Sentencia Interlocutoria N° 497/2025

N.º 497 Montevideo, 24 de setiembre de 2025 VISTOS Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia estos autos caratulados, “ AA – Un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente " IUE 609 - 169 /202 5 ” , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación, interpuesto por la Sra. Defensora pública de la penada, AA, Dra. Cecilia Manassi, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 4429/2025 dictada en la audiencia celebrada el 30 de julio de 2025, por el Sr. Juez Letrado de Ejecución y Vigilancia de Paysandú, Dr. Fabio Assir, con intervención de la Sra. Fiscal Departamental de Paysandú de 4º turno, Dra. María Graziani. RESULTANDO: I) a- Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº 40/2024 dictada en la audiencia celebrada el 28 de febrero de 2024 en el marco de un proceso abreviado, se dispuso la condena de AA como autora penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente, a la pena de 2 años de penitenciaría con descuento de la detención cumplida y de su cargo las accesorias de rigor. Se dispuso también la confiscación y destrucción de la sustancia incautada. b- La Defensa solicitó se le aplicara el aplazamiento en el cumplimiento de la pena, en virtud que la imputada tiene dos hijos menores a cargo. c- Por Providencia Nº 356/2024 dictada en la misma instancia se resolvió no hacer lugar a la solicitud de la Defensa. d- Las partes consintieron la sentencia definitiva de primera instancia, por lo que pasó en autoridad de cosa juzgada formal y material. II)a- Por Informe Nº 169/2024 del 7 de marzo de 2024, se practicó liquidación de pena, consignándose que la sanción impuesta vence el 25 de febrero de 2026, la media pena vence el 25 de febrero de 2025, y los dos tercios de la pena el 27 de junio de 2025. b- Las partes no formularon observaciones. III)a- Por Informe Nº 1149/2024 del 26 de diciembre de 2024 se practicó reliquidación de pena, estableciéndose que la prisión efectiva vence el 31 de enero de 2026. b- Las partes no efectuaron cuestionamientos en tal sentido. IV)a- El día 28 de mayo de 2025, la Defensa compareció ante la Sede Judicial solicitando se disponga el aplazamiento excepcional de la ejecución de la condena y se le imponga prisión domiciliaria. Refirió a que los hechos por los cuales se la condenó ocurrieron entre el 1º y 24 de noviembre de 2023, por lo que no es de aplicación la redacción actual del articulo 304 del CPP. Es madre de dos hijos menores de edad, Delfina Jazmín Lanterna, de 9 años, y Galo Ezequiel Wuille de 8 años de edad. Al momento de la condena, febrero de 2024, ambos vivían con la madre, por lo que la abuela paterna se hizo cargo del niño y la abuela materna de la niña. Esta última debió ser atendida por psicóloga por lo que significó en su vida la “pérdida de su madre”. Actualmente, debe seguir con la atención y debido a los horarios de trabajo de la abuela materna, le es muy dificultoso cumplir con el tratamiento y con el cuidado de la niña. Es imperioso que la madre se haga cargo del cuidado exclusivo de sus hijos, como lo ha hecho a lo largo de toda su vida. Citó normativa internacional. En suma, reclamó que se convoque a audiencia, se diligencie la prueba ofrecida y se acoja el planteo formulado. b- Por Decreto Nº 3057/2025 del 29 de mayo de 2025, se confirió traslado, lo que fue corregido a través de la providencia Nº 3125/2025 del 2 de junio de 2025, consignándose que dicho traslado era a Fiscalía. c- El día 10 de junio de 2025, la representante del Ministerio Público evacuó el traslado conferido manifestando que no se oponía a la convocatoria a audiencia, estando al resultado del diligenciamiento de la prueba ofrecida para pronunciarse respecto al pedido de aplazamiento excepcional. d- Por Decreto Nº 3408/2025 del 11 de junio de 2025, se dispuso que las actuaciones volvieran a despacho al reintegro del titular. e- Por Providencia Nº 3786/2025 del 25 de junio de 2025, se convocó a audiencia para el día 30 de julio de 2025 a la hora 14:30. V)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 4429/2025 dictada en la instancia referenciada se resolvió desestimar la incidencia deducida en mérito a su infundabilidad. b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación contra la decisión adoptada. c- Por Decreto Nº 4430/2025 se tuvo por anunciado el recurso de apelación, consignándose que se estaría al plazo legal para su eventual interposición. VI)a- El día 5 de agosto de 2025, la letrado patrocinante de la penada compareció ante la Sede Judicial exponiendo por escrito los agravios que constituyen el fundamento de la vía impugnativa movilizada respecto a la Sentencia Interlocutoria Nº 4429/2025. Sostuvo que el a-quo enmarcó únicamente su decisión en lo previsto en la normativa procesal nacional, art. 304 y 228.1 literal A. Hizo una interpretación restrictiva del articulado, ignorando el principio de interés superior del niño y dejando de lado la normativa nacional e internacional sobre los principios a tener en cuenta al momento de juzgar a mujeres con hijos. Tras analizar la prueba diligenciada, destacó que surge la necesidad de la penada de atender a sus dos hijos, especialmente a su hija Ayelen de quien es único referente y que tiene necesidades especiales por atender. A su vez, expresó que la privación de libertad genera un perjuicio evidente en el núcleo familiar, en especial en dos niños de 8 y 9 años de edad que se ven vulnerados en su derecho a ser cuidados por su madre. En definitiva, reclamó se revoque la hostilizada y se le otorgue la prisión domiciliaria. b- Por Decreto Nº 4603/2025 del 6 de agosto de 2025, se confirió traslado a Fiscalía por el plazo legal. c- El día 21 de agosto de 2025, la titular de la acción penal evacuó el traslado conferido abogando fundadamente por el mantenimiento de la recurrida. Analizó los agravios y los descartó, destacando que la medida solicitada por la Defensa no asegura el bienestar de los niños pues la imputada no se encuentra en condiciones de garantizar sus cuidados, dado que fue precisamente en el ámbito domestico donde desarrolló la actividad delictiva. Permitir la prisión domiciliaria implicaría reinsertar a los niños en el mismo entorno en el que fueron expuestos a conductas de tráfico de estupefacientes, lo que vulnera su interés superior. d- Por Decreto Nº 5026/2025 del 22 de agosto de 2025, se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con la formalidades de estilo. VII) La Sala asumió competencia, pasando los autos a estudio y acordándose sentencia en legal forma. CONSIDERANDO: I) La Sala por mayoría legal requerida, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 4429/2025, dictada en la audiencia celebrada el 30 de julio de 2025, por la que no se hizo lugar al aplazamiento excepcional de la ejecución de la condena, imponiéndosele la prisión domiciliaria a la penada AA. Las razones de sucumbencia articuladas por la letrado patrocinante no tienen la virtualidad jurídica necesaria para hacer naufragar lo decidido en primera instancia. Lo expuesto es en mérito a las razones que se expondrán. II) En el aspecto formal, las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de Defensa. III) Asistimos a un caso donde AA fue condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente, a la pena de 2 años de penitenciaría, con descuento de la detención cumplida y de su cargo las accesorias de rigor. Lo fue por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº 40/2024 dictada en la audiencia celebrada el 28 de febrero de 2024. En la misma audiencia, la Defensa ya solicitó el aplazamiento en el cumplimiento de la pena invocando razones similares, esto es, que la misma tiene dos hijos menores a cargo. En la oportunidad, Fiscalía no se opuso. Ello no obstante, la Juez de conocimiento no hizo lugar a la solicitud de la Defensa, decisión que no fue impugnada. IV) Importa destacar, que los hechos objeto de estas actuaciones tuvieron lugar entre el 1 y el 24 de noviembre de 2023, lo que determina que no sea aplicable la redacción actual del artículo 304 conferida por el artículo 170 de la ley 20.212, la que fuera promulgada el 06/11/2023 y publicada el 17/11/2023. Por lo tanto, el caso se regula en lo que hace a la normativa procesal nacional por la versión original del artículo 304 que preveía que si mediaban las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 228, podría aplazarse el ingreso o reingreso de la penada a la cárcel. A su vez, el artículo 228 del CPP, también en su versión original, por lo tanto previa a la redacción que le dio el artículo 174 de la ley 20212 en su literal A refiere a la necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieren evidentemente perjudicial su internación en prisión. Lo expuesto, es sin perjuicio de lo consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Bangkok, las Reglas Mandela y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. V) En dicho ámbito conceptual, importa destacar, que este segundo planteo de aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena, al igual que el primero no es de recibo, reiterándose los mismos argumentos. Al respecto, no puede perderse de vista por la relevancia que tiene a la hora de decidirse la cuestión planteada que la penada llevaba a cabo la actividad de suministro de sustancia estupefaciente en el propio domicilio, donde residía con los niños. Más aún, fue detenida en el momento en que transportaba sustancia estupefaciente en una moto, llevando a su hijo. A ello cabe agregar, que sin perjuicio de no desconocerse la importancia del vínculo de los niños con su madre, así como la situación natural que sea esta la que esté a cargo y no abuelos, emerge que las necesidades y cuidados que le son propios, incluso los que dicen relación con la problemática a nivel educativo de la niña, se encuentran satisfechos a cabalidad. En tal sentido, la prueba testimonial diligenciada en audiencia, lejos de acreditar los extremos invocados en la demanda incidental promovida, pone de manifiesto que los cuidados se llevan a cabo en forma regular, sin afectaciones. Por lo tanto, no se advierte que la circunstancias familiares invocadas hayan sido acreditadas en forma tal que hagan manifiesta la necesidad de aplazar el cumplimiento de la pena en forma efectiva y sustituirla por prisión domiciliaria, como propone la Defensa. El planteo parecería más responder a atender la situación de la condenada, beneficiándose con cumplir el saldo de pena bajo un régimen más benévolo que al propósito invocado de velar por sus hijos. Sin perjuicio de ello, deberán reiterarse las comunicaciones a la Sede de Familia Especializada para que adopte las medidas que estime necesarias para proteger el interés superior de los niños, más allá de destacarse que en principio cuentan con una red de contención importante. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONF Í RMA SE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 4429 /202 5 , DICTADA EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 202 5 , POR LA QUE NO SE HIZO LUGAR AL APLAZAMIENTO EXCEPCIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA, IMPONIÉNDOSELE LA PRISIÓN DOMICILIARIA A LA PENADA AA. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dr. Gustavo Nicastro Seoane – Ministro Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }