Sentencia Interlocutoria N° 546/2025

Sentencia Nro. 546/2025 - IUE: 302-7/2024 Montevideo, 26 de septiembre de 2025 VISTOS EN EL ACUERDO: I) La pieza“AA - DOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS, EN CONCURSO FORMAL CON DOS DELITOS DE LESIONES GRAVES, Y ÉSTOS EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON DOS DELITOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CALIDAD DE CO-AUTOR. DEFENSA APELA AUTO PROCESAMIENTO” (TESTIMONIO IUE: 302-9/2021) IUE: 302-7/2024;venida del Juzgado Letrado de Paysandú de 2o Turno, en virtud del recurso interpuesto por la Defensa de AA, Dr. Emilio Mikolic,contra la Res. 52/2024 dictada el 06.06.2024 por el Dr. Carlos Noble, con intervención de la Sr. Fiscal Letrado Nacional, especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Dr. Ricardo Perciballe. II) La apelación oportunamente interpuesta por la Defensa fue resuelta por la Sala por Resolución No 467/2025, la que confirma el procesamiento de AA, salvo en cuanto se revoca el delito de Abuso de autoridad contra los detenidos y la prisión preventiva del mismo, disponiéndose en su lugar su prisión domiciliaria. III) En tiempo y forma la Fiscalía interpone recurso de reposición contra la resolución referida, agraviándose en lo medular por la prisión domiciliaria dispuesta por la Sala. En prieta síntesis considera que en el CPP 1980 la prisión preventiva es la regla y en este caso además, resulta preceptiva porque se trata de delitos graves que conllevan pena de penitenciaría. Señala las diferencias entre el régimen procesal del CPP 1980 y el actual y cita jurisprudencia en materia de prisión preventiva y penas adscriptas frente a crímenes de Lesa Humanidad. Para la Sala los agravios no son de recibo, por lo que mantendrá la recurrida. IV) En primer lugar se puntualiza que la Sala no desconoce la Jurisprudencia de las Sedes Unipersonales y Colegiadas, y menos aún la de este Tribunal, el que en esta misma causa y con anterior integración, mantuvo para el coimputado Ramón Larrosael procesamiento sin prisión, con la medida sustitutiva de arresto domiciliario total (Sent No 51/2022, Dres. Torres (r), Reyes y Eustachio) Respecto de los agravios deducidos, este Colegiado señala que: 1- El tipo básico de los delitos requeridos en la solicitud de procesamiento y los que fueron imputados en las sentencias de primera y segunda instancia (en esta última: Privación de libertad y Lesiones graves) tienen una pena mínima de prisión, por ende, la preventiva requerida por Fiscalía en principio no resulta preceptiva. Si bien la Sala no desconoce que en caso de condena es presumible que recaerá pena de penitenciaría, se considera que ello no afecta la prisión domiciliaria dispuesta en la recurrida, en mérito a los fundamentos que se expondrán más adelante (Considerando V). A su vez se señala que ambos ilícitos se encuentran tipificados en el Código Penal y no resultan contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ni recogidos en la ley 18.026. 2- Más allá de las diferentes posiciones que puedan sustentarse (incluso entre los integrantes de este Tribunal en anterior y actual integración) respecto a si los delitos cometidos por funcionarios del Estado contra los detenidos y/o privados de libertad durante la dictadura, constituyen crímenes de Lesa Humanidad, en este caso concreto Farias opuso la excepción de Inconstitucionalidad de la ley 18.831 ( fs. 30 a 52 de esta pieza) y la Suprema Corte de Justicia por Sentencia No 487 de fecha 26/10/2021declaró inconstitucionales y, por ende, inaplicables al excepcionante, los artículos 2 y 3 de la ley No 18.831 (fs. 53 a 57), con lo cual disipó toda discusión al respecto, pues, independientemente de la posición que se sustente, los delitos por los que fue condenado AA no pueden ser considerados crímenes de Lesa Humanidad. A su vez, corresponde tener presente que en el régimen del CPP de 1980 la prisión preventiva tiene naturaleza cautelar (Cfme Sent No 180/2001 del TAP 1; Sent No 71/90 del TAP 2, Sent No 42/1987 y 22/1988 del TAP 3), ya que persigue la finalidad de impedir que el procesado se sustraiga a la persecución de la justicia y/o entorpezca la investigación, sin perjuicio de lo cual, también “...atenderá a un interés social, fundado en aspectos inherentes a la seguridad pública –ap. C) del art. 72 del CPP-; o con el fin de contemplar la alarma social que el hecho o la peligrosidad del delincuente provocan -art. 3 de la ley 15859-“ (Cfme Dardo Preza “El Proceso Penal Uruguayo y el Procesamiento sin prisión” pag. 78) En el caso la Fiscalía invocó el peligro de fuga, el cual la Sala -por los motivos expuestos en la recurrida, a los que se remite- considera que no se encuentra suficientemente acreditado. Debe tenerse presente que respecto del procesado rige el principio de inocencia, el cual “...además de encontrarse comprendido en una inteligente hermenéutica de la conjugación de los preceptos constitucionales (arts. 7, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 27 y 72 de la Constitución de la República y arts. 125, 236 nal. 2 y 245 del C.P.P.), tal axioma se encuentra incorporado expresamente a nuestro Derecho a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos (de 10 de diciembre de 1948, art. 11.1.) y del Pacto de San José de Costa Rica (art. 8 nral. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969, ratificada por el art. 15 de la Ley 15.737, de 8 de marzo de 1985).” -Sent de la Sala No 323/2019-, por lo tanto, sin perjuicio que AA fue sujeto a un proceso penal, su estado de inocencia se mantiene hasta que recaiga sentencia de condena firme. V) Respecto a lo expresado por el Sr. Fiscal en su recursiva, corresponde aclarar que este Tribunal no fundó la prisión domiciliaria del imputado en los problemas de salud invocados por su Defensa, pues éstos no fueron debidamente acreditados. En efecto, la Resolución recurrida en ningún momento se fundó en lo dispuesto en art. 131 del CPP que es el que habilita su imposición en supuestos de enfermedad del encausado, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha disposición. Como se expresó en la recurrida, los problemas de salud de AA alegados; que en autos se trata de delitos con pena mínima de penitenciaría y muy especialmente, el hecho que no surja acreditado con indicios concretos el riesgo de fuga invocado, tan solo son circunstancias que la Sala tuvo presente para resolver sobre el otorgamiento de la prisión domiciliaria para encausados o condenados mayores de 70 años, prevista en el art. 127 del CPP en la redacción dada por la ley 17.897. Esta disposición no excluye de la prisión domiciliaria a las personas procesadas o condenadas cuya pena a recaer o la ya impuesta, sea de penitenciaría, por lo que es de aplicación la máxima jurídica que establece “cuando la ley no distingue, no debemos distinguir”( Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus’) El art. 127 del CPP prevé expresamente los casos que excluye la prisión domiciliaria cuando establece: “El Juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de setenta años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido. Esta última disposición no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos: 1) El delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal. 2) El delito de violación. 3) Los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley No 17.510, de 27 de junio de 2002).” Como fácilmente se advierte, ninguno de los delitos imputados a AA se encuentran incluidos en la norma parcialmente transcrita, ya que ni siquiera surgen contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y aun en el supuesto que así fuere, tampoco sería aplicable al caso, porque el Nral 3 fue incorporado con posterioridad a la comisión de los delitos, por ende, es de aplicación lo dispuesto en el art. 7 del CPP 1980 y art. 15 del C.P., que consagran el principio de irretroactividad de la ley penal (salvo que ésta sea más favorable al imputado). Ahora bien, siendo que en la especie se daban los supuestos objetivos requeridos por la norma: procesado mayor de 70 años que no fue imputado por los delitos excluidos en los numerales 1, 2 y 3 del art 127 del CP, solo restaba determinar si la prisión domiciliaria “involucra riesgos”, de ahí que en la recurrida se analizó el invocado por la Fiscalía. Por lo tanto, a diferencia de lo que opina el Sr. Fiscal cuando dice “que no se debieron hacer elucubraciones relativas al riesgo procesal” (fs 547), la Sala considera que cuando se va a resolver sobre el otorgamiento de prisión domiciliaria la propia ley exige que se analice tal aspecto. En virtud de lo expresado, no se hará lugar al recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en la normativa citada y en el art.250 del CPP ; SE RESUELVE: NO HA LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No 467/2025 POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA RECURRIDA Y EN ESTA SENTENCIA. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE. Dra. Graciela Eustachio Colombo Ministra Dr. Marcelo Malvar Juncal Ministro Dra. Dolores Sánchez De León Ministra Esc. Julio A. Grande Gabito Secretario