Sentencia Definitiva N° 202/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “DE LOS SANTOS, JUAN Y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-92005/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 14º Turno a cargo de la Dra. Adriana M. Cittadino. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 24/2025 de fecha 16 de junio de 2025 (fs. 702-724): - Se rechaza la excepción de indebida acumulación de pretensiones. - Se acoge la demanda y en su mérito, se condena a los demandados a abonar las sumas reclamadas por cada actor, como surgen de la demanda, que ascienden a un total de novecientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve pesos uruguayos ($952.399), sumas que deberán actualizarse desde la exigibilidad y hasta el efectivo pago. - Se impone el pago del 10% por daños y perjuicios sobre rubros salariales y 10% por multa preceptiva. - Se dispone la responsabilidad solidaria de UTE. - Sin especial condenación en costos. 3) El representante de la codemandada Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), interpone recurso de apelación (fs. 727-734 vto.) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Condenó a UTE en forma solidaria desconociendo el efectivo ejercicio del derecho de información realizado por esta administración, en cada uno de sus vínculos contractuales que mantuvo con INNOVAS, realizando una errónea valoración del cúmulo probatorio e interpretando incorrectamente los hechos acaecidos en el caso de marras. La sentencia de primera instancia se limitó a expresar que UTE no acreditó un efectivo control y ejercicio de derecho de información, sin discriminar mínimamente en cuál de los vínculos contractuales se habría omitido realizar los controles, ni dónde estuvieron las supuestas fallas, realizando simplemente una simple mención genérica, y peor aún, sin ningún respaldo probatorio, así como también sin tener en cuenta que esta parte efectuó una retención para cancelar las deudas laborales y previsionales que INNOVAS dejó al abandonar intempestivamente sus servicios. De modo que la a-quo, desconoce que el ejercicio del derecho de retención efectuado por UTE de los créditos de INNOVAS, fue una medida llevada a cabo como consecuencia directa e inmediata del derecho de información ejercido. B) Al momento de establecer la correspondiente liquidación, la sentencia realiza una errónea valoración de los recibos de liquidaciones por egreso que fueran aportados por esta administración y no siendo controvertidos, ni desconocidos por los trabajadores. C) Realiza una errónea liquidación del salario vacacional reclamado, en tanto se condena al mismo monto que por concepto de licencia no gozada. D) Condena al pago de un 10% por concepto de daños y perjuicios preceptivos, sin ninguna prueba que acreditante de la existencia de cargas familiares, siendo la condena de acuerdo a los parámetros jurisprudenciales excesiva. 4) Por decreto Nº 1147/2025 de 17 de julio de 2025 (fs. 736), se dispuso el traslado a la actora del recurso de apelación interpuesto por el término legal, resultando evacuado a fs. 739-743. 5) Por providencia Nº 1252/2025 de fecha 31 de julio de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia definitiva, se dispuso conceder el mismo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 745). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 12 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 749-750). Dejándose constancia que el Colegiado se encontró desintegrado del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto a la liquidación acogida, la que se revoca y en su lugar, se dispone estar a los montos nominales que surgen de los documentos de fs. 583 a 597, a los que procede aplicar el 10% de daños y perjuicios preceptivos, 10% de multa, actualización e intereses legales desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) La recurrente, entiende que la sentencia definitiva apelada, realiza una errónea valoración de la prueba aportada, en relación a dos aspectos: la acreditación de su efectivo ejercicio del derecho de información, que derivó en la retención de determinados créditos de INNOVAS con el propósito de cancelar los adeudos laborales y previsionales con todos sus trabajadores y la agregación de todos los recibos de liquidaciones de egreso de cada uno de los actores, de donde surgen los montos que se les adeuda por dicho concepto y que no fueron desconocidos ni controvertidos por los mismos. Asimismo, sostiene que la sentencia valoró de igual manera la conducta desplegada por UTE, en cada una de las contrataciones públicas en las que los accionantes prestaron su labor, desconociendo por completo que se trataba de vínculos comerciales distintos, con duraciones diferentes y con su propio sistema de control a cargo de la Unidad correspondiente. Así, desconociendo la realidad y mediante una afirmación genérica, califica la responsabilidad de UTE, sin puntualizar a qué contratación hace referencia, no determinando dónde estuvieron las supuestas fallas y desconociendo los controles efectivamente realizados y la retención efectuada por UTE, lo que permitió cancelar las deudas laborales y previsionales que INNOVAS dejó de abonar intempestivamente en sus servicios. No podría haber ejercido el derecho de retención y el pago a 27 trabajadores sin controlar previamente el cumplimiento de INNOVAS a sus obligaciones laborales y previsionales. Al respecto, cabe recordar que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 18.251 y a efectos de determinar la responsabilidad de la empresa principal es preciso distinguir si ha hecho control de determinada documentación. Así el art. 6° dispuso: Cuando el patrono o la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informado establecido en el Artículo 4° de la presente ley, responderá subsidiariamente de las obligaciones referidas en el Artículo 1° de la Ley No. 18.099, de 24 de enero de 2007, con la limitación temporal allí establecida y el alcance definido en el Artículo 7° de la presente ley. C Cuando no ejerza dicha facultad será solidariamente responsable del cumplimiento de estas obligaciones.” Por lo tanto, si la empresa principal exige la exhibición y control de los siguientes documentos: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251), responde subsidiariamente las obligaciones laborales, de lo contrario, la responsabilidad será solidaria. En el caso concreto, se comparten las conclusiones de la recurrida, por cuanto, la codemandada UTE no ha acreditado haber realizado un efectivo control de la documentación expuesta. En efecto, respecto a las trabajadoras Desiree Carolina Márquez, Adriana Mendoza, Pablo Curbelo, Viviana Romero, Gustavo Arrillaga, Horacio Rodríguez, Nicolás Borges y Marcelo Saya, no se ha demostrado que haya existido un mínimo control en relación a la documentación que debió presentar la empleadora directa. Es más, no se aportó un solo recibo de salario de los pagos realizados a lo largo del período de tercerización. Lo mismo acontece con los coactores Carla Alvigini, Thais Astengo y Juan Pablo de los Santos, cuyos recibos de sueldo agregados no cuentan con la firma de los trabajadores, ni se ha controlado su pago a través de las transferencias bancarias correspondientes. En cuanto, a los coactores Mauro López Ruiz y Matías Viera, aunque se llevó a cabo a su respecto un mayor nivel de control, igualmente no todos los recibos están suscritos por los trabajadores mencionados, ni tampoco se agregó la constancia de sus efectivos pagos. Además, si bien los testigos Gabriela Morales, Virginia Costa, Daniel Ros y Alan Aguiar, refieren a determinado control mensual de la póliza del B.S.E., planilla de M.T.S.S. y B.P.S. y recibo de sueldos, en los distintos contratos celebrados entre UTE e INNOVAS (fs. 675, 676, 677 y 679), no surge de estas actuaciones que se haya controlado la totalidad de los documentos a los que alude el art. 4 de la Ley 18.251. En tal sentido, en ningún caso se ha agregado el certificado expedido por el B.P.S. que acredite la situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social, siendo insuficiente contar con diversos pagos mensuales a dicho organismo. Tampoco lucen en autos, la totalidad de los certificados de cumplimiento, expedidos por el B.S.E. que acrediten la existencia de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en los períodos objeto de control. Lo expuesto, no resulta enervado por el hecho de que UTE haya retenido las obligaciones que tenía a favor de INNOVAS SAS y haya realizado pagos a sus trabajadores, conforme al art. 5 de la Ley 18.251. Por lo tanto, no habiéndose demostrado que se realizó un control, conforme a la diligencia media que le correspondía, de la documentación requerida por la normativa vigente, su responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales se impone. III) La recurrente también se agravia, por cuanto considera que la apelada realiza una errónea liquidación del salario vacacional reclamado, en tanto se condena al mismo monto que por concepto de licencia no gozada. Así, sostiene que el art. 4 de la Ley 16.101 dispone que el salario vacacional equivale al 100% del jornal líquido de vacaciones, por lo tanto se deben ajustar dichas liquidaciones efectuando el descuento de 19,625% en caso de que no tengan hijos a cargo (lo que ninguno de los actores acreditó), o de un 21,125% en caso de que tengan hijos a cargo. Tales agravios, a nuestro juicio resultan de recibo. En efecto, el salario vacacional, debe ser calculado en base al 100% del jornal líquido de vacaciones y no sobre el bruto, pues así lo establecen expresamente el art. 4 de la Ley N° 16.101 y los arts. 2 y 34 de su Decreto reglamentario N° 615/989. En tal sentido, sostiene Larrañaga Zeñi: "Entendemos que la determinación del jornal líquido (de vacaciones) debe hacerse siempre, aun tratándose de salario vacacional correspondiente a una licencia no gozada, por cuanto es de esencia de este instituto la determinación del jornal líquido en todos los casos. Debe de destacarse que la ley no hace distinciones (entre salario vacacional de licencia gozada y no gozada) por lo que el intérprete tampoco puede hacerlas" (Cfr. "Reglamentación del Trabajo en el Uruguay", pág. 215 y en "Manual de Beneficios Laborales y de la Seguridad Social", pág. 111). Esta es la posición ampliamente mayoritaria a nivel de la jurisprudencia de primera instancia, unánime a nivel de las Salas de Alzada, así como de la Suprema Corte de Justicia, desde larga data, en sus sentencias de casación, como podemos apreciar en el "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1992: sent. N° 87 del 27.10.92 del J.L.T. 5°, c. 1418 y sents. Nos. 58 del 24.3.92 y 297 del 10.11.92 del T.A.T. 2° c. 1426 y 1427; Año 1993: sent. N° 181 del 19.7.93 del T.A.T. 2°, c. 890 y sent. N° 40 del 20.5.93 del J.l.T. 7°, c. 893; Años 1994-1995: sent. N° 71 del 9.8.94 del J.J.L. 8°, c. 1176, sent. N° 20 del 4.3.94 del J.L.T. 10°, c. 1177 y sent. N° 114 del 25.5.94, c. 1178; Años 1996-1997: sent. N° 356 del 26.11.97 del T.A.T. 2°; Año 1998: sent. N° 167 del 23.9.98 del T.A.T. 3°, c. 864; Año 1999: sent. N° 66 del 16.6.1999 del J.L.T 9°, c. 1200 y sent. N° 269 del 12.10.1999 del T.A.T. 3§ c. 1206; Año 2000: sent. Nº 183 de la S.C.J. c. 1240, sent. N° 52 del 17.5.2000 del J.L.T. 10°, c. 1242, sent. N° 142 del T.A.T. 2°, c. 1243 y sent. N° 201 del T.A.T. 3°, c. 1268; Año 2001: sent. N° 10 del 19.2.2001 del J.L.T. 4°, c. 990; sent. N° 278 del 15.11.2001 del T.A.T. 2°, c. 991 y sent. N° 449 del 5.12.2001 del T.A.T. 3°, c. 992). Consecuentemente, a efectos de obtener el jornal líquido de licencia, base de cálculo del salario vacacional, corresponde considerar los porcentajes a descontar. Así, de la documentación agregada en autos se desprende que el mismo es de un 18,1%, salvo en el caso de Mauro López Ruiz cuyo porcentaje asciende a un 21,1% (fs. 583 a 597). IV) Por otra parte, entiende la recurrente que la apelada realiza una errónea valoración de la prueba que fuera aportada a los efectos de fundamentar su liquidación alternativa de los rubros reclamados. Expone que los recibos de liquidaciones de egreso de cada uno de los actores se encuentran agregados a fs. 583 a 597, cuyos montos no han sido controvertidos por los trabajadores y mal puede la sentencia ignorar su agregación. Al respecto, se observa que la liquidación alternativa formulada por la codemandada UTE se funda en los recibos de los accionantes que estaban en su poder y que, efectivamente fueron agregados a estas actuaciones (fs. 583 a 597). Aunque en el escrito de contestación de la demanda, lucen los montos líquidos, no es menos cierto que, UTE agregó la totalidad de recibos en los que se liquidan la licencia, salario vacacional y aguinaldo de cada uno de los actores, así como el salario adeudado al coactor Saya, a los que alude específicamente en su escrito. Por lo que, no se coincide con la recurrida que UTE haya presentado únicamente los montos totales, sin explicar las bases de las que parte ni las operaciones aritméticas, la que constan en cada uno de los recibos agregados y que debieron considerarse junto con el escrito de contestación de la demanda, en función de la mención realizada (fs. 631 vto.). Ingresando al análisis de la liquidación de ambas partes, surge que no existen diferencias respecto al cálculo del aguinaldo. En tanto, en lo que hace a la licencia, también las liquidaciones de las partes se condicen, salvo en lo que hace a los días de licencia a considerar en el año 2024 respecto a Mauro López, donde el actor calcula 1 día y la demandada 0,73. No obstante, de acuerdo a lo efectivamente laborado en el año 2024, lo liquidado en el recibo agregado resulta ajustado. En tanto, los 4,7 días de licencia de Borges, responde sólo a un error material (debió decir 4,07), lo que no modifica los montos finales. Por otra parte, respecto al salario de enero de 2024 del coactor Marcelo Saya, el monto establecido en la demanda a fs. 28 y su aclaración de 36 vto., no son idénticas, padeciéndose de un error material en la aclaración, lo que no afectó el monto final reclamado, es decir $ 41.272 nominales. No obstante, dicho monto no se condice con las horas efectivamente trabajadas por el actor, las que no han sido desconocidas, y que constan a fs. 588 y 589. Por ende, en este punto corresponde revocar la recurrida y estar al monto nominal por concepto de salario que surge de los recibos agregados, lo que asciende a $ 34.844,13 nominales. Asimismo, en atención a lo expuesto y lo indicado sobre el salario vacacional, se considera que la liquidación obrante en cada uno de los recibos agregados a fs. 583 a 597 es la ajustada. Por lo que, se habrá de revocar la recurrida, estándose a los montos nominales que surge de los mismos. V) Finalmente, no se admitirán los agravios relativos al porcentaje de daños y perjuicios preceptivos (10%) objeto de condena. A nuestro juicio, este se condice con la jurisprudencia para situaciones como las de autos (Cfr. sents. Nos. 91 del 18.3.92 y 277 del 18.10.93 del T.A.T. 1°, en "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1992, c. 426 y Año 1993, c. 238; sent. N° 142 del 28.6.93 del T.A.T. 2° en ob. cit., Año 1993, c. 240; sent. N° 11 del 25.4.97 del T.A.T. 3° en ob. cit., Años 1996-1997, c. 479; sent. N° 155 de la S.C.J. en ob. cit., Año 2000, c. 296; SEF-0012-000350 del T.A.T. 1° en ob. cit. Año 2013, c. 181, etc.), en las que no se acreditaron cargas familiares y los rubros adeudados corresponden a egresos (art. 4 de la Ley 10.449), VI) En definitiva, corresponde estar a los montos nominales liquidados a fs. 583 a 597, a los que procede aplicar el 10% de daños y perjuicios preceptivos, 10% de multa, actualización e intereses desde su exigibilidad a su efectivo pago. VII) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO en cuanto a la liquidación acogida, la que se revoca y en su lugar se está a los montos nominales que surge de los documentos de fs. 583 A 597, A LOS QUE PROCEDE APLICAR EL 10% DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS, 10% DE MULTA, ACTUALIZACIÓN E INTERESES LEGALES, DESDE SU EXIGIBILIDAD HASTA SU EFECTIVO PAGO. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA