Sentencia Definitiva N° 222/2025

SENTENCIA DEFINITIVA Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodriguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “GONZALEZ VERDUM, GEFERSON C/ MACHADO, SERGIO y otro – Proceso Laboral Ordinario (Ley 18.572)”, IUE: 2-77943/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por ambas partes contra la sentencia definitiva de primera instancia No. 6/2025, del 26 de mayo de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera de 5º turno, Dr. Agustín González. RESULTANDO: 1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 535 a 560, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se acogió parcialmente la pretensión laboral deducida en autos, condenando a Sergio Ezequiel Machado en forma principal y a Uruply S.A. en forma subsidiaria a abonar al actor la suma de $ 123.196,75, más reajustes e intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago. Sin especial condenación procesal en la instancia, con costos por su orden y costas a los demandados. 2.- A fojas 567-575 introdujo la co demandada URUPLY S.A. recurso de apelación contra el referido fallo, agraviándose por: - el período de vinculación y el período de condena considerado por la sentencia; - la condena a abonar rubros indemnizatorios (en el caso, daños y perjuicios preceptivos), y – la condena al pago de compensación por traslado. 3.- Por su parte, el codemandado Sergio Machado formuló apelación a fojas 576 y 577, donde se agravió por la condena al pago de compensación por tiempos de traslado y a la incidencia de dicha compensación en el cálculo del aguinaldo. 4.- También la parte accionante impugnó la sentencia dictada mediante escrito de fojas 578 a 585, agraviándose por: - la responsabilidad subsidiaria, y no solidaria, atribuida a Uruply S.A., - la desestimatoria de las horas extras y – la desestimatoria del despido indirecto. 5.- Se confirieron los traslados de las respectivas recurrencias, siendo evacuados por las respectivas contrapartes. 6.- Por auto 284/2025, del 28/7/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 15/8/2025. 7.- Seguidamente, se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, verificándose en forma sucesiva, por no contar el Tribunal con los medios técnicos necesarios para efectuar el estudio simultáneo previsto en la ley. 8.- Acordada sentencia, se procede a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- Por la voluntad unánime de los integrantes naturales de la Sala, se habrá de confirmar parcialmente la sentencia definitiva impugnada, revocándola en los aspectos y por los fundamentos que a continuación se desarrollarán. 2.- El Sr. Geferson González promovió demanda contra su empleador, Sergio Ezequiel Machado, y contra la empresa forestal LUMIN Uruguay, que ésta aclaró en su contestación es el nombre de fantasía de Uruply S.A.. Dijo el actor que comenzó a trabajar como peón común el 22/4/2022, en tareas de colocación y mantenimiento de alambrados en diversos campos de la forestal demandada, y que egresó por considerarse indirectamente despedido el 7/6/2024. Señaló que el horario de trabajo era de 8 horas, variando la hora de comienzo según fuera invierno o verano, y que para ir a los campos debían esperar la camioneta de la empresa que pasaba a buscarlos en distintos puntos de la ciudad de Rivera, aproximadamente a la hora 4.00. Reclamó compensación por traslado prevista en el Acta del Consejo de Salarios de 1/12/2012 del Grupo 24, Forestación, pues la duración del viaje era superior a 60 minutos en cada trayecto. También sostuvo que al menos tres veces por semana realizaba horario extra, hasta las 16.30 ó 17 horas, estimando en promedio la realización de 2 horas y media extras tres veces por semana, cuyo pago reclamó. Así como 14.72 días de licencia impagos. Por último, refirió que fue objeto de discriminación, malos tratos y bromas por padecer síndrome de Tourette, y también de reiteradas suspensiones injustificadas. Por todo lo cual se consideró indirectamente despedido. Las demandadas contestaron controvirtiendo los hechos invocados y la controversia fue resuelta en los términos antes señalados. Por lo que cabe ingresar al análisis de los agravios formulados por las partes contra la sentencia. 3.- La co demandada Uruply S.A. se agravió por el período de vinculación con la empresa de Sergio Machado que le atribuyó la sentencia, así como, por consecuencia, el período de la condena, que fue todo el reclamado por el actor. La recurrida estableció que, de acuerdo a lo informado por la empresa Oval Ltda a fojas 457-458, la vinculación de Machado con Uruply SA comenzó mucho antes de setiembre de 2022 como afirma ésta, sino que data de febrero de 2019. Agregó que, conforme a lo declarado en forma conteste por los testigos, las tareas de la empresa de Machado siempre se realizaron en inmuebles de Uruply, por lo que entendió inadmisible la reducción del período por el cual debe responder. La recurrente postula que más allá de lo consignado por la empresa Oval Ltda, no deben descartarse las resultancias de los restantes medios probatorios, que identifican los períodos de la vinculación entre ambas empresas, y los predios vinculados a la contratación. Señala que dicha vinculación es discontinua, por las características de la actividad. Y desglosa períodos de trabajo conforme a los contratos agregados. Ahora bien, pese a señalar que de la prueba testimonial diligenciada surge que hubo interrupciones en el desempeño del actor, no identifica los dichos de los testigos al respecto, no cita ni un solo testimonio que demuestre que hubo períodos donde el actor no haya trabajado en la realidad de los hechos en los campos de su propiedad. Por tanto, no desvirtúa o demuestra error en la afirmación de la sentencia de que la declaración de los testigos acredita que la empresa de Machado siempre realizó trabajos en los inmuebles de Uruply S.A. Y tomando en cuenta las planillas de asistencia y contralor horario llevadas por Machado como empleador, y que no fueron impugnadas por Uruply S.A., se advierte que ellas desmienten que el actor haya laborado sólo durante los períodos que emergen de los contratos de prestación de servicios agregados a fojas 66 a 83. Así, mientras la recurrente argumentó que la contratación de la empresa Sergio Machado se dio a partir de setiembre de 2022, y que el vínculo en dicho año transcurrió sólo en el mes de setiembre y el de noviembre, las planillas de control horario de fs 354 a 401 abarcan el período 13/5/2022 al 29/8/2022. Todas ellas consignan en su encabezamiento: “Tareas realizadas a Lumin”, y más abajo en el casillero “Cliente” se reitera “Lumin”. En muchos casos se identifica, además, el nombre del campo donde se efectuaban los trabajos. También las planillas de asistencia de fojas 300 a 312 acreditan que el actor, y por ende su empleador, Machado, prestó servicios para Uruply S.A. en el mes de diciembre de 2022. Y las de fojas 326 a 338 refieren a trabajos en octubre de 2022. Es decir, fuera del período abarcado por los contratos agregados y de lo afirmado por la recurrente en cuanto a que ese año Machado sólo le había brindado servicios en setiembre y noviembre. Del mismo modo, en el año 2023 la apelante sostuvo que la empresa de Machado le prestó servicios de mayo a agosto, y sin embargo las planillas de control de asistencia agregadas a fojas 252 a 299 demuestran que el actor laboró en beneficio de Lumin en los meses de enero a abril de 2023. Cabe tener en cuenta que entre el 30/7/2023 y diciembre de 2023 el accionante estuvo amparado al subsidio por enfermedad, según informe del BPS de fojas 484. El Sr. González figura en la inmensa mayoría de las planillas agregadas, por lo que puede deducirse que si no figura es porque faltó, estuvo suspendido o amparado al subsidio por enfermedad. Lo que viene de analizarse desacredita el cuestionamiento de la apelante, por lo que su agravio será desestimado. 4.- También se agravió la codemandada Uruply S.A. por su condena subsidiaria al pago de rubros indemnizatorios, interpretando en sentido amplio el concepto de “obligaciones laborales” establecido en las leyes de tercerización, con lo que no coincide. Argumenta que el artículo 1 de la ley 18.099 refiere a las obligaciones que la empresa principal pueda controlar, y sólo por ellas debe responder. En primer término, corresponde puntualizar que, en el caso, la responsabilidad a que refiere el agravio abarca únicamente al rubro daños y perjuicios preceptivos, único de naturaleza indemnizatoria objeto de condena. Respecto del punto motivo de agravio para la empresa principal demandada, este Tribunal tiene jurisprudencia firme, que mantendrá en el presente, en sentido coincidente con la recurrida. Lo que conlleva la desestimatoria del agravio. A vía de ejemplo, en la Sentencia No. 148/2025, dispuso, en términos enteramente trasladables al sub exámine: “Como expresara éste Tribunal en sentencia No. 189/2024 del 18/09/2024 (en B./J.N.) “este punto, el Tribunal habrá de mantener su posición expresada en sentencias 419/2013, 192/2014, 31/2015, 49/2018, 4/2019, 216/2019, 394/2019, 211, 234 y 300 del año 2020, sentencias 77/2022, 172/2022, 86/2023, 148/2023 y 180/2023 y en la reciente sentencia 159/2024 entre otras, en las que se ha pronunciado a favor de una interpretación amplia del concepto de “obligaciones laborales” excluyendo únicamente a aquellos rubros que las leyes expresamente determinan, esto es; las multas, los recargos debidos al BPS, BSE, etc.” “De ahí, que se comparta …que la responsabilidad que emerge de las leyes 18.099 y 18.251 no sólo refiere a los créditos de naturaleza salarial, sino también a los indemnizatorios, dado que las mencionadas normas no establecen ninguna clase de distinción en tal sentido, además de que tampoco efectúan distinción alguna en relación a las dificultades de contralor de tales obligaciones como postula la recurrida”. “En efecto, el artículo 1º de la ley 18.099 establece que “Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios, o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como el pago de contribuciones a la seguridad social…”. “Por su parte el artículo 1º de la ley 18.251 al determinar el alcance de la responsabilidad de la empresa principal establece o alude a “Las obligaciones laborales a que se refiere el inciso primero del artículo 1º de la ley 18.099...comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios o de los convenios colectivos…”. “De las disposiciones antes citadas, no surge ninguna distinción de acuerdo a la naturaleza del crédito (salarial o indemnizatorio), por lo que, con un criterio amplio y fundamentalmente protector, cabe entender que el alcance de la responsabilidad de la empresa principal …es al pago de los rubros salariales y también a los indemnizatorios”. “Igual solución aporta el artículo 7 de la ley 18.251, que es el que en realidad regula el alcance objetivo o material de la responsabilidad ampliada, el que, sin ninguna clase de distinción habla de las “obligaciones laborales”; por lo que donde no distingue la ley no debe hacerlo el intérprete”. “Si bien es cierto que el artículo 4 literal d de la ley 18.251 refiere a “los recibos salariales”, la Sala reitera lo expresado en sentencia Nº 4/2019, en la que al analizar este tema se afirmó, que “El art. 4 de la ley 18.251 no regula el alcance de la responsabilidad ampliada sino, el derecho-carga de información del empresario principal. En su lugar, el alcance objetivo de la responsabilidad ampliada, concretamente qué es lo que corresponde entender por “obligaciones laborales” se encuentra reglado por los arts. 7 de la misma ley y el 1 de la ley 18.099 en tanto aquella se remite a ésta”. “El art. 7 de la ley 18.251 expresa que la responsabilidad del empresario principal comprende “Las obligaciones laborales a que refiere el inciso. Primero del art. 1 de la ley 18.099 (…) , derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes , decretos , laudo o decisiones de los Consejos de Salarios o de los convenios colectivos registrados o de la documentación que surja del art. 4 de la presente ley así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el art. 1 de la ley 5032 (…), sus decretos reglamentario, y convenios internacionales vigentes”. “Vale decir que, tanto por la cadena expresa de remisiones como de la comprensión desde el principio protector, se infiere que el literal d) del art. 4 de la ley 18.251 debe, necesariamente, ser interpretado en diálogo coherente con el art 7 de la misma ley y el art. 1 de la ley 18.099”, los que como se vio, no efectúan ninguna clase de distinción y aluden a “obligaciones laborales”. “A nivel doctrinario, Mario Garmendia y Gustavo Gauthier sostienen, que las leyes 18.099 y 18.251 “…abarcan a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria)…” (…) A partir de esta última referencia, resulta muy claro que la voluntad del legislador fue otorgarle a las normas un alcance extremadamente amplio…” (“Tercerizaciones, Análisis de las Leyes 18.099 y 18.251 y su aplicación jurisprudencial, segunda edición, FCU, mayo de 2012, páginas 127 y 128). Y más adelante expresan: “…enfocando la cuestión en las obligaciones laborales, ya ha quedado señalado que, mediante el empleo de esta expresión tan amplia, el sistema legal ha ensanchado muy claramente el conjunto de materias que ingresan dentro del sistema de responsabilidades instaurados, superando con mucha holgura la noción de salarios mínimos fijados que constituía la base del artículo 3º de la ley 10.449”. (Obra citada página 129)”. “Y concluyen, que el sistema instaurado por las leyes 18.099 y 18.251 no reparó en las dificultades de control que por su naturaleza pueden presentar determinadas obligaciones a los efectos de delimitar la esfera de las responsabilidades que atribuye el patrono o empresario principal, “…y al contrario, el alcance material de las responsabilidades implantadas incluye todas las obligaciones laborales, independientemente de su naturaleza y del grado de dificultad que puede conllevar el control de su cumplimiento por parte de aquél” (obra citada página 133)”. “En igual sentido, se han pronunciado Jorge Rosenbaum y Alejandro Castello en su obra “Subcontratación e Intermediación Laboral”, afirmando en torno al punto, que “Otro aspecto importante a resaltar es que, la responsabilidad por obligaciones laborales se extiende a créditos o prestaciones de naturaleza salarial o indemnizatorios, sin distinción alguna. En cuanto a los primeros, la amplitud de la ley 18.099 permite afirmar que la responsabilidad abarca cualquier rubro de naturaleza salarial (…) Respecto de las indemnizaciones, la empresa principal o usuaria responde no sólo por la indemnización común por despido prevista en las leyes del año 1944, sino también por el daño moral derivado de un despido abusivo o las indemnizaciones especiales que prevé nuestra legislación (enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedades especiales, clientela, represalia por haber efectuado denuncia ante el BPS, etc.)” (obra citada página 189 y 190)”. “Y particularmente respecto de los daños y perjuicios preceptivos la Sala entiende, que también quedan abarcados o comprendidos dentro de la expresión “obligaciones laborales” por cuanto tal como lo hace notar el recurrente, tales daños y perjuicios se deben automáticamente por el no pago de los rubros salariales a los que fue condenada en su calidad de empresario principal o empresa usuaria que contrató los servicios de la empleadora del actor”. “Tal como sostuviera este Tribunal en sentencia 77/2022, la interpretación de lo establecido en las leyes de tercerización debe apuntar a la tutela de quien presta trabajo, con lo cual, aún en caso de duda, la interpretación de tales normas debe efectuarse desde la perspectiva del principio protector y la especial protección del trabajo consagrada en nuestra Constitución, interpretando por ello en forma estricta y rigurosa, toda solución que apunte a la exclusión de la responsabilidad ampliada consagrada en dichas normas. Puntualmente afirmó la Sala en dicho pronunciamiento que, “… el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria”. Esta misma posición e interpretación amplia y protectora de la expresión “obligaciones laborales” contenida en el artículo 7 de la ley 18.251 es a su vez respaldada por el resto de los Tribunales de Apelaciones del Trabajo, citando solamente a vía de ejemplo, las sentencias N.º 47/2022 dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno; la N.º 48/2021 dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3º Turno y la N.º 198/2019 perteneciente al Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno”. En el mismo sentido puede verse la sentencia de esta Sala No. 34/2024 del 6/03/2024”. 5.- Ambas codemandadas interpusieron agravio por la condena a abonar compensación por traslado e incidencias. Argumentaron, en síntesis, que la prueba al respecto fue incorrectamente valorada, ya que se sustenta en la declaración de dos testigos y no considera que las tareas se desarrollaban en diferentes campos, condenando por todo el período trabajado, y no limitado a los períodos en que se demostrara que el traslado insumió más de 60 minutos, señalando los testigos distancias de alrededor de 50 km de la ciudad de Rivera, lo que no insume mas de 60 minutos de traslado. La mención de las recurrentes a la carga de la prueba lleva a la Sala a advertir que, previo a su consideración, ha de mirarse la carga de la sustanciación. Es decir, para pretender la compensación por traslado reclamada, el trabajador debe denunciar hechos que puedan subsumirse en la previsión normativa que consagra el beneficio. En concreto, el actor debía relatar en qué lugares desempeñaba tareas fuera de la ciudad de Rivera, específicamente a qué distancia de la ciudad se ubica cada uno, y siendo varios los lugares, incluso en qué período de tiempo laboró en cada uno de ellos. Asimismo, era necesario que indicara cuál era el tiempo que insumía el trayecto hacia y desde cada uno de esos campos, pues es de suponer que cada uno insumiría un tiempo diferente a los demás. Y la previsión normativa exige un traslado superior a los 60 minutos. Recién determinada la plataforma fáctica en esos términos es que puede analizarse la prueba diligenciada para concluir si aquéllos hechos resultaron probados. No es válido apreciar los dichos de los testigos para ver si se adecuan a la previsión de la norma que se quiere aplicar, suprimiendo la carga alegatoria del reclamante y por tanto obviando lo dispuesto en el artículo 139 del CGP, de entera aplicación al proceso laboral. Examinada la demanda desde este punto de vista, se presenta bastante defectuosa, planteada en términos genéricos y vagos. El actor se limitó a mencionar que realizaban las tareas en campos a los que eran trasladados por cuenta de la empresa, ubicados “por Ruta 30 vieja”, “por Ruta 27”, “por ruta 5”, “en zona de Tranqueras”, “paraje La Bica”, y que el tiempo de traslado podía oscilar entre una hora y hora y media. En ningún caso indicó distancia del predio desde la ciudad de Rivera, que pueda dar idea del tiempo de traslado en concreto a cada lugar, asi como lo puede dar el trayecto recorrido en cada caso, las paradas que se realizaran y cuánto tiempo insumían. No basta decir que el traslado podía oscilar entre una hora y hora y media, bastando percatarse de que el traslado en una hora no da lugar al pago de compensación, sino sólo en caso de superarse los 60 minutos. Por otra parte, el relato del accionante se torna inverosímil al indicar que llegaban a los campos o montes entre las 5 y 5.30 (fs. 34 vto.), lo que en invierno es noche cerrada. Y lo sigue siendo a la hora 6.00 en que dice iniciaban la jornada laboral. Con estas deficiencias argumentales, el reclamo no puede prosperar, y no puede estarse a las distancias indicadas por los testigos respecto de los diversos lugares de trabajo, porque se trata de hechos introducidos por éstos al proceso, y no por el actor, que nada dijo al respecto. Es cierto que los testigos Fernández y Parreño declararon que los tiempos de traslado insumían entre una hora y hora y media, pero sus aportes no otorgan certeza alguna sobre el punto. Pablo Fernández dijo que trabajó “bien poquito” para Machado, y la realidad es que no lo hizo un mes como se le preguntó, sino que no llegó a trabajar ni 20 días, según resulta de la baja de actividad en BPS de fs 182 (del 18/4 al 4/5 de 2024). En tan breve período relató haber trabajado en dos predios, Capón Alto, que estimó queda a unos 50 km de Rivera y un predio frente a la cantera por ruta 5, que “no se si llega a 10 km” de Rivera (fojas 467). Es dudoso que en el primer caso el traslado pudiera insumir más de una hora, e imposible en el segundo caso. Alejandro Parreño, por su parte, declaró que los traslados duraban “siempre hora y media, 2”, pero no dio adecuada razón de sus dichos, no pudo señalar las distancias de los lugares a los que concurrían a trabajar, “porque me dormía en todos los viajes” (fs 467 vto.). Además, a través de lo declarado por este testigo surgió un hecho no denunciado en la demanda, y es que al menos en los primeros meses, 3 ó 4, los trabajadores no se trasladaron diariamente, sino que acampaban en el lugar de lunes a viernes (fs. 467 vto. in fine). Circunstancia que fue reconocida por el propio actor en su declaración de parte a fojas 493. Por lo que, en dicho período, no tenía derecho a cobrar la compensación diaria por traslado que reclama, y sin embargo fue objeto de condena en la sentencia de primera instancia. Dada la falta de la debida sustanciación de la demanda e incluso los elementos probatorios contrarios a los hechos que fundan la pretensión a examen, la Sala habrá de amparar el agravio y revocar la condena impuesta por el rubro compensación por traslados, así como las incidencias de dicha compensación en otros rubros. 6.- Por su parte, el accionante se agravia por la desestimatoria de las horas extras que reclamara. A criterio de la Sala el agravio no se encuentra debidamente fundado, limitándose prácticamente a cuestionar la validez de los horarios consignados en las planillas de asistencia y horarios incorporadas por el empleador. Sin embargo, la insinceridad de los referidos documentos en cuanto a los horarios que consigna, no exonera al accionante de la carga de acreditar que laboró horas extras. Mas aun, nuevamente ha de advertirse sobre la escasa sustanciación de la demanda. El SR. González reclamó un promedio de 2,5 horas extras diarias, tres veces por semana, sin explicitar hechos. Esto es, faltó un relato acerca de la causa que determinaba que, sistemáticamente, tres veces a la semana debiera laborar ese número de horas extras. Incluso omitió explicar su rutina diaria, la dinámica de trabajo, y por qué razón en ocasiones, bastante habituales, se tenían que quedar a trabajar tiempo extra. Asiste razón al recurrente en que la sentencia no analizó lo dicho por los testigos ofrecidos por su parte, Fernández y Parreño, pero sus testimonios no bastan para probar el trabajo del actor en tiempo extraordinario. En cuanto a Fernández, más allá de que su declaración es poco representativa, pues como ya se dijo trabajó menos de 20 días, cabe observar que sólo refirió al horario de finalización del trabajo, a las 17 horas, a veces a las 18 (fs. 466 vto.), pero no dijo a partir de qué hora laboraban. Y si se tomara por cierta la versión del actor (pese a los reparos ya mencionados sobre su credibilidad), de que en verano comenzaban a las 5.30 y en invierno a la hora 6.00, el tiempo de trabajo con la hora de salida que refirió el testigo supera las 2,5 horas extras que invocó el actor. Además de que Fernández no distinguió que ello sólo ocurriera algunos días, sino que aparentemente era siempre. También el testigo Parreño parece aludir a un desempeño constante, diario, de horas extras o salidas después de horario que indicó el actor. Ningún testigo refirió el horario de ingreso, ninguno coincidió en indicar el horario de trabajo que el actor declaró en su demanda, y manifestar que tres veces a la semana se salía más tarde de lo habitual. Sin perjuicio de que tampoco se mencionó el horario de descanso intermedio. En suma, el incumplimiento de las cargas de alegación y prueba amerita desestimar el agravio y confirmar la sentencia en este punto. 7.- También se agravió el accionante porque se desestimó el despido indirecto. Cabe recordar que el Sr. González fundó el despido indirecto en lo siguiente: a) que fue objeto de discriminación y malos tratos, asi como de bromas por padecer síndrome de Tourette; b) que fue objeto de suspensiones injustificadas; c) señaló que el empleador daba la orden de que no lo levantaran en la parada donde esperaba la camioneta y luego se lo sancionaba por no ir a trabajar; d) aludió a un episodio donde se desvaneció por falta de ingesta de agua, pretendiendo hacer caudal de malas condiciones de trabajo, y e) en el incumplimiento de normas laborales por no pago de horas extras, complemento por traslado y licencias, y aportes no realizados por no pago de dichos rubros. La sentencia desestimó la configuración de un despido indirecto. Determinó que el actor no acreditó la realización de horas extras, lo que el Tribunal habrá de confirmar. Por otra parte, como se fundamentó, se habrá de revocar la condena al pago de complemento por traslado. Por lo que se descarta la existencia de incumplimiento del empleador con respecto a ambos rubros. Y la licencia y salario vacacional objeto de condena se hicieron exigibles al egreso. En cuanto al incidente de desvanecimiento del trabajador, la sentencia entendió que no resultó probado, y el actor no formuló agravio por ello. Con relación a las suspensiones aplicadas al actor, que entiende fueron injustificadas, la Sala no puede menos que compartir con la recurrida que las mismas fueron suscritas por el trabajador sin que luzcan constancia alguna de desacuerdo, o presentación de descargo alguno. Mal puede pretender en esta instancia alterar una decisión que en su momento no cuestionó, sin que haya invocado siquiera que no tuviera posibilidad de hacer descargos. Cuestiona el apelante que la sentencia no haya valorado el video incorporado en pendrive. Sin embargo, dicha probanza no puede ser valorada porque no fue diligenciada en la forma requerida por la ley. El artículo 142 del CGP dispone que todas las pruebas “deben ser producidas en audiencia”, y de las actas de audiencia del presente proceso no surge que se haya diligenciado o visualizado la prueba incorporada en el pendrive que luce agregado a fojas 33. También se reprocha a la sentencia que no haya considerado que los testigos que aportó indicaron que el capataz a veces se desviaba del camino, que no lo levantaba para llevarlo hacia el lugar de trabajo. Y es cierto que los testigos relataron que en alguna ocasión el capataz no lo levantó. Pero el relato es impreciso, y no sitúa el momento de ocurrencia de esos hechos, además de que ni siquiera el actor situó temporalmente esos desvíos para no levantarlo. Lo que resulta determinante, pues para motivar el despido indirecto los incumplimientos han de ser actuales, muy cercanos al momento en que el trabajador toma la decisión de considerarse indirectamente despedido. No surgen acreditados, pues, incumplimientos de entidad que justifiquen el despido indirecto reclamado, por lo que se confirmará su desestimatoria. 8.- Por último, resta considerar el agravio del accionante por la naturaleza subsidiaria de la responsabilidad atribuida a Uruply S.A., abogando porque debió imponerse su condena solidaria. La Sala otorgará razón al recurrente por cuanto no surge probado que Uruply S.A. en su calidad de empresa principal o usuaria, tercerizadora de actividades, realizara un efectivo control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de su contratada Machado. Incluso admitió que ciertos aspectos no los controlaba, como los horarios cumplidos por el actor (fs. 102 vto.). Presentó un informe de la empresa Oval Ltda, que además contestó al oficio librado en autos en los términos de fojas 457-458, expresando que efectuó control de documentación laboral de los empleados de Sergio Ezequiel Machado. Oval relató la documentación que solicita a las empresas para efectuar dicho control, pero sin embargo no se agregó en autos ni uno solo de dichos documentos. De lo que no estaba dispensada la interesada en demostrar haber hecho uso del derecho a ser informada y haber controlado para poder así rebajar el grado de su responsabilidad. Máxime cuando de los contratos celebrados entre Uruply SA y la empresa Machado no surge pactada dicha obligación de informar, como es usual en los contratos por tercerización de servicios. Tampoco informó Oval la regularidad de los controles que dijo efectuar, si eran mensuales, trimestrales, etc. En mérito a lo expuesto se revocará la condena subsidiaria impuesta, imponiendo en su lugar una condena solidaria. 9.-Las costas serán de cargo de las codemandadas recurrentes, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos. Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO CONDENÓ A AMBAS DEMANDADAS AL PAGO DEL RUBRO COMPENSACIÓN POR TRASLADO Y SUS INCIDENCIAS, Y EN CUANTO A LA NATURALEZA SUBSIDIARIA DE LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA CODEMANDADA URUPLY S.A., EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR ABSUELVESE A AMBAS DEMANDADAS DE LA CONDENA AL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TRASLADO Y SUS INCIDENCIAS Y DECLARASE QUE LA RESPONSABILIDAD DE URUPLY S.A. ES SOLIDARIA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LAS CODEMANDADAS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-