Sentencia Interlocutoria N° 508/2025

N.º 508 Montevideo, 25 de setiembre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia estos autos caratulados: “ AA – Un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa ”. IUE: 572 - 127 /202 5 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora pública del penado AA, Dra. Argentina Rodríguez, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 3417/2025, dictada en la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2025, por el Sr. Juez Letrado de Ejecución y Vigilancia de 5º turno, Dr. Gerardo Flogliaco, con intervención de la Sra. Fiscal Penal de Montevideo de Flagrancia de 12º turno, Dra. Lucía Silva. RESULTANDO: I) a- Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº 144/2019, dictada en la audiencia celebrada el 18 de mayo de 2019, por la Sede de Primera Instancia en lo Penal de 34º turno, en el marco de un proceso abreviado, se dispuso la condena, entre otras personas, de AA como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de 4 meses de prisión, en régimen de libertad vigilada, bajo supervisión de OSLA, con las obligaciones establecidas en los literales B y D del artículo 9 de la ley 19.446 y la presentación una vez por semana en la Seccional Policial de su domicilio, en descuento de la detención cumplida y de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor (art. 105 lit. E Del CP). b- Las partes consintieron lo resuelto por lo que la sentencia definitiva de primera instancia pasó en autoridad de cosa juzgada formal y material. c- Se practicó liquidación de pena consignándose que la sanción de prisión vence el día 15/09/2019, la media pena vence el día 17/07/2019 y los dos tercios de la pena lo hacen el 06/08/2019. d- Se remitieron las actuaciones a la Sede de Ejecución y Vigilancia de 5º turno. II)a- El día 23 de agosto de 2021, Fiscalía compareció ante la Sede Judicial solicitando la revocación se disponga la revocación de la libertad vigilada otorgada a AA, disponiéndose la privación de libertad por el saldo restante de la pena. Fundó su planteo en que tal como surge del informe de OSLA como el remitido por la autoridad administrativa, el penado no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia definitiva de primera instancia. b- Por Dispositivo Nº 1081/2021 del 24 de agosto de 2021, se confirió traslado a la Defensa por el plazo legal. c- El día 30 de agosto de 2021, el letrado patrocinante evacuó el traslado conferido, manifestando su oposición a la revocación peticionada. Refirió a que cabía la posibilidad que existiera un error en la información proporcionada por las autoridades policiales o que exista una causa de fuerza mayor que haya impedido el cumplimiento, por lo que una vez detenido el penado deberá ser conducido a una audiencia. d- Luego de la frustración de varias audiencias por la incomparecencia del penado, se recibió la información que estaba cumpliendo pena recluido en la Unidad Nº 4 por la causa 2-12774/2024, la que se tramita en la Sede de Ejecución y Vigilancia de 4º turno. e- Por Providencia Nº 3393/2025 del 6 de agosto de 2025, se convocó a audiencia para el día 8 de agosto de 2025. III)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 3417/2025 dictada en la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2025, se dispuso: “...Teniendo presente lo que emerge de autos, lo informado a fojas 51 a 53 por OSLA y fojas 67 por la Seccional 19º, teniendo presente que desde su condena 18 de marzo de 2019 hasta su reclusión de febrero de 2024 el penado pudo haber cumplido holgadamente con las medidas de la libertad vigilada o haber dado inicio a las mismas; teniendo presente también la comisión del nuevo delito estando totalmente pendiente de cumplimiento las medidas del régimen y como señalan el TAP de 1er turno en Sentencia Nº 137/2023 y el TAP 2do turno en Sentencia Nº 778/2022, los vencimientos de penas no son inmutables en el caso de regímenes de libertad vigilada o a prueba, variando según las circunstancias concretas y por tanto también el período de vigilancia. Teniendo presente lo que acaba de señalarse, es de destacar que el penado cometió nuevo delito sin haber cumplido con el régimen de libertad vigilada el cual se considera latente y por ende su nueva condena resulta ser una violación grave según las previsiones del art 12 de la ley 19446. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: revocase el régimen de libertad vigilada dispuesto por Sentencia Nº 144/2019 del Juzgado Penal de 34º Turno, respecto de AA disponiéndose su cumplimiento en régimen de reclusión debiendo reliquidarse la pena. Comuníquese a la Unidad Nº 4 y al Juzgado que entienda a la causa (Ejecución 8º turno IUE: 2-12774/2024) que una vez que cumpla la pena deberá permanecer recluido en la presente...” b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación contra lo resuelto. c- Por Decreto Nº3418/2025, se tuvo por anunciado el recurso de apelación, consignándose que se estaría a su efectiva interposición. IV)a- La Defensa compareció ante la Sede Judicial exponiendo por escrito los agravios que constituyen el fundamento de la vía impugnativa movilizada respecto a la Sentencia Interlocutoria Nº 3417/2025. Sostuvo que el pedido de libertad vigilada venció en setiembre de 2019 y el penado incurrió en un nuevo delito en febrero de 2024, IUE 2-12774/2024 por el que fue formalizado y condenado por un delito de violencia doméstica, causa en la cual ya cumplió su condena. AA no cumplió con la libertad vigilada, se encontraba en situación de calle, con serios problemas de adicción a las drogas. Tiempo después formó una familia, consiguió un empleo, hasta que incurrió en el delito de violencia doméstica. Durante el período de prisión trabajó en carpintería, concurrió y culminó primer año de liceo y asistió a curso de narcóticos anónimos, superando su adicción a las drogas. Restableció el vínculo con su familia y con su ex empleador, quien aseguró contratarlo una vez excarcelado. De esta forma, pasaría a vivir en el domicilio de la madre, volviendo a trabajar y siendo el principal sostén económico de sus tres hijos, el mayor de los cuales tiene seis años. Si bien se reconoció que el penado no cumplió con sus obligaciones, se discrepa con la interpretación extensiva que el sentenciante otorgó al artículo 10 de la ley 19831, en cuanto a la existencia de un delito posterior. Citó jurisprudencia. Sostuvo que el artículo 12 de la ley 19446 establece la posibilidad de intensificar las condiciones impuestas, por lo que concluyó que se debe revocar la hostilizada y hacer lugar a la intensificación del régimen de libertad vigilada. b- Por Decreto Nº 3604/2025 del 18 de agosto de 2025, se confirió el traslado de Fiscalía por el plazo legal. c- La representante del Ministerio Público evacuó el traslado conferido abogando fundadamente por el mantenimiento de la recurrida en todos sus términos. Analizó los agravios y los descartó, destacando que el penado no dio en ningún momento cumplimiento a las obligaciones asumidas en la sentencia de primera instancia. El a-quo valorando las circunstancias del caso, entendió que estamos ante una violación grave según lo prevé el art. 12 de la ley 19446. El penado no cumplió con ninguna de las dos obligaciones que se le impusieron en el período de vigilancia, por lo que la decisión adoptada es acorde a derecho. d- Por Decreto Nº 4089/2025 del 12 de setiembre de 2025, se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. V) La Sala asumió competencia y se dispuso el estudio por parte de los integrantes, acordándose sentencia en legal forma. CONSIDERANDO: I) La Sala con la mayoría legal requerida, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 3417/2025 dictada en la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2025, por la que se le revocó al penado AA, el régimen de libertad vigilada, disponiéndose en su lugar que debía cumplir el saldo de pena en prisión efectiva. Las razones de sucumbencia articuladas por la Defensa, no son de recibo pues no tienen la virtualidad jurídica necesaria para hacer naufragar lo decidido. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal, las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de defensa. III) Importa destacar como cuestión previa que la libertad vigilada a la que refieren estas actuaciones, es la regulada en la ley 19.446 promulgada el 28 de octubre de 2016. En efecto, dicha norma consagró en el Capítulo II (Penas alternativas a la privación de libertad) la libertad vigilada, la que podría concederse cuando la pena es de prisión o hasta tres años de penitenciaría. A su vez, la libertad vigilada intensiva cuando la pena es de más de tres años de penitenciaría y menos de cinco. Dicho régimen, fue reemplazado en la ley 19.831 la que fuera promulgada el 18 de setiembre de 2019, donde se instauró exclusivamente la libertad vigilada, para ilícitos castigados con pena de prisión o hasta tres años de penitenciaría. Ello sin perjuicio, de un elenco de delitos enumerados taxativamente, respecto a los que se consignó que ya fueran consumados o tentados y cualquiera fuera el grado de participación del penado, estaban excluidos de dicho régimen. Posteriormente, la ley 19.889, vigente desde el 24 de julio de 2020, volvió a sustituir el régimen por el de libertad a prueba. Esto para delitos culposos. También para delitos dolosos y ultraintencionales cuando la pena impuesta no supere los veinticuatro meses de prisión. También sin perjuicio de una nómina de ilícitos enumerados taxativamente, respecto a los que se consagró que ya fueran consumados o tentados y cualquiera fuera el grado de participación del penado, estaban excluidos del beneficio. IV) Corresponde consignar que la libertad vigilada, en la especie la regida por la ley 19446, es una modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad. Consiste en someter al condenado a un programa de actividades para la reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de la intervención individualizada y la aplicación de condiciones especiales. Esto bajo la orientación y vigilancia permanente de la OSLA. V) Se condenó a AA como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de 4 meses de prisión en régimen de libertad vigilada. Sin embargo, el penado no cumplió con las obligaciones impuestas, esto es la sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la OSLA así como la presentación una vez por semana en la Seccional Policial de su domicilio. En otras palabras, no cumplió con las obligaciones que tenía a su cargo. Lo hizo en forma contumaz, sin solución de continuidad. Las referencias realizadas a que se encontraba en situación de calle con serios problemas de adicción a la drogas no lo exime de honrar el compromiso asumido. Tampoco que luego formara una familia, consiguiera un empleo hasta que incurrió en un nuevo delito. Lo mismo puede decirse respecto a su conducta carcelaria, especialmente en lo relativo a haber trabajado en carpintería, culminado primer año de liceo y concurrido a curso de narcóticos anónimos, superando su adicción. Era su cargo cumplir con las obligaciones y no lo hizo. Por si fuera poco, AA cometió un nuevo delito fuera de lo que era en principio el plazo de vigilancia, por el que resultó condenado. En dicho contexto, la pretensión de la Defensa que se intensifique la medida originalmente impuesta en lugar de la revocación dispuesta en primera instancia, no es de recibo. Deviene necesario el cumplimiento del saldo de pena en prisión efectiva ya que el beneficio que se le otorgó no fue honrado. Ello pues vulneró las condiciones impuestas. Sin embargo, emerge en forma prístina que el penado asumió un compromiso y no lo cumplió. Tenía obligaciones asumidas ante la autoridad judicial, las que desoyó. En consecuencia, demostró falta de acatamiento a las reglas, por lo que la sustitución dispuesta es de recibo por responder a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍRMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 3417 /202 5 DICTADA EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 8 DE A GOSTO DE 202 5, POR LA QUE SE LE REVOCÓ AL PENADO AA , EL RÉGIMEN DE LIBERTAD VIGILADA, DISPONIÉNDOSE EN SU LUGAR QUE DEBÍA CUMPLIR EL SALDO DE PENA EN PRISIÓN EFECTIVA. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dr. Gustavo Nicastro Seoane – Ministro Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }