Sentencia Definitiva N° 226/2025

SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MUÑOZ, SONIA y otros C/ PRODOMUS SRL y otro – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-122010/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por ambas partes contra la sentencia definitiva de primera instancia No. 40/2025, del 16 de junio de 2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Trabajo de la Capital de 5º turno, Dr. Luis Fourment. RESULTANDO: 1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 291 a 307, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se amparó parcialmente la demanda y se condenó a Prodomus SRL y al MIDES a pagar en forma solidaria a Sonia Muñoz la suma de $ 232.767,3, a Marina Caraballo la suma de $ 263.895,22 y a Sandra Casella la suma de $ 237.311,68 por los conceptos detallados en la sentencia, más un 10 % sobre los rubros salariales por concepto de daños y perjuicios preceptivos, un 10 % por concepto de multa, más reajustes e intereses desde la exigibilidad hasta su efectivo pago, sin especial condenación. 2.- A fojas 310 a 311 consta recurso de apelación introducido por la parte actora, agraviándose por la desestimatoria del salario impago reclamado por la co actora Sandra Casella, consistente en medio salario de agosto 2024. 3.- Por su parte, el MIDES interpuso recurso de apelación en escrito de fojas 315 a 319. Allí se agravió por: - la liquidación y descuentos legales, -por desestimarse la excepción de incompetencia material y la inadecuación del trámite dado a la demanda, – por desestimarse la falta de legitimación pasiva que invocara, y -por la naturaleza de la responsabilidad atribuida, esto es, solidaria y no subsidiaria. 4.- Conferido traslado de los recursos, la parte actora lo evacuó en escrito de fojas 323-325, abogando por la confirmatoria de la recurrida, salvo en lo que fue objeto de agravio por su parte. 5.- Por auto 1768/2025, del 18/8/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 26/8/2025. Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley. 6.- Acordada sentencia, se procede a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- La Sala, mediante la voluntad conforme de sus integrantes naturales, confirmará la bien fundada sentencia definitiva apelada, salvo en lo relativo al salario impago reclamado por la co actora Casella. Ello por los fundamentos que a continuación se expondrán. 2.- En primer término, cabe ingresar al agravio formal interpuesto por MIDES porque se desestimó la excepción de incompetencia material y la inadecuación del trámite dado a la demanda. En lo relativo a ambos puntos, la Sala se remitirá a la fundamentación expuesta en anteriores sentencias, jurisprudencia que mantendrá en el presente proceso. En lo que respecta a la incompetencia de la jurisdicción del trabajo en el caso, la recurrente hace caudal de lo dispuesto en el artículo 341 de la Ley 18.172, que otorga competencia a la justicia contencioso administrativa cuando es demandada una Administración estatal. Mientras que este Tribunal ha resuelto en sentido contrario a este criterio, por ejemplo, en la Sentencia No. 159/2024, dictada con la actual integración y redactada por la Ministra Dra. Rodriguez Fagián, en los términos que seguidamente se transcriben: “Que como se anunció, la Sala con su actual integración habrá de mantener su anterior jurisprudencia que resulta -entre otras- de las sentencias Nº 168/023 y 203/2023 y desestimará este agravio, por entender que los embates de la recurrente no logran conmover en lo absoluto la decisión adoptada en el grado anterior. En primer lugar, la Sra. Ministra Karina Martínez Larrosa y la redactora, sin desconocer la vigencia del artículo 341 de la ley 18.172 que establece la competencia en Montevideo de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y en el interior de los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior (o de los Juzgados de Paz en función de la cuantía) para entender en todo conflicto individual de trabajo en que sea parte una administración estatal, entienden, que frente a un claro supuesto de acumulación de pretensiones contra varios demandados como acontece en la causa -dado que en el marco de un conflicto individual de trabajo, además del empleador directo se demandó a una administración estatal- deviene aplicable el artículo 120.2 del CGP que establece: “También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto o se hallen entre sí en relación de dependencia o deriven de los mismos hechos, cumpliéndose los requisitos del artículo 120.1”. En el sublite, resulta evidente la conexión existente entre ambas pretensiones, por cuanto surge de autos, que a quien el actor señaló como su empleador Sr. …, tenía un especial vínculo con la Intendencia demandada pues prestaba servicios de vigilancia para la misma, por lo que el reclamo movilizado por el trabajador contra ambos accionados proviene de la misma causa, esto es; deriva de la relación laboral que origina los créditos que se reclaman; es decir, proviene de un conflicto individual de trabajo; por lo que la situación como ya vimos, se encuentra comprendida en el art. 120.2 del C.G.P. En este sentido se comparte la posición sustentada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno en sentencia Nro. 47/2013, en torno a que la vigencia del art. 341 de la Ley 18.172 no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del C.G.P, disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia mediando conexión. Entonces, en el caso ante un supuesto de acumulación de pretensiones contra diversos demandados resultan competentes más de un Juzgado, por lo que el tema se zanja o resuelve de acuerdo al art. 7 de la LOT, esto es; de acuerdo al principio de prevención, resultando competente la Sede que primero tomó conocimiento del asunto. Sobre el punto en debate el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno ha afirmado, que el artículo 341 de la ley 18.172 en estos casos no resulta decisiva, pues el cúmulo inicial de pretensiones determina otra solución, afirmando concretamente que “El art. 341 citado atribuye competencias, pero no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del Código General del Proceso, disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia, mediando conexión”(Sentencia 93/2016 extraída de la Base de Jurisprudencia Nacional). En similar orientación la Suprema Corte de Justicia también ha afirmado en relación a la competencia material en supuestos como el que nos convoca, que “La Corporación ha sostenido, que es el actor quien elige el fuero competencial en supuestos en que procede la acumulación conforme el art. 120 C.G.P., y que el art. 341 de la Ley No 18.172, no modificó dicho criterio. La norma mencionada en último término prevé: ‘Los conflictos individuales de trabajo en que sea parte una Administración estatal se ventilarán ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en Montevideo y ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior, salvo los casos de competencia especializada”. Como se advierte, la norma del artículo 341 de la Ley No 18.172 es atributiva de competencia, pero no excluye el régimen general de ampliación competencial contenido en el art. 120 C.G.P. Esta norma procesal admite la acumulación de pretensiones de diferente materia, siempre que exista conexión, como acontece en el subjudice.” (Sentencias número 150/2016 y 421/2016, extraídas de la BJN). Ver en el mismo sentido sentencia interlocutoria de la Suprema Corte de Justicia Nº 1364/2021 (también en BJN). Compartiendo dicho criterio y partiendo de la premisa de que la parte actora tiene libertad para elegir el fuero competencial y habiendo optado el actor por plantear su reclamo ante la Justicia Laboral, en opinión de la Dra. Karina Martínez Larrosa y de la redactora, la sede de primera instancia en materia laboral deviene competente. En adición, corresponde señalar también, que todos los integrantes de este Colegiado entienden válido además, el fundamento por el cual, tratándose de una acumulación determinada por el artículo 10 de la ley 18.251, el actor promueve su pretensión contra su empleador, invocando un conflicto individual de trabajo y, por tanto, ante la Sede Laboral, y adiciona una pretensión contra el “garante” en el marco de las leyes 18.099 y 18.251, es decir, contra la empresa principal o usuaria, que en este caso es una persona de derecho público estatal. El Dr. Nelson Loustaunau en las XVIII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (referido por Garmendia y Gauthier en “Tercerizaciones”, FCU, 3º edición , página 71) abordó el tema de la competencia en este supuesto y se inclina por sostener la competencia de la justicia laboral por dos órdenes de argumentos: el primero de ellos, por el tema de la acumulación de pretensiones ya referido, y el segundo, por considerar que la jurisdicción laboral es la que entiende en el conflicto principal contra el empleador directo, y atrae ante sí al Estado, es decir, lo principal atrae a lo accesorio. Garmendia y Gauthier refieren en este sentido, que “ cuando una entidad estatal es demandada por la responsabilidad que le es inherente como consecuencia de haber recurrido a subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, no se le está ubicando como “parte” en un conflicto individual de trabajo (calidad que, ante el trabajador demandante solo podrá ostentar el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra), sino como responsable o garante (según el caso, solidario o subsidiario) por imperio legal. La Administración estatal demandada en virtud de la existencia de una situación de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, nunca lo será como parte de un conflicto individual de trabajo sino en calidad de responsable por expresa atribución legal. En consecuencia, en este tipo de situaciones no se genera hipótesis que contempla el artículo 341 de la ley 18.172 y, por tanto, no resultarán competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y, en cambio sí lo será (n) las Sedes laborales”. (página 73)”. Por su parte, la cuestión del trámite otorgado a la pretensión es también motivo de agravio, porque la recurrente sostiene que debió aplicarse la vía ordinaria del CGP, en atención a la participación del Estado en el proceso. También sobre este aspecto la Sala habrá de mantener su postura, contraria a la propugnada por el MIDES. En Sentencia No. 22/2024, en hipótesis similar a la de autos, fundamentó la procedencia del trámite por la vía del proceso laboral autónomo en los siguientes términos: “En el caso estamos ante “materia laboral”, entendiéndose por tal la que “involucra a aquellas causas que comprometen cuestiones relativas al trabajo dependiente…” (“Concepto de materia laboral. Vigencia material de la ley 18.572 en Revista de la Facultad de Derecho No. 31, pág. 174), o la que refiere al trabajo del hombre (Rosina Rossi, “Ámbito de aplicación del nuevo proceso laboral”, en Revista de la Facultad de Derecho en homenaje a Oscar Ermida Uriarte (No. 31, pág 293 y ss). En autos se alega la existencia de una relación laboral como fundamento de la acción impetrada contra ambos demandados, por lo que el conflicto es subsumible dentro de la “material laboral” en el sentido asignado por el artículo 7 de la ley 18.572. Y ello torna aplicable la estructura procesal del proceso ordinario regulado por la ley 18.572, según expresa previsión del mencionado artículo”. Lo que resulta de entera aplicación en estos autos, pues la intervención de una dependencia estatal, demandada como garante legal, no desnaturaliza la materia laboral a que refiere la causa. 3.- Ingresando en los cuestionamientos de fondo, se agravió la parte actora por la ausencia de condena al pago del salario correspondiente a la mitad del mes de agosto reclamado por la Sra. Sandra Casella. Argumentó que la agregación del recibo de ese mes no es indicativo de haberlo cobrado, pues no está firmado, y el pago siempre se realizó por transferencia bancaria. En autos no se alegó el pago, y en todo caso, deberían las codemandadas haberlo acreditado en forma fehaciente. A criterio de la Sala asiste razón a la impugnante. Si bien cabe reconocer que la accionante nada precisó sobre la agregación del recibo del mes de agosto, lo que efectuó en su escrito recursivo refiriendo que lo bajó de la web de la empresa, también es cierto que la circunstancia de acceder al recibo de salario no implica necesariamente que éste se encuentre pago. Puede constituir un indicio de ello, pero el pago exige una prueba fehaciente. En este caso, la prueba debió provenir de las accionadas. Como la Sala ha tenido ocasión de manifestar en múltiples pronunciamientos, el pago del salario se prueba mediante la firma del trabajador en el recibo o a través de recibo acompañado de la constancia de depósito o transferencia bancaria cuando se abona por este medio. Como bien señala la recurrente, no se presume. La empleadora siquiera compareció a contestar ni controvertir, mientras el MIDES no se desembarazó de la carga probatoria respecto del pago del salario reclamado por la Sra. Casella. Por ello se habrá de amparar este agravio y condenar a ambas demandadas al pago a la co actora Casella del salario correspondiente a medio mes de agosto de 2024. 4.- Se agravió la codemandada MIDES de que la sentencia condenara a valores nominales, sin realizar los descuentos que legalmente corresponden. El agravio es de franco rechazo, pues los importes salariales a considerar son los nominales. Sin perjuicio de reconocerse que pesa sobre el empleador el deber de retener de esos importes nominales lo correspondiente a tributos y contribuciones especiales de seguridad social y verterlos a los organismos estatales correspondientes. Sin embargo, es postura aceptada en la jurisprudencia (Sentencia SCJ No. 223/2023), incluyendo la de esta Sala (ej: S.163/2023, Interlocutoria No. 42/2023), que la sentencia no tiene por qué manifestar nada al respecto, pues ello procede y se impone por disposición legal. 5.- Un nuevo agravio a considerar proviene de la desestimatoria de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por MIDES. A cuyo respecto no puede menos que sorprender que el organismo continúe insistiendo en la ausencia de la calidad de empleador a su respecto, sin dimensionar que su llamamiento a juicio, y su legitimación pasiva, no derivan de su carácter de empleadora, sino en el marco de las leyes de tercerización, por el hecho de haber subcontratado los servicios de vigilancia y seguridad que le brindaba la empleadora de las actoras. Admitido como fue por el MIDES en la contestación de la demanda, el haberse verificado una hipótesis de subcontratación regulada por las leyes 18.099 y 18.251, resulta obvio que tiene legitimación pasiva en la presente causa. Por lo que resulta inconducente el argumento de que no fue empleadora de las actoras, cuando la sentencia de primera instancia fue por demás clara al establecer que su responsabilidad proviene de la aplicación de las leyes de tercerización (fojas 302). 6.- Un último agravio refiere a la responsabilidad solidaria atribuida por la sentencia. Agravio que no luce debidamente fundado, pues la recurrente se limita a manifestar que quedó probado que ejerció el derecho a ser informada, y que cumplió los controles legales impuestos. Pero no analizó lo expuesto por la recurrida a fojas 305 en cuanto a la falta de un contralor básico en lo atinente al pago de los salarios a las actoras como dependientes de su subcontratada. La sentencia admitió que existieron algunos controles, pero que fueron parciales, omitiéndose, por ejemplo, el de los recibos de salarios. La Sala comparte dicha conclusión, en tanto la condena a abonar salarios que quedaron pendientes de pago es por sí sola demostrativa de que los controles no fueron eficientes. Siendo la obligación principal del empleador el pago de los salarios, el contralor al respecto ha de ser riguroso, y en el caso no lo fue. Es por ello que también este agravio será desestimado. 7.- Las costas del grado serán de cargo de la codemandada recurrente, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SALVO EN CUANTO NO CONDENÓ A LAS DEMANDADAS A ABONAR A LA ACTORA SANDRA CASELLA LA MITAD DEL SALARIO IMPAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2024, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR CONDENASE A LAS DEMANDADAS EN FORMA SOLIDARIA A ABONAR A LA SRA. SANDRA CASELLA DICHO RUBRO, DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN FORMULADA EN LA DEMANDA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA RECURRENTE, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-