño moral, entiende el Tribunal que surge acreditado en autos el daño moral padecido por la actora como consecuencia del accidente de tránsito -vuelco-, que sufriera el vehículo de la demandada, en el cual viajaba la misma en su calidad de funcionaria de la Intendencia de Canelones. En relación al daño moral la Sala tiene reiteradamente decidido que la obligación de quien lo ocasionó no tiene carácter de resarcimiento del perjuicio, como en el daño material, sino de satisfacción o reparación. La denominada "pecunia doloris" procura al sujeto lesionado una satisfacción la cual es un subrogado que lo reintegra del daño mismo o lo distrae (Messineo, Manual de Der. Civil y Comercial, T. VI, p. 556). Sobre tal principio ha elaborado una jurisprudencia que procura ser congruente en sus pronunciamientos manteniendo un criterio de proporcionalidad adecuado a los valores económicos del medio y a las cuantías fijadas para casos similares, teniendo presente como elemento objetivo la entidad de la lesión o del dolor sufrido, su duración, sus secuelas, la incidencia en la vida en relación del dañado, en definitiva la magnitud del infortunio. Igualmente se sostiene, que el daño no patrimonial debe ser acreditado por quien lo propone en su existencia y monto, de conformidad con los principios generales (Art. 137, 139, 140 y concordantes del C.G.P.) sin perjuicio de la utilización de elementos presuncionales que deben ser calificados de "iuris tantum" o presunciones simples por admitir prueba en contrario, sin que pueda disponerse limitación en los medios probatorios a ser implementados, Art. 146 C.G.P (de la Sede Sent. No 131/2024, entre otras). Como se adelantara corresponde confirmar el acogimiento de la procedencia del daño moral, no siendo de recibo los agravios incoados por la parte codemandada apelante. Si bien a dicho respecto, y como lo refirió la demandada en sus agravios (fs. 195 vlto.), no se contó en autos con prueba pericial médica, la cual no fue solicitada por la actora, las lesiones y padecimientos sufridas por la misma resultan de la restante prueba diligenciada en la causa. El Art. 177 del C.G.P establece que la prueba pericial procede a los efectos de la verificación de hechos para lo cual se requieren especiales conocimientos artísticos, científicos o técnicos, como ocurre con los hechos relativos a la medicina, conocimientos de los que el juez en general carece. Se señala en el Código General del Proceso comentado y anotado de Ángel Landoni y equipo que “....el dictamen pericial constituye una declaración de ciencia, un juicio basado en la ciencia del perito, que tiene por función suministrar razones o argumentos para la formación del convencimiento del juez respecto de los hechos sometidos a dictamen.” ( obra citada Vol. 2 A pág. 540), correspondiendo recurrir fundamentalmente a dicho medio probatorio cuando se requieren los referidos conocimientos artísticos, científicos o técnicos, sin perjuicio de la valoración que de la prueba producida en la causa debe efectuar el juez en aplicación de las reglas de valoración de la prueba establecidas por el Art. 140 del C.G.P. Sin perjuicio de lo expresado respecto de la prueba pericial, las lesiones padecidas por la actora a consecuencia del accidente de autos, la entidad de las mismas y el daño moral que le ocasionaron, resultan, de la prueba testimonial relevada en la recurrida (Considerandos 23 a 29, declaraciones de los testigos Dr. BB -médico Traumatólogo-, CC y DD) y de la historia clínica del B.S.E de la Sra. AA (obrante de fs. 64 a 84), sin perjuicio de que en casos como el de autos el daño moral opera “in re ipsa”. Del parte policial agregado en auto (fs. 2 a 5) resulta que el accidente tuvo lugar el día 21/1/2023 mientras el vehículo en el cual viajaba la actora, el que circulaba a unos 90km/h., despista y da varias vueltas (declaración de la testigo EE quien también viajaba en el mismo vehículo, fs. 100), siendo la Sra. AA y los demás ocupantes del vehículo, asistidos por una emergencia móvil, SAAP, la cual en su caso la diagnostica como politraumatizada leve, dándole el alta en el lugar. Sin perjuicio de haber sido dada de alta en el lugar del accidente, de lo informado por el B.S.E en respuesta al oficio que le fuera oportunamente remitido, surge que la actora fue atendida por dicho organismo desde el día del accidente, 21/1/2023, hasta el día del alta, el 21/4/2023, por accidente de trabajo siniestro No 2023-2-2379 (fs. 63), durante más de tres meses y medio. De su historia clínica extendida por el B.S.E (obrante de fs. 64 a 84), surge que en consulta del 10/2/2023 presentó dolor a nivel LS post trauma y episodios de rectorragia post episodio traumático, en paciente con ap de patología hemorroidal y se hizo constar que “se acepta episodio agudo post tmo.”, siendo vista por médico general y cirujano quien le prescribió una fibrocolonoscopía (Dres. FF y GG, fs. 65 a 67), en nueva consulta con el Dr. GG, de fecha 3/3/2023, con resultado de estudio practicado a la paciente se concluyó que la rectorragia “No tiene vinculación con el accidente laboral. Alta de cirugía general” (fs. 72). El 10/2/2023 también fue vista por el médico Traumatólogo, Dr. BB, quien hizo constar en la historia clínica, que la paciente presentaba “dolor a nivel de coxis a la sedestación...tratamiento sintomático por probable lesión en coxis control en 2 sem con RX de coxis y fisiatra” y se le prescribieron calmantes: ketoprofeno 100mg. y ibuprofeno 400mg. + fosfato de codeína 30mgs (fs. 68). Con fecha 24/2/2023 se le realizó una tomografía computada y se dejó constancia que presentaba “hoy dolor a nivel de coxis a la palpación y al sedestar. Se inicia fst y almohadón para evitar el apoyo” (Dra. HH, médico Fisiatra, fs. 70). En esa misma fecha en nueva consulta con el Traumatólogo, Dr. BB, surge como anotación: “control tmo coxis de 1 mes de evolución comienza hoy rehabilitación a cargo de fisiatra, Rx impresiona lesión tipo esguince de coxis control en 3 sem” (fs. 71). El 10/3/2023, fue vista por médico Fisiatra, Dra. II, haciendo constar en la historia clínica “TRAUMATISMO coxis con dolor en sedestación. Finalizó primera serie de FST con alivio parcial del dolor a nivel de coxis, no molesta al sedestar, sí al deambular y en decúbito supino o lateral. Se indica 2da serie fst y almohadón para evitar el apoyo, aines local. Control en 2 semanas” (fs. 72 y 73). En nueva consulta de fecha 17/3/2023 con el Traumatólogo Dr. BB, surge “mejoría parcial con FST 1 serie comienza 2da serie indicada por fisiatra control en1 semana” (fs. 73). El 24/3/2023 es vista nuevamente por Fisiatra, Dr. JJ, quien hizo constar “mejoría parcial con FST refiere qe cambiará de puesto de trabajo donde el mismo es de menos esfuerzo. De acuerdo con prueba laboral.” (fs. 74). Ese mismo día asistió a consulta con Traumatólogo, Dr. BB, quien también asentó que la actora presentaba mejoría parcial y la realización de prueba laboral (fs. 75); el mismo médico la vuelve a ver el 21/4/2023, otorgándole el alta definitiva (fs. 76). El Dr. BB prestó declaración testimonial en autos, de la cual se extrae que, recuerda que la actora tuvo un accidente de tránsito, que la trató por un traumatismo coxígeno en el B.S.E que le generaba dolor, que la vio médico fisiatra, hizo rehabilitación y además se le prescribieron analgésicos y antiinflamatorios, así como el uso de almohadón para no apoyar el coxis, que la recuperación habrán sido unos tres o cuatro meses, siendo el testigo quien le otorgó el alta y agregó que el dolor es subjetivo, lo define el paciente, y que estando en recuperación se puede valer por sí misma y que las tareas diarias las puede hacer si no la inhabilita el dolor (fs. 98 y 99). Por su parte la testigo ya antes citada, EE quien también viajaba en el mismo vehículo que protagonizó el accidente, en cuanto a lo sucedido relató: “...empezamos a derrapar contra la banquina, él da un volantazo, subimos a la ruta contramano, dimos un giro en la ruta, empezamos a derrapar otra vez y empezó a volcar la camioneta y empezamos a dar unos cuantos giros. La camioneta quedó parada mirando hacia Canelones.”, en sentido contrario al que circulaban, y más adelante expresó: “Iba a una velocidad rápida...El vehículo volcaba y daba vueltas...Los vidrios se rompieron, KK se da contra los vidrios y lo rompió todo.” y declaró que la actora se quejaba de dolor en la espalda (fs. 100 y 101). La testigo CC, cuñada de la actora refirió que la misma luego del accidente no podía cambiarle los pañales a su pequeño hijo, sigue usando el asiento ortopédico, que le cuesta agacharse y hacer tareas como lavar los pisos (fs. 102); el testigo Sr. DD, compañero de trabajo de la actora en la Intendencia de Canelones declaró que trabaja con la misma, antes lo hacían en Gestión Ambiental y actualmente en Parque Artigas, que la actora hoy día hay tareas que no las puede hacer, como usar la bordeadora, lo que antes podía realizar, que la misma refiere que le duele (fs. 103). En suma, de la prueba testimonial recibida, de la declaración de otra de las pasajeras de la camioneta accidentada, surge la situación vivida, no solo en lo emocional, sino también en lo físico, dado la mecánica de lo ocurrido, de lo cual resulta posible extraer que operó un daño moral “in re ipsa”, no se trató de una mera molestia del diario vivir que no amerite resarcimiento. Asimismo de la historia clínica de la actora, de las constancias que dejaron los médicos especialistas en Fisiatría y Traumatología que la asistieron durante el período de algo más de tres meses y medio posteriores al accidente de tránsito que sufrió (accidente de trabajo), resulta que la actora como consecuencia del mismo ocurrido el 21/1/2023 resultó politraumatizada leve, fue asistida durante varios meses en el Sanatorio del B.S.E, por lesión tipo esguince de coxis, presentando dolor, recibió medicamentos para tratar el mismo, así como también tratamiento de rehabilitación con fisioterapia y uso de almohadón para apoyo del coxis, con lo cual luego de dos series de fisioterapia presentó mejoría parcial y comenzó a trabajar nuevamente, siendo dada de alta definitiva por el accidente laboral el 21/4/2023 (fs. 76). De lo cual resulta acreditado que la Sra. AA padeció daño moral resarcible como consecuencia del accidente de tránsito ya relacionado, por lo que resulta procedente confirmar la sentencia recurrida en cuanto acogió la procedencia del citado rubro. Si bien los testigos CC y DD refirieron que continúa con dolor, el médico Traumatólogo que la asistió en el B.S.E, señaló que su patología degenerativa es la que explica sus empujes de dolor intermitentes (historia clínica a fs. 76) y que las patologías de base en la columna se dan luego de los 40 años (la actora a la fecha del accidente tenía 41 años de edad, nacida el 31/10/1979, fs. 2 vlto.), por lo que entiende la Sala que los dolores a nivel lumbar que la actora invocó que sufre y que perduraron más allá del alta médica del B.S.E, y al menos hasta la fecha de la promoción de la demanda, diciembre de 2023, al no contarse en el caso con prueba pericial, no resulta posible considerarlos como secuela del accidente a los efectos de la determinación de la magnitud del daño moral sufrido por la misma y por ende su cuantía. En lo que respecta al monto de la condena por concepto de daño moral, $ 500.000, más reajustes e intereses legales desde el evento dañoso y hasta su efectivo pago, entiende el Tribunal que la demandada en su escrito de apelación se agravió de la cuantía de la condena, aunque lo hiciera escuetamente, al señalar que no se acreditó un padecimiento de profundidad tal que amerite la cuantificación en la suma referida, máxime cuando no se contó con prueba pericial como ya se expresara. La suma objeto de condena a la fecha del accidente, evento dañoso, equivalía aproximadamente a U$S 11.500, la cual resulta excesiva para los parámetros jurisprudenciales para situaciones más o menos análogas a las dadas en autos, por lo que se moderará a la baja del monto de la misma, la que se fijará en $ 250.000, con más sus acrecidas en la forma fijada en la instancia anterior y hasta su efectivo pago. VIII) La conducta de las partes en la instancia ha sido correcta, no ameritando especial condenación en costas y costos ( Art. 56.1 y 261 del C.G.P y Art. 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, disposiciones enunciadas y aplicables, el Tribunal FALLA: Confírmase parcialmente la sentencia impugnada, revocándola en cuanto al monto de la condena, la que se fija en $ 250.000, con más los reajustes e intereses legales, desde el evento dañoso y hasta el efectivo pago. Sin especiales sanciones procesales en el grado. Oportunamente, devuélvanse. Dra. Mónica Besio.- MINISTRA Dr. Álvaro França.- MINISTRO Dr. Guzmán López Montemurro.- MINISTRO Esc. Adriana León.- SECRETARIA