Sentencia Interlocutoria N° 509/2025

N.º 509 Montevideo, 25 de setiembre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “AA. Un delito de rapiña agravada. BB. Un delito de rapiña agravada en concurso formal con un delito de porte de arma en lugares públicos y porte de arma por reincidente” IUE: 583-108/2025 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por los Sres. Defensores particulares del imputado, AA, Dr. Gonzalo FF y Dr. Leandro Arévalo, contra las Sentencias Interlocutorias Nº 2623/2025 y Nº 2628/2025 dictadas en ambos casos en la audiencia de control de acusación celebrada el 17 de setiembre de 2025, por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 11º Turno, Dra. Sylvana García, con intervención de la Sra. Fiscal Departamental de Maldonado de 5º turno, Dra. Ana Barrios. RESULTANDO: I) a- Fiscalía compareció ante la Sede Judicial el día 25 de junio de 2025, presentando demanda acusatoria en la que reclamó la condena de AA como co-autor penalmente responsable de un delito de rapiña agravada a la pena de 10 años de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo las accesorias legales de rigor. También reclamó la condena de BB como autor penalmente responsable de un delito de rapiña agravada en concurso formal con un delito de porte de arma en lugares públicos y porte de arma por reincidente, a la pena de 12 años de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida y de su cargo las accesorias legales de rigor. En lo que hace a la relación de hechos y la participación de los imputados en los mismos expresó: “.... El día 07 de octubre de 2024 próximo a la hora 20:30 las víctimas CC y DD y EE se encontraban trabajando en el Supermercado “XX” sito en calle Leandro Gómez casi Manolo Lima, Barrio Lausana de la ciudad de Maldonado. 2. A la hora mencionada los imputados AA y BB arriban al supermercado en una moto Marca Baccio PX 125 de color oscuro, vistiendo AA un buzo gris oscuro con blanco y pantalón negro con franjas blancas y BB pantalón de jean y campera negra ambos con cascos integrales (casco gris y casco negro respectivamente) y guantes.- 3. Ambos ingresan al supermercado. BB lo hace efectuando un disparo, mientras que AA se dirige a una de las cajas y le exige a la víctima CC el dinero en ese momento su compañera DD logra ver a BB vistiendo pantalón de jean y campera negra junto a la caja registradora portando un arma de fuego tipo revolver. 4. Una vez logran sustraer las gavetas de las cajas registradoras con el dinero en su interior (120 dólares y 23850 pesos uruguayos) se dan a la fuga en dirección al cementerio. 5. Las víctimas radicaron denuncia mediante llamado al 911 aportando a los efectivos policiales los registros fílmicos del local que cuenta con cámaras de seguridad. 6. Se recabaron registros fílmicos tanto del supermercado como del CCU por cámaras particulares logrando reconstruir el recorrido de BB y AA así como el lugar al que se dirigieron luego del hecho, gracias a una cámara particular ubicada por calle Pablo Terra donde se los ve ingresar a una finca sita en calle Granja Ferreiro entre Pablo Terra y José de Herrera, la misma perteneciente a una persona allegada a AA, la Sra FF, actualmente cumpliendo pena por delito de encubrimiento relacionado a estos hechos. 7. Se solicitó allanamiento para dicha finca siendo autorizado por la Sede y en donde se logró incautar la moto, las vestimentas, el calzado, cascos y guantes empleados por BB y AA, así como la moto utilizada y las gavetas de las cajas registradoras las cuales se encontraban en una especie de galpón de la finca luego de haber sido escondidas por la penada FF y las co indagadas GG y HH, amigas y vecinas de FF. 8. A raíz del allanamiento se incautaron los efectos utilizados en la rapiña y se procedió a la detención de los mismos y a la incautación de sus teléfonos celulares. Una vez periciados con autorización judicial, se relevaron chats de los cuales surgió que FF mencionaba a las demás estar en conocimiento del hecho. Compartió noticias de prensa y les manifestó que uno de los autores sería “AA”, solicitando además que guardaran la moto y otros efectos. 9. En el teléfono de FF se encontró una captura de conversación entre ésta y AA donde la misma le solicita la suma de 2000 pesos “por concepto de daños y perjuicios de dinero” por prestarle la casa a lo que éste le contesta que se quede con las monedas que dejaron en el fondo porque ellos no se llevaron las monedas .- 10. Es importante destacar que del análisis de los registros fílmicos se pudo determinar que AA y BB tomaron un Uber desde la casa de FF manifestando el conductor del mismo, el testigo KK que levantó a AA quien lo llamó desde el numero de celular 0000, que era AA un cliente habitual al que levantó junto a otro masculino que a la postre resultaría ser BB dejando a AA en Baldenegro y Ventura Alegre y a BB en un bar sito en calle Yerbal. 11. Se relevaron las cámaras del Bar donde se aprecia a BB bajar del Uber e ingresar al mismo vistiendo un buzo tipo camuflado con una inscripción en el frente, una gorra de visera negra y championes blancos. 12. Posteriormente BB se retira del bar en un taxi. Una vez identificado referido taxi matrícula BTX1521, se releva el recorrido del gps del mismo manifestando su conductor el testigo Silvera haberlo dejado (a BB ) en calle Oribe y Lavalleja de Barrio Maldonado Nuevo habiendo ingresado por un pasillo por calle Oribe por lo cual se solicitó allanamiento para la finca de su novia la co-indagada LL que se ubica en el lugar determinado por el taxista incautándose las prendas con las que BB ingresó al Bar así como también su cédula de identidad...” Ofreció la prueba que se proponía producir en el juicio oral. b- Por Decreto Nº 1869/2025 del 29 de junio de 2025, se confirió traslado por el término legal. c- La Defensa de AA evacuó el traslado conferido manifestando que si bien se negaba y controvertían categóricamente los hechos narrados en la demanda acusatoria, también se controvertía la calificación jurídica que desde el relato fáctico plantea el Ministerio Público. Los mismos no encuadrarían en el tipo penal por el que se lo acusa. Postuló que no participó en los hechos relatados y ofreció la prueba que se proponía producir en el juicio oral. d- La Defensa de BB no evacuó el traslado conferido. e- Por Dispositivo Nº 2346/2025 del 18 de agosto de 2025, se convocó a la audiencia de control de acusación para el día 29 de agosto de 2025. Sin embargo, la misma debió ser postergada fijándose como nueva fecha el día 17 de setiembre de 2025. II)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 2623/2025 dictada en la instancia referenciada se resolvió: “...Se hace lugar, como prueba testimonial ofrecida por la Fiscalía, la de recibir la declaración en calidad de testigos a los funcionarios policiales: -Oficial MM, quién depondrá sobre la investigación llevada a cabo y su participación en la misma y detenciones de los acusados. -Agente NN, quién depondrá acerca de su participación en la investigación de la rapiña de autos y las actuaciones que realizó al llegar a la escena del hecho. -Oficial II, quién depondrá sobre su participación en la investigación y su participación en el allanamiento efectuado en la finca de FF, incautación de los efectos del delito, y la identificación de AA como uno de los partícipes del hecho. Con su declaración se incorpora el relevamiento de los teléfonos celulares de GG, FF y HH. Incorporará, con su declaración, como prueba material: La Ropa utilizada por los acusados al momento del hecho: Cascos, Arma de Fuego tipo Revolver y Ropa que usaba BB en el momento de llegar al bar...” b- La Defensa interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio contra la decisión adoptada. Fundó sus agravios expresando que el medio de prueba es inadmisible e ilegal. Causa una vulneración al derecho de Defensa, por lo tanto atenta contra el debido proceso, teniendo en cuenta que es un medio probatorio sobre una actividad investigativa que por lo que manifiesta Fiscalía parecería se hubiera realizado con anterioridad a la presentación de la demanda acusatoria. No surge de la carpeta investigativa fiscal y es exhibido posteriormente antes de entrar a la audiencia de control de acusación que fue postergada. Citó jurisprudencia. En definitiva, reclamó se revoque la decisión y se tenga por no admitido el medio de prueba. c- Conferido traslado al Ministerio Público lo evacuó indicando que no se comparten los argumentos de la Defensa, por lo que abogó por que se mantenga la recurrida en todos sus términos. No se están incorporando nuevos elementos a la investigación ni hechos nuevos, ni pruebas nuevas. Estos hechos se manifestaron en la audiencia de formalización, está en los audios tanto de la audiencia de AA Bauza como de BB, donde consta que se hizo mención a estas fotografías. Sabemos que se le exhibieron las fotos a FF, es de estilo y se actúa de buena fe, se exhibió la información que a veces por la premura la Policía manda por wsp y si es algo que no tuvo tiempo de cargar al evento. Siempre se exhibe, además, se hizo referencia a ello en la formalizaciones y no fue objetado. Asimismo, se hizo mención en la acusación. Bien podría la Defensa haber planteado una cuestión previa, que a los efectos de su teoría del caso no contaba con la prueba que respaldara ese punto Nº 9 de los hechos de la demanda acusatoria y no lo hizo. Bien por una estrategia de la Defensa o porque no tuvo interés o interpretó que para su teoría del caso no ameritaba referirse a ese punto. Se cumplió con lo preceptuado por el artículo 268.4 del CPP. Se le otorgó en mano a la Defensa hace más de dos semanas, la audiencia que se prorrogó era el 29 de agosto y ahora estamos a 17 de setiembre. Se le otorgó la prueba antes de esa audiencia de control de acusación, la que no se realizó por lo que no cuenta como tal. El control de acusación es hoy y previo a éste la Defensa tuvo en sus propias manos las evidencias que faltaban en la carpeta investigativa, no porque no se hicieron, sino porque (como se dijo) a veces la Policía por premura adelanta las fotos por wsp y a veces se olvidan de cargarlas al SGSP. Esa misma foto a la que se hizo referencia, fue aludida en las formalizaciones y constan en los audios. Entonces se entiende que la Defensa tuvo acceso a la prueba, Fiscalía ya que había referido a esos hechos y a esa prueba en las otras audiencias, está registrado en audio. Por otra parte, la referencia que hizo a la sentencia alegando la declaración de un testigo que sabía la Defensa que estaba grabado, esa sentencia puntualmente en realidad no dice que la Defensa no haya tenido acceso, pero como no estaba incorporado no lo tuvo. La providencia refiere a que la Defensa sabía que había una declaración pero no tuvo acceso a ella ni al contenido. No es el mismo caso que este, que si se sabía el contenido. Reclamó se mantenga la decisión. d- La Defensa aclaró que no se planteó como cuestión previa porque como es una prueba documental, en la audiencia se iban a discutir las objeciones o no a los testigos y puntualmente esto cuando se trate de la prueba documental. e- La Juez recordó que los recursos no hay debate. f- Por Decreto Nº 2025/2025 se mantuvo la recurrida con expresión de fundamentos y se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con la formalidades de estilo. III)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 2628/2025 dictada en la misma audiencia se resolvió: “...También se hace lugar como prueba documental ofrecida por la Fiscalía a: - Relevamiento de teléfonos celulares de las Sras. GG, Valentina HH y FF, los que serán introducidos con la declaración de los funcionarios Of. II y JJ...” b- La Defensa interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio. Fundó sus agravios afirmando que el objeto de lo que se está controvirtiendo es que dicha prueba documental no se encontraba dentro del legajo investigativo como lo mandata el artículo 264 del CPP. Al no encontrarse dentro del legajo investigativo, no puede pretenderse después su utilización como prueba en juicio cuando no se encontraba al momento de la presentación de la acusación, ni tampoco de la contestación. Por lo demás, se remitió a los argumentos esgrimidos en la anterior impugnación. En definitiva, solicitó que se tenga por no admitido el medio de prueba, por ser inadmisible e ilegal. c- La representante del Ministerio Público evacuó el traslado conferido manifestando que la prueba no es ilegal, en tanto el levantamiento fotográfico se obtuvo con una solicitud de orden judicial de apertura y registro de los teléfonos celulares. Por lo tanto, la prueba en si misma no es ilegal. No se comparten los agravios de la Defensa pues se cumplió con lo previsto en el art. 268.4, esto es que al momento de la audiencia de control de acusación, la Defensa ya hacía mas de 15 días que contaba con la prueba que figuraba en la carpeta investigativa y su contenido, más allá que no constara agregada al evento, lo que no implica que la Defensa no conociera el contenido. Desconocer el contenido implica decir que no estuvieron presentes en la audiencia de formalización, lo que no fue así. Implica decir que no estuvieron presentes cuando Fiscalía solicitó medidas cautelares y se hizo hincapié en los elementos materiales que existían en la carpeta investigativa. Por ello, se cumplió con lo dispuesto en el art. 268.4 del CPP, por lo que el medio de prueba debe ser admitido. No es un hecho nuevo que se está planteando, no es una prueba que sobre algo que la Defensa no haya tenido conocimiento, siempre tuvo conocimiento del mismo y cuando contestó la acusación sabía del contenido. En el punto Nº 9 de la demanda acusatoria está claramente enunciado. Concluyó que se debe mantener la recurrida. d- Por Decreto Nº 2630/2025 se mantuvo la recurrida con expresión de fundamentos y se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con la formalidades de estilo. IV) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO: I) La Sala con la mayoría legal requerida, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 2623/2025 dictada en al audiencia de control de acusación celebrada el 17 de setiembre de 2025, en lo que fue objeto de impugnación, esto es la declaración del oficial II y con la misma, la incorporación del relevamiento de los teléfonos celulares, de la ropa utilizada al momento de los hechos, los cascos, el arma de fuego y la ropa que usaba BB al momento de llegar al bar. El bloque argumental que constituye los agravios de la Defensa respecto a la decisión adoptada, carece de la eficacia y eficiencia necesaria para hacer naufragar lo resuelto en cuanto a su naturaleza. A su vez, se confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 2628/2025 dictada en la misma audiencia por la que se admitió como prueba documental el relevamiento de los teléfonos celulares, los que serán introducidos con la declaración de los funcionarios II y JJ. Los argumentos esgrimidos por los letrados patrocinantes no tienen la virtualidad jurídica necesaria para hacer naufragar lo decidido en primera instancia. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que el tramite ha sido correcto, contando las partes con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, se observa que más allá que la a-quo dejó constancia que no correspondía, después de la expresión de agravios, por parte de la Defensa respecto a la primera de las sentencias interlocutorias impugnadas, se admitió la ampliación de los primeros, lo que sin excepción de especie alguna no resulta admisible ya que en los supuestos en el que procede el recurso de apelación los agravios quedan circunscritos a los expuestos primariamente, lo mismo con la contestación, sin posibilidades de réplica y duplica. No existe traslado de los traslados y esto es lo que ocurrió en la audiencia. Distinto es lo que ocurre en el debate previo a que se adopta una resolución y también por expresa previsión legal en lo que refiere a los alegatos finales en el juicio oral (art. 271.6 del CPP). III) Asistimos a dos decisiones recurridas que fueron dictadas en el marco de la audiencia de control de acusación o audiencia intermedia. El eje temático en la primera de ellas es la prueba testimonial, en tanto que en la segunda la prueba documental. El hilo que liga a los temas es el cuestionamiento que realiza la Defensa a las decisiones adoptadas. IV) El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española define, en su undécima acepción como prueba, a la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley. Como se desprende de esta definición, la prueba en materia penal son todos aquellos elementos que se presentan en el proceso para demostrar un hecho sujeto a controversia. La finalidad de la prueba es llevar al conocimiento del Juez, más allá de toda duda razonable los hechos y circunstancias material del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe. En tal sentido debe tenerse en cuenta que “la actividad probatoria, está regulada por normas jurídicas procesales las que indican cómo corresponde que actúen los sujetos del proceso, cual es el rol que deben desempeñar, según la posición que ocupan y, por ende, cómo habrán de ejercer sus potestades y deberes, en esa labor reconstructiva. En la que tiene importancia o que está influida por las normas jurídicas sustanciales, porque precisamente, esa actividad probatoria está dirigida a verificar si, en la realidad, se han dado los presupuestos de hecho supuestos en las normas respectivas. Con la actividad probatoria, se procura verificar la equivalencia entre el hecho singular, el hecho concreto, que se ha dado en la realidad, con el hecho previsto en la norma jurídica, para extraer esa concordancia, la conclusión de que, quien afirma su acontecimiento, tiene razón. De ahí, se haya podido sostener que prueba, es todo lo que puede convencer al Juez sobre la existencia de ese hecho, previsto en la norma, por principio, de carácter general...” (Conforme Jorge Marabotto en el Curso sobre el Código General del Proceso- Tomo I- pág. 129 y ss.). Importa destacar que se ha encontrado la etimología del vocablo prueba en la expresión latina “probe”, con el significado de bien, asociado a lo honrado, siendo el honrado el que prueba lo que pretende. En un sentido gramatical probar es justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de algo con razones, instrumentos o testigos. En un sentido mas técnico podría decirse que la prueba es el conjunto de actividades destinadas a proporcionar la certeza necesaria para la adopción de una decisión justa, sea en sede de proceso jurisdiccional o de procedimiento administrativo. En palabras de Couture, la prueba es la verificación de las proposiciones de las partes. Calamandrei expresaba que la prueba en el proceso es normalmente histórica, a diferencia de la prueba lógica y dialéctica que brinda el científico para demostrar un teorema. V)a- Sentencia Interlocutoria Nº 2623/2025, por la que se admitió que el Oficial II, con su declaración incorporara el relevamiento de los teléfonos celulares de GG, FF y HH y como prueba material la ropa utilizada por los acusados al momento del suceso, cascos, armas de fuego y la ropa usada por BB cuando llegó al bar. b- Sentencia Interlocutoria Nº 2628/2025, por la que se admitió la prueba documental consistente en el relevamiento de teléfonos celulares referidos anteriormente, los que serán introducidos con la declaración de los funcionarios II y JJ. c- Importa destacar que la titular de la acción penal al presentar la demanda acusatoria en el capítulo hechos, punto Nº 9, consignó: “...9. En el teléfono de FF se encontró una captura de conversación entre ésta y AA donde la misma le solicita que la suma de 2000 pesos por concepto de daños y perjuicios de dinero por prestarle la casa a lo que éste le contesta que se quede con las monedas que dejaron en el fondo porque ellos no se llevaron las monedas...” A su vez, en el capítulo relativo al ofertorio probatorio, específicamente en la prueba testimonial, propuso la declaración del Oficial II indicando los puntos sobre los cuales depondría y lo que se pretendía incorporar con su declaración. Por otra parte, en la prueba documental propuso el relevamiento de los teléfonos celulares referidos los que serían introducidos con la declaración de los funcionarios II y JJ. d- Tras el debate argumental llevado a cabo en la audiencia intermedia, la a-quo decidió admitir ambos medios probatorios. e- Frente a ello, la Defensa movilizó las vías impugnativas destacando en lo que hace a las primera de las impugnadas que se vulnera el derecho de Defensa, atenta contra el debido proceso, teniendo en cuenta que es un medio de prueba sobre una actividad investigativa que por lo que se manifestó se habría realizado antes de la presentación de la acusación. Sin embargo, no surge del legajo fiscal, siendo exhibida antes de entrar a la audiencia de control de acusación que fue postergada. Respecto a la segunda de las providencias hostilizadas indicó que la prueba documental no se encontraba dentro del legajo investigativo, por lo que no se puede después utilizar en juicio. No estaba al momento de la presentación de la acusación, ni tampoco de la contestación. f- La titular de la acción penal por su parte indicó respecto a la Sentencia Interlocutoria Nº 2623/2025 que no se están incorporando nuevos elementos ni nuevos medios de prueba. Los hechos ya se manifestaron en las audiencias de formalización, está en los audios, donde consta que se hizo mención a las fotografías. Se le otorgó a la Defensa en mano hace más de dos semanas, en forma previa a la audiencia que se postergó. Por lo tanto, la Defensa contó con las evidencias que faltaban en la carpeta investigativa, no porque no se tuvieran sino porque a veces la policía por la premura adelante las fotos por wsp y luego se olvidan de cargarlo al sistema. Esa misma foto, fue aludida en las formalizaciones, lo que consta en el audire. Respecto a la Sentencia Interlocutoria Nº 2628/2025, señaló que se cumplió con lo previsto en el artículo 268.4 del CPP esto es que al momento de la audiencia de control de acusación, la Defensa ya hacía más de 15 días que contaba con la evidencia. Siempre tuvo conocimiento, no es un hecho nuevo que se esté planteando. g- Ubicados en dicho terreno, debe tenerse en cuenta que podrá declarar como testigo “toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados. Nadie podrá negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley”. Puede declarar toda persona, no hay tachas ni testigos inhábiles “sin perjuicio de la facultad del Tribunal de apreciar el valor de su testimonio” (art. 149). A su vez las excepciones al deber de testimoniar están consignadas en el art. 150. Se trata de una facultad “podrán abstenerse de testificar en contra del imputado...”. Por otra parte el art. 151 alude a la abstención de rendir testimonio “deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial”. Sin embargo en el punto Nº 1 de este artículo se prevé que estas personas “no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya confiado”. A ello cabe agregar que la parte podrá contra examinar a los testigos e incluso proponer nuevos interrogatorios. Al respecto deberán tenerse en cuenta el objeto de la prueba previsto en el art. 141 del CPP. En efecto, es objeto de la prueba en materia penal: a) La comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la ley como configurativos del delito imputado. b) La averiguación de la participación del imputado en los hechos. c) La concurrencia de causas de justificación. d) Las alteratorias que puedan existir. e) Los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena. A su vez, conforme lo previsto en el art. 144 del CPP “podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso, por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentre expresamente prohibido por la Constitución de la República o la Ley”. Por otra parte, corresponde consignar que la prueba documental se encuentra regulada en la Sección V del Capítulo I del Título VI del CPP, art. 173 a 176. Se puede incorporar todo documento que pueda servir como medio de prueba. El que lo tiene en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo excepciones debido a la prohibición legal o necesidad de previa autorización judicial. El reconocimiento cuando es necesario puede ser realizado por su autor o por quien resulte identificado según la voz, imagen, huella, señal u otro medio así como aquel que efectuó el registro. También puede ser llamado a reconocerlo una persona distinta en calidad de testigo. Cuando el documento consiste en una grabación, se debe disponer su transcripción en un acta con intervención de las partes (art. 175.2). h- Conforme al art. 127 del CPP la acusación se debe ajustar formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia en lo pertinente, debe presentarse por escrito y contener entre otros aspectos: “...e) El ofrecimiento de la prueba para el juicio, la que de ser admitida de acuerdo con el art. 268 de este Código, será incorporada en la oportunidad procesal pertinente de acuerdo con el art. 270 de este Código...” Importa destacar que el art. 260 del CPP, faculta al imputado, a su Defensor y a la víctima a solicitar al Fiscal las diligencias que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, durante la investigación preliminar. También se prevé que en caso de negativa del Fiscal, el imputado y su Defensa (no la víctima) pueden recurrir al órgano jurisdiccional para que la ordene. En cambio, no está consagrada la preclusión en cuanto a la posibilidad de solicitar el diligenciamiento de prueba para el juicio oral. Al respecto debemos tener en cuenta por un lado el art. 128 Inc. 2 del CPP “recibida la acusación el Juez emplazará al acusado y su Defensor, notificándole la acusación en su contra, para que en el plazo de 30 días ofrezca la prueba que pretende producir en juicio oral”. Por otra parte, existía una nueva oportunidad de ofrecer prueba para las partes en la audiencia de control de acusación. Esto derivaba del art. 268.2 “resueltos los planteos en audiencia, cada parte ofrecerá su prueba y formulará las observaciones que considere pertinentes respecto de la prueba de la parte contraria...” Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 19.889 el 24 de julio de 2020, ya no se puede ofrecer prueba en la audiencia de control de acusación, pues de acuerdo a la nueva redacción del art. 268.2, dada por el art. 37 de la misma “...cada parte enunciará la prueba ofrecida oportunamente...”. Ello sin perjuicio, de la “prueba nueva” art. 271.1 bis y la “prueba sobre prueba” art. 271.1 ter del CPP. En dicho ámbito conceptual, debe tenerse presente que la exigencia legal de ofrecer los medios probatorios que se pretenden producir en el juicio oral se cumple en lo que hace a la prueba testimonial, con la individualización de la persona, el aporte de los datos identificatorios y la indicación del objeto sobre el que depondrán y si van a incorporar elementos materiales con la especificación de los mismos. Esto rige tanto para los testigos propuestos por Fiscalía como por la Defensa. A su vez, en lo que hace a la prueba documental se debe consignar en que consiste la misma y quien la incorporará con su declaración. No puede perderse de vista que la prueba es en el juicio ante el Juez y no en ninguna fase previa. Tal solución no menoscaba en lo más mínimo las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de Defensa pues esta tiene pleno conocimiento del objeto sobre el cuál habrá de declarar el testigo y lo que se incorporará con sus manifestaciones. Lo mismo acontece, sin diferencia de especie alguna, cuando es la Defensa quien propone la prueba testimonial o documental al testigo al amparo de lo previsto en el art. 128 del CPP. Lo editado por el artículo 268.4 del CPP, en su actual redacción no tiene el alcance pretendido por los letrados patrocinantes del imputado. Es suficiente con la propuesta del medio probatorio en el estadio procesal correspondiente si se cumple con aportar los datos identificatorios y el objeto respecto al cual ha de deponer el testigo y los elementos materiales a incorporar. Si no se cumple con tales extremos, la solución no es el rechazo del medio probatorio, pues el Juez tiene la carga de adoptar “las medidas pertinentes para garantizar el control por las partes”. A mayor abundamiento, es posible acudir a conceder un plazo durante el desarrollo de la audiencia intermedia para permitir a la contraparte el acceso o el debido control de un medio probatorio. En el caso, como se ha postulado la titular de la acción penal al presentar la demanda acusatoria consignó el nombre del testigo, el cargo, los datos identificatorios y el objeto sobre el cual iba a declarar y lo que se iba a incorporar con su manifestación. Lo mismo en cuanto a la prueba documental, se estableció en que consistía y como sería incorporada. Para no soslayarlo, la Defensa tenía conocimiento de tales medios probatorios desde la vinculación de los imputados al proceso dándose inicio al sumario, pues se hizo referencia en la propia audiencia de formalización. A ello cabe agregar, la referencia realizada por Fiscalía, no controvertida por la Defensa, que con anterioridad a la audiencia de control de acusación se había fijado para el día 29 de agosto de 2025 y que fue prorrogada, por lo tanto no se llevó a cabo, se le proporcionó la evidencia en cuestión. Por lo tanto, no asistimos a ninguna vulneración de las garantías del debido proceso, nada que impidiera a la Defensa desplegar su estrategia en función de su teoría del caso, esto es su punto de vista respecto a las actuaciones. Entonces corresponde analizar en la especie, si los medios probatorios en cuestión ingresan en alguna de las categorías previstas en el Art. 268.2. En otras palabras, si son inadmisibles, impertinentes, sobreabundantes, dilatorios o ilegales, categorías que sí permiten al Juez el rechazo del medio probatorio cuando se ajustan a las mismas. En efecto, la Fiscalía tuvo la llave que abrió la primer puerta pues ofreció la prueba que pretendía producir para el juicio oral en la instancia hábil para tal fin. También tiene la segunda llave para superar las razones que permiten al Juez su rechazo. En consecuencia, la fase de admisibilidad esta claramente superada y todo ha de centrarse en la valoración que de tales medios se lleve a cabo en el juicio oral. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍRMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 2623/2025 DICTADA EN AL AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN CELEBRADA EL 17 DE SETIEMBRE DE 2025, EN LO QUE FUE OBJETO DE IMPUGNACIÓN, ESTO ES LA DECLARACIÓN DEL OFICIAL II Y CON LA MISMA, LA INCORPORACIÓN DEL RELEVAMIENTO DE LOS TELÉFONOS CELULARES, DE LA ROPA UTILIZADA AL MOMENTO DE LOS HECHOS, LOS CASCOS, EL ARMA DE FUEGO Y LA ROPA QUE USABA BB AL MOMENTO DE LLEGAR AL BAR. CONFÍRMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 2628/2025 DICTADA EN LA MISMA AUDIENCIA POR LA QUE SE ADMITIÓ COMO PRUEBA DOCUMENTAL EL RELEVAMIENTO DE LOS TELÉFONOS CELULARES, LOS QUE SERÁN INTRODUCIDOS CON LA DECLARACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS II Y JJ. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dr. Gustavo Nicastro Seoane – Ministro Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado