Sentencia Definitiva N° 244/2025

Sentencia No. 244/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Patricia Hernández Ministros firmantes: Rosario Sapelli, Pablo Benítez y Patricia Hernández.- Montevideo, 24 de setiembre de 2025.- VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA Y OTROS c/ BB – EJECUCIÓN DE PRENDA – IUE 2-124516/2023” venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva nro. 7del 11/II/2025 y sentencia interlocutoria nro. 256 del 14/II/2025 dictadas por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, Dr. Andrés Hernández Ferreiro.- RESULTANDO: 1)Que por sentencia definitiva nro. 7/2025 y sentencia interlocutoria nro. 256/2025 se desestimaron las excepciones opuestas y, en su mérito, se mantuvo firme el proveimiento liminar con acotación derivada de la providencia nro. 3176/2024.- 2) Que de fs. 528 a fs. 558 compareció el Sr. BB e interpuso recurso de apelación.- Invocó como agravios: (a) Reconocimiento de hechos invocados pero no se le confirieron los efectos sobre el proceso: (a.1) si bien fue reconocida la prevaricación, para la violación del secreto profesional y uso abusivo de información privilegiada deben acreditarse los datos utilizados en beneficio de la parte actora; (a.2) ello no es necesario, es suficiente acreditar la defensa simultánea o sucesiva a personas en procesos contrapuestos por el mismo profesional; (a.3) la Dra. EE fue apoderada del Sr. BB, luego sustituyó ese poder y la Esc. DD intervino como tal en contrato de promesa de compraventa así como la intervención del estudio de aquéllas en cuanto a que el dinero era entregado en éste y no al deudor; y (a.4) las profesionales DD EE son o fueron profesionales que asistieron a la parte demandada por lo que tuvieron contacto con información privilegiada del mismo: ese patrocinio simultáneo o sucesivo constituyó al menos una gravísima falta ética; y (b) Desestimación de la excepción de inhabilidad de título: (b.1) el dinero entregado por la parte actora a la parte demandada no fue en “ese acto” sino a un intermediario – Estudio Jurídico Notarial, las partes contratantes no se encontraron simultáneamente presentes al tiempo de la firma del contrato de mutuo con garantía prendaria, la parte actora no justificó el movimiento de dinero y no se rindió cuentas a la parte demandada; (b.2) la presunción judicial de que el Sr. BB no hubiese firmado el contrato de mutuo si no hubiese recibido el dinero es equívoca ya que podría presumirse lo mismo de quienes entregaron el dinero sin que el accionado firmara dicho contrato; y (b.3) siendo que lo estampado en el documento no es real, el mismo carece de la calidad de título de ejecución o título ejecutivo.- En definitiva, solicitó que se revoque la apelada.- 3) Que por providencia nro. 460 del 5/III/2025 se confirió traslado del recurso de apelación a la parte actora por el plazo de quince días.- 4) Que de fs. 562 a fs. 578 compareció la parte actora y evacuó el traslado conferido.- Expresó en síntesis: (a) en realidad la parte demandada no expresó agravios en cuanto análisis crítico de la sentencia en función del planteo original y prueba diligenciada; (b) afirmó que el proceso es nulo cuando tuvo participación debidamente asistido en todas sus etapas; (c) afirmó que no recibió el dinero entregado en calidad de préstamo o mutuo cuando antes aseguró que recibió sumas de dinero pequeñas y que el Estudio DD EE con el dinero prestado pagó adeudos a DGI, BPS, proveedores y el remanente le era entregado e incluso con algunos de los acreedores co-actores acordó la cancelación de su deuda; y (d) no existió ni dolo, ni fraude, ni prevaricato, ni afectación de la intimidad de la parte actora.- Solicitó que se desestimó el recurso de apelación interpuesto.- 5) Que por providencia nro. 647 del 18/III/2025 se franqueó el recurso de apelación con efecto suspensivo para ante este Tribunal.- 6) Que los autos fueron recibidos el día 8/IV/2025 y por decreto nro. 140 del 23/IV/2025 se dispuso su pasaje a estudio.- Cumplido el mismo, en acuerdo del día 18/IX/2025, los integrantes de este Tribunal resolvieron el dictado de la presente por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso).- CONSIDERANDO: I-Que esta Sala, con el voto coincidente de sus miembros naturales (artículo 61 de la Ley 15.750), habrá de confirmar la fundada sentencia definitiva nro. 7 del 11/II/2025, por los fundamentos que se exponen a continuación.- II- Compendio de la litis.- 2.1- Que en el sub-lite los Sres. AA, FF, GG, HH, KK y LL promovieron contra el Sr. BB vía de apremio con invocación como título de ejecución forzada: crédito hipotecario inscripto, al amparo del artículo 377 numeral 3) del Código General del Proceso.- 2.2- Que de conformidad con el penúltimo párrafo del citado artículo, en la redacción incorporada por la Ley 19.090, los títulos de ejecución forzada se conformaron con el documento del que resulta el crédito principal – contratos de préstamo o mutuo fructífero – y la garantía real constituida por los contratos de prenda inscriptos.- Pues entonces, en el ocurrente los títulos de ejecución forzada son: (a) el contrato de mutuo por la suma de U$S 77.285 (dólares setenta y siete mil doscientos ochenta y cinco) con prenda de los derechos de promitente comprador de los que es titular el mutuario respecto del bien inmueble padrón nro. XX, localidad catastral Maldonado, “Edificio ZZ” fechado el 29/VI/2023 e inscripto en el Registro el 24/VII/2023, con el nro. 787, con firmas certificadas notarialmente, celebrado entre los Sres. AA, FF y GG como prestamistas y el Sr. BB en calidad de mutuario y deudor prendario, cuyo testimonio notarial luce agregado de fs. 4 a fs. 10; (b) el contrato de mutuo por la suma de $ 43.200 (dólares cuarenta y tres mil doscientos) con prenda de los derechos de promitente comprador de los que es titular el mutuario respecto del bien inmueble padrón nro. YY, planta baja del “Edificio ZZ”, localidad catastral Maldonado fechado el 18/VIII/2023, con firmas certificadas notarialmente, e inscripto en el Registro el 13/IX/2023 con el nro. 1088 celebrado entre las Sras. HH y KK en calidad de prestamistas y el Sr. BB en calidad de mutuario y dado prendario, cuyo testimonio notarial luce agregado de fs. 22 a fs. 28; y (c) el contrato de mutuo por la suma de U$S 57.000 (dólares cincuenta y siete mil) con prenda de los derechos de promitente comprador de los que es titular el mutuario respecto del bien inmueble padrón nro. VV, planta baja del “Edificio ZZ”, localidad catastral Maldonado fechado el 24/VIII/2023, con firmas certificadas notarialmente, e inscripto en el Registro el 18/IX/2023 con el nro. 1136 celebrado entre el Sr. LL en calidad de prestamista y el Sr. BB en calidad de mutuario y dador prendario, cuyo testimonio notarial luce de fs. 41 a fs. 45.- La parte actora afirmó que devenida exigible la obligación de restituir la suma entregada a título de mutuo fructífero, el Sr. BB no la cumplió e incurrió en incumplimiento definitivo.- 2.3- Que por su lado, la parte demandada opuso las excepciones siguientes: (a)la excepción de nulidad absoluta por fraude, dolo o colusión con invocación del artículo 114 del Código General del Proceso, con basamento en: (a.1) la Dra. EE revistió la calidad de su apoderada y simultánea o sucesivamente asistió a los integrantes de la parte actora; y (a.2) tal desempeño le causó indefensión y supuso a aquélla haber incurrido en prevaricato, uso abusivo de información privilegiada, violación del secreto profesional y concomitantemente el aprovechamiento por los promotores de la información detentada por aquélla y por la Esc. DD; (b) la excepción de inhabilidad de título de los contratos esgrimidos como títulos de ejecución forzada, con fundamento en: (b.1) falta de referencia a su recepción del dinero entregado en calidad de préstamo, la que no fue recibida de la parte actora; (b.2) solo entiende como “válidas” aquellas sumas de dinero efectivamente recibidas por el Sr. BB; (b.3) se ejecutó operativa de financiación de U$S 6.000.000 (dólares seis millones) a través de contratos de promesas de compraventa, de prenda y de préstamos de sumas de dinero de monto relativamente pequeño que eran recibidas por la Esc. DD y a través de su estudio jurídico-notarial se administraban los gastos, cancelaban adeudos con la DGI, BPS, proveedores y sus honorarios y el remanente era entregado al Sr. BB; y (b.4) existiría una diferencia de U$S 3.000.000 (dólares tres millones) entre la suma de dinero recibidas en el estudio jurídico-notarial DD EE y la suma de dinero destinada a la cancelación de las obligaciones del Sr. BB y remanente entregado a éste, sobre la cual DD y EE no prestaron la rendición de cuentas solicitada.- 2.4- Que la acumulación de pretensiones operada por la parte actora integrada por varios co-demandantes contra un solo demandado no debió ser admitida en tanto no reúne los requisitos exigidos por el artículo 120.2 del Código General del Proceso: se tratan de pretensiones que derivan de diversas causas y con diversos objetos (véanse los títulos de ejecución forzada detallados en el Considerando 2.2 precedente) y, entre ellas, no existe relación de dependencia ni deriva de los mismos hechos.- Sin embargo, la facultad a fin de blandir la indebida acumulación de pretensiones precluyó al haber transcurrido la etapa procesal legalmente prevista para ello (artículos 119, 133 numeral 3), 355, 357 del Código General del Proceso).- También merece señalarse que a fs. 419 y con fecha 26/IX/2024 compareció la Dra. EE en representación de los co-actores Sres. AA, FF y GG y comunicó la cancelación de la deuda cuya pretensión de condena al pago dedujeron en base al título de ejecución forzada referido en el Considerando 2.2 literal (a) ut-supra.- Adjuntó a su escrito testimonio notarial de cancelación de esa prenda de derechos de promitente comprador, el que luce de fs. 415 a fs. 418.- Por providencia nro. 3176 del 27/IX/2024 se tuvo presente lo comunicado y se ordenó el levantamiento del embargo específico y libramiento del oficio respectivo.- Consecuentemente, se redujo el objeto de este proceso a las partes y objeto vinculados a los restantes dos títulos de ejecución forzada (Considerando 2.2 literales (b) y (c)) y las excepciones opuestas a su respecto.- 2.5- Que por la sentencia definitiva nro. 7 del 11/II/2025 apelada, se desestimó el excepcionamiento con condena en costas y costos a la parte demandada.- III- Agravio: Desestimación de la excepción de nulidad absoluta de actos procesales fraudulentos por dolo, fraude y colusión (prevaricato, violación secreto profesional, uso abusivo de información privilegiada e indefensión).- 3.1- Que el Sr. BB compareció de fs. 528 a fs. 558 e interpuso recurso de apelación.- De fs. 531 a fs. 554 afirmó invocar como agravio que si bien en la hostigada fue reconocido el hecho de que las profesionales DD y EE se desempeñaron como sus apoderadas o asesoras y posteriormente revistieron igual carácter respecto de los integrantes de la parte actora, no le confirió al mismo en este litigio los efectos que entiende que corresponden: violación del secreto profesional, prevaricato, uso de información privilegiada, afectación de las garantías del debido proceso e indefensión.- 3.2- Que en primer lugar, corresponde señalar que es adecuada la observación realizada por los agonistas en los numerales 1) a 23) de su escrito de evacuación del traslado del recurso de apelación, de fs. 562 a fs. 566 vto..- Sabido es que de acuerdo con el artículo 253 del Código General del Proceso tanto el apelante como el adherente deben fundar su recurso y los agravios en base al cual interponen el mismo.- A su vez, “… En general se entiende que la expresión de agravios consiste en una “crítica concreta y razonada” de la sentencia impugnada, no siendo suficiente la remisión genérica a las argumentaciones anteriores vertidas en la instancia precedente.- …” y es “… La expresión de agravios (la que) marcará el alcance del efecto devolutivo, determinando el ámbito de la segunda instancia …” (artículo 257 del Código General del Proceso; Perera, Jorge en “Apelación y Segunda Instancia”, AMF, 3ª edición, págs. 61-64).- Malgrado, en el ocurrente la retahíla de pretendidos argumentos que esbozó el apelante no es más que una repetición de lo otrora ya argüido al formular excepcionamiento.- No existe una “crítica concreta y razonada” de la sentencia apelada.- A pesar de esto, se referirá nuevamente al tema.- 3.3- Que el artículo 114 del Código General del Proceso es una de las aplicaciones de la regla moral al proceso y del principio de lealtad y buena fe procesal, de ahí que incluso se permita la anulación del proceso fraudulento o doloso aún cuando éste hubiese concluido.- En el caso, la parte demandada imputó fraude y colusión a la conducta desplegada por la parte actora y, más precisamente, de sus letrados representante, patrocinante y asesores legales – Dras. EE y Esc. DD – por haber revestido éstas tal calidad respecto del Sr. BB y en la sub-causa la detenta aposta de sus contrarios: Sres. HH, KK y LL.- Como bien fue apuntado en el Considerando IV de la apelada a fs. 510 a fs. 514, fue probado que la Esc. DD certificó firmas de compromisos de compraventa de bienes inmuebles, expidió certificado notarial, protocolizaciones a solicitud del Sr. BB y que la Dra. EE revistió o reviste la calidad de apoderada del mismo.- En este sentido, se destacan: (a) la prueba documental constituida por los testimonios notariales de compromisos de compraventa, certificaciones y protocolizaciones agregados de fs. 4 a fs. 54 en las que se indició que las certificaciones fueron expedidas a solicitud de “las partes” contratantes; (b) testimonio notarial de contrato de compraventa de fecha 12/I/2018 con parte compradora MM SA, representada por el Sr. BB y certificados notariales expedidos a solicitud de parte interesada, agregados de fs. 56 a fs. 65; y (c) testimonio notarial de poder especial otorgado el 8/VI/2020 otorgado por sí y en representación de MM SA a favor de la Dra. EE, agregado de fs. 66 a fs. 70 y de fs. 94 a fs. 100, y testimonio notarial de sustituciones de este poder y revocación de sustituciones (última: 2/II/2022), agregados de fs. 71 a fs. 86 y des fs. 101 a fs. 116; testimonio notarial de poder de fecha 8/VI/2020.- Ninguna de las partes ni invocó ni probó que el poder otorgado por el Sr. BB a la Dra. EE lo hubiese revocado y, ergo, tampoco fue probada la vigencia del mismo.- Es cierto de que de la sola prueba de estos hechos y actos jurídicos no se endilga necesariamente la existencia de violación del secreto profesional o trasiego de información privilegiada y menos aún indefensión del excepcionante.- La parte demandada no indicó en que dice que consistió esa violación del secreto profesional o prevaricato por parte de la Esc. DD y Dra. EE o que información dice que éstas le dijeron a los co-actores Sres. HH y AA de forma de haber consumado prevaricato o el uso de éstos últimos de información sensible.- A fin de que la defensa ensayada resultara útil, la parte demandada debió esgrimir y probar en forma concreta y específica las vulneraciones que meramente arengó.- Es cierto que puede resultar éticamente cuestionable haber revestido la calidad de apoderada – en el caso, Dra. EE – del Sr. BB y posteriormente patrocinar y representar a sus acreedores prendarios; empero, de tal hecho no se derivan las consecuencias pretendidas por el accionado – en principio, en función de lo que emerge de infolios – solamente basada en conjeturas o percepciones subjetivas.- Así pues, la parte demandada Sr. BB, no satisfizo ni la carga de explicitación ni la carga de la prueba que le gravó; por ende, no corresponde amparar el agravio esgrimido.- IV- Agravio: Desestimación de la excepción de inhabilidad de título.- 4.1- Que la parte demandada en los numerales 10) a 13) de su escrito de interposición del recurso de apelación de fs. 554 a fs. 558, en definitiva, formuló como agravio la desestimación de la excepción de inhabilidad de título.- Fundamentó el mismo en: (a) las partes contratantes no estuvieron simultáneamente presentes en oportunidad de firmar el contrato de mutuo con garantía prendaria; (b) las sumas de dinero entregadas en préstamo, lo fueron a un intermediario: estudio jurídico-notarial que patrocina a la parte actora, el que efectuó los pagos y no rindió cuentas de su gestión; y (c) la presunción judicial de que el Sr. BB no hubiese firmado los contratos de mutuo con garantía prendaria si no hubiese recibido el dinero es equívoca.- 4.2- Que tratándose el sub-exámine de un proceso de ejecución en vía de apremio, corresponde señalar que el legislador en el artículo 379.2 del Código General del Proceso indicó taxativamente las defensas admisibles de ser interpuestas por la parte demandada.- Este elenco está constituido exclusivamente por: (1) la defensa de pago; y (2) la defensa de inhabilidad de título por falta de los requisitos esenciales para su validez.- Específicamente, respecto a esta última, la jurisprudencia se ha mostrado escindida al tiempo de definir el alcance de este concepto, distinguiéndose: (a) la postura que señala que en “… Esta formulación conduce al análisis de los elementos intrínsecos del título, debiéndose descartar de la mentada inhabilidad, cuando ésta deriva de una situación externa al mismo.- …” (RUDP, Año 2012, nro. 1, caso 665); y (b) la postura que indica que el concepto enunciado en el citado artículo 379.2 del Código General del Proceso incluye los supuestos de inhabilidad tanto intrínsecos como extrínsecos: “La inhabilidad del título es la carencia de algún elemento que impide la promoción del referido juicio y más concretamente el decreto inicial de embargo” (cfe. Teitelbaum, Jaime en “Juicio Ejecutivo Cambiario”, pág. 95; RUDP, Año 2006, nro. 2, caso 712, pág. 343).- …” (RUDP, Año 2014, nro. 2, caso 599).- En el ocurrente, tratándose los títulos de ejecución forzada invocados de créditos prendarios incriptos – contratos accesorios de una obligación principal – el examen de la inhabilidad del título versa sobre ambos (Tarigo, Enrique en “Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código”, Tomo III, FCU, 1999, pág. 77; Garderes, Santiago en “El proceso de ejecución de crédito hipotecario” en “Estudios sobre el Proceso de Ejecución en homenaje a Enrique Tarigo”, FCU, 2006, págs. 216-223).- 4.3- Que el Sr. BB en su escrito de oposición de excepciones a fs. 327 afirmó que las sumas de dinero de U$S 43.200 (dólares cuarenta y tres mil doscientos) y de U$S 57.000 (dólares cincuenta y siete mil) objeto de los contratos de mutuo oneroso de fs. 22 a fs. 28 y de fs. 41 a fs. 45, respectivamente, cuya celebración y firma él mismo admitió, fueron efectivamente entregadas a personal del estudio jurídico-notarial de la Esc. DD y de la Dra. EE, en el marco de la operativa de financiación que concertó con la mismas y por la que se obtuvo la suma aproximada de U$S 6.000.000 (dólares seis millones).- Agregó que dicha operativa implicó la concreción de contratos de promesas de compraventa, contratos de mutuo, contratos de prenda y la recepción del dinero dado en préstamo y su administración: la Esc. DD recibido el dinero entregado en préstamo aquélla pagaba los gastos, a los proveedores, a la DGI, al BPS, cancelaba deudas (capital e intereses) e incluso los honorarios y el remanente lo entregaba al Sr. BB.- Y en ese marco, la parte demandada encartó los contratos de mutuo con prenda de derechos de promitente comprador detallados en el Considerando 2.2 literales (b) y (c), títulos de ejecución forzada en base a los cuales los Sres. HH y AA promovieron esta vía de apremio.- Así pues, los contratos de mutuo con prenda de derechos de promitente comprador cuyos testimonios notariales agregados de fs. 22 a fs. 28 y de fs. 41 a fs. 45 descripta por la propia parte demandada como convenida entre las partes y las Sras. CC.- Tales documentos con firmas certificadas, protocolizados e inscriptos en Registro, no impugnados, detentan la eficacia probatoria que les confieren los artículos 1581 y 1583 del Código Civil.- En la Cláusula Primero de los mismos (fs. 22 y 41) se estableció que el Sr. BB recibió en préstamo: de los Sres. HH y AA en total la suma de U$S 43.200 (dólares cuarenta y tres mil doscientos) y del Sr. LL la suma de U$S 57.000 (dólares cincuenta y siete mil), respectivamente.- Simultáneamente, asumió la obligación de su restitución más interés compensatorio en la forma y plazo pactados.- De esta forma se verifica el presupuesto que determina la aplicabilidad al caso del artículo 1596 del Código Civil.- Por consiguiente, ya sea que mutuante y acreedor prendario y mutuario y deudor prendario hubiesen o no suscrito esos contratos en forma simultánea o no; lo cierto es que los litigantes son concordantes que los mismos fueron firmados y que no existió vicio del consentimiento.- Como se indicó antes, de la Cláusula Primero de ambos contratos el Sr. BB recibió efectivamente las sumas de dinero que cada uno de los acreedores prendarios le entregaron en préstamo oneroso.- El hecho de que, en virtud de la operativa de financiamiento convenida por el Sr. BB con la Esc. DD y con la Dra. EE, el dinero entregado en préstamo por los co-actores haya sido finalmente recepcionado por éstas para su administración, es anodino.- Resultaron consignadas en los contratos las entregas del dinero dado en mutuo al Sr. BB y vencidos los plazos para su restitución e invocado el incumplimiento de la obligación por él asumida a su restitución, el mismo no arguyó su cumplimiento y menos aún lo probó.- La existencia de diferencia en menos en las entregas de dinero por parte de las Sras. DD EE al mismo Sr. BB las que refirió la parte demandada en el numeral 1.3) de su escrito de oposición de excepciones a fs. 328; son peregrinas a esta litis.- Se esta posicionado pues, frente a obligaciones del Sr. BB a pagar sumas de dinero líquidas y exigibles en virtud de títulos de ejecución forzada previstos en el artículo 377 numeral 3) del Código General del Proceso, por tanto, el agravio ensayada no puede prosperar y corresponde proseguir esta vía de apremio.- V- Condenas causídicas.- Que de acuerdo con los artículos 56 y 392 del Código General del Proceso, desestimadas las excepciones opuestas, las condenas causídicas son de cargo preceptivo del ejecutado.- Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 7, 8, 12, 18, 72, 332 de la Constitución; artículos 24, 56, 114, 120.2, 130, 137 a 142, 377 numeral 3), 379, 392 del Código General del Proceso; artículo 3 de la Ley 19.090; artículos 1581, 1583, 1596 del Código Civil; y disposiciones concordantes y complementarias; el Tribunal FALLA: Confírmase la sentencia definitiva nro. 7 del 11/II/2025.- Condénase a la parte demandada en costas y costos en la instancia.- Corríjase la carátula.- Déjese constancia de la licencia detentada por la redactora.- Notifíquese en el domicilio.- Oportunamente, vuelvan a la Sede de origen con las formalidades de estilo.- Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Patricia Hernández Ministra Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada