Sentencia Definitiva N° 246/2025

Sentencia No. 246/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Pablo Benítez Ministros firmantes: Rosario Sapelli, Patricia Hernández y Pablo Benítez .- Montevideo, 24 de setiembre de 2025.- VISTO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “FISCO C/ AA – PRESUNTA INFRACCIÓN ADUANERA DE CONTRABANDO”, IUE: 583 – 87/2024, venidos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. AA contra la Sentencia Definitiva de primera instancia Nº 2/2025, del 10 de marzo de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Maldonado de 11er. Turno, Dra. Sylvana Karina García Noroya. RESULTANDO: 1) Por el pronunciamiento de primer grado se dispuso: “Haciendo lugar a la demanda acusatoria y en su mérito condenando a AA como responsable de la infracción aduanera de contrabando y en su mérito imponiendo el comiso del bien incautado, el pago de los tributos correspondientes, el pago del doble de los recargos de la importación, el pago de una multa del 10% del valor comercial y las costas y costos del proceso, efectuándose las adjudicaciones que por derecho corresponda. ...” (fs. 97/98). 2) El Sr. AA interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación (fs. 102/104). Básicamente sostuvo el recurrente: - Que no ingresó mercadería a territorio aduanero en forma clandestina o violenta o sin la documentación correspondiente, y menos aún, con destino a traducirse en una pérdida fiscal ni en violación de los requisitos esenciales para la importación, ni la violación de cualquier otra norma ni especie a su respecto. - El Estado tiene la responsabilidad de informar a los turistas sobre las regulaciones y procedimientos necesarios para circular con un vehículo matriculado en otro país. - No es suficiente que la justicia se ampare en la norma que establece que la ignorancia de la ley no es excusa. Dicha regla “...no puede extenderse indiscriminadamente a los extranjeros que ingresan al país sin haber recibido la debida información” (fs. 102 vto.). No puede responsabilizarse a quienes ingresan al país con un vehículo sin haber sido debidamente informados. Siendo así, no puede afirmarse la existencia de dolo por su parte. - Sostiene el recurrente que resulta “...fundamental que Uruguay, y las autoridades judiciales consideren el contexto en el que se encuentran los turistas” (fs. 103). - No es legítimo que se le responsabilice por un incumplimiento derivado de la falta de información oficial, cargándose con toda la responsabilidad y, menos aún, imponiéndose una sanción desmedida que incluye el comiso del bien incautado, el pago de los tributos correspondientes, el doble de los recargos de importación, una multa del 10% del valor comercial, además de las costas y costos del proceso. En definitiva, solicita se revoque la sentencia definitiva de primera instancia y se disponga la devolución del vehículo incautado a su propietario. 3) Por Decreto N° 78/2025, del 21 de marzo de 2025, se dispuso conferir traslado del recurso a la contraria por el término legal (fs. 105). 4) La representante del Ministerio Público evacuó el traslado conferido en los términos que surgen de la pieza escrita agregada en fs. 108/111 vto, solicitando el mantenimiento de la decisión recurrida en todos sus términos. 5) Por Decreto Nº 105/2025, del 9 de abril de 2025, se dispuso el franqueo del recurso de apelación promovido, con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda, con las formalidades de estilo (fs. 112). 6) Los autos fueron recibidos en este Tribunal el 30 de abril de 2025 (cfme. fs. 120) y por Decreto N° 188/2025 se dispuso: “Pasen a estudio de los Sres. Ministros por su orden” (fs. 122). Cumplido el mismo, los integrantes de este Tribunal resolvieron el dictado de la presente por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso). CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley N° 15.750), se pronunciará por confirmar la sentencia recurrida, por los fundamentos que se expresan a continuación. II) El 25 de junio de 2024 se presentó en autos la Administradora de Aduana de Punta del Este a fin de formular denuncia contra el Sr. AA. En síntesis, expresó la promotora que a consecuencia de una denuncia recibida en dicha Administración referida a la existencia de vehículo extranjero conducido por un particular residente en el país, el 21 de junio de 2024 funcionarios aduaneros ubicaron el vehículo marca Ford, modelo Focus Titanium, matrícula BB. El denunciado, de nacionalidad argentina, con residencia uruguaya en trámite, expresó ante la autoridad administrativa que se encuentra residiendo en Uruguay, junto a su familia, por razones de índole laboral y que el vehículo en cuestión es propiedad de su padre. Agrega la denunciante que conforme lo dispuesto por el art. 209 del CAROU y previa comunicación con el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Maldonado 11er. Turno, se procedió a efectuar la incautación del vehículo, labrando el acta e inventario correspondientes, designándose depositario a la Dirección Nacional de Aduanas - Incautaciones Punta del Este. Fue incorporada a la causa Acta Indagatoria Voluntaria del 21 de junio de 2024, de donde surge que el Sr. BB manifestó residir en Uruguay desde diciembre de 2023 por motivos laborales dado que se desempeña como “director de obra” en el “CC”. Expresó el indagado que vive en nuestro país junto a su familia y que el vehículo en cuestión es propiedad de su padre y se encuentra en Uruguay desde “fin de setiembre de 2023” (fs. 4). Recibida la denuncia referida, por Decreto N° 167/2024, se intimó al denunciado la constitución de domicilio procesal. El 1° de agosto de 2024 se presentó en autos el Sr. AA a fin de constituir domicilio y realizar descargos (fs. 36/38). En tal oportunidad, acompañó prueba documental por la cual acredita que en el mes de julio de 2024 se presentó ante la autoridad correspondiente del Ministerio del Interior a fin de solicitar “...autorización de Residencia Permanente Mercosur en la República” (fs. 23/24). Además, surge de la información brindada por la Dirección Nacional de Migración que el Sr. AA ingresó a Uruguay por la ciudad de Fray Bentos en varias oportunidades a bordo el automóvil matrícula BB, concretamente los días 2 de setiembre de 2023, 26 de noviembre de 2023, 29 de enero de 2024 y 4 de febrero de 2024 (cfme. fs. 29). El 18 de setiembre de 2024, se llevó a cabo “Audiencia Indagatoria” (art. 242 CAROU), oportunidad se recibió la declaración de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas Sra. DD y Sr. EE, así como del Sr. AA, quien expresó: “...Yo estoy empezando a asentarme acá, voy y vengo de Buenos Aires porque continuo con trabajo en Buenos Aires, y estoy en carácter de radicarme, más específicamente comienzo a ser residente legal ahora en julio pero voy y vengo porque tengo trabajo en Buenos Aires...” (pista de audio N° 6, minuto 00:12 en adelante). Consulado con quien vive en Uruguay, respondió: “Con mi esposa que también va y viene pero esta ahora acá porque mis hijos también esta acá, estamos tratando de acomodarnos acá.” (pista de audio N° 6, minuto 01:20 en adelante). Refiriendo a sus hijos sostuvo que “...van al colegio ...” en nuestro país (pista de audio N° 6, minuto 01:30 en adelante). Por Decreto N° 225/2024 se dispuso: “De conformidad por lo dispuesto por el art. 244 literal D del CAROU concédase a la Fiscalía actuante el plazo de diez (10) días hábiles perentorios e improrrogables, a los efectos de solicitar inicio de sumario o sobreseimiento” (fs. 54 vto.). En fs. 55/65 vto. compareció la representante de la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de 4° Turno a fin de solicitar “... el inicio del sumario respecto de los hechos reseñado contra AA por la presunta comisión de una infracción aduanera de contrabando de acuerdo a lo preceptuado por los arts. 209, 210 t 213 del CAROU”. Por auto N° 239/2024, del 29 de agosto de 2024, se dispuso: “... Del inicio del sumario, vista a la parte denunciada. ...” (fs. 57). El Sr. AA no evacuó la vista conferida y por Interlocutoria N° 311/2024, del 15 de octubre de 2024, se resolvió: “Dispónese la iniciación del sumario respecto del señor AA, por la presunta comisión de la infracción aduanera de contrabando...” (fs. 66). Los autos fueron puestos de manifiesto (fs. 70), sin que las partes ofrecieran el diligenciamiento de medios probatorios. Por Decreto N° 358/2024, del 18 de noviembre de 2024, se dispuso: “De conformidad con lo dispuesto por el art. 249 del CAROU, traslado al representante Fiscal, por el plazo de 30 días corridos e improrrogables...” (fs. 77). En fs. 78/79 compareció la representante del Ministerio Público quien, en definitiva, solicitó, “...se dicte sentencia declarando configurada la infracción aduanera de contrabando por parte de AA (art. 209 y 210 del CAROU), y en su mérito se imponga al infractor las sanciones previstas por el referido cuerpo normativo”. De la demanda acusatoria se confirió traslado a la contraparte, quien lo evacuó en los términos que surgen de la pieza escrita incorporada en fs. 82/83 vto., abogando por la restitución del vehículo incautado y el archivo de las presentes actuaciones, debiendo considerarse que “...no existiendo delito configurado”. Finalmente, por Sentencia definitiva de primera instancia N° 2/2025, del 10 de marzo de 2025, se amparó la demanda acusatoria “...condenando a AA como responsable de la infracción aduanera de contrabando y en su mérito imponiendo el comiso del bien incautado, el pago de los tributos correspondientes, el pago del doble de los recargos de la importación, el pago de una multa del 10% del valor comercial y las costas y costos del proceso, efectuándose las adjudicaciones que por derecho corresponda. ...” (fs. 97/98). III) A la luz de lo expuesto, resulta un hecho incontrovertido que el recurrente circulaba en territorio nacional a bordo de un vehículo con matrícula de la República Argentina, sin contar con documentación que acreditara autorización válida para la circulación en Uruguay, que habilitara la permanencia del automóvil en el país conforme al régimen legal vigente. En sede de agravios, el Sr. AA sostiene que ingresó al país en calidad de turista lo que justificaría su circulación en nuestro país con vehículo empadronado en el extranjero (fs. 103 vto.). De conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 19.253, corresponde considerar turista a la persona que desarrolla “... el conjunto de actividades lícitas de esparcimiento, ocio, recreación, negocios u otros motivos, desarrolladas por personas o grupos de personas fuera del lugar de su residencia habitual, con las notas de temporalidad y voluntariedad...”. Por su parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 477/984: “El término turista designa a toda persona sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que ingrese en el territorio de un Estado distinto de aquel en que tiene residencia habitual y permanezca en él 24 (veinticuatro) horas cuando menos, y no más de 6 (seis) meses, en cualquier período de 12 (doce) meses, con fines de turismo, recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones religiosas o negocios, sin propósitos de inmigración. - Queda excluida aquella persona que ingresa al país con el fin de desarrollar una actividad comercial o industrial como titular o dependiente”. El propio Sr. AA, reconoció que su ingreso al país tuvo como finalidad desempeñarse laboralmente como “director de obra” en el proyecto de construcción denominado “CC” (cfme. fs. 4), que se estableció en nuestro país junto a su familia (cfme. fs. 4, 36), que sus hijos concurren a centros educativos en Uruguay y encontrarse tramitando “...su residencia legal en Uruguay...” (fs. 36 vto.), todo lo cual lo sitúa fuera del alcance del concepto de turista establecido por la normativa citada. Por el artículo 1° Decreto N° 92/2018, se establece: “Dispónese la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Resolución Nº 35/02 del Grupo del Mercado Común, que aprueba las ‘Normas para la Circulación de Vehículos de Turistas, Particulares y de Alquiler en los Estados Partes del Mercosur’ que figura como Anexo I y forma parte del presente Decreto”. A su vez, por el artículo 4 del Anexo a la Resolución Nº 35/02 del Grupo del Mercado Común se establece que “1. Para circular en un Estado Parte diferente al de registro o matrícula del vehículo, el conductor deberá contar con la siguiente documentación. (...) c) Documento que lo califica como turista emitido por la autoridad migratoria. ...”. El documento que viene de referirse no fue acreditado en autos, lo que sumado a las demás resultancias de autos antes referidas, permiten concluir como lo hiciera la sentenciante del grado precedente al expresar en la atacada: “En la especie, el demandado no contaba con la documentación aludida en la norma citada, por lo que se está ante un residente Uruguayo circulando por la ciudad de Maldonado en infracción aduanera conduciendo un vehículo con matrícula argentina” (fs. 96). Como expresara la Sala en Sentencia N° 154/2025, en términos trasladables al presente caso: “...el uso de un vehículo extranjero en el país, aun con fines personales o familiares, genera pérdida de renta fiscal cuando no se formaliza la correspondiente importación, ya que la normativa aduanera impone condiciones estrictas para tales situaciones” (publicada en BJN). IV) De lo que viene de expresarse, resulta que al caso le es aplicable la regla del art. 209 del CAROU, por la cual se dispone: “Configura la infracción aduanera de contrabando toda acción que tenga por objeto la entrada o salida de mercadería del territorio aduanero, en forma clandestina o violenta, o sin la documentación correspondiente, que esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación definitivas de determinadas mercaderías que establezcan leyes y reglamentos especiales aún no aduaneros”. Por su parte, el art. 210 el mismo cuerpo normativo establece presunciones aplicables a la infracción de contrabando, siendo el supuesto de autos subsumible dentro de la situación prevista en su literal A, debiendo tenerse presente que no surge del subexámine prueba en contrario que la desvirtúe. Respecto a la falta de intención a que alude el apelante (“...nunca existió dolo ni voluntad de cometer un delito...”, fs. 103 vto.), el punto es irrelevante ya que la infracción aduanera de contrabando se imputa tanto a título de dolo como de culpa (cfme, recientes sentencias de la Sala Nos. 122/2020, 187/2020, 160/2022 en BJN). La nueva legislación sustituye el factor de atribución objetivo de la Ley N° 13.318, más riguroso, por el criterio subjetivo de la culpa o el dolo, en lo que respecta a la infracción por la que se sigue al infractor (art. 213 del CAROU). Siendo así, el cuestionamiento expresado en este orden no es de recibo. Finalmente, sostiene el recurrente que la regla conforme a la cual “...la ignorancia de la ley no es excusa...” (art. 2 del Código Civil) se trata de una norma que “...no puede extenderse indiscriminadamente a los extranjeros...” (fs. 102 vto.). El agravio no es de recibo, atento al claro tenor del art. 3 del Código Civil: “Las leyes obligan indistintamente a todos los que habitan en el territorio de la República”. Comentando dicha norma se ha expresado: “La ley obliga por igual a ciudadanos y extranjeros al deber de su cumplimiento dentro del territorio nacional. La referencia a los que habitan el territorio contempla asimismo a las personas de paso o que estén ocasionalmente en el mismo, independientemente de que carezcan de residencia.” (en “Código Civil Comentado”, Dr. Miguel Tomé y colaboradores, 5ª Ed, actualizada, 2023, AMF, pág. 24). V) Que de conformidad con el art. 257 del Código Aduanero, con los arts. 56, 261 del Código General del Proceso y art. 688 del Código Civil; la correcta conducta procesal de las partes no amerita la imposición de sanciones procesales. Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con lo establecido en los arts. 209, 210 y 213 del CAROU, arts. 2 y 3 del Código Civil y arts. 56, 198, 200, 248 y concordantes del Código General del Proceso; el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 2/2025, DEL 10 DE MARZO DE 2025. SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL EN EL GRADO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada