Sentencia Definitiva N° 204/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “CECILIA, MALBA Y OTROS C/ ASSANELLI BISTIANCIC, ENZO Y OTROS. PROCESO ORDINARIO C.G.P.” IUE 2-103327/2023, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 7º Turno. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº7 /2025 de fecha 6 de mayo de 2025 (fs. 574-596 vto.), dictada por la Sra. Juez Letrado Suplente, Dra. María Alexandra Doldán Abiuso: - Se amparó parcialmente la demanda y en su mérito, se condenó en forma solidaria a SEGURIDAD VERDUN S.R.L., SEGURIDAD VERDUN MONTEVIDEO S.R.L., RAUL BONTTI y la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO a pagar a los actores las sumas reclamadas con las precisiones efectuadas en los considerandos XXII a XVIII, multa del 10% del crédito actualizado, daños y perjuicios del 10% de los rubros salariales, actualización e intereses hasta el efectivo pago, con descuentos legales correspondientes. - Se condenó en forma solidaria y por los rubros de naturaleza salarial a SEBASTIAN RIVAS y ENZO ASSANELLI. - Sin especial condenación procesal. 3) El representante de la parte codemandada INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO, formula los agravios referidos a la apelación con efecto diferido presentada contra la sentencia interlocutoria Nº 1375/2024 dictada en la audiencia preliminar del 29.5.2024 e interpone recurso de apelación la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 603-611 vto.), expresando en síntesis, que: A) No se acogió la excepción de incompetencia de la sede por razón de materia desconociendo el art. 341 de la Ley 18.172, a través del cual le corresponde conocer a los Juzgados con competencia en materia contenciosa administrativa y no laboral en asuntos donde intervenga el Estado. Por tanto, el art. 120 del C.G.P. es inaplicable so pena de desatender la clara e inequívoca voluntad del legislador, dirigida a descartar de la órbita de conocimiento de la justicia laboral, lo que es de otra jurisdicción por el aspecto esencialmente subjetivo de las partes intervinientes. B) Condenó a esta parte en forma solidaria, siendo que surge de autos que fueron realizados los controles a la tercerizada, razón por la cual, la responsabilidad de esta parte debe ser categorizada como “subsidiaria”. 4) Por decreto Nº 1198/2025 de 29 de mayo de 2025 (fs. 612), se dispuso el traslado del recurso de apelación interpuesto, por el plazo de quince días, resultando evacuado por la parte actora a fs. 615-640 vto., abogando por la confirmatoria de la recurrida. 5) Por providencia Nº 1402/2025 de fecha 13 de junio de 2025, se resolvió franquear el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 641). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 18 de junio de 2025, los mismos fueron devueltos por mandato verbal Nº208/2025 de fecha 20 de junio de 2025 (fs. 648-650). 7) Levantadas las observaciones y recibidos nuevamente el 13 de agosto de 2025, se dispuso el pase a estudio por su orden (fs. 654-656). Finalizado el mismo, se procede al dictado de la presente decisión anticipada, por configurarse los requisitos del art. 200.1 del C.G.P. dejándose constancia que la Sala estuvo desintegrada del 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive, y desde el 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencia de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales, irá a confirmar la sentencia interlocutoria N° 1374/2024 dictada en audiencia preliminar de 29 de mayo de 2024 y la sentencia definitiva de primera instancia Nº 7/2025 de 6 de mayo de 2025, apeladas, por los fundamentos que a continuación se expondrán. II) Como precisión liminar, cabe puntualizar, que en el presente proceso los actores: Sres. Malba Iris Cecilia Bonifacín, Juan Andrés Niebla Pérez, Ana Karen Descalzi Pissano y Marcos Gabriel Canobra Acosta, promovieron su demanda laboral conjuntamente contra las empresas SEGURIDAD VERDÚN S.R.L., SEGURIDAD VERDÚN MONTEVIDEO S.R.L., los Sres. Enzo Mauricio Assanelli, Sebastián Rivas y Raúl Bonti, y contra la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), para quien prestaba los servicios las empresas mencionadas y en cuyos predios e instalaciones desempeñaban los accionantes tareas de seguridad y vigilancia presencial. Cabe destacar, que al juicio, se le dio el trámite del proceso ordinario de conocimiento del C.G.P. , lo que no fue cuestionado por las partes. Por tanto, las referencias realizadas a normas de la ley 18.572, en providencias dictadas a posteriori del dictado de sentencia definitiva (fs. 641), no inciden en el tracto procesal del expediente. En la audiencia preliminar celebrada el 29 de mayo de 2024 (fs. 336-341), por Sentencia Interlocutoria 1374/2024 (fs. 336-337) se emite pronunciamiento sobre la excepción de incompetencia material opuesta por la Intendencia Departamental de Maldonado, rechazándose la misma. Seguidamente, por providencia N°1375/2024 (fs. 337), se tiene por interpuesto el recurso de apelación por la IDM con efecto diferido, continuando el curso del proceso, el que culminara con la sentencia definitiva de primera instancia Nº7/2025 (fs. 574-596). De ahí, que los agravios, objeto del recurso de apelación en estudio interpuesto por la IDM, son los relativos al rechazo de la excepción de incompetencia por razón de materia refieren al fundamento del recurso de apelación concedido con efecto diferido contra la sentencia interlocutoria 1374/2024 (fs. 336-337) dictada en audiencia preliminar el 29 de mayo de 2024 y al carácter solidario de la condena dispuesta contra la apelante en la sentencia definitiva que pone fin al proceso. III) Hechas las puntualizaciones precedentes, por una cuestión de orden, nos pronunciaremos sobre los agravios expresados por la IDM en el recurso de apelación concedido con efecto diferido, contra la sentencia interlocutoria N° 1374/2024 (fs. 336-337) dictada en audiencia preliminar, por el rechazo de la excepción de incompetencia material de la Sede. Respecto al tema de la competencia de la Sede laboral para conocer en juicios donde se demanda al Estado en sentido amplio, la Sala participa de la posición, que sostiene que continúa vigente el art. 341 de la ley 18.172, no compartiendo la postura, acerca de que fue derogado tácitamente por el art. 2º de la ley 18.572, norma que sólo reitera la solución ya consagrada legalmente por el art. 106 de la ley 12.803. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no nos encontramos únicamente, ante un juicio laboral contra una administración estatal, sino que la parte demandada es plural, integrada por: una administración estatal, la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO (IDM), las empresas privadas de seguridad y vigilancia SEGURIDAD VERDÚN S.R.L., SEGURIDAD VERDÚN MONTEVIDEO S.R.L. y los Sres., Enzo Mauricio Assanelli, Sebastián Rivas y Raúl Bonti. En efecto, la parte actora promovió la demanda contra las empresas y personas físicas a quienes considera su empleador ante la justicia laboral, para resolver un conflicto individual de trabajo entre particulares y demanda conjuntamente a la IDM en virtud de las leyes de tercerización, quien al ejercer su derecho de defensa invoca la normativa prevista en dichas leyes. Tal como lo ha sostenido este Tribunal, la vigencia del art. 341 de la Ley 18.172 no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del C.G.P., disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia mediando conexión (Sentencia Nº47/2013). En función de la acumulación de pretensiones contra diversos demandados, resultan competentes más de una Sede, por lo que la problemática se resuelve de acuerdo con el art. 7 de la LOT, es decir conforme al principio de prevención. Así, resulta competente la Sede que primero tomó conocimiento del asunto. Al respecto la S.C.J. en Sentencia Interlocutoria Nº 1801/2015 sostuvo lo siguiente: “… la Corte en anteriores pronunciamientos (Sentencia No. 506/2010) que: “(...) ‘en supuestos en que la acumulación inicial de pretensiones reúna los requisitos del art. 120, es dable al actor optar por la presentación de la demanda en una u otra sede, provocando con este acto procesal la competencia de la escogida’ (cf. Tarigo, E.: Lecciones, T. 1, pág. 388). Al respecto expresaba Teitelbaum: ‘Tal sería el caso de la acumulación de dos pretensiones de diversa materia como sería la civil y la contencioso administrativa, acumulables ante la sede que elija el actor’ (‘La acumulación de pretensiones y el dilema del art. 120.1 C.G.P.’, en R.U.D.P. 1/94, pág. 46). Igual fenómeno se produce en sede de competencia por razón de territorio y en determinados casos cuando son varios los demandados y tienen el domicilio en lugares diferentes (art. 24 L.O.T.)... (Sent. No. 77/02 del 27/5/02, LJU, T. 127, año 2003, c-14.556). (...) La acumulación de pretensiones de diversa materia, habilita a quien las incoa a optar por el tribunal competente en virtud de lo edictado por el principio dispositivo y lo preceptuado por el propio art. 120: ‘El demandante podrá acumular’”. De ahí, que, tratándose de una acumulación subjetiva de pretensiones conforme a lo previsto en el art. 120.2 del C.G.P. y art. 31 de la ley 18.572, la parte trabajadora, tiene la opción de plantear su reclamo tanto en sede laboral o en sede con competencia en lo contencioso administrativo. Como sostiene Díaz, al estudiar el art. 341 de la ley 18.172 en integración con las disposiciones procesales de las leyes 18.099 y 18.251, en “Grupo de los miércoles - Cuarenta estudios sobre la legislación laboral uruguaya.”, 342-343, citando a Loustaunau, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 120 del C.G.P. es posible la acumulación en la misma demanda de pretensiones correspondientes a diversas materias, siempre que exista entre ellas relación de conexión. Esto en aplicación de los principios de economía procesal, continencia de la causa y coherencia interna del sistema judicial, “determinándose la competencia efectiva por la del Tribunal que elija el actor”. Amén de lo expuesto, puede entenderse, como plantean Garmendia y Gauthier en Tercerizaciones. Nuevo régimen legal. Leyes 18.099 y 18.251, pág. 60 que cuando una entidad estatal es demandada por la responsabilidad que le es inherente como consecuencia de haber recurrido a subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, no se le está ubicando como parte en el conflicto individual de trabajo, sino como responsable o garante (solidario o subsidiario), según el caso, por expresa atribución legal. Desde este punto de vista, se fortalece aún más el argumento anterior. Como corolario de todo lo expresado, como bien advierte la Sra. Juez a quo a fs. 336-337, se concluye, que la justicia laboral es competente desde el punto de vista material para conocer en este proceso, por lo corresponde desestimar los agravios y confirmar la sentencia interlocutoria apelada. IV) En relación a los agravios esgrimidos por la Intendencia fernandina contra la sentencia definitiva, por el carácter solidario de la responsabilidad que se le impone por los rubros objeto de condena, los mismos tampoco resultan de recibo. Al respecto, se comparte plenamente la argumentación de la recurrida expuesta al estudiar el punto de fs. 593 vto. a 595. En efecto, como ha señalado reiteradamente esta Sala, el art. 6º de la ley 18.251 hace depender la solidaridad o subsidiariedad de la responsabilidad de la empresa principal o usuaria, de la circunstancia de haber ejercido el derecho a ser informada. Rosenbaum y Castello al estudiar el punto en “Subcontratación e intermediación laboral. Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, pág. 155-159, sostienen -sin dejar de reconocer su opinabilidad-, que para que sea procedente la aplicación de la responsabilidad laboral subsidiaria, la empresa principal o usuaria deberá no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación referida en el art. 4º de la ley 18.251, sino demostrar que ha realizado un examen razonable, un control de la misma. Afirman los destacados autores, que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria, radica en que la empresa principal demuestre haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios o mano de obra. “...En tal sentido no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma”... Será carga de la empresa principal, demostrar que ejerció su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual implica además de aportar los documentos mencionados en la ley, haber realizado de ser necesario para el ejercicio de ese control, determinadas gestiones, tales como intimaciones de presentación de documentación, de regularizar su situación, o que haya rescindido el contrato civil o comercial a causa del incumplimiento. El derecho de información debe de ser ejercido con la periodicidad y frecuencia adecuada al principio de razonabilidad a fin de que se repute cumplido el requisito, ya que la finalidad de la ley es mejorar la posición de la empresa que demuestre haber actuado diligentemente en el ejercicio de su derecho de información de forma regular y permanente, conforme al principio de razonabilidad. Se entiende, que para responder subsidiariamente, la empresa principal debe exigir a la tercerizada la exhibición de: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251). Y proceder a su control. En el sub lite, se entiende, que la IDM , contrariamente a lo afirmado en su apelación, no cumplió razonablemente, con los controles referidos, de acuerdo con lo expresado precedentemente, resultando compartible la argumentación de la recurrida cuando postula a fs. 595, en cuanto a que no surge de autos de la prueba aportada por dicha codemandada, un control efectivo, como requiere nuestra normativa, a la que refiere expresamente. Ni siquiera que se le haya exhibido la totalidad de los documentos referidos en la Ley, tal como los certificados de B.P.S., constancias de B.S.E., Planillas de Control de Trabajo, en tanto los recibos de haberes son mínimos y no comprenden el período laborado para la Comuna. Así, concluye, en forma fundada que la IDM no dio cabal cumplimiento al derecho de información. Tan así, que la recurrente se limita a sostener en sus agravios que con la prueba aportada acreditó haber realizado lo controles debidos, pero no explica cómo ello resultaría de la prueba. Como corolario de lo antedicho, los agravios en el punto objeto de apelación no son de recibo, y habrá de confirmarse el carácter solidario de la responsabilidad atribuida a la recurrente. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 1374/2024 DICTADA EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE 29 DE MAYO DE 2024. CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA Nº 7/2025 DE 6 DE MAYO DE 2025. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA