Sentencia Definitiva N° 206/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “LA PALMA RIVERO, DENIS Y OTRO C/ PEREIRA, LUIS - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-33600/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Treinta y Tres de 3er. Turno a cargo de la Dra. Alejandra Corbo Gómez. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 12/2025 de fecha 19 de mayo de 2025 (fs. 106-125): - Se ampara parcialmente la demanda y se condena a la parte demandada Luis Fermín Pereira a abonar al actor Jonathan Rodríguez, la suma de pesos $ 50.769 (cincuenta mil setecientos sesenta y nueve) por concepto de: salarios impagos, aguinaldo, licencia, salario vacacional, indemnización por despido, daños y perjuicios y multa, con actualización e interés de la fecha de la sentencia hasta su pago. - Se desestima la demanda respecto de la actora Denis La Palma. - Sin especial condena procesal en la instancia. 3) La representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 128-129 vto.), contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: Reconoció la existencia de relación laboral entre Jonathan Rodríguez y el demandado pero, realizó una liquidación errónea, ya que los horarios y montos no fueron controvertidos, por lo cual se debió adoptar la liquidación presentada en la demanda en su totalidad. 4) Por decreto Nº 331/2025 de 2 de junio de 2025 (fs. 130), se dispuso el traslado del recurso de apelación interpuesto por el plazo legal, resultando evacuado a fs. 144-147. 5) El representante de la parte demandada, interpone recurso de apelación (fs. 131-139) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: Tuvo por acreditada la relación laboral de esta parte con Jonathan Rodríguez, incurriendo en una errónea aplicación de derecho y de valoración de la prueba. En obrados no existe ningún elemento o indicio que permita concluir que la relación entre Rodríguez y Pereira fue de índole laboral. En la realidad no existió una relación laboral, sino que el vínculo entre ellos fue de origen civil y se trató de un arrendamiento de servicios. La decisora no consideró en la sentencia elementos fundamentales que permitan descartar la existencia de relación laboral y ponderó otros, los cuales no suponen elementos típicos de un vínculo de trabajo. 6) Por auto Nº 349/2025 de 5 de junio de 2025 (fs. 141), se dispuso el traslado a la actora del recurso de apelación interpuesto por el plazo legal, resultando evacuado a fs. 149-151. 7) Por providencias Nº 380/2025 y Nº 392/2025 de fechas 30 de junio y 17 de julio de 2025, respectivamente, se tuvo por evacuados los traslados conferidos y se dispuso franquear los recursos de apelación interpuestos con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 148 y 152). 8) Recibidos los autos en el Tribunal el 13 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 159-160), dejándose constancia que la Sala se encontró desintegrada del 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) Por una cuestión de orden, corresponde ingresar a considerar el escrito recursivo de la parte demandada. Esta se agravia por cuanto la apelada tuvo por acreditada la relación laboral con el coactor Rodríguez, incurriendo en una errónea aplicación de derecho y de valoración de la prueba. En tal sentido, considera que el vínculo entre ellos fue de origen civil, se trata de un arrendamiento de servicios, un servicio esporádico que se remunera una vez concluido el mismo (finalizada la tarea encomendada), sin que esto signifique vinculación estable y permanente entre las partes. Ninguno de los testigos hace referencia a días y horarios de trabajo concretos, como tampoco que recibiera directivas o se supervisaría su trabajo, así como ningún otro elemento que permita concluir que la tarea del coactor encuadre en la definición de relación laboral. Incluso de los propios dichos del actor tampoco se infiere subordinación económica, pues no resulta creíble que existiera una relación de trabajo y que se mantuviera más de 6 meses sin recibir remuneración alguna como dice en su demanda. Asimismo, no comparte la práctica a la que recurre el fallo, recogiendo elementos aislados para arribar a la conclusión de que existió relación laboral, debiéndose tener presente que no resulta aplicable el principio in dubio pro operario. En tanto, cuestiona el valor probatorio de los audios, pues no hay indicios de su veracidad, de quienes son sus autores, de si se enviaron voluntariamente o si bien tratan de pasajes de conversaciones telefónicas grabadas y hasta eventualmente editadas sin consentimiento de las personas que intervienen, por lo tanto, se trata de una prueba inadmisible o ilícita del art. 144 de C.G.P. Dado que el agravio refiere netamente a la valoración de la prueba realizada por la sentenciante de primera instancia al determinar la existencia de relación laboral, corresponde ingresar a considerar tales extremos. Al respecto, nuestra jurisprudencia ha sido conteste en afirmar que la relación de trabajo debe ser debidamente acreditada por quien alega su existencia, así como que la prueba de la relación laboral debe ser cabal, puesto que está en juego nada menos que la base de toda reclamación que se pudiera plantear; debiéndose tener en cuenta que la regla "in dubio pro operario" no tiene aplicación a situaciones en las que, justamente lo que se discute es la existencia o no de la relación laboral, por cuanto es evidente que en tal caso, la relación laboral constituye un antecedente lógico necesario de la consideración y consecuente aplicación de los principios laborales. Además, no todo trabajo constituye objeto del contrato del mismo nombre, sino únicamente el prestado en ciertas condiciones. En numerosos pronunciamientos, nuestros Tribunales han sostenido que, habiéndose controvertido la relación de trabajo dependiente, el actor deberá demostrar su existencia, mediante elementos reveladores de la misma, como ser: el poder de dirección del empleador, que implica controlar, dirigir y disciplinar la actividad del trabajador, conceptos que componen la llamada subordinación jurídica. Y demostrar que el trabajador tenga su fuente de ingresos a través de la actividad que desarrolla con ese patrón (subordinación económica); acreditar continuidad, permanencia o estabilidad de la prestación respecto de un empleador a cambio de un salario, profesionalidad del trabajador, exclusividad, cumplimiento de horario, registro del trabajador ante organismos de Seguridad Social, etc. Se entiende, que no es necesaria la prueba de todos estos elementos, debiéndose apreciar cada uno de ellos, en caso de verificarse, y en su conjunto, según las reglas de la sana crítica y de la experiencia, a efectos de determinar si en el caso concreto, nos encontramos ante una relación laboral. La búsqueda de los elementos reveladores, anteriormente mencionados, está dirigida fundamentalmente a resaltar indicios de la existencia de subordinación; pues este elemento es típico del contrato de trabajo y distingue al tipo, de otras figuras vecinas; reviste una importancia tal que, en caso de verse diluido, habrán de verificarse claramente los otros elementos típicos, esto es, onerosidad y estabilidad. (Rivas, Daniel. Los indicios del Trabajo Subordinado en la Jurisprudencia Laboral. Revista Judicatura N° 36, año 1993). Asimismo, la Sala en anteriores pronunciamientos ha expresado que cabe tener presente, que la Recomendación Nº198 de la O.I.T. sobre la Relación de Trabajo del año 2016, enumera entre los indicios de aquella, los siguientes: El trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador. III) Ingresando al análisis de la prueba, cabe tener presente que se coincide con el recurrente, respecto a la carencia de valor probatorio de los audios contenidos en el pendrive agregado por la parte actora, por cuanto no poseen autenticidad, ni autoría comprobada. Es más, ni siquiera se identifica a las personas supuestamente involucradas y, fundamentalmente, no se procedió a su debida incorporación al proceso a través de la reproducción en audiencia. Por lo tanto, no debió considerarse dicho medio probatorio en el tema en cuestión. Continuando con el análisis, surge de estas actuaciones, admitido y probado, que el actor realizó para el demandado tareas de doma de caballos y que durante meses estuvo habitando un contenedor, junto con su pareja, en la chacra propiedad del Sr. Pereira. Ahora bien. Aunque el actor, en el mismo período objeto del reclamo, realizó changas para terceros, lo cierto es que, apreciando cada uno de los medios probatorios y en su conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, es posible arribar a la misma conclusión que la recurrida. En efecto, el reclamante no se limitó a realizar la doma de los caballos del demandado, sino que su labor en dicho campo, fue más allá de dichas tareas. Así, en la chacra de referencia había varios caballos, una yegua que se encontraba enferma, ovejas y perros, alguno de los cuales eran del demandado, quien obtenía cría y los vendía. En relación a los caballos, tal como lo expuso el propio demandado, no sólo procedió a la doma, sino que también estaban bajo su cuidado (“le dije que tenía que cuidar los caballos”, fs. 48). A lo que cabe agregar que los testigos Alex Sosa, Yulimar Lemos, Silvia Granda y Yenny Franci, han sido contestes en que el actor cuidaba de los caballos, de los demás animales y arreglaba los alambres. Al respecto, el testigo Yulimar Lemos, amigo del actor y “hermano” de la Iglesia, sostuvo que iba a la chacra donde este trabajaba, encargándose de curar y domar animales. Al preguntársele si presenció alguna orden, contestó: “Con, traer arena del arroyo para hacer las patads para el contenedor, racionar la yegua, darle comida y agua a la ternera y suero…Veía 2 perras…paridas, 6 o 7 cachorros, después caballos cantidad 6 o 7 caballos, uno era árabe, una yegua tordilla y en el piquete había más.” (fs. 51). Asimismo, la testigo Yenny Franci, cuyo marido es el anterior testigo y posee una relación de amistad con el actor a quien también conoce de la Iglesia, indicó que iba a la chacra en algunas oportunidades y que veía al actor trabajando, realizando ciertas tareas: “a los perros le llevaba comida y agua todos los días…Cuando nosotros íbamos estaba haciendo unos alambres, arreglando unos alambres…No me acuerdo como era el lugar, se que arregló unos alambres, no se cuantos metros. Él se iba una distancia para arreglar, un cuadro o dos cuadras…Reparó postes, hizo pozos.” (fs. 58 y 59). Asimismo, Silvia Granda, quien trabaja en la biblioteca de Villa Sara y conoce a ambas partes, señaló que, aunque no iba a la chacra, la coactora le contaba que se realizaba la siguiente actividad: “Hacía alambre se encargaba de los animales, había una ternera y caballo que medio reparaba, lo hacía en conjunto él con ella, ser encargaban de los perros…”. En tanto, refiere a que la única vez que vio al actor realizar tareas encomendadas por el demandado, consistieron en levantar los caballos que estaban lastimados y agrega lo siguiente: “yo había solicitados llevarlos y curarlos…Pereira me mando decir que no entonces lo levanto Jonatan, cuando hice la denuncia se desaparecione la denuncia, por maltrato animal desaparecieron los caballos, Estraban en la carretera atados.” (fs. 52 y 53). Por ende no se trata una testigo sólo de oídas, en la medida que narra específicamente un episodio que presenció. Por otro lado, el testigo Alex Sosa, quien conoce a los actores desde hace 5 años, haciendo amistad en las carreras de caballos, sostuvo que Rodríguez, se dedica al tema del alambrado, cuidado de animales y caballos. Asimismo, expone que concurría a la chacra del demandado casi todos los fines de semana, y detalla lo siguiente: “lo ayudaba a Yonahtan cuidaba animales, caballos y arreglaba alambrados. Lo ayudaba a abrir un pozo para poner un poste, o con las ovejas también…lo hacíamos de a poco, a veces un rato. Dos horas o tras horas hacíamos, después cuidábamos caballos, les daba comida medicación vitaminas…Habían caballos, esa yegua o tres caballos que tenía para domar, más o menos tres. Yo lo vi a Yonatahna domar una yegua, lo vi en el día pero no recuerdo el tiempo exacto que le llevaba domar.” (fs. 87 a 89). A pesar de la relación de amistad de Lemos, Franci y Sosa con el actor, sus testimonios no carecen de valor convictivo, dado que son contestes entre sí, y se condicen con otros extremos expuestos incluso en la propia declaración del demandado. Asimismo, en lo que hace a los trabajos de alambrado, se agrega lo expuesto por el testigo Daniel Hernández, quien ha trabajado con el demandado y concurre a la chacra cada una o dos semanas. Este, al ser interrogado si en alguna oportunidad tuvo que ayudar al actor para unos alambrados, contestó: “No los alambrados no, los hilos lo ayude, nunca tuve alambrando con él, lo ayude un día nomas. Yo nunca lo vi solo ese día que estuve yo nomas.” (fs. 57). Todo lo expuesto, permite concluir que el actor no sólo realizaba un trabajo puntual ni fue contratado únicamente para domar los caballos del demandado, sino que realizaba distintas tareas en la chacra, tales como cuidar los diversos animales, tender hilos y alambrados, así como llevar a cabo los pilares del contenedor. Además, se verificaron varios elementos que dan cuenta de la relación laboral expuesta en primera instancia. En tal sentido, el actor estuvo por varios meses residiendo en la chacra del demandado donde prestaba sus servicios, lo que determina su disponibilidad para con el demandado. Lo que constituye un elemento típico de los trabajadores rurales, a tal punto que cuando no se le brinda la vivienda debe abonárseles el ficto. En el mismo sentido, la construcción del gallinero con materiales del lugar (fs. 48), incluso para el uso del actor, también denota otro indicio, por cuanto se está cumpliendo con otra de las obligaciones propias del empleador (art. 7 del Decreto N° 216/012); constituyendo también una forma más de integrarse a la estructura productiva de la chacra. Además, el actor trabajaba con los animales y los materiales proporcionados por el demandado, sin asumir riesgos y beneficiando solo a este último. En la realización de tales tareas, recibía directivas del demandado, así en su declaración de parte alude a una orden indirecta: “le dije que tenía que cuidar los caballos” (fs. 48). Sobre el punto, el testigo Lemos manifestó haber presenciado ordenes específicas de quien identifica como “el patrón”, refiriéndose al demandado en autos (fs. 50 y 51). Mientras que la testigo Granda, también refiere a tareas ordenadas por el demandado (“levantar los caballos que estaban lastimados”, fs. 53). Por ende, el Sr. Pereira no contrató solo un resultado final (doma de caballos) propio del arrendamiento de servicios, sino que dirigió el trabajo del actor, el que no se limitaba a la doma de caballos. En definitiva, no surge de autos que el actor haya prestado un servicio autónomo, sino que estaba bajo las órdenes e instrucciones del demandado, realizando diversas tareas como el cuidado general de los animales (traslado, alimentación y sanidad) y la refacción de parte del alambrado e hilos, para lo cual le eran proporcionado los materiales necesarios (medicamentos, comida, manga), formando parte de la estructura de la chacra donde vivió por meses y donde instaló un lugar destinado a la cría y mantenimiento de aves (gallinas). No enerva lo expuesto, que realizara “changas” para terceros, no tuviera un horario concreto de trabajo y no haya percibido en los hechos la contrapartida por su trabajo, por cuanto, el resto de los elementos constatados, son suficientes para descartar el arrendamiento de servicios (doma de equino) y tener por acreditada la relación laboral en función de los indicios recabados en autos, a diferencia de lo acontecido con la coactora La Palma, y sin que ello implique la aplicación del principio in dubio pro operario. Por lo tanto, se habrán de rechazar los agravios de la parte demandada, confirmándose la recurrida. IV) La parte actora se agravia, por cuanto no comparte los criterios utilizados por la apelada para realizar la liquidación de los montos de condena. Al respecto, sostiene que el demandado se limitó a negar la existencia de la relación laboral, sin embargo no controvirtió los horarios, montos reclamados, tampoco realizó una liquidación alternativa a la presentada por esa parte. Por lo tanto, considera que, acreditada la existencia de la relación laboral, atento a la falta de contradicción e incumplimiento de la carga de la prueba, se debió estar a la liquidación formulada por esa parte en su totalidad. Tales agravios no resultan de recibo, por cuanto la parte actora desconoce los errores de derecho expuestos en su liquidación y los hechos que fueron efectivamente probados en autos y que no se condicen con lo que surge de la demanda. Así, teniendo en cuenta los hechos admitidos en relación al salario pactado ($ 1.200 por jornal), no cabe más que concluir que se trata de un trabajador jornalero, y como tal debió haberse liquidado la licencia, salario vacacional y la indemnización por despido. Sin embargo, la demanda no refleja dicha circunstancia, lo que es advertido por la recurrida en sus justos términos a fs. 120 a 124. Por otra parte, la recurrente no contempla lo expuesto en el art. 130 del C.G.P., aplicable por analogía (art. 1 y 31 de la Ley 18.572)., pues si bien la falta de controversia tiene como consecuencia jurídica la admisión de los hechos alegados en la demanda, esto último ocurre siempre y cuando no resultaren contradichos por la prueba de autos. En otros términos, la circunstancia de que no haya hechos controvertidos, y la aplicación de los principios rectores de la rama del Derecho que nos ocupa, no significa desconocer la prueba diligenciada en autos, y hacer lugar, sin consideración alguna, a todos los montos reclamados. Es decir que más allá de las reglas sobre la carga de la prueba y la disponibilidad de los medios probatorios, lo que no se desconoce, en autos ha quedado efectivamente probado que los extremos fácticos en que se sustenta la liquidación de la actora, no se adecúan a la realidad. Así, no es posible obviar que Rodríguez no pudo haber trabajado la cantidad de días y horarios expuestos en la demanda y en los que basa su liquidación. En particular, se acreditó en obrados que el actor en el período objeto de reclamo también realizó changas para terceros y que, en la mayoría de los jornales trabajados, la carga horaria de las tareas era sensiblemente inferior a las 8 horas de trabajo. Por ende, el hecho de que la recurrida adecúe el reclamo a los hechos probados, aplicando el principio de la realidad y razonabilidad, es acorde a la normativa vigente. Por lo que se estará a la liquidación realizada por la sentencia de primera instancia, máxime cuando su valoración probatoria, no resulta cuestionada por los agravios. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA