Sentencia Interlocutoria N° 504/2025

Sentencia Nº 504 Montevideo, 23 de setiembre de 2025. Ministro Redactor: Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “AA- REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADOS IUE.2-55119/2025”. FORMALIZACION. IUE: 607-92/2025, venidos a conocimiento del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de 1er Turno de Paysandú, Dra. Catherine Dalmas contra la sentencia interlocutoria Nº1586/2025 de fecha 29 de Agosto de 2025 dictada por la Sra. Juez Letrada de Paysandú de Octavo Turno Dra. Natalia López Laurino, con intervención de la Defensa del imputado AA asistido por la Dra. Verónica Cardozo. RESULTANDO: 1).- En audiencia celebrada con fecha 29 de Agosto de 2025 la Fiscalía solicitó la formalización en base a los siguientes hechos: el día 8 de noviembre de 2024 la Sra. BB concurrió ante la CEVDyG a radicar una denuncia por reiterados delitos de abuso sexual cometidos por el imputado respecto de su hija CC. La menor concurrió a su clase en la Escuela Nº XX mostrándose muy angustiada, el Director de la escuela le preguntó qué estaba ocurriendo y ella le contó que su papá la tocaba y le había manoseado todo el cuerpo. Posteriormente CC le contó a su mamá que su padre entraba al baño cuando se estaba duchando y le tocaba el cuerpo, incluso relata que la había atado para intentar penetrarla pero que ella no había dejado que su pene entrara en ella y que esos hechos habían ocurrido en varias oportunidades, siendo la última vez el año anterior, momento en el cual decidió dejar de visitarlo. CC fue abordada por la Pediatra, Dra. EE a quien le contó que “… el año pasado en el correr del mismo cuando visitaba a mi padre en su casa este esperaba que todos se duerman y me tocaba” “Un día yo me estaba bañando y me quede sola con papá en su casa, me esperó a que termine y me dijo que vaya con él”.(…) Refiere a que su padre realizaba tocamiento de sus genitales y además en alguna oportunidad lo hacía con contacto de genitales de ambos. “Niega penetración anal ni vaginal, niega elementos de sexo oral” Con fecha 13 de marzo de 2025 se realizó informe de pericia psicológica realizada a CC. De la entrevista surge que la pareja estuvo unida durante 3 o 4 años, surgiendo la separación por violencia física y verbal con judicialización por denuncias, retirándose la mujer con los dos hijos de la casa que compartían. Posteriormente, retomaron la relación la cual duró unos 8 meses de convivencia, debido a la violencia hacia ella. Hace dos años la Sra. BB se separó de otra pareja, lo cual vulneró económicamente el núcleo familiar por lo que ante la revinculación del padre con sus hijos, la Sra. le solicitó que colaborara brindado una comida en la tarde-noche, antes de llevarlos a su casa a la medianoche. Y durante los fines de semana cuando se quedaban. Del informe pericial de CC la psicóloga destacó que la misma “brinda otros detalles de contexto, tales como que él se desvestía y la hacía desvestirse a ella y le mostraba videos de contenido sexual”. Añade que “Logra identificar con claridad a quien acusa de esos actos a su progenitor AA”. La perito concluye que “ CC presenta un pensamiento de tipo concreto, sin trastornos de ideación. Se infiere clinicamente un nivel intelectual medio, con rendimiento algo descendido (…) Relata vivencias compatibles con abuso sexual en forma cotidiana en contexto de convivencia con su progenitor (…) y refiere a situación más reciente. En relación al proceso de develación, indica como mayor impedimento el temor a que su madre no le creyera y/o a que esta reaccionara con violencia”. Se cuenta con las siguientes evidencias: declaración de la madre de la víctima; declaración del Director del Centro Escolar donde concurre la víctima; DD; declaración de la Médico Pediatra EE; declaración de la Médico de Familia FF; declaración del imputado; copia de la Historia Clínica de CC; pericia psicológica de CC; pericia psicológica de AA; planilla de antecedentes judiciales actualizada del imputado donde consta que es primario; declaración de la víctima en Cámara Gessell. Solicita se admita la formalización respecto de AA por la presunta comisión de REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADO. 2).- LA DEFENSA: niega la ocurrencia de los hechos relatados por la Sra. Fiscal lo que será probado en la oportunidad procesal correspondiente. 3).- AUTO DE FORMALIZACIÓN Nro 1585/2025: “La Sede tiene por formalizada por la investigación preliminar realizada por la Fiscalía Departamental de Paysandú de Primer Turno en relación a AA por la presunta comisión de REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADOS, de conformidad con lo expresado por la Sra. Fiscal y lo dispuesto en el art 266 del CPP. Notifíquese a ITF y a Jefatura de Policía de Paysandú. Se dispone la suspensión del imputado en el ejercicio de la patria potestad o guarda, en inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas, en el área educativa, de la salud y todas aquella que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, hasta su absolución, sobreseimiento o condena ejecutoriada ( art.79 Ley 19.580). 4).- LA FISCALÍA: solicita la medida cautelar de prisión preventiva en base a que se entiende que se cumple con la semiplena prueba del hecho y la responsabilidad del imputado en los mismos. El elemento material ha quedado acreditado con el estándar exigido en el artículo 224 del Código del Proceso Penal. En la oportunidad de describir en la formalización los hechos típicos cometidos por el Sr. AA respecto de su menor hija. En cuanto a los riesgos procesales, se estima que se cumplen con el riesgo de entorpecimiento de la investigación: el Sr. es el padre de la víctima que se encuentra tan afectada que el mismo equipo de INAU ha recomendado que no fuera expuesta a una declaración; asimismo existen otros testigos cuya declaración resulta necesaria para el posterior juicio oral incluso la progenitora quien ha sido víctima de violencia doméstica por parte del imputado, señala que el mismo conoce con exactitud su domicilio, sus rutinas. Ya que la denunciante y la víctima viven en el mismo barrio donde él ha vivido siempre. Incluso el imputado adjudica la responsabilidad de la denuncia a la madre de la niña según lo que surge de la pericia psicológica al mismo. Respecto de los restantes testigos se encuentran expuestos al imputado. Debe sumársele que según surge de la pericia que el imputado presenta aspectos de tipo impulsivo y oposicionista en una personalidad de nivel de integración aceptable. Se agrega además que el imputado no obedece las ordenes dispuestas por los jueces de la República, en el año 2022 cuando su actual pareja lo denunció por violencia, el mismo incumplió las medidas impuestas en sede de Familia, acercándose y profiriéndole insultos en la vía pública. A eso se le suma lo denunciado por la madre de CC el día 20 de enero del presente año donde la misma manifestó que el imputado había pasado por su domiciliado, acercándose a su hija. Riesgo para la seguridad de la víctima: en tanto que la víctima ha presentado una dificultad en tanto a su expresividad lo cual es advertido por el equipo de INAU y ITF. No presenta recursos internos suficientes para comunicarse de forma asertiva. Esta situación ha dejado muy afectad a CC por la situaciones que fue sometida por su padre, siendo perceptible las secuelas de esa violencia en su nivel emocional y en su expresión. Asimismo se debe tener presente que es un sujeto de derecho sumamente vulnerable por su edad y porque una de las dos personas que deben protegerla es el causante de este sufrimiento. Por último se debe tener presente que el pasado 14 de agosto al terminar la instancia de declaración anticipada, al momento de retirarse debió ser acompañada por la Fiscal y por la Psicóloga atento a que los familiares del Sr. AA estaban en el estacionamiento donde se ubicaba la moto de la progenitora. Un claro ejemplo de querer intimidar a la progenitora y a la víctima. Se solicita que se acceda a la medida cautelar de prisión por el plazo de 180 días. 5).- LA DEFENSA: se opone rotundamente por lo que se dirá, en cuanto al entorpecimiento de la investigación, el imputado no ha entorpecido la investigación llevada por la Fiscalía. La denuncia se realizó el 8 de noviembre de 2024, ese mismo día se le impusieron medidas cautelares, compareció posteriormente el 26 de noviembre de 2024, compareció audiencia de prueba anticipada, así como a la del día de hoy. Respecto de las medidas cautelares, el 8 de noviembre fueron impuestas medidas de prohibición de acercamiento y comunicación, Fiscalía pretende hacer valer un desacato denunciado por la progenitora. El Sr. AA aclaro la situación y expreso que en ese momento quien manejaba el vehículo era su hermano, refiere que nunca incumplió las medidas cautelares. Se aclara que las medidas vencieron el 8 de mayo de 2025 y no fueron prorrogadas. Respecto a la seguridad de la víctima: se ha cumplido con exactitud las medidas dispuestas, asimismo posterior a su vencimiento no se acercó a la misma. Con relación a la presencia de familiares, si eso sucedió no es responsabilidad del imputado. Respecto al riesgo de fuga, el imputado tiene su centro de vida en la ciudad de Paysandú. Tiene niños escolarizados, además de carecer de medios económicos. La prisión preventiva es de ultima ratio, no amerita ni hay fundamento para disponer dicha medida. Solicita la medidas dispuestas por el artículo 221 del Código del Proceso Penal. 6).- INTERLOCUTORIA Nro 1586/2025: “Desestímese la solicitud de imposición de medida cautelar de prisión preventiva y en su lugar impónese al Sr. AA por el término de 180 días, con vencimiento el 25/02/2026 salvo nueva resolución las siguientes: 1. Obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal ( Art. 221.1 Lit. A del CPP) 2. Prohibición de comunicación por cualquier medio y/o por interpuesta persona y prohibición de acercamiento a la víctima, a su domicilio y lugares que frecuente en un radio de exclusión de 500 mts ( Art 221.1 lit. F del CPP) 3. Prohibición de comunicación por cualquier medio y/o por interpuesta persona con la madre de la víctima ( Art. 221.1 lit F. del CPP) 4. Obligación de portar dispositivo de Monitoreo electrónico unilateral, dejándose constancia la prohibición de acercamiento establecida ( Art.221 lit. J del CPP) Téngase a las partes por notificadas en este acto. Comuníquese a la autoridad encargada de controlar su cumplimiento”. 7).- LA FISCALÍA INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN: no comparte lo argumentado por la defensa, más allá del supuesto material se cumplen los riesgos procesales. El riesgo de entorpecimiento de la investigación es un riesgo cierto y claro, el imputado adjudica la responsabilidad de la denuncia a su expareja, indicando que la nena esta manipulada, que es hipócrita y manipuladora. Teniendo en cuenta los antecedentes, nada obsta a que el imputado pueda entorpecer la investigación en cuanto al testimonio de la denunciante que es fundamental para el desarrollo de la investigación. Referente al riesgo para la seguridad de la víctima, las medidas impuestas por la sede no van a conculcar dicho riesgo, la protección debe ser integral, no solo el físico sino también el emocional. Se debe proteger en su universalidad. El imputado conoce donde vive, los lugares que frecuenta. 8).- La defensa del imputado solicita se mantenga la recurrida. 9).- DECRETO Nº1588/2025: “Por interpuesto y fundado el recurso, evacuado el traslado y constituidos los domicilios en alzada. Fórmese pieza y conforme al artículo 365 del CPP, franquéese el recurso de apelación sin efecto suspensivo para ante el TAP que por turno corresponda, debiéndose elevar en el plazo de 48 horas”. CONSIDERANDO: I).- El Tribunal, por la unanimidad de sus integrantes, procederá a revocar la sentencia interlocutoria apelada por los siguientes fundamentos. II).- La Fiscalía, interpuso la presente vía recursiva contra la resolución Nro. 1586/2025, en tiempo y forma y expresó los agravios ya expuestos en el resultando 7) de la presente sentencia, a la cual “brevitatis causae”, la Sala se remite. La Sra. Jueza por Interlocutoria N°1588/2025 elevó la recurrida dentro del plazo de 48 horas. III).- EL DEBATE EN AUTOS: El “themma decidendum” en la presente circunstancia consiste en determinar si corresponde revocar la resolución dictada por la Sra. Jueza Letrado de Primera Instancia, esto es la sentencia interlocutoria, Nro.1586/2025, de fecha veintinueve de agosto de 2025 , que dispuso por el término de 180 días las siguientes medidas: Obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal; Prohibición de comunicación por cualquier medio y/o por interpuesta persona con la madre de la víctima; Obligación de portar dispositivo de Monitoreo electrónico unilateral, dejándose constancia la prohibición de acercamiento establecida conforme a las argumentaciones esgrimidas para la Fiscalía, o si por el contrario corresponde proceder a confirmar lo oportunamente dispuesto por la Sra. Jueza de Primera Instancia, conforme a los fundamentos expuestos en la misma y por lo que sostiene y aboga a su vez, la Defensa del imputado. IV).- Se revocará la sentencia interlocutoria impugnada por los siguientes fundamentos. VI).- En nuestro derecho procesal penal, campea el principio de la libertad, es decir el derecho del imputado a esperar el fallo en libertad, plasmado ello en el texto del art. 223 del CPP que establece: “(Procedencia de la prisión preventiva). Toda persona tiene derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y a que se presuma su inocencia hasta que la sentencia de condena pase en autoridad de cosa juzgada…”. A la referida norma se adunan los artículos 4 y 217 “ejusdem” que plasman la presunción del “Estado de Inocencia”. Ahora bien, dicha circunstancia de ninguna forma impide que, para casos como el presente, no pueda proceder la prisión preventiva, una vez verificados la plataforma fáctica y los riesgos procesales que señala la Fiscalía. VII).- El artículo 224 del C.P.P exige para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva la existencia de semiplena prueba de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado, así como elementos de convicción suficientes de la existencia de riesgos procesales, esto es, riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación o peligro para la víctima. En tanto el juez deberá valorar dos elementos: por un lado el elemento material (evidencias de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado en el mismo) y por otro lado el elemento procesal (evidencias de la existencia de los riesgos procesales señalados). En primer lugar, en cuanto al elemento material, quedo debidamente acreditada mediante el relato de los hechos y las evidencias manejada por Fiscalía de la que resulta la semiplena exigida sobre la participación de los hechos delictivos que se le imputan conforme a lo establecido por el artículo 224. 1 del CPP. En segundo lugar y en cuanto a los riesgos procesales, la Fiscalía fundó la necesidad de la prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, y el peligro para la seguridad de las víctimas. En relación al riesgo de entorpecimiento de la investigación, se debe tener presente que si bien la víctima ya prestó su declaración en la modalidad de prueba anticipada según lo dispuesto en el artículo 213 del CPP, aún resta recibir la declaración de la denunciante, progenitora de la víctima la cual resulta fundamental para la investigación. En este sentido, debe destacarse que la progenitora ha sido víctima de violencia doméstica por parte del imputado. Asimismo, el mismo conoce con exactitud el domicilio y las rutinas, lo que incrementa el riesgo señalado. Incluso, de la pericia psicológica surge que el imputado atribuye la responsabilidad de la denuncia a la madre de la víctima. Cabe agregar además, que el mismo ha desobedecido en más de una oportunidad las ordenes impuestas previamente, acercándose a las víctimas y profiriendo insultos, lo que evidencia un patrón de conducta que aumenta el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El peligro para la seguridad de la víctima se vincula directamente con el riesgo de entorpecimiento de la investigación, se trata de una menor de edad que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su progenitor en más de una oportunidad, esta situación ha dejado muy afectada a CC siendo perceptible las secuelas de esa violencia en su nivel emocional y en su expresión. Asimismo surge de lo declarado en audiencia, que el pasado 14 de agosto al terminar la instancia de declaración anticipada, la víctima debió ser acompañada por la Fiscal y la Psicóloga atento a que los familiares del imputado se encontraban en el estacionamiento donde se ubicada la moto de la progenitora. A raíz de los hechos relatados, resulta evidente la necesidad de adoptar medidas para salvaguardar la integridad de la víctima (art. 227.1 del CPP), tanto en su aspecto físico como psicológico y en ese sentido el art. 7 de la Convención de Belém do Pará impone a los Estados la obligación de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” y “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos’” (destacado de la Sala). Ha dicho el Tribunal de Apelaciones de 4to. Turno sobre las medidas cautelares, en sentencia 167/2023, que el suscrito comparte:“(...) no es necesario que el imputado haya realizado actos de amedrentamiento, destrucción u ocultación de pruebas o cualquier accionar perjudicial. Lo que la norma exige (art. 224.2 NCPP) es que los riesgos “se presuman”. Señala el TAP que: “... se trata entonces de una posible opción, de una eventualidad, siendo la medida cautelar de prisión preventiva un anticipo a la misma, una forma de precaver. No es una reacción ante un suceso acaecido, sino una acción ante la posibilidad de su acaecimiento. No es una respuesta sino una previsión.”. VIII).- En mérito a ello, entiende la mayoría de la Sala que se han cumplido los presupuestos exigidos por el art. 224 del CPP y corresponde hacer lugar a la sustitución por prisión preventiva solicitada, por el plazo establecido en primera instancia. Por los fundamentos expuestos el Tribunal y lo dispuesto por los arts. 221 literal m), 224, 225, 226, 227, 266, 358, 359 y 365 del Código del Proceso Penal; y 254 del Código General del Proceso, el Tribunal RESUELVE: 1.Revocase la sentencia interlocutoria Nro. 1586/2025 en cuanto dispuso la medidas limitativas dispuestas en el artículo 221. Lit A, F y J y en su lugar se dispone: Accédase a la sustitución de la medida cautelar peticionada por la Fiscalía y dispónese la prisión preventiva de AA, por el plazo establecido. 2. Notifíquese y oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen. Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo Ministro Dr. Daniel Tapie Santarelli. MInistro Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada DISCORDE DRA. BEATRIZ LARRIEU: I) Comparto los fundamentos de la jueza para rechazar la prisión preventiva, por lo que se dirá. II) En relación a la medida cautelar de prisión preventiva, todo imputado goza del estado de inocencia hasta que su responsabilidad penal sea declarada por sentencia de condena ejecutoriada y, en consecuencia, tiene el derecho de transitar el juicio en libertad. Y esa libertad solo puede restringirse por razones estrictamente cautelares, a saber: riesgo de entorpecimiento de la investigación, riesgo que el imputado se evada a la sujeción del proceso y peligro para la sociedad o para la víctima (arts. 217, 218 y 221 del C.P.P). Así, se dijo por este mismo Tribunal con anterior integración en sentencia n° 83/2023: “El principio general sobre el criterio de aplicación de la prisión preventiva es el que establece el artículo 223 que reza: “...Toda persona tiene derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y a que se presuma su inocencia hasta que la sentencia de condena pase en autoridad de cosa juzgada…”.- En el mismo sentido se pronunció el TAP. de 3er Turno: “… la prisión preventiva sólo se debe disponer y mantener si estrictamente es necesaria y proporcional con los fines que persigue su dictado. “La característica fundamental de la referida medida consiste en que no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para la consecución de fines ulteriores. Las medidas de coerción son esencialmente instrumentales y su finalidad radica en neutralizar los peligros que puede acarrear la libertad de la persona imputada, de modo que se impida el esclarecimiento de los hechos que se dilucidan en el caso concreto y/o la actuación de la ley penal sustantiva. Corolario de ello, la limitación al derecho a gozar de libertad durante el trámite del proceso penal sólo adquiere legitimidad en función de las finalidades que persigue, esto es, garantizar el logro de los fines del proceso, a saber: el descubrimiento y la prueba de la verdad objetiva contextualizada con la realidad, así como la actuación de la ley penal sustantiva en el caso concreto” (sentencia n° 725/2022) Por otra parte, el art. 224 del C.P.P. exige la existencia de semiplena prueba de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado así como elementos de convicción suficientes de la existencia de riesgos procesales, esto es, riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación o peligro para la víctima. Es decir que en cada caso el juez deberá valorar dos elementos: elemento material (evidencias de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado en el mismo) y elemento procesal (evidencias de la existencia de los riesgos procesales señalados). En ese sentido, se comparte la sentencia del TAP de 1er. Turno según la cual: “De ningún modo una prisión preventiva puede verse habilitada por especulaciones, conjeturas o abstracciones. La esencia cautelar de la prisión preventiva perdura en el art. 217 del CPP (“…se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena”)…”. Esto significa que a pesar de las presunciones o pautas interpretativas que establece la norma procesal (art. 224.2 y siguientes del C.P.P.), la Fiscalía tiene la carga de justificar que en el caso concreto concurre uno o más riesgos procesales que ameriten la imposición de la medida cautelar más gravosa, como es la prisión preventiva. Y esa justificación no puede limitarse a argumentaciones genéricas sino que es necesario fundamentar -mediante el debate argumentativo- la existencia de riesgos individualizados, ciertos y concretos. III) En el caso, la Fiscalía invocó los riesgos previstos en el art. 225 y 227.1 del CPP. Entiendo que no justificó debidamente que tales riesgos revistan una entidad tal que no puedan prevenirse con una medida menos gravosa que la requerida. Respecto del entorpecimiento de la investigación (art. 225 del CPP) no se explicitó cuales son los supuestos que hacen presumir que el imputado habrá de impedir esta investigación, la que hasta ahora se ha desarrollado sin inconvenientes. Incluso ya se ha recibido en forma anticipada la declaración de la víctima -prueba fundamental para el juicio- sin que la Fiscalía haya referido obstaculización por parte de AA. La circunstancia que conozca a testigos no es suficiente para concluir en que existe el riesgo de intimidación que requiere la norma, no se hace mención quiénes serían esos testigos. La referencia que hace la Fiscalía al apelar a los “antecedentes” en relación a la madre de la víctima refiere a hechos ocurridos años atrás. En relación al riesgo para la víctima, según afirmó el defensor -sin contradicción por la Fiscalía – oportunamente se impusieron medidas de restricción y éstas vencieron en el mes de mayo, sin que se mencionara que el imputado haya intentado acercarse o comunicarse con la víctima, ni provocarle ningún daño. Esto queda justificado por la circunstancia que a la fecha no existen medidas de protección respecto de la víctima impuestas por la sede de Familia Especializada, lo que es de rigor en caso de riesgo para la víctima. Sin perjuicio de lo expuesto, las medidas dispuestas en el grado anterior no parecen totalmente idóneas para la finalidad dispuesta, teniendo en cuenta la necesidad de preservar la integridad física y emocional de la víctima. A mi juicio, los eventuales riesgos invocados por la Fiscalía pueden ser debidamente conculcados con la medida de arresto domiciliario con colocación de dispositivo electrónico -que le impide salir libremente de su domicilio y acercarse a la víctima y a su madre- así como ampliando la medida de prohibición de comunicación por cualquier medio con la víctima, por el plazo establecido. Sin que sea necesario en este caso recurrir a la medida más gravosa como es la prisión preventiva, teniendo presente los principios de gradualidad y proporcionalidad que rigen las medidas cautelares. Las medidas cautelares referidas son suficientes para evitar que el imputado se comunique para amedrentar a la víctima y a su madre. El arresto domiciliario se controlará mediante el dispositivo de monitoreo electrónico. Y cualquier incumplimiento será constatado y podrá en ese caso imponerse la medida más gravosa. Atento al arresto dispuesto, corresponde dejar sin efecto la medida de presentación en la seccional policial. Por lo que VOTO por confirmar parcialmente la recurrida, y en su mérito dispongo: Revócase la medida de presentación ante la seccional policial y portación de dispositivo de monitoreo. Imponese como medida cautelar el arresto domiciliario total con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo establecido.