Sentencia Definitiva N° 228/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministro Redactor: Dr. Julio Alfredo Posada Xavier. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. Dr. Julio A. Posada Xavier. Dra. Ana Karina Martínez Larrosa VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA / BB S.A. – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE: 2-60746/2024 venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº 28/2025 del 16 de julio de 2025 dictada por la Sr. Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 18o Turno Dra. Stefanía Barossio Fernández RESULTANDO: 1º) Que por el referido pronunciamiento a cuya relación de antecedentes cabe remitirse se acogió parcialmente la excepción de incompetencia, únicamente respecto del rubro daños y perjuicios por falta de aportes. Se desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva. Y se acogió parcialmente la demanda y en su mérito se condenó a la demandada a abonar al actor la suma de $ 5.218,798 por concepto de salario impago, licencia, salario vacacional, aguinaldo e indemnización por despido, más los daños y perjuicios preceptivos del 15%, multa de la ley 18.5762, reajustes e intereses legales desde la fecha de su exigibilidad y hasta su efectivo pago, con costas a cargo de la parte demandada y costos por su orden. 2º) Con fecha 28 de julio de 2025 la parte demandada interpuso recurso de apelación (fs. 705 a 723) agraviándose por: a) la calificación de la naturaleza del vínculo entre las partes como laboral y b) La desestimatoria de la eximente de notoria mala conducta. Solicitó que en definitiva se revoque la recurrida, haciéndose lugar a sus agravios. 3º) Por auto Nº 1558/2025 del 31/07/2025 (fs. 727) se confirió traslado a la contraparte del recurso de apelación interpuesto, evacuándolo la parte actora el día 18 de agosto de 2025 (fs. 729 a 743) abogando por el rechazo de los agravios y la confirmación de la recurrida en todos sus términos. 4º) Por auto Nº 1725/2025 del 19/08/25 (fs. 745) se franqueó la alzada, con efecto suspensivo. El día 2/09/2025 se recibieron los autos en esta Sede (fs. 750), fijándose fecha para el acuerdo, disponiéndose el pase a estudio de los Sres. Ministros y procediéndose de conformidad con lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nº 18.572. CONSIDERANDO: I) La parte demandada se agravia en primer lugar porque entiende que ha existido una incorrecta perspectiva respecto a la vinculación entre BB y el actor, concretamente porque la recurrida tuvo por acreditada la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes. Sostiene que no toda prestación de servicios configura una relación laboral y la recurrida parte de una premisa errónea al considerar que el actor “se vio obligado” a facturar a una empresa para poder sobrevivir, cuando en realidad era un Ingeniero que ganaba U$S 18.000 por mes y que tenía un trabajo como dependiente para otra empresa. O sea, omitió considerar que el actor tenía la capacidad de negociación para ganar esa suma por mes y tenía la capacidad para exigir ser un empleado dependiente si lo hubiese querido o si lo hubiese considerado. Refiere a los hechos que a su entender resultaron probados en autos y atribuye a la sentencia una errónea valoración de la prueba al no tener en cuenta que el accionante es un profesional universitario, que se trata de un Ingeniero en Telecomunicaciones reconocido y que brindaba un servicio profesional especializado de asesoramiento técnico a nivel de ingeniería y que no existía supervisión ni recibía para ello mismo directivas ni instrucciones siendo él quien determinaba sus propios honorarios. Y tampoco se consideró que sus ingresos u honorarios ascendían a U$S 18.000, facturando también a otras empresas al mismo tiempo y que también era dependiente de CC (DD S.A.), facturando y aportando a la Caja de Profesionales. Sostiene que los hechos probados demuestran que se trató de un vínculo que revistió los caracteres de un arrendamiento de servicios y no un contrato de trabajo. El Tribunal por unanimidad de votos de sus miembros naturales entiende que los argumentos esgrimidos por la parte demandada no son aptos para modificar las conclusiones a las que arribara la sentencia definitiva de primer grado impugnada. En efecto, en realidad todos los aspectos que señala la recurrente que supuestamente no definen al vínculo como arrendamiento, no descartan de por sí que el vínculo sea de dependencia laboral. En tal sentido, lo que no explica la recurrente ni da razones de los motivos por los cuales la alta capacitación técnica del actor (Ingeniero Eléctrico o en Telecomunicaciones) puede ser un impedimento para que el vínculo se desarrollara, en los hechos, en su ejecución, como una típica relación laboral. El hecho de que el actor sea un profesional universitario o uno de los ingenieros más capacitados en el país en el área de telecomunicaciones, de acuerdo a lo declarado por los testigos, en modo alguno constituye un obstáculo para una relación de dependencia, no es demostrativo de que el vínculo no fuera de naturaleza laboral. La alta especialización del Ingeniero AA, su experiencia y capacidad técnica en modo alguno ameritan descartar que se pudiera vincular como un profesional en relación de dependencia, lo que sí explican o justifican esas características, a lo sumo, es el alto valor de la retribución que la empresa le abonaba. Si bien debe reconocerse que los ingresos percibidos por el actor de parte de BB eran importantes, precisamente su condición de profesional universitario de alta especialización, es lo que justifica esa alta remuneración aún bajo un régimen de dependencia, sobre todo teniendo en cuanta que la propia demandada en su escrito recursivo, afirma que bien podía asimilarse a personal superior o de confianza, todo lo que por otra parte, luce acorde al cargo de Gerente Técnico de la empresa invocado por el accionante. Y si bien es cierto que el Ingeniero AA facturaba sus servicios profesionales y aportaba a la Caja de Profesionales Universitarios, loque surge de las facturas que obran en el sobre agregado en autos, de fs. 5 a 125 de estas actuaciones y de lo informado por la Caja de Profesionales a fs.615 y ss., lo cierto es que habiendo sido cuestionada la naturaleza del vínculo arrendaticio o comercial que ilustran los documentos a los que refiere la recurrente, el tema en debate es precisamente determinar si a pesar de ello, cómo es que en los hechos se llevó adelante el vínculo, como fue su ejecución. Y en tal sentido el Tribunal no puede sino compartir la jurisprudencia citada por la recurrida a fs. 689 a 691. Lo relevante entonces es determinar cómo actuaron los hoy contendientes a la hora de la ejecución del vínculo por ambos admitido (sentencia de este Tribunal 376/2010 del 10/11/2010 en B.J.N., entre otras), es decir, debe darse primacía a lo que surge de los hechos, a la forma como se desarrolló el vínculo (según los términos del Considerando 15 de la recurrida a fs. 694 in fine), por encima de lo que resulte de los documentos. O sea, que perfectamente puede desatenderse el contenido de los documentos toda vez que éstos no sean el reflejo de lo que aconteció en el plano fáctico, tal como se advierte por la a-quo y por este Tribunal en el caso de autos. En cuanto a las facturas emitidas, en lo que hace hincapié la recurrente en el numeral 38 a fs. 708 vta., se advierte que se reconoce que la misma era mensual y “siempre la misma”, lo que es cierto se comprueba del análisis de esa prueba documental (las facturas) de que siempre eran por cifras similares, salvo cuando se reajustaban los ingresos del actor en función de los reajustes de salarios, lejos de demostrar que el vínculo era comercial, constituye un claro indicio de que en realidad lo que se estaba abonando no eran honorarios sino salario pues es el trabajador dependiente el que percibe mensualmente la misma remuneración con independencia de los trabajos o tareas que deba realizar durante el mes. En el numeral 40 a fs. 708 vta. la apelante hace hincapié en que la sentencia no consideró que el actor era dependiente de otra empresa. En efecto, surge del informe de fs. 496 remitido por DD S.A (CC), que el actor trabajaba para dicha empresa como dependiente. Sin embargo, la falta de exclusividad no es determinante para descartar la existencia una relación laboral con BB S.A, máxime cuando surge de autos que ambas empresas forman parte del mismo grupo empresarial y tienen los mismos titulares o los mismos dueños, conjuntamente con la empresa EE. Ello surge incluso de la propia documentación aportada por la empresa demandada, en particular el recorte de prensa de la revista “Panorama Audiovisual” (fs. 263 y 264), de la cual resulta, que el canal EE “propiedad del grupo uruguayo BB” adquirió importante equipamiento, ubicándose al actor como el director de ingeniería de EE (cargo igual o asimilable al de gerente técnico que ocupaba en BB S.A). A ello cabe agregar, que varios de los testigos indicaron, que estas empresas eran de los mismos dueños. El testigo FF que compareció en representación de BB S.A por ser vicepresidente del directorio según resulta de fs. 195, al declarar como testigo a fs. 592 afirmó, que también era directivo de EE. De igual forma el testigo Licenciado en Administración NN, en una versión bastante oscilante al final reconoció que trabajaba para BB S.A (primero como empleado y luego dijo que le facturaba) pero que también estaba en BPS por DD S.A. o sea CC (fs. 603 a 606). En la misma línea declaró el testigo OO, quien indicó que BB S.A, EE y CC tenían propietarios comunes (fs. 608). El propio GG indicó que el testigo NN (que como vimos le factura a BB según sus dichos) era a su vez director de CC (fs. 601). PP indicó que BB y CC (DD S.A) son de los mismos dueños (fs. 603). Por lo que claramente el hecho de que el actor no tuviera exclusividad con BB S.A no es un elemento que pueda descartar la laboralidad del vínculo, máxime cuando sus desempeños eran en todos los casos en beneficio de las empresas integrantes de un mismo grupo. Cuestiona la apelante que la sentencia impugnada no tomó en cuenta que el actor no tenía horario fijo ni un control de cumplimiento de sus horarios ni tareas (fs. 709). Sostiene que el actor no iba de lunes a viernes a BB S.A en un horario determinado y para ello refiere a la declaración de los directores de la empresa (FF y GG) con evidentes causales de sospecha porque claramente representan en juicio los intereses de la empresa y a la declaración de NN que es directivo de CC y también jefe de operaciones en BB S.A según se desprende de su propia declaración. Pero no toma en consideración la apelante, que lo declarado por estos testigos -afectados de evidentes causas de sospecha- es desmentido por otros medios de prueba. Así, de los mails de fs. 164 a 166 se advierte, que se le controla al actor sus ingresos o sus asistencias (a través del control de marcas) por parte de MM. Se le hace saber con fecha 7/3/2016, que con el fin de tener información sobre su actividad (lo que supone controlar la misma) se le consulta por las marcas o por los días en los que no figura la misma, Y se le dice “contame así lo especificamos”, lo mismo con los viajes fuera de la oficina que pudiera tener (fs. 164); lo que importa un control estricto no solo de su asistencia, sino de sus salidas de la oficina y, por ende, también de sus horarios. Y a fs. 166 sucede algo similar, es decir, la misma persona el 1/4/2016 le vuelve a consultar por lo que surge del registro de horarios y habla del “reporte de tus marcas”, por lo que es claro, que el actor tenía horario y se le controlaba el mismo. En el mismo sentido declararon los testigos sin ninguna causa de sospecha, el también Ingeniero en Telecomunicaciones LL, quien dijo que el actor iba a trabajar a la oficina de BB de lunes a viernes de 9 a 17, que tenía oficina dentro de la empresa, que había un sistema de contralor horario a través de huella que el actor marcaba (fs. 595). Del mismo modo, y en el mismo sentido declaró el testigo QQ, indicando que el actor iba de lunes a viernes a la oficina. Por lo que este argumento de la apelante tampoco encuentra el debido respaldo probatorio. II) A fs. 710 y ss. la demandada se agravia porque la Sede a-quo no habría considerado que la prueba de autos fue contundente en cuanto a que no existía subordinación técnica. Argumentación que tampoco es de recibo. En efecto, sostuvo la demandada que el actor tenía absoluta y total independencia técnica y que prestó sus servicios sin ninguna clase de subordinación técnica, recurriendo a para ello nuevamente a las declaraciones de los directores de BB S.A (GG, FF y KK que dijo que el actor facturaba. Sin embargo, como es sabido lo que es relevante para determinar si se trata de una relación laboral o de otra naturaleza, no es la existencia o no de relación laboral. Lo que si es trascendente es determinar si existió o no subordinación jurídica. A lo que realmente interesa apuntar es la subordinación jurídica e incluso, siguiendo a la Recomendación No. 198 de la OIT a la subordinación estructural del actor dentro del esquema organizacional interno de la demandada. Y precisamente surge de autos que el actor estaba inserto y formaba parte de la estructura interna de la empresa. Así, tenía una oficina y prestaba sus labores en las instalaciones de la demandada, asistía con regularidad de lunes a viernes a las oficinas a desempeñar su labor dentro de un rango horario. Tenía personal a cargo y a su vez personal jerárquico por encima de él al que respondía y de quienes recibía las directivas de trabajo. En tal sentido el testigo HH (fs. 585 a 589) declaró, que el actor reportaba a él, que era el Gerente Técnico de BB, e incluso reconoció que fue él el que lo echó (fs. 586). Dijo, además, que el actor recibía órdenes de los directores GG y FF y órdenes suyas. También señaló que el actor tenía personal a cargo (fs. 587) Refirió incluso, que el actor percibía licencia y salario vacacional y que sus retribuciones eran aumentadas acorde a los ajustes de los Consejos de Salarios; todo lo que, además se ve corroborado por las declaraciones de otros testigos e incluso por prueba documental (mails y facturas incorporadas a la causa). LL, Ingeniero en telecomunicaciones que trabajo para la demandada desde 2014 a 2021, declaró, que el actor era su jefe en BB y que se desempeñaba como Gerente Técnico de la empresa, reportando a su vez a HH y a GG (fs. 595), lo que claramente ubica al actor como un eslabón más dentro de la estructura organizativa de la demandada. Describió también el testigo que el actor tenía una oficina dentro de la empresa, es decir, que cumplía sus tareas dentro de las instalaciones de la empresa y tenía un lugar físico adjudicado dentro de la misma. Luego de ello indicó puntualmente, que el actor tenía personal a cargo y que reportaba directamente a la dirección (fs. 597). El mismo GG señaló, que el actor reportaba a HH como encargado de producción, por lo que claramente no trabajaba con absoluta independencia, sino que su actuación en última instancia era controlada por un superior al que reportaba sus movimientos o acciones. Obviamente que como profesional especializado era el en encargado de asesorar y llevar adelante todo lo relativo a la parte técnica o tecnológica, pero su actuación no estaba descolgada, sino que se inscribía y desarrollaba en el marco dispuesto por la empresa. Por algo reportaba a HH. PP (ex compañero desde 2001 a 2013) señaló, que el actor cumplía horarios, seleccionaba equipos, tomaba personal, era el Gerente Técnico, todos los técnicos dependían de él. Refirió también que el actor tenía una oficina, que dependía de GG y HH, que pedía autorización para salir de licencia, que cobraba licencia y salario vacacional (fs. 601 a 603). También el testigo OO (ex compañero en BB) dio cuenta de que el actor tenía dependencia jerárquica de GG y HH (fs. 606 a 609). QQ también ubicó al actor formando parte de la empresa demandada y no como un profesional independiente, dado que afirmó que era el Gerente Técnico y que tenía a su cargo dicha área, teniendo a su cargo a todo el personal técnico, pero a su vez reportando también a GG y HH. Fue conteste, además, en punto a que el actor tenía su oficina dentro de la empresa, es decir, que desarrollaba sus tareas dentro de las instalaciones de la demandada, trabajando de lunes a viernes (fs. 639 a 642). El propio testigo de la parte demandada KK, se refirió al ingeniero AA como el director técnico, indicando que tenía personal a cargo dentro de BB S.A (fs. 643), que recibía directivas de trabajo de la parte de dirección y de producción; que reportaba a GG y HH y que e incluso era el actor el que le fijaba tareas a realizar, agregando que el actor tenía una oficina en la empresa y que ambos compartían horarios, de 9 a 17 horas (fs. 642 a 648); todo lo que claramente permite sostener que el actor era efectivamente un trabajador dependiente y que formaba parte de la estructura organizativa interna de la demandada; por lo que es evidente de que la argumentación de la apelante se ve totalmente desmentida por la prueba diligenciada en autos antes referida. A todo ello cabe agregar, como factor determinante que el actor percibía rubros típicamente laborales, tales como licencia, salario vacacional y aguinaldo; todo lo que fue correctamente relevado por la recurrida a fs. 692 a 694, sin que fuera objeto de crítica por parte de la apelante. También de las boletas que obran a fs. 17, fs. 36, 62 y 122 resulta que el actor percibía salario vacacional, y que cuando salía de licencia, igualmente percibía su remuneración como es propio de todo trabajador dependiente. A su vez y tal como surge de las facturas de fs. 8 y 16 (correspondientes al año 2017); fs. 24 y 33 (correspondientes al 2018), fs. 60 (año 2019), fs. 70 y 77 (correspondiente al año 2020), fs. 91 (año 2021), fs. 100 y 108 (correspondiente al año 2022) y fs. 116 (año 2023) el actor en cada mes de junio y diciembre de cada año, percibió un importe denominado “primer semestre” y “segundo semestre” que como bien advirtió la a-quo se corresponde al pago del aguinaldo. Es más, del mail de fs. 144 (de fecha 2/2/2018) se extrae con toda claridad que la empresa le abonaba salario vacacional y que refieren “al aumento” o ajuste de su salario que le correspondía percibir a partir de enero/2018. Lo mismo resulta del mail de fs. 145 que también alude al pago del salario vacacional, al pago del aguinaldo y que a se va de licencia. Es más, en el correo de fs. 148 se le recuerda que a partir de enero de 2017 hay un nuevo “ajuste” y que a partir de ese año los ajustes serían semestrales, coincidiendo con los ajustes establecidos por Consejo de Salarios. Habla también con la encargada contable o de liquidación de sueldos de la empresa del tema de su licencia. Y en el año 2016 sucede lo mismo (ver mail de 149) donde se le recuerda al actor que debe reajustar sus honorarios un 6,72% que fue el aumento que dio la empresa por ahora y hasta que terminen las negociaciones en el MTSS (aludiendo claramente a las rondas de Consejos de Salarios) que es cuando saldrá el retroactivo al 1/7/2016. A su vez, en el intercambio de mails de fs. 129 y 130 se aprecia, como GG le pide explicaciones al actor sobre el desempeño de un funcionario que estaba a su cargo, y ello en función de un error cometido; por lo que tal como indicó en su demanda, debía rendir cuenta de su actuación y del desempeño del personal a su cargo. Del mail de fs. 140 se advierte que el actor participaba también del proceso de selección de personal, todo lo que también lo ubica mucho más que como un simple asesor, como un verdadero gerente Técnico o a cargo de toda el área técnica de la empresa, supervisando no sólo el desempeño de su personal a cargo sino incidiendo directamente en la selección de personal, en una actuación que no se corresponde con la de un profesional independiente que solo facturaba por su rol de asesor. A fs. 168 (mail de fecha 28/9/2018) remitido al actor de parte de MM con copia para rrhh@BB.com, se habla incluso de que le pasan las licencias de 2017 que tienen pendientes “personas de tu equipo” y que deben utilizar en el 2018; lo que también pone en evidencia que era un claro trabajador dependiente que formaba parte del organigrama de la empresa teniendo personal a cargo (entre ellos hay varios testigos de los que declararon en autos, lo que reafirma la veracidad de sus testimonios) a su vez reportando a los directores y a HH. Y en el mail de fs. 169 se aprecia sin duda alguna, el control que se hacía de su asistencia a la empresa, pues MM nuevamente le pide que le informe por su registro de asistencia de los días 20 y 21; todo lo que echa por tierra el agravio de la demandada en punto a la inexistencia de subordinación jurídica y controles por parte de la empresa. Por ello mismo, el Tribunal entiende que no le asiste razón a la apelante cuando a fs. 711 vto. pretende que la sentencia basó su decisión en elementos secundarios y que no determinan la naturaleza del vínculo, cuando la sentencia en una actuación por demás correcta relevó todos y cada uno de los indicios que en el caso demuestran claramente la existencia de una relación típicamente de naturaleza laboral entre las partes, todo lo cual conduce a la desestimatoria de este agravio. III) A fs. 712 y ss. se agravia la parte demandada porque sostiene que la recurrida realizó una incorrecta valoración de la prueba y arribó a conclusiones jurídicas erróneas sobre la notoria mala conducta y condena a BB al pago de la indemnización por despido, sosteniendo que quedó probada la participación del Ingeniero AA en una maniobra millonaria que generó perjuicios graves para BB. El Tribunal nuevamente entiende que los argumentos que sustentan este agravio de la parte demandada no conmueven los fundamentos de la recurrida de fs. 696 y siguientes, que se comparten totalmente. En primer lugar, el Tribunal advierte que la alegación de la eximente de notoria mala conducta por parte de la empresa accionada resulta bastante confusa y carente del sustento necesario pues de la contestación de la demanda se advierte que, por ejemplo, en el numeral 14 (fs. 270 vto. in fine) se hace referencia de la “existencia de irregularidades” que nunca se termina de describir en forma en qué habrían consistido, e incluso se habla de “Maniobras eventualmente fraudulentas” pero sin tampoco describir que hechos concretos permiten afirmar la existencia de fraude en el asesoramiento de compra de nuevos equipamientos por parte del actor. Y en el mismo numeral se menciona la pérdida de confianza” que ello supuso en el actor y que ello configuraría la notoria mala conducta (fs. 271). Luego a fs. 280 refiere a que el asesoramiento que prestaba el actor tenía “ciertas deficiencias” y no protegía los intereses de BB y que en un proceso de revisión de asuntos internos llevado adelante en el año 2023 (que nunca denunció quien efectuó y llevó adelante dicho proceso, ni se acompañó prueba al respecto) se detectó que el actor procedió en forma incorrecta porque terminó aconsejando inversiones (en equipamiento) innecesarias y técnicamente no correctas (pero sin explicar, por qué innecesarias y por qué fueron incorrectas), Para luego en la misma fojas 280 in fine reconocer, que en realidad la renovación de equipos era necesaria al punto que admite que había abierto un proceso de licitación (del que tampoco se acompañó ninguna prueba) para la compra de un móvil de transmisión y 10 cámaras, admitiendo entonces que era necesario “renovar” al menos parte del equipamiento. Y dice que el actor de un día para otro y sin motivo alguno, determinó cambiar de proveedor (Gran Valley, antes trabajaban con equipos Sony) y terminó adquiriendo muchísimos equipos como si fuera el actor en su carácter de asesor técnico (según versión de la demandada) el que podía decidir por sí las millonarias compras que según la demandada hizo. Compras, que por más que los directivos y testigos de la demandada dicen que costaron U$S 8.000.000 tampoco se aportó prueba alguna ni de su realización ni del monto de las mismas. Es más, de fs. 200 a 244 la demandada pretendió incorporar un documento en idioma inglés, que si bien finalmente fue dispuesta su incorporación por la a-quo, ni siquiera puede ser considerado porque no está debidamente traducido y legalizado; por lo que nada prueba. A ello cabe agregar, que no se agregaron facturas u otros comprobantes para acreditar el valor de dichas compras, además de no haberse probado los supuestos perjuicios invocados. Y ello sin perjuicio de considerar como bien lo relevó la impugnada, que en ese proceso de adquisición de nuevos equipamientos intervinieron otras áreas y fue en última instancia decidido y aprobado por el directorio de la empresa. Y debe considerarse también, que en un proceso que involucraba estos volúmenes de inversión necesariamente debió intervenir el departamento financiero y contable de la empresa, por lo que pretender la responsabilidad exclusiva del actor en esta supuesta malograda inversión y a partir de ahí invocar su notoria mala conducta, evidentemente carece de todo asidero. La recurrente sostiene que hubo errónea valoración de la prueba por parte de la sentencia al no considerar acreditada la eximente invocada. Afirma, en primer lugar, que es incorrecto que en el proceso de compras hayan participado diferentes áreas de la empresa ya que quien eligió el proveedor del nuevo equipamiento e interactuó con el mismo fue el actor, que fue quien solicitó los precios. Pero olvida la demandada que el actor en su rol de ingeniero jamás pudo decidir la compra, ni muchos menos aprobar el gasto, por lo que parece claro que no tuvo la última palabra, por más que hubiera asesorado sobre la conveniencia de adquisición de los nuevos equipos a un nuevo proveedor. Además de que esto último no implica ninguna irregularidad y no constituye un hecho que pueda llegar a calificarse como un fraude por el mero hecho del cambio de proveedor, por lo que la supuesta irregularidad alegada no surge probada. Y como ya se adelantó, tampoco la demandada acreditó que estuviera en proceso de licitación y que el actor por su propia decisión y sin consulta alguna se hubiera apartado de dicho proceso licitatorio y decidiera por sí contactar directamente a una nueva empresa a la cual se la terminó adquiriendo el nuevo equipamiento. Tal como lo relevó la recurrida, de la declaración de varios testigos resulta que efectivamente en ese proceso intervinieron otras áreas aparte del área técnica de la empresa que lideraba el actor, que hubo intervención del área contable financiera y que participaron además del área técnica, el área de operaciones y producción (HH fs. 588) y ello sin perjuicio de considerar, que tal testigo (que fue asistente de dirección y de producción) declaró que la adquisición del nuevo equipamiento fue ventajosa para la empresa (fs. 588). También el testigo LL se refirió a la renovación de los móviles y equipamientos y afirmó que fue decidida obviamente por el directorio de la empresa, que se hicieron evaluaciones técnicas y que fue una compra beneficiosa (fs. 596). El propio testigo de BB S.A, KK, al contrario de lo indicado por la demandada, afirmó que era necesario realizar el cambio tecnológico y que no podía determinar si la compra era imprescindible o no, agregando, a diferencia de lo postulado por la empresa, que el nuevo equipamiento funcionaba, reconociendo, además, que en dicha compra se contemplaron pedidos de distintas áreas de la empresa (fs. 642 a 645). Es más, el testigo reconoció el informe de fs. 199 a partir del cual la empresa pretendió acreditar el mal asesoramiento del actor que determinó ese negocio tan inconveniente, pero es de ver, que dicho informe es de fecha 19/8/2024 o se posterior, es decir, casi un año después de que el accionante fuera despedido y que además según se consigna en el mismo, fue realizado a pedido de la empresa y por un empleado de ésta, por lo que, se trata de un simple informe de parte (no informe pericial) realizado por un empleado de la demandada, donde se alude a órdenes de compra que no fueron incorporadas a la causa y mencionándose determinados costos sin la correlativa incorporación de prueba o algún comprobante que demuestre el monto de la inversión. Tampoco hay detalle del equipamiento que finalmente se terminó adquiriendo y sólo se habla de que parte del mismo estaría inoperativo, pero todo no pasa de ser una mera afirmación de un empleado de la empresa. Luego en su apelación la demandada insiste en atribuir el 100% de la responsabilidad en la compra de dichos equipamientos al actor como si en una empresa de telecomunicaciones o productora audiovisual del porte de BB, con negocios en toda América (tal como surge de las declaraciones de los testigos) y en una adquisición de esta envergadura, participara sólo el actor y la misma pudiera ser decidida exclusivamente por el ingeniero o gerente técnico. Y ello sin perjuicio de considerar, que, salvo las declaraciones muy sospechosas de sus directivos y actuales empleados, no hay prueba ninguna de que la compra haya sido desventajosa, ya que no se incorporó comprobante alguno del volumen o monto de la adquisición, tampoco se aportó detalle de los equipamientos adquiridos, ni constancia o informe técnico independiente o prueba pericial de que los mismos no funcionaran, tuvieran problemas de compatibilidad de tecnología que generara problemas operativos (como refirió GG a fs. 600) o estuvieran en desuso. Es más, de ser cierto que algunos equipamientos aún estaban en las cajas bien se pudo pedir prueba para acreditarlo como por ejemplo una inspección ocular del lugar donde estaban ubicados los mismos lo que tampoco ocurrió. En definitiva, el Tribunal entiende que no puede pretender la empresa demandada recurrente atribuir la culpa de un “presunto” mal negocio al actor para fundar su notoria mala conducta, cuando nada de lo alegado probó y cuando, además, en última instancia, todo tiene que haber sido aprobado también por el área financiera y contable de la empresa y por el propio directorio de la misma al tratarse de una persona jurídica. Y menos aún surge de autos prueba de un presunto fraude o irregularidad o alguna inconducta de ese tipo del actor que nunca se terminó de describir exactamente en qué habría consistido puesto que ningún testigo da cuenta de que el actor hubiera incurrido en alguna conducta dolosa. Y por el contrario el testigo HH afirmó que el actor fue despedido “por reducción de personal” (fs. 586). Y el propio director de la empresa GG admitió que el actor fue cesado por “recorte de personal” (fs. 599). Y si bien es de admitir que también refirió a “temas de asesoramiento” no puso mayor énfasis en ello. Sólo habló de que no fueron “acordes” para la empresa, de lo que no resulta en modo alguno cuál habría sido la gravedad de tal conducta o actuación por parte del actor. Por último, como es sabido la sola pérdida de confianza que mencionara la empleadora demandada, que puede ser legítima, no determina per se la configuración de notoria mala conducta. Y la denuncia penal presentada con fecha 5/02/2025 (fs. 534 a 540) cinco años después de la compra del equipamiento y dos años después de la presunta detección de la mala inversión realizada, no es prueba de que los hechos efectivamente hayan sucedido de esa manera y solo pone en evidencia el intento de la empresa de dar más credibilidad a la eximente invocada. IV) Se impondrán las costas a cargo de la parte demandada (art. 337 de la Ley Nº 16226), no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts. 56.1, 261 del C.G.P. y 688 del C.Civil). Por lo expuesto, los fundamentos expresados, las normas legales citadas y lo establecido por los artículos 197, 198 y 344 del C.G.P. y art. 17 de la ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847 EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA. COSTAS A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIÓN Y CONTRIBUCIÓN. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. MARIA GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRO DRA. ANA KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRO ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA