Sentencia Definitiva N° 242/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO SENTENCIA DEFINITIVA Nº 242/2025 Montevideo, 23 de setiembre de 2025 Ministro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. Vistos: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DEL INTERIOR – REPARATORIO PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD ADM. POR ACTO” – IUE: 2-17465/2023 , venidos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 1308/1310 v, contra la sentencia definitiva Nº 17/2025 del 25 de febrero de 2025 de fs. 1299/1305, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, Dr. Gabriel Ohanian Hagopian. Resultando: 1. Por la sentencia recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se acogió parcialmente la demanda y condenó al demandado a pagarle al Sr. AA las sumas de $600.000 por concepto del daño moral, $192.692 por lucro cesante y $10.000 por los honorarios devengados en la defensa en la vía administrativa, con reajustes desde el dictado de la resolución ilegítima e interés legal desde la presentación de la presente demanda. Condenó a la demandada a abonar las multas y recargos generados ante BROU y Cooperativa Policial y la actualización de los salarios devengados ya pagos y la incidencia del servicio “222” objeto de condena en el aguinaldo y liquidación que se realizará sobre las bases de los considerandos Nº 21, 32 y 34. Desestimó la demanda en lo demás. 2. Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 1308/1310 v. manifestó que le agravia la condena pues esta parte entiende que la pretensión debe ser desestimada por razones procesales: la contraria no cumplió en su totalidad con la carga probatoria en cuanto a los daños reclamados. Agregó que el A quo valoró erróneamente la prueba diligenciada y esta parte no tiene el agrado de compartir la postura asumida por la Sede en relación a que surja acreditado el daño moral padecido. En tal sentido, surge del testimonio de la hermana del actor, Sra. BB -quien debió ser tomada como testigo sospechoso por su parentesco-, que al momento de la cesantía su hermano vivía con ella por la mala relación que tenía con su ex pareja, quien lo echó de la casa y radicó denuncia de violencia doméstica con medidas cautelares de no acercamiento y tobillera, viéndose impedido de tener contacto con su hijo. La propia hermana reconoce que el tema que lo tenía mal comenzó con la tobillera y no por la baja del Instituto Policial. La angustia alegada no fue por la actuación de la Administración sino por problemas que el actor tenía en su vida personal. En cuanto a la condena por daño emergente por gastos de honorarios profesionales, estimó que hay mecanismos otorgados por el Estado para litigar de forma gratuita, como lo son los abogados de Oficio y los servicios de consultorio jurídico de UDELAR, que contemplan la situación de personas de bajos recursos. Fue decisión del actor contratar un servicio particular y abonar por ello. Esta fundamentación no fue tenida en cuenta en la recurrida, por lo que no hay una correcta valoración de la prueba y determinación de que la contraria incumplió con la carga probatoria que le corresponde conforme el art. 139 del CGP. 3. La parte actora no evacuó el traslado de la apelación conferido pese a estar debidamente notificada (fs. 1313). 4. Franqueada la alzada por decreto Nº 786/2025 del 30 de abril de 2025 (fs. 1315), se asignó esta Sala (fs. 1328) y recibidos los autos en el tribunal el 15 de mayo de 2025 (fs. 1328 v.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. Considerando : I. La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, habrá de confirmar la sentencia de primera instancia, salvo el monto del daño moral, que se morigerará y ello, por lo subsiguiente. II. Aduce, el recurrente, que la causa del daño no fue la cesantía en el trabajo sino su turbulenta vida familiar, basándose en la declaración de la hermana del actor, por lo concluye que el montante es erróneo. A juicio de la Sala, asiste parcialmente razón al impugnante. La unanimidad de los testigos propuestos, destacan la situación de violencia doméstica que vivía el actor, con medidas cautelares de no acercamiento, uso de tobillera, y la imposibilidad de tener contacto con su hijo. Reconocen los testigos, que esta situación lo afectaba anímicamente. La sentencia de primera instancia, se fundó en estos testimonios para otorgar el daño moral y fijar el monto. Considera, la Sala, que debe tenerse en cuenta que la situación del actor ya era compleja antes del cese laboral, y ello, indudablemente incide en el daño final. No cabe duda que el cese irregular produjo daños, desde que perdió su sustento, el derecho a la atención sanitaria, etc, y corresponde su resarcimiento. No obstante, el monto luce excesivo, ya que, en esta instancia, se debe valorar el daño cuyo origen estuvo provocado por el cese. Ciertamente, que separar el sufrimiento por su situación familiar del provocado por el cese, es sumamente dificultoso. El monto fijado en primera instancia equivale a U$S 15.000, aproximadamente. Y no solo luce excesivo por la circunstancia anotada precedentemente, sino que, además, está muy por encima de los parámetros manejados por la Sala (sentencias N°s 42/2023 y 70/2024, entre otras). En otro orden, en cuanto a la entidad, esta Sala ha señalado que la gravedad menor o mayor del daño no es la condición para su resarcimiento, sino solo para la valoración del monto indemnizatorio. En sent. N° 6/2022, se expresó: “ …Sobre esta cuestión el Prof. Mariño (La exigencia jurisprudencial de una entidad mínima para la resarcibilidad del daño moral) ha afirmado que: “V. Exigencia de una entidad mínima del daño moral para admitir su indemnización. En la jurisprudencia oriental, se ha consolidado una posición, según la cual, es necesaria una determinada entidad del daño moral para que éste sea resarcido. En 1994, al momento de publicarse el Tomo XXV de su Tratado, Gamarra expresaba: “A fines de la década del 60, la jurisprudencia uruguaya comenzó a requerir determinada entidad o gravedad en el daño moral, y esta corriente, bien pronto contó con el favor de todos los Jueces, al punto que hoy día está plenamente asentada y sin fisuras”. La posición jurisprudencial se ha mantenido y hoy continúa. Se manifiesta en diferentes ámbitos en los cuales se padece daño moral por la víctima, pero los tribunales consideran que no es de la suficiente gravedad como para ser indemnizado. 1. Fundamentos. El fundamento sobre el cual se erigía dicha posición era, en un primer momento, que el daño moral es resarcible sólo si tiene una cierta gravedad. Se requiere en el daño extrapatrimonial padecido por la persona, tenga una entidad importante. No se determinan los límites con (45) Se diferencia esta posición de otra, también sostenida por los Jueces uruguayos, la cual sostiene que es necesaria una determinada entidad del daño moral para que sea probado in re ipsa. Se trata también de una postura restrictiva, pero referida a la prueba del daño moral. Un ejemplo es la sentencia del TAC 1°, de 27/10/2004 (ADCU T. XXXV, c. 162), la cual decide un pleito donde se reclama indemnización por el daño moral padecido por una persona que ha sido incluido en el “Clearing de informes” por error durante dos años y dos meses. El TAC, en mayoría, decide no conceder la reparación por la ausencia de gravedad en el daño moral para que surja la prueba in re ipsa, mientras que dos de sus componentes sostienen que se le debe indemnizar. La sentencia señala: “(…) dicha circunstancia por sí no implica un agravio de entidad que exonera a la actora de la carga de la prueba en relación a la efectiva acusación del daño moral reclamado”. En una de las discordias, se expresa: “(…) el hecho de saberse injustamente incluida en la base de datos del Clearing le provocó a la actora daño moral, cuya existencia surge de reglas de normalidad y experiencia, ya que no existe persona media alguna que no se sienta afectada por figurar como morosa cuando no lo es”. Se pronuncia por una condena en US$ 500 para el Clearing de Informes y para el establecimiento que envió la información errónea. Gamarra le aporta a la posición restrictiva un fundamento distinto, construido desde una perspectiva diferente. Según dicho autor, no es que sólo se deba resarcir el daño de baja entidad, sino que, cuando el perjuicio tiene escasa gravedad, no se configura el daño. Para que haya daño moral, es necesario que el perjuicio tenga una entidad significativa. La valoración de la gravedad mínima que debe tener el daño queda, también, a criterio del Juez de acuerdo con las circunstancias del caso. Este segundo criterio ha sido seguido por la jurisprudencia oriental. Así, como ejemplo de esta línea predominante, el TAC 6°, en su sentencia No. 173 de agosto de 2008, expresa: “La Sala postula el criterio según el cual se requiere para la propia existencia del daño moral, de padecimientos, de aflicciones y sufrimientos de cierta gravedad o trascendencia.” La Profesora Dora Szafir, en estudio conjunto con Silvia Carreto (La reparación del daño moral de escasa entidad y la ley 18.507) afirma: “En esta línea de pensamiento, Matilde ZABALA apunta “…se sostiene que "muchas incomodidades o padecimientos llamados menores quedan fuera del umbral jurídico, porque reparar los pequeños desagrados o sufrimientos <<nos llevaría a una sobre demanda que no podría aceptarse ni económica ni judicialmente>>… Por nuestra parte, opinamos que no puede rechazarse la indemnización de perjuicios escasos, si existen y son inmerecidos: no hay vacunas contra la injusticia y el Derecho renuncia a la paz social cuando deja sin solucionar los asuntos de menor cuantía…[Lo] <<Normalmente tolerable>> es la perturbación de algún modo llevadera, conciliada con otros intereses igualmente respetables, en cuyo disfrute es protagonista o está interesado a veces el propio sujeto; no equivale a un paciente y resignado permiso para irrumpir agresivamente en vidas ajenas, así sea <<en cuenta gotas>>”22. Por otro lado, evitar la proliferación de demandas o el abuso de las victimas adicionando a los petitorios reclamos por daños morales inexistentes o exagerados, tampoco pueden constituirse en razones de recibo, en mérito a que existen otros medios procesales que enjuician la conducta de las partes en el litigio sin necesidad de acudir al rechazo sistemático de los mentados daños. En síntesis, entendemos que el concepto de daño (cuyo núcleo básico definitorio está constituido por el detrimento, lesión, menoscabo, quebranto) se tergiversa, aludiendo a una noción restringida de creación jurisprudencial que no hace otra cosa que establecer límites que la ley no impone, aunque se le llame definición.” Para la redactora según posición que ha sostenido en doctrina ya desde el año 1990 (con anterioridad a la obra del Maestro Gamarra T. XXV de su Tratado y a la de los Profs. Mariño y Szafir precedentemente citadas), en el Libro “El Daño Moral en la Jurisprudencia y en el Derecho Comparado FCU 1990, pág. 95, no se comparte la argumentación de la parte demandada apelante, ni la enunciada inicialmente en la sentencia atacada, en cuanto a la falta de entidad del daño y que solamente corresponde la indemnización en caso de daño de entidad o grave en el ámbito contractual, si bien, como ya se dijo, es cierto que cierta jurisprudencia tiene tal postura. A criterio de la redactora, que tiene opinión formada en cuanto al punto "La doctrina ha manejado, como un criterio independiente el hecho de que el infortunio tenga cierta entidad, y lo curioso es que la presencia o ausencia de gravedad en el daño moral sufrido se vincula a la resarcibilidad del mismo, esto es, si es de entidad (grave), debe ser reparado, de lo contrario no. Considero que debemos movernos con pie de plomo respecto de este tipo de afirmaciones. A mi criterio la relevancia de la entidad o gravedad del daño moral se aprecia en el momento de fijar la indemnización correspondiente, pero debemos tener en claro que o hay daño o no lo hay, salvo la línea que demarca la frontera entre su realidad o su inexistencia. Si bien es cierto que la entidad es un dato externo que los terceros pueden apreciar, al punto que la jurisprudencia ha entendido que "si el daño carece de cierta entidad su propia existencia se hace dudosa" (L.J.U. C. 7912 y Sent. 96 del 12/4/8 TAC 6º), no debe perderse de vista que esa "gravedad" es sólo el metro -unidad de medida- con que el daño debe avaluarse, sin inferir la conclusión, que conceptúo incorrecta, que un daño de poca entidad no existe como tal. ”. De acuerdo a todo lo expuesto, considera la Sala, fijar el montante del daño moral en la suma de $ 250.000. Cabe aclarar, para disipar cualquier duda que, con relación a los reajustes e intereses, no hubo agravio, por lo que la Sala se encuentra inhibida de ingresar a su análisis. III. El agravio relativo al daño emergente (honorarios profesionales), no es de recibo legal. El pago de honorarios generados por la defensa de sus derechos ante el TCA supone un daño resarcible, como es jurisprudencia constante de esta Sala, por el principio de reparación integral del daño. Con relación a la existencia de patrocinio letrado gratuito, brindado a través de la defensoría pública o el consultorio jurídico de la UDELAR, el agravio es de franco rechazo. La elección de abogado es un derecho del justiciable, cuya contratación involucra diversos aspectos, entre los que pueden mencionarse el previo conocimiento, confianza, capacidad, etc. El hecho de que exista la Defensoría Pública o el consultorio jurídico de la UDELAR, no afecta esta conclusión, ya que el daño se produce tenga o no tenga recursos. Además, no está acreditado que el actor cumpliera con los requisitos necesarios para poder asistirse gratuitamente. IV. No existe mérito para imponer especiales sanciones procesales en el grado. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el tribunal, FALLA: Confírmase la sentencia impugnada, salvo en cuanto al monto del daño moral, que se fija en la suma de $ 250.000, sin especial sanción procesal en el grado. Honorarios fictos $ 30.000. Notifíquese y oportunamente, devuélvase. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA