Sentencia Interlocutoria N° 540/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA: Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: 1. AA. UN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, UN DELITO DE TRÁFICO INTERNO DE ARMAS DE FUEGO Y UN DELITO DE CONTRABANDO EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ. 2. BB. UN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE CONTRABANDO – IUE: 573-55/2018; venida del Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1º Turno, en virtud del recurso interpuesto por los penados asistidos por el Dr. Fernando Torres contra la resolución N.º 215/2025, dictada el 6 de febrero de 2025, por la Dra. Viviana Karina Barlocco, con intervención de la Fiscalía Letrada de Maldonado de 3º Turno, representada por la Dra. Ana Roses. RESULTANDO: I) La hostilizada resolvió: “...Habiendo cumplido AA la totalidad de la condena impuesta, y no emergiendo de la planilla de antecedentes judiciales causas para unificar, téngase por extinguida la pena y por definitiva su libertad. (…) En virtud de lo dispuesto por la Sra. Jueza Letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno (fs. 1724): los bienes dispuestos como garantía del régimen de libertad vigilada en la presente, quedan a disposición de la causa que se tramita en dicha Sede (2.1 párrafo 2). II) AA y BB interponen recurso de reposición y apelación a fs.1745 y ss. y expresan que les agravia la resolución judicial que pretende mantener medidas cautelares sobre bienes pertenecientes a los impugnantes, a pesar de que estos ya cumplieron íntegramente su condena y se extinguió su pena. El agravio se basa en que existía un acuerdo homologado con valor de cosa juzgada, en el que se establecía claramente que los bienes ofrecidos como garantía para la libertad vigilada serían restituidos una vez cumplida la condena. Mantener estas medidas sin causa legal constituye una arbitrariedad y un grave perjuicio, ya que no puede retenerse propiedad privada cuando no existe proceso penal en curso ni formalización alguna que lo justifique. Además, se argumenta que incluso durante etapas previas a la formalización, no es procedente disponer medidas cautelares, como también lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones y destacada doctrina (que cita). Dado que no hay acción civil iniciada ni imputación formal, mantener las cautelas contraviene principios legales fundamentales. Por todo esto, los apelantes solicitan al Tribunal de Apelaciones que revoque la resolución recurrida, dejando sin efecto la entrega de los bienes al Juzgado Penal de Crimen Organizado y, en cambio, ordene la devolución de los mismos a sus legítimos propietarios, conforme lo establecido en la sentencia N.º 48/2020, capitulo III. III) La Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de 3º turno abogó por la confirmatoria a fs. 1754. La Sra. Fiscal ratifica la legalidad de la resolución judicial que mantiene medidas cautelares sobre los bienes de AA y su pareja, aclarando que dichas medidas responden a una solicitud de cooperación internacional realizada por el Estado argentino, en el marco de un proceso penal tramitado ante el Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno de Uruguay. La resolución se fundamenta en la Sentencia N.º 2165/2024, que ordena que los bienes pasen a disposición de la causa penal argentina una vez extinguida la pena en Uruguay. La defensa incurre en error al intentar aplicar el derecho interno uruguayo para cuestionar estas medidas, ignorando que se trata de medidas cautelares internacionales. Según la doctrina y normas aplicables – como la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y el Protocolo del Mercosur – las medidas cautelares dispuestas por un Estado deben ser ejecutadas por el otro conforme a su procedimiento interno, pero sin evaluar su admisibilidad material bajo sus propias leyes, ya que esa evaluación corresponde al Estado requirente, en este caso, Argentina. En tal sentido, no procede invocar jurisprudencia uruguaya para impugnar una medida internacional, cuando lo correcto es aplicar los criterios del derecho del Estado solicitante. Por ello, se solicita que el Tribunal de Apelaciones confirme la resolución impugnada y mantenga las medidas cautelares vigentes sobre los bienes. IV) Por resolución N.º 729/2025 del 21 de febrero de 2025, la A quo mantuvo la recurrida y franqueó la alzada. Recibidos los autos, se citó para sentencia, que se acordó previo pasaje a estudio. V) Posteriormente, el 30 de mayo de 2025, comparece el Sr. Defensor Dr. Fernando Torres en representación de AA y BB, alegando hechos nuevos y ofreciendo prueba (fs. 1785 y ss.). La interlocutoria N.º 215/2025 del Juzgado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado fue dictada en relación con la providencia N.º 2165/2024 del Juzgado Penal de Crimen Organizado de 2° turno, dentro del expediente de cooperación internacional. Ambas resoluciones tratan el mismo asunto y fueron recurridas dentro del plazo legal de seis días. Los comparecientes afirman que estas decisiones vulneran la cosa juzgada establecida en la sentencia condenatoria N.º 48/2020 del 1º de octubre de 2020, emitida por el Juzgado Penal de Crimen Organizado de 4° turno. Asimismo, denuncia una violación al principio de ne bis in ídem, consagrado tanto en el CPP, como en instrumentos internacionales. El hecho nuevo y la prueba superviniente consisten en la sentencia dictada el 25 de marzo de 2025 por el juez argentino José Antonio Michilini en el caso SOEME y otros, tramitado en Argentina. En ella, se condena a varios imputados, mencionándose entre ellos a AA y BB, por delitos de defraudación y asociación ilícita, en base a hechos que, según el dicente, ya fueron juzgados y resueltos en Uruguay en la sentencia N.º 48/2020, en la que se estableció un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, homologado por la Dra. María Helena Mainard. Afirma que la Justicia argentina vulnera el principio de ne bis in ídem, al pretender condenar nuevamente por los mismos hechos y bienes ya juzgados en Uruguay. Incluso sostiene que el juez argentino incurre en prejuzgamiento al aludir a la culpabilidad de AA y BB en sus fundamentos, antes de que exista sentencia firme contra ellos en Argentina. Los comparecientes destacan también que los bienes que ahora se vinculan en Argentina al delito de lavado de activos ya fueron analizados y considerados lícitos en Uruguay, incluso utilizados como garantía para la libertad vigilada de los acusados. Estos bienes incluyen vehículos, inmuebles y cuentas bancarias, cuya devolución fue ordenada en Uruguay, lo que se opone a cualquier medida cautelar nueva sobre ellos desde Argentina. Se reitera que todo lo imputado en Argentina ya fue reconocido y resuelto en el proceso uruguayo, y que juzgarlo nuevamente no solo atenta contra la cosa juzgada, sino también contra garantías fundamentales como la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Los hechos investigados por ambos países son los mismos y en Uruguay, estos fueron considerados en la sentencia condenatoria N.º 48/2020, dictada tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. En dicha sentencia, la Dra. María Helena Mainard dejó constancia – incluso en audios de audiencia – de que los antecedentes incorporados a la carpeta fiscal formaban parte del acuerdo abreviado. Esto demuestra que todos los hechos y bienes investigados en Argentina también fueron valorados en el proceso uruguayo. Además, se destaca que en etapas anteriores del proceso de extradición – sentencias 1/2018 y 2/2019 – el Estado uruguayo decidió mantener bajo custodia los bienes incautados hasta que se dictara sentencia definitiva en el proceso penal local. Esto se ampara en el principio de soberanía nacional, contemplado en el artículo 19 del Tratado de Extradición y el artículo 24 del Protocolo de San Luis. La sentencia 48/2020 determinó qué bienes fueron efectivamente decomisados, listados en sus considerandos IV y V. Los demás – aunque inicialmente señalados por la fiscalía como producto del delito – no fueron considerados parte del ilícito, y muchos de ellos incluso fueron utilizados como garantía para la libertad vigilada de los condenados. Por tanto, no procede continuar su embargo o entrega a Argentina. En resumen, si bien al inicio de la investigación la fiscalía sostuvo que todos los bienes estaban vinculados a delitos, la sentencia firme uruguaya determinó que solo una parte fue objeto del delito y, por ende, decomisada. El resto fue excluido expresamente y no puede ahora ser considerado para entrega internacional ni decomiso, por ser contradictorio con la resolución judicial definitiva. El escrito detalla una extensa investigación judicial en Uruguay iniciada en 2018 contra AA y BB, por presunto lavado de activos. A partir del 4 de enero de ese año, se incautaron numerosos bienes muebles e inmuebles de gran valor, cuya procedencia lícita no fue justificada. Muchos de estos bienes estaban a nombre de empresas “pantalla”, cuyos titulares actuaban como testaferros vinculados a los imputados. Durante la investigación, se conformó un equipo multidisciplinario, por orden judicial, integrado por organismos estatales como la DGI, BPS, Banco Central y la SENACLAFT, para profundizar el análisis del patrimonio de los imputados. Se identificaron múltiples propiedades adquiridas por BB o sociedades controladas por la pareja en el departamento de Maldonado, muchas veces mediante maniobras financieras sospechosas o con fondos en efectivo de origen incierto. En la sentencia N.º 48/2020, dictada el 1º de octubre de 2020, se resolvió que solo algunos bienes fueron considerados fruto del delito de lavado de activos y, por lo tanto, decomisados (por ejemplo, el chalet “Sounion” y cuatro millones de dólares). El resto de los bienes no fueron considerados ilícitos y fueron restituidos a los imputados. No se estableció en dicha sentencia que estos bienes fueran conservados con fines de restitución futura, sino que se determinó expresamente que no eran objeto del delito. Posteriormente, en el marco de la cooperación internacional con Argentina, se discutió si otros bienes no decomisados podían ser enviados a ese país. Sin embargo, según la ley uruguaya, el artículo 19.4 del Tratado de Extradición bilateral y el artículo 24 del Protocolo de San Luis, solo los bienes considerados objeto de delito y decomisados pueden ser transferidos. No es posible entregar bienes que fueron excluidos expresamente del decomiso por sentencia firme. Ante ello, se solicita al Tribunal de Apelaciones Penal de 1º Turno de Uruguay que se revoque una resolución anterior (N.º 215/2025) y se declare que todos los bienes no decomisados por la sentencia de 2020 deben ser desafectados de toda medida cautelar y restituidos definitivamente a AA y BB. Se pide además que se agregue nueva prueba surgida de una sentencia argentina posterior y que se solicite al juzgado correspondiente el envío completo del expediente penal uruguayo. En resumen, el compareciente fundamenta que los bienes no decomisados por la justicia uruguaya no pueden ser transferidos a Argentina y deben ser liberados de embargos, restituyéndose a sus propietarios originales, dado que no fueron considerados producto de delitos tras un proceso penal que ya tiene sentencia firme. Concluye su escrito el compareciente, solicitando al Tribunal de Apelaciones Penal de 1º Turno que se revoque la interlocutoria N.º 215/2025 y se declare que todos los bienes no decomisados por la sentencia de 2020 deben ser desafectados de toda medida cautelar y restituidos definitivamente a AA y BB. VI) La Dra. Ana Laura Roses por fiscalía contesta el hecho nuevo a fs. 1814 y ss. y en primer lugar señala que la sentencia que se pretende ingresar como tal, no es nueva – ya era conocida al tiempo de solicitar la nulidad en otros autos – y no tiene relevancia con lo discutido en este proceso. Además, fiscalía alega que esta sentencia argentina no incide en el caso uruguayo ni justifica modificar las medidas cautelares adoptadas sobre los bienes de AA y BB en Uruguay. La condena extranjera trata de hechos distintos, aunque relacionados, y no vulnera el principio de ne bis in ídem, ya que este principio impide una doble persecución penal dentro del mismo Estado, pero no entre distintos Estados soberanos. La cooperación internacional permite que Uruguay actúe a solicitud de Argentina para mantener dichas medidas cautelares, sin que esto implique una violación de derechos. Finalmente, fiscalía ratifica sus argumentos expresados en otras oportunidades, controvierte las alegaciones de la defensa, y solicita que se mantengan las medidas cautelares dispuestas. VII) Por providencia N.º 317/2025 se dispuso reanudar el estudio. Durante ese lapso, el Tribunal quedó desintegrado por la designación del Dr. Alberto Reyes para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y por sorteo se designó al Dr. Luis Charles, quien se excusó por haber tenido participación anterior en el caso (fs. 1828). Finalmente, la Suprema Corte de Justicia designó a la Dra. Dolores Sánchez De León, volviendo innecesaria la integración del Tribunal (fs. 1838). VIII) En el ínterin, comparecieron los apelantes AA y BB (fs. 1833) alertando que el expediente había sido remitido en forma incompleta y solicitando su envío, lo que se proveyó de conformidad por mandato verbal N.º 48/2025 del 18 de agosto de 2025 (fs. 1839). Más adelante, comparece el letrado de los apelantes – Dr. Fernando Torres – acreditando la legalización de la sentencia argentina del 18 de diciembre de 2024, y sus fundamentos (fs. 1853 a 1856). Luego, y en respuesta a una vista para acreditar en forma lo solicitado en el escrito que se hace referencia, comparece nuevamente el Dr. Torres (fs. 1865) y argumenta que resoluciones del Juzgado del Crimen Organizado son violatorias de lo resuelto en sentencia N.º 48/2020, realizando apreciaciones sobre interlocutorias adoptadas en el tribunal radicado en la capital. Menciona cual es la consecuencia de la no confiscación de los bienes puestos en garantía de la libertad vigilada, mencionando una sentencia de esta misma Sala. Los bienes no obstante están cautelados por requerimiento de Argentina, pero dicha cautela debe cesar. Caduca al haberse cumplido la condena. Culmina su comparecencia solicitando la convocatoria a audiencia, lo que reitera a fs. 1879. Finalmente, el 18 y 22 de setiembre de 2025 se recibieron del tribunal de Maldonado las piezas faltantes (fs. 1903 y 1907) y los autos volvieron a estudio. CONSIDERANDO: I) La Sala, por unanimidad, habrá de desestimar el hecho nuevo y confirmar la recurrida, por los fundamentos que siguen. II) Inicialmente, conviene señalar que la interlocutoria impugnada tiene tres partes. En la primera se tiene por extinguida la pena y definitiva la libertad, en la segunda se ordena la clausura del proceso y su archivo, mientras que en la tercera, se dispone que los bienes en garantía del régimen de libertad vigilada queden a disposición de la causa que tramita el Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º turno. La impugnación solo refiere a esta última parte de la resolución, que en consecuencia es la única que conformaría el objeto de la alzada: tantum devolutum, quantum apellatum. El fundamento de esta decisión – según la Sra. Jueza A quo – se encuentra en lo dispuesto por el Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado y cuya comunicación obra a fs. 1724 y ss. Allí consta copia del oficio electrónico N.º 77/2024 que recoge lo resuelto en la interlocutoria 2165/2024, que dispuso – entre otras cosas – que una vez extinguida la pena en la causa IUE 573-55/2018, los referidos bienes muebles deberán pasar a disposición de la presente causa (Bienes muebles detallados en la Sentencia N.º 48/2020 de fecha 01/10/2020, dispositivo III) del fallo). (Fs. 1727). El oficio fue recibido el 31 de diciembre de 2024, como surge de las constancias de fs. 1727. Si bien la comunicación que surge de autos es la que antecede, el objeto de la resolución – que los bienes ofrecidos como caución quedarían posteriormente a disposición de la Justicia argentina – ya aparece mencionado en estos autos a fs. 1547 y en la interlocutoria 1513/2024 del 30 de abril de 2024 (fs. 1585 y ss.). Posteriormente a esta comunicación, se agregan las provenientes del INR, planilla de antecedentes judiciales, etc. que demuestran el cumplimiento de las medidas y posibilitaron a la A quo disponer la extinción de la pena. En conclusión, la porción impugnada de la resolución no hace otra cosa que cumplir con lo dispuesto por el tribunal solicitante, esto es, lo ordenado por el tribunal Especializado en Crimen Organizado de 2º turno. III) El Juzgado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 3º actualmente a cargo de la Dra. Vivianna Karina Barlocco Acosta, por decreto 2397/2020, asumió competencia en el proceso de ejecución de la sentencia definitiva N.º 48/2020 el 16 de diciembre de 2020, en virtud de que los penados debían cumplir su sanción dentro del radio de su competencia territorial. En consecuencia, el tribunal A quo intervino en el proceso de ejecución de la condena de los penados AA y BB, conforme lo dispuesto en los arts. 13 y 286 y ss. CPP. En cumplimiento de su encargo legal, el A quo controló el cumplimiento de la pena y una vez agotada, declaró su extinción, como se adelantó supra. Durante el proceso de ejecución, el Juzgado de Crimen Organizado adoptó la resolución N.º 2165/2024 y se la comunicó por oficio electrónico al tribunal de ejecución, quien cumplió con lo comunicado en la providencia objeto de esta apelación. En consecuencia, se observa sin dificultad que la decisión que perjudica a los apelantes – la que dispuso que los bienes entregados como caución pasen eventualmente a cumplir una medida cautelar – no fue tomada por la A quo sino por el tribunal de Montevideo. La A quo simplemente cumplió con dicha orden. Lo que realizó el tribunal de Montevideo no fue otra cosa que comunicar su resolución conforme art. 114 CPP, que tiene una redacción similar, si no idéntica, a la dispuesta en el art. 90 del CGP, aplicable por remisión del art. 106 CPP. Como señala VÉSCOVI et alter en relación al art. 90 CGP: El concepto manejado por el legislador incluye por tanto entidades estatales o paraestatales, integrantes del Poder Judicial o no, pasibles de ser contactadas en el territorio nacional. Puede tratarse de hipótesis de cooperación judicial (entre tribunales) o de simple vínculo del tribunal con otros órganos públicos… (Véscovi, Enrique y otros. Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado. Tomo 2. Editorial Ábaco. Pág. 359). En consonancia con lo anterior, el art. 21.3 del CGP establece que las decisiones del tribunal deben ser acatadas por todo sujeto público o privado, los que, además, deben prestarle asistencia para que se logre la efectividad de sus mandatos; y el art. 4 inciso segundo de la ley 15.750 agrega que la autoridad requerida debe prestar su concurso sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia, decreto u orden que se trata de ejecutar. Por consiguiente, la Sra. Jueza A quo no puede más que cumplir con la comunicación dispuesta por el tribunal requirente y no le está permitido su cuestionamiento porque la decisión sobre el destino de esos bienes – en el acierto o en el error – le corresponde a otro tribunal. Razonando por el absurdo cabría preguntarse si el tribunal A quo podría haberse negado a cumplir con la decisión de otro tribunal. La respuesta es claramente negativa porque implicaría una invasión en la competencia del tribunal que entiende en el asunto, enmendarle la plana a otro juzgado, y en consecuencia extralimitando su propia competencia establecida por ley (art. 2, ley 15.750). En este sentido, la decisión de la A quo es irreprochable. IV) Como corolario de lo anterior, se infiere que la orden de comunicar al tribunal de Montevideo y poner a disposición los bienes como fue solicitado, no tiene contenido decisorio y es simple aplicación del principio de autoridad, colaboración e independencia de los tribunales del país. La función que cumple la disposición no es otra que dar impulso al trámite del proceso radicado en Montevideo, y en consecuencia, no tiene naturaleza de sentencia interlocutoria y no es pasible de recurso de apelación (art. 359 CPP, 245 y 250 CGP). BARRIOS DE ANGELIS expresa que a los efectos de decidir si una providencia es interlocutoria o de mero trámite, señala ...si el pedido es irregular, se le acepte o se le rechace, la resolución será interlocutoria; si es regular y se deniega, igualmente habrá interlocutoria; solo habrá providencia de trámite en el caso que la petición sea regular y se acepte (Barrios de Ángelis, Dante. El Proceso Civil. Código General del Proceso. Ediciones Idea. 1989. Pág. 152). Si bien en este caso no existió estrictamente un pedido de parte, sí existió una solicitud regular cursada por otro tribunal a los efectos de poder continuar con su propia tramitación. La condición de regular no refiere – naturalmente – al contenido de la decisión del Juzgado de Crimen Organizado, que no es objeto del presente recurso, sino a la comunicación de la resolución y la posterior actuación de la A quo en consecuencia. Siendo regular, y teniendo por finalidad proseguir el proceso radicado en Montevideo, la decisión de la A quo podría calificarse de decreto de mero trámite y por consiguiente, el recurso estaría mal franqueado. No obstante, como la decisión impugnada se inserta en una resolución claramente interlocutoria – al punto que por la condición de tal y de poner fin al proceso, esta Sala entendió que el efecto de la apelación debía ser suspensivo – igualmente corresponde ingresar en el mérito. En tal sentido, y como se viene anunciando, la decisión de la A quo fue tomada en forma correcta, cumpliendo el mandato del tribunal que entiende en el asunto referido a los bienes. De hecho, la decisión no causa agravio, ya que el eventual agravio provendría de la interlocutoria dictada por el Juzgado de Crimen Organizado, y no de su mero cumplimiento. Entonces, si se analiza la decisión concreta de la Sra. Magistrada A quo, ella fue dictada conforme a derecho y por consiguiente, corresponde que sea confirmada. V) Como consecuencia de lo manifestado, el Tribunal no ingresará a analizar el hecho nuevo aportado por la defensa, en el entendido que no tiene incidencia en el derecho invocado por la parte. El CPP no regula los hechos nuevos, pero su admisión en segunda instancia correspondería por la remisión que el art. 367.1 CPP hace al 253.2 CGP que a ellos refiere. De todas formas, el escrito de hechos nuevos alude a agravios o fundamentos respecto al fondo del asunto, controvirtiendo la legitimidad de ampliar la cautela a los bienes que estaban afectados como caución y que no resultaron decomisados en la sentencia de condena N.º 48/2020. Se desarrolla posteriormente en la comparecencia del 27 de agosto (fs. 1865), la consecuencia que el cumplimiento de la condena en Uruguay tendría sobre la cautela pedida por los tribunales argentinos, concluyendo que debe entenderse que caducó. Las pruebas y actuaciones ampliatorias solicitadas en las sucesivas comparecencias refieren – todas ellas – a la cuestión de fondo tramitada ante el tribunal especializado, y que tal cual se ha expresado, no corresponde analizar en este proceso. La sentencia dictada en La Plata, el 18 de diciembre de 2024, sus fundamentos expuestos el 25 de marzo de 2025 – y en especial, IV. A. 2. El rol de AA (anexo 2, fs. 563 y ss. y fs. 579 vto. y ss.) o las consideraciones contenidas más adelante (anexo 3, fs. 764 y ss.) –, el acuerdo abreviado suscrito entre fiscalía y los imputados asistidos por el Dr. Marcelo Domínguez (anexo, fs. 1286 y ss. y fs. 1004 y ss.), audios y copias de sentencia, etc. son insumos que el tribunal del caso principal, esto es, el tribunal que tiene a cargo el trámite de la medida cautelar deberá tener en cuenta si así lo entendiere, porque – y se reitera una vez más – es dicha Sede y no la de Maldonado, la competente en tal materia. La defensa – como ya se adelantó – denunció que el expediente se hallaba incompleto y solicitó que se oficiara para la incorporación de los elementos faltantes (fs. 1833). La efectiva recepción en la Sala se cumplió el 18 y 22 de setiembre (fs. 1903 vto. y 1907). Lo que se solicitaba concretamente era la respuesta de la República Argentina a sendos exhortos del 11 de junio de 2018, N.º 342 y 343, sobre tres causas referida a la Banda de Los Monos, y que reconocían la ausencia de responsabilidad de AA y BB con dichas causas relacionadas con delitos de narcotráfico. Estas respuestas están invocadas en la enumeración de evidencias del acuerdo abreviado (fs. 1021) y también fueron previamente ofrecidas en la acusación deducida el 12 de noviembre de 2018, fs. 397 y 398 del presente IUE 573-55/2018. También luce copia de la acusación, y por añadidura del anuncio de dicha prueba en la pieza IUE 567-17/2019, remitida el 18 de setiembre por el tribunal de Maldonado. Dicha prueba fue admitida en audiencia de control de acusación, y recogida en el auto de apertura a juicio N.º 166/2019 del 22 de marzo de 2019 (fs. 841), de este expediente. Por consiguiente, se trata de prueba que nunca llegó a diligenciarse en el proceso, no consta en él, ni figura el libramiento de los oficios, como informa la Esc. Mariella Zamboni Rodríguez (fs. 1895 y 1896). Sin embargo, la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado informa con fecha 22 de setiembre de 2025 que la respuesta de Argentina fue introducida como prueba documental en el juicio oral llevado adelante contra Damián Burgueño, en IUE 3541/2018, que actualmente está en etapa de ejecución ante el Juzgado Letrado de Rocha de 3º turno. Este insumo, alega la defensa – que exoneraría a sus patrocinado de dichos delitos – no fue tenido en cuenta para las sentencias de extradición, pero sí en la multicitada N.º 48/2020. Es por esta razón entre otras – señala la propia defensa – que se interpuso recurso de revisión (fs. 1834). En la respuesta de los citados oficios N.º 342 y 343 del 2018 – que fueron solicitados por Fiscalía General de la Nación, representada por la Dra. Gabriela Aguirre Grompone y remitidos directamente a dicho organismo, y no al tribunal –, figura, entre otros recaudos, el auto de procesamiento de CC del 19 de enero de 2018 por el tribunal de la Ciudad de La Plata, la inhibición general de bienes contra AA y BB del 29 de diciembre de 2017, declaraciones de AA de diciembre de 2017, amén de actuaciones referidas a otros sujetos. También se acompañaron actuaciones de los tribunales de Rosario, Argentina, de los años 2015, 2016 y 2017 que consisten en general en autos de sujeción al proceso por delitos relacionados con estupefacientes. En primer lugar, no se trata de prueba obrante en este expediente, y carece de la calidad de prueba nueva o de hechos nuevos, porque su existencia la conocían los imputados desde la interposición de la acusación en noviembre de 2018, lo que ya de por sí justificaría su no consideración. Sin perjuicio de ello y una vez más, son cuestiones relativas al mérito y no a la diligencia cometida a la Sra. Magistrada A quo, a quien no se le puede exigir legalmente que realice un análisis de fondo del caso, cuando solo se le solicita que cumpla con la orden del tribunal de Montevideo. Resulta evidente que no es esta la etapa ni la instancia para valorar las cuestiones contenidas en la documentación agregada y si se está tramitando un recurso de revisión por parte de estas evidencias, es natural que ello no pueda ser resuelto por la A quo y tampoco por este Tribunal en este recurso, que únicamente tiene por objeto analizar la regularidad de la interlocutoria N.º 215/2025. Si lo hiciera, además, teniendo presente elementos no presentados oportunamente, implicaría la adopción de una decisión en alzada, sin tratamiento en primera instancia y por consiguiente, en desmedro de la garantía de la doble instancia. En conclusión, como se expresó supra, la decisión de afectar los bienes fue adoptada por un tribunal ajeno al presente, por lo tanto, la alegación del hecho nuevo no puede modificar la obligación de la A quo de cumplir con lo solicitado por el Juzgado competente en el asunto. E igualmente, el efecto que el cumplimiento de la condena podría tener sobre la medida cautelar, no es competencia del Juzgado de Ejecución y Vigilancia cuya decisión se está revisando en esta alzada, por lo cual ni el hecho nuevo original, ni las ampliaciones posteriores, puede ser resuelta en la presente sentencia. Por último, el Tribunal recuerda que el trámite de los medios impugnativos y del recurso de apelación en especial, no está regulado en el CPP en forma expresa, sino mediante la discutible técnica de remisión al CGP según art. 359.3 (Cfme. Garín, Sandra. La actividad de control y el recurso de apelación. AA.VV. Curso sobre el Nuevo Código del Proceso Penal – Ley n.º 19.293 – Volumen 2. 1ª Edición. FCU. Págs. 39 y ss. y 66). En tal sentido, no es preceptiva la convocatoria a audiencia (arts. 200, 204 y 344 CGP) (Cfme. Klett, Selva. Proceso Ordinario en el Código General del Proceso. Tomo III. FCU. 1ª Edición. Octubre 2014. Pág. 130 y 131). POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE.