Sentencia Definitiva N° 191/2025

Sentencia Nro. 191/2025 - IUE: 2-75096/2025 Montevideo, 26 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SÉPTIMO TURNO MINISTRA REDACTORA: Dra. Loreley Pera. MINISTROS FIRMANTES: Dres. Ma Cristina Cabrera, Edgardo Ettlin y Loreley Pera. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS Y OTRO – AMPARO” IUE 2-75096/2025, venidos a conocimiento de esta Sala atento al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia definitiva de primera instancia No 82/2025 de fecha 2 de setiembre de 2025 (fs. 53-61), dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 10o Turno, Dra. María Aurora Larramendi, emitiendo la presente conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 16.011. RESULTANDO: 1) El referido fallo, cuya correcta relación de antecedentes útiles se tiene por reproducida por acogerse a las resultancias de autos, desestimó la demanda incoada. 2) A fs. 65-72 v. se alza la parte actora interponiendo recurso de apelación. Afirma que la magistrada actuante ha evaluado incompletamente la prueba de autos, arribando a una conclusión errónea, como es, la falta de urgencia e inminencia de daño requerida por la ley de amparo. Si bien recoge parte de la declaración del médico tratante, parece solo haberlo hecho de la primera parte de la exposición; descartando situaciones importantes que contundentemente fueron probadas (remite a la pista 3 recogida en audire). Señala que puede valorarse con la declaración testimonial que la actora necesita la ablación, no solo para mejorar su vida sino para evitar eventos que sucederán si no se realiza rápidamente el tratamiento. Cita y transcribe jurisprudencia en apoyo. Agrega que no puede olvidarse que el artículo 4 de la Ley No. 18.211 preceptúa que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como primer objetivo “alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población”, siendo que, para conseguir esa meta, la colocación del cardiodesfibrilador, deviene forzosa. 3) Corrido traslado, fue evacuado por el Ministerio de Salud Pública a fs. 77- 81, quien aboga por la confirmatoria. 4) Franqueada la apelación y recibidos los autos, fue dispuesto el estudio correspondiente y cumplido, se acordó la presente decisión. CONSIDERANDO: I) El Tribunal por unanimidad de sus integrantes -art. 61 de la Ley 15.750- habrá de confirmar la sentencia en examen, por los fundamentos fácticosjurídicos que se expresarán, habida cuenta de que los agravios articulados como sustento de la apelación no resultan eficientes para resolver en sentido diverso a lo fallado en primera instancia. II) Emerge de obrados que a fs. 18-25, compareció la señora AA, promoviendo acción de amparo contra el Estado, Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, expresando en síntesis que tiene 58 años y padece de ARRITMIAS. En este escenario, su equipo médico tratante le plantea realizar ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO y ABLACIÓN CON SISTEMA DE MAPEO ELECTROANATÓMICO. Los costos del procedimiento ascienden a U$S 8.976 (fs. 14), y mediante la documentación que luce a fs. 15 la accionante acredita su situación económica, que le impide financiarlo en forma particular. III) Sobre el alcance de la acción de amparo corresponde efectuar una breve referencia, tratándose de conceptos ampliamente considerados. Como ha sostenido el Tribunal, en términos admitidos unánimemente en doctrinajurisprudencia (cfr. Sentencias No 126/07, 42/12, 135/13, 166/13, 93/14, 141/15, entre otras), para que prospere la acción de Amparo, deben concurrir los elementos objetivos reseñados en los arts. 1 y 2 de la ley 16.011 que son en sustancia los que definen las características de este Instituto, a saber: un acto, hecho u omisión, que lesione, restrinja, altere o amenace un derecho o libertad reconocida, expresa o implícitamente por la Constitución, con manifiesta ilegitimidad, provocando o amenazando provocar al titular del derecho un daño irreparable y por último que no existan en el ordenamiento jurídico otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que se persigue con el Amparo o de existir que resultaren claramente ineficaces para tal pretensión (VIERA, La ley de Amparo Edic. IDEA págs. 15 y ss.; SAGÜÉS, Acción de Amparo págs. 166 y ss.). Como expresa TORELLO, el espíritu de la Ley No. 16.011 no es establecer un “proceso comodín” que sustituya al normal, sino una vía excepcional para los raros casos en que no existe una común o ésta se revela como clara y manifiestamente infructuosa (TORELLO, Luis en: Varios Autores, “El Poder y su Control” pág. 178). De modo que la procedencia del Amparo como instituto excepcional y residual es entonces reservada solamente para las delicadas y extremas situaciones que por falta o insuficiencia clara de otros medios legales hace peligrar los derechos fundamentales, pero no involucra a la menor eficacia del medio jurídico existente sino las situaciones de explícita Ineficacia del misma (SAGÜÉS Néstor Pedro, “Acción de Amparo” págs. 166 y ss.; GELSI BIDART, Adolfo, “Proceso de Amparo en la Ley del Uruguay”, en “La Acción de Amparo” pág. 46). Este perfil excepcional impone al Juez un manejo equilibrado y ponderado de la acción, ya que de principio deben extremar la ponderación y la prudencia a fin de no decidir por el sumario procedimiento del amparo cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver por los procedimientos ordinario (Cfr. LJU c. 10.573; 10.482). IV) En el sublite, el objeto mismo del amparo propuesto determina la improcedencia de la pretensión por la vía movilizada, en tanto no se advierte ilegitimidad manifiesta en lo actuado por el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos. Es preciso tener en cuenta que la ilegitimidad de tal conducta se vincula con la noción de legalidad contenida en el art. 309 de la Constitución de la República, consistente en que la misma sea contraria a una regla de derecho o ingrese en la noción de desviación de poder. La ilegalidad ha de ser inequívoca y resultar del propio acto, hecho u omisión impugnada, en forma evidente, notoria. No corresponde ingresar al análisis de oportunidad, mérito o conveniencia que hayan motivado una actuación administrativa. V) Conforme se expusiera por este Colegiado en sentencia No. 286/2023 de 20.12.2023, cuyos conceptos son trasladables mutatis muttandis, sostuvo: “Sobre esta base conceptual se concluye que en el presente caso no se advierte en la especie una hipótesis de emergencia, que no pueda en las circunstancias tratarse por otros medios procesales ya disponibles para intentar la misma tutela de los derechos que se pretende. Porque no nos encontramos en el supuesto en abordaje ante una situación de peligro fatal o irreversible de vida, que requiera una intervención judicial heroica o sumarísima. Si bien se concede que puede existir una situación de afectación de salud, también puede acotarse que ésta puede tutelarse o ventilarse por otros medios de acción. Mas al no observarse que el derecho a la vida esté en entredicho, no se percibe un riesgo actual e inminente de afectación. Por ende, no se configuran los requisitos establecidos en los artículos 1o y 2o de la Ley No. 16.011 para ameritar el Amparo que se pretende. En el particular concreto a conocimiento, no existe urgencia de atención pues se trata de una patología que malgrado es de larga data (...), no se trata de una enfermedad terminal (...) y no posee la nota de riesgo de vida que es necesaria para impetrar una acción de amparo.” Por lo expuesto y compartiendo las conclusiones de la Sede “a-quo”, el Tribunal confirmará la recurrida por no configurarse los requisitos legales para su acogimiento, según lo señalado ut-supra. VI) En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta innecesario ingresar al análisis de los agravios relativos a la legitimación del Fondo Nacional del Recursos. VII) En cuanto a las condenas causídicas, no se efectuará especial sanción, atento a la correcta conducta procesal de los contendientes y lo preceptuado en los artículos 10 y 13 de la ley 16.011, 56 del C.G.P. y 688 del C. Civil. Por lo expuesto, normas citadas y lo establecido en los arts. 197, 198, 200 y 344 C.G.P., el Tribunal FALLA: Confírmase la sentencia apelada. Sin especial sanción procesal en el grado. Oportunamente, devuélvase. Dra. Ma. Cristina Cabrera - Ministra Dr. Edgardo Ettlin - Ministro Dra. Loreley B. Pera - Ministra Esc. Beatriz Crudeli - Secretaria Letrada