Texto de la sentencia
Sentencia Nro. 591/2025 - IUE: 2-2983/2025.
Montevideo, 23 de septiembre de 2025 Ministra Redactora:
Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón
VISTOS:
Para sentencia interlocutoria de segunda instancia, estos autos caratulados: “GOYEN FERREIRA, GABRIEL Y OTRO C/ DE LEÓN, LUIS Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2-2983/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia interlocutoria No. 783/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, Dr. Pablo Javier Gandini Bottini.
RESULTANDO:
I.
Por el referido pronunciamiento de fecha 22 de abril de 2025 (fojas 299), en lo que interesa a la instancia, el Sr. Juez a quo dispuso:
“Por no evacuado el traslado conferido atento a que fue extemporánea la contestación de demanda.
Habiendo precluído el plazo para presentar la contestación de la demanda impetrada, cométese a la Oficina el desglose del escrito y documentación que antecede y su entrega al interesado.”
II.
Contra dicha decisión se alzaron los codemandados, Sres. Luis Heber De León Pepelescov, Fernando Ruben Colina Alsinet, Jorge Washington Maubrigades Bandera, José Martín Medina Rey, Gaetano Battagliese Palladino y Andrés Anibal Ghiorsi Lambruschini, interponiendo recurso de reposición y apelación en subsidio en escrito obrante de fojas 301, agraviándose, en lo medular, por considerar que el juez a quo incurrió en error al considerar extemporánea la contestación de la demanda. Sostienen que el plazo de 30 días fue calculado incorrectamente, dado que el Ministerio de Defensa Nacional codemandado, fue notificado el 13 de marzo de 2025, siendo el último en ser notificado, el vencimiento del plazo para contestar la demanda respecto a todos los demandados, era el sábado 12 de abril de 2025, conforme lo edictado en el art. 93 del CGP. Siendo el 12 de abril de 2025 día inhábil, el plazo vencía el primer día hábil siguiente. Del 13 al 20 de abril de 2025 se encontraba vigente la suspensión de plazos por la Semana de Turismo, por lo que el primer día hábil posterior era el 21 de abril de 2025, por lo tanto, consideran que la contestación de la demanda, presentada el 11 de abril de 2025, se realizó en tiempo y forma. Solicitan se subsane el error cometido por la Sede, revocando el Decreto N.o 783/2025 y disponiendo que el traslado de la demanda fue correctamente evacuado, todo ello en cumplimiento del correcto cómputo de los plazos y de las normas sobre días inhábiles y suspensiones de plazos judiciales.
III.
Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 311 comparece el codemandado, Ministerio de Defensa Nacional, evacuando el recurso de apelación en traslado, comparte con el apelante que la contestación de la demanda fue presentada en tiempo y forma, y no constituye acto extemporáneo. Expresa que fue correcto el cálculo de los plazos procesales, realizado por los codemandados, reitera argumentos por éstos expuestos y afirma, en definitiva, que la notificación de la demanda al último demandado, se realizó el 13 de marzo de 2025, estableciéndose un plazo de 30 días para contestarla, cuyo vencimiento correspondía al sábado 12 de abril de 2025, día inhábil, por lo que corresponde prorrogar el plazo hasta el siguiente día hábil, que correspondía al lunes 21 de abril de 2025, agrega que incluso al ser presentada el 11 de abril, fue presentada con anticipación al vencimiento.
IV.
A fs. 313 y 314, comparecen los accionantes, evacuando el recurso de apelación en traslado, abogando por la confirmatoria de la recurrida, manifestando que lo señalado por los codemandados no resulta acertado y no corresponde la aplicación del art. 93 del CGP en virtud de no tratarse de la hipótesis prevista en el mencionado artículo. Sostienen que el plazo para contestar la demandavencía el 10 de abril de 2025, por lo que la presentación del 11 de abril de 2025 fue extemporánea.
Adicionalmente, cuestionan la representación invocada por la Dra. Lourdes Ferreiro respecto a los apelantes, señalando la ausencia de poder suficiente, puesto que se ordenó desglosar el escrito en que se solicitaba se proveyera favorablemente a la misma.
V.
Por auto 1105/2025 de 26 de mayo de 2025 se desestimó la reposición y se franqueó la Alzada con efecto suspensivo, remitiéndose los autos esta Sala.
Recibidos los mismos pasaron a estudio con fecha 26 de junio de 2025, culminado el cual, se acordó, por el número de voluntades requerido legalmente, en sesión del 15 de setiembre de 2025, el dictado de la presente, designándose redactora.
Surge de la causa que el Tribunal permaneció desintegrado entre el 19 al 25 de julio del 4 al 8 de agosto del corriente, en virtud de la licencia médica y posterior reglamentaria de la Dra. Schroeder.
CONSIDERANDO:
I.
La Sala, confirmará la recurrida, en virtud de las razones que se expondrán seguidamente, en régimen de decisión anticipada, adoptada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del Código General del Proceso.
II.
Como precisión previa se consigna que, sin perjuicio de que no se comparte el efecto conferido al recurso, ya que atento a que la recurrida no pone fin al proceso ni hace imposible su continuación, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 252 del Código General del Proceso, el efecto a asignarle era el no suspensivo; se procederá a emitir decisión en Alzada, en aplicación del principio de economía procesal, en tanto ha sido elevado el expediente en su totalidad.
III.
El decisor de primer grado no hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por los codemandados, mantenido la decisión inicial, señalando lo siguiente: “Que la sede mantendrá el decreto en virtud que el emplazamiento a los demandados fue el día 11 de marzo de 2025 conforme luce de fs 233 a 239. La demanda fue contestada el día 11 de abril de 2025 conforme luce a fs 298.
El término para contestar la demanda venció el día jueves 10 de abril de 2025 (día hábil) por lo cual la misma fue claramente extemporánea. No corresponde la suspensión de la semana de turismo en virtud que la misma comenzó la semana siguiente al vencimiento del referido término.
Asimismo, el único plazo que le corrió a los demandados fue el de la contestación de la demanda, por lo cual no no es de aplicación el inciso final del art. 93 del CGP.” Y tal secuencia de hechos es compartida por la Sala, por ajustarse a las resultancias de la causa.
Véase que, de fs. 235 a 239 surgen glosadas las actuaciones N.o 16 – 19 y 21, 23 – 24/2025, de las que surge que las notificación del auto que dispuso el emplazamiento a los Sres. Luis Heber De León Pepelescov, Fernando Ruben Colina Alsinet, Jorge Washington Maubrigades Bandera, José Martín Medina Rey, Gaetano Battagliese Palladino y Andrés Anibal Ghiorsi Lambruschini, fue realizada con fecha 11 de marzo de 2025.
De fs. 282 a 297 comparece la Dra. Lourdes Ferreiro en representación de los codemandados antes mencionados, conforme testimonio notarial de Poder General para Pleitos, glosado a fs. 267 – 268, contestando la demanda, con fecha 11 de abril de 2025, cuando el término de 30 días establecido legalmente a tales efectos, había vencido el 10 de abril de 2025, resultando extemporánea, como se consignó.
IV.
La intelección pretendida por los recurrentes de lo edictado en el artículo 93 del Código General del Proceso no es acertada.
El mencionado artículo expresa lo siguiente: “Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr, para cada una de ellas, el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse, tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación”. (destacado de la Sala).
Los apelantes consideran que el plazo para contestar la demanda, tratándose de varios demandados, comenzaría a computarse a partir de la última notificación, esto es, en el caso, el 13 de marzo de 2025, fecha en que se notificó al codemandado Ministerio de Defensa Nacional, por tratarse de un plazo común para todos los demandados.
No les asiste razón, puesto que la hipótesis de pluralidad de demandados no configura un supuesto de “plazo común” para contestar la demanda, puesto que rige la disposición general acerca de la particularidad de los plazos para evacuar el traslado de la demanda. Ninguna norma legal así lo establece ni surge de la naturaleza de la actividadcumplirse, que en la causa no tiene “carácter común”. Adviértase que aún ante un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario, cada uno de los demandados puede adoptar actitudes procesales diferentes a las de sus co-partes (comparecer y contestar la demanda, no comparecer, allanarse, confesar, etc.).
Tal circunstancia resulta suficiente para concluir que ninguna actividad común deben desplegar en conjunto los litisconsortes, quienes pueden desarrollar individualmente la estrategia procesal que estimen mejor convenga a su defensa.
Por consiguiente, en la subcausa, el plazo para contestar la demanda debe considerarse particular y no común, pese a ser varios los codemandados (art. 93 del C.G.P.) . De acuerdo con esa disposición, los plazos que no revisten legalmente el carácter de comunes, han de computarse en forma independiente con respecto a cada litisconsorte; son particulares y se cuentan desde el día hábil siguiente a la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse, sean comunes, en cuyo caso se cuentan desde el día hábil siguiente a la última notificación.
La norma establece el principio general, es decir, el carácter particular de los plazos y la excepción, que es que sean comunes y ello puede ocurrir en dos circunstancias: que la ley lo establezca y que la naturaleza de la actividad a cumplirse lo determine.
Como ha expresado la Sala, en anterior integración, que la actual comparte:“Ninguno de esos dos supuestos se da en autos, pues la ley establece el carácter común para los casos de tercerías en procesos de ejecución (Art. 335.1 CGP), para los casos de suspensión de los plazos de común acuerdo (Art. 92 Inc. 2 CGP) y el plazo para evacuar el traslado a las partes quienes afecta la ley en el proceso de inconstitucionalidad por vía de acción, según establece el Art. 517.1 CGP, así como también el mismo plazo cuando el proceso se plantea por vía de oficio, no tratándose de ninguno de ellos en este caso. Sin duda tampoco la naturaleza de la actividad a cumplirse, es decir la contestación de la demanda, es de las que habilita a que el plazo sea común, pues el carácter general de este plazo es su naturaleza de particular, como surge del propio artículo 93 CGP.
La norma limita claramente los supuestos en los que los plazos son comunes, dado que coloca los mismos como excepcionales, lo que ha llevado a Landoni y Colaboradores CGP Comentado y anotado Vol. 1, Pág. 226 a decir que ‘los plazos comunes se encuentran prácticamente desterrados en nuestro actual sistema procesal’.
En parecidos términos se pronuncia Tarigo (Lecciones de D. Procesal Civil T. 1 Pág. 330) diciendo que ‘en el proceso por audiencias han de resultar escasos, si es que hay alguno, los plazos comunes’, remitiendo también a los casos reseñados más arriba. ......
Atento al claro tenor del artículo 93 CGP el plazo para contestar la demanda es indudablemente particular para cada codemandado, comenzando a contarse el plazo para cada uno de ellos desde la ‘respectiva notificación’ (RUDP 4/2000 C. 82).
No se comparte el criterio de la apelante en cuanto a que la naturaleza de la actividad cumplirse a que refiere el artículo en cuestión, haga referencia a la contestación de la demanda, pues todas las demás normas del proceso relacionadas con el tema en cuestión rebaten esa posibilidad, pues si un supuesto tan común como una demanda contra varios demandados es contemplado en forma excepcional, no se advierte porqué se toma como excepcional cuando en realidad es un supuesto muy común. (Sentencia 53/2014 TAC 5).
Cada demandado tiene la carga de comparecer dentro del plazo establecido para la contestación de la demanda, para el caso, dentro de los treinta días, una vez que fue notificado, por lo tanto, el plazo para la contestación por parte de los apelantes, venció el 10 de abril de 2025, siendo su comparecencia el día 11 de abril de 2025 extemporánea, como correctamente se concluyó en el grado anterior.
V.
En cuanto al cuestionamiento de la actuación de la Dra. Ferro en calidad de apoderada, la Sala considera que atento a que la providencia que ordenó el desglose del respectivo poder fue cuestionada, no adquirió la calidad de cosa juzgada aún, por lo que la referida profesional contaba con legitimación fundada en dicho poder, más allá de que si bien la evacuación del traslado resultó extemporánea, y por lo tanto la demanda no fue contestada por los apelantes, debe tenerse presente que los mismos comparecieron en dicho escrito denunciando y constituyendo domicilio, y otorgando representación, actuaciones que resultan válidas y eficaces en tanto no resultan abarcadas por el límite temporal del emplazamiento.
VI.
Las costas de la instancia resultan de precepto conforme lo dispuesto por el artículo 57 del CGP, en la redacción dada por el artículo 508 de la Ley 20.075, no advirtiendo la Sala razones para imponer especial condenación en costos, distribuyéndose los mismos en el orden causado (artículo 57 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil).
Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, por el número de volun
RESUELVE:
I) Confírmase la sentencia apelada, con costas del grado a cargo de la parte apelante, sin especial condenación en costos.
II) Establécese en $ 50.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada, en la Alzada, a los solos efectos fiscales.
III) Devuélvanse oportunamente estos obrados a la Sede de origen, con copia para el Sr. Juez actuante.
Dra. Cecilia Schroeder Rius -Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria subrogante
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.