Sentencia Definitiva N° 229/2025

Sentencia Nro. 229/2025 - IUE: 293-966/2020 Montevideo, 15 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO. Ministro Redactor: Dr. Fernando Tovagliare. Ministros Firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare. VISTOS: Para sentencia definitiva en segunda instancia estos autos caratulados: “B.S.E. C/ AA - DAÑOS Y PERJUICIOS, I.U.E 293-966/2020”, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia definitiva de Primera Instancia No 40/2024 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6o Turno. RESULTANDO: 1.- La sentencia definitiva recurrida No 40/2024 (fs. 249/256), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión: amparó la demanda promovida por el BSE condenando al demandado al pago de U$S 1951 más reajustes e intereses desde el ilícito. E hizo lugar a la excepción de inadecuación del trámite opuesta por el tercero reconvenido y desestimó la reconvención deducida contra dicho tercero. Sin especial condenación. 2.- A fs. 260/264 la parte demandada interpuso RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia definitiva impugnada por las razones allí expuestas. 3.- Franqueada la apelación para ante este Tribunal, pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros por su orden, encontrándose la Sala integrada con el Sr. Ministro Dr. Gustavo Iribarren, por licencia médica de la Dra. Opertti. CONSIDERANDO: 1.- La Sala acepta el correcto relato de antecedentes procesales que se consignó en la recurrida, y por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc.1 de la LOT) habrá de confirmar la sentencia impugnada en todos sus términos por las razones que se explicitarán a continuación. 2.- El juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. En efecto, el Tribunal de alzada, por mandato legal (art. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P), se ve limitado a revisar únicamente la expresión de agravios desarrollada por el recurrente, sin perjuicio de las facultades que le confiere la ley, acorde lo preceptúa el art. 217 y art. 257.4 del C.G.P. En términos de Calamandrei, la mirada del Tribunal se halla limitada por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo (y de congruencia) y no está en condiciones de ver sino lo que la partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura. (Calamandrei, P., ‘Estudios sobre el proceso civil’, trad. Sentís Melendo, S. bs. As. 1961, Omeba, p. 301). 3.- En apretada síntesis, los agravios desarrollados por la demandada recurrente se encuentran encaminados a cuestionar la sentencia impugnada en cuanto: i) no consideró que el BSE carece de legitimación activa para formular el reclamo pues no aplica la subrogación prevista por el art. 669 del C. Comercio en la medida que el siniestro no se encontraba amparado por la póliza de seguros; ii) no tuvo en cuenta que tampoco se verifica una subrogación convencional en la medida que el BSE no es un tercero sino parte; y iii) señaló finamente que resultó errónea la atribución de responsabilidad pues el demandado no actuó con dolo alguno, sino que intentó abrir el ascensor para salvar su vida que consideró en peligro, y por otra parte entendió que no se probaron los daños al ascensor. 4.- El agravio relativo a que el B.S.E. carecería de legitimación causal activa para formular el reclamo en carácter de subrogado en el pago, en la medida que el siniestro en cuestión no estaba inicialmente cubierto, a criterio de la Sala no resulta legalmente de recibo. 5.- Ello por cuanto, más allá de si el siniestro en cuestión se encontraba o no alcanzado por la cobertura original acordada por la Copropiedad del Edificio y el BSE, lo cierto es que, según resulta de las actuaciones que se tuvieron a la vista, el pago se realizó con fundamento en el contrato de seguros celebrado entre las partes en cuestión. 6.- Como explica Berdaguer, típicamente la subrogación tiene lugar cuando un sujeto paga una deuda que no es suya y lo hace sin tener ánimo de liberalidad, lo que genera que quien realiza el pago suceda al acreedor en sus derechos contra el deudor. (Berdaguer, ‘Fundamentos del Derecho Civil’, tercera ed. Vol. II, p. 158). 7.- El propio artículo 1468 del Código Civil define la subrogación como una ficción jurídica por la cual una obligación extinguida por el pago hecho por un tercero, se juzga que continúa a favor de este, como si formase una misma persona con el acreedor. 8.- Sin perjuicio de lo expuesto, como luego establece el artículo 1469 del Código Civil, la subrogación puede ser legal o convencional. En el caso del contrato de seguros no hay duda de que su origen es legal ya que se encuentra consagrada en el título 42 de la LCS y en el artículo 669 del Código de Comercio (Frigerio A., La utilización del contrato de seguro como garantía en el derecho uruguayo, F.C.U., año 2024, p. 204). 9.- En efecto el artículo 669 C.Co. establece la subrogación en favor del asegurador en los siguientes términos: “Los aseguradores que hayan pagado la pérdida o daño sobrevenido a la cosa asegurada, quedan subrogados en los derechos de los asegurados para repetir de los conductores, u otros terceros, los daños que hayan padecido los efectos, y el asegurado responde personalmente de todo acto que perjudique los derechos de los aseguradores contra esos terceros”. Y como señala Frigerio, (op. cit. p. 206) si bien la subrogación tiene origen legal, no opera con la producción del siniestro, sino que requiere el efectivo pago de la indemnización de parte del asegurador, en cuyo caso se produce ope legis por hasta el monto que pagó realmente el asegurador al asegurado, quedando exactamente en la misma posición que tenía el asegurado respecto de civilmente responsable del daño. 10.- En fin, entiende la Sala que en el caso, estando probado que el B.S.E. pagó la deuda correlativa al crédito indemnizatorio que titularizaba originariamente la Copropiedad (por el daño a un bien común, contra quien lo causó), se produjo una sucesión en el lado activo de dicha relación, de modo que el acreedor originario (Copropiedad) satisfecho con el pago, fue sustituido por el solvens (B.S.E.) en la misma relación que permaneció en todo lo demás incambiada. Se trata de un tipo de sucesión a título singular dispuesta por ley y fundada en el pago. Y en función de la cual, como explica Raúl Gamarra, pasa a tener el subrogado los mismos derechos y posición que tenía el acreedor originario. (Obligaciones y Cuasicontratos, ed. F.C.U., Montevideo, año 2009, p. 294; ver además: Peirano Facio, Curso de Obligaciones, t. VI, ed. F.C.U., Montevideo, año 1974, págs. 85/94). 11.- Las consideraciones precedentes, conducen entonces a rechazar la excepción de falta de legitimación activa promovida por la demandada pues, al tener por verificada la existencia de subrogación legal, quien invoca la condición de subrogado (B.S.E.), se encuentra habilitado para reclamar lo que pagó. 12.- En lo que respecta al restante agravio, fincado en cuestionar la atribución de responsabilidad realizada por la sentencia de primer grado, entiende el Tribunal que tampoco asiste razón al apelante. 13.- En efecto, en principio, como señalan Jorge Machado y Alicia González, en materia de gastos provenientes de reparaciones de bienes comunes de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, cuando la reparación es consecuencia del uso indebido del bien común, serán quienes hayan hecho este uso en forma anómala los únicos que deberán concurrir al gasto. (Machado, J. y González, A. ‘Teoría y práctica de la propiedad horizontal’, Montevideo: AEU, 2004, p. 29) . Y en similar sentido se pronuncian Luis Larrañaga y Raúl Gamarra señalando que para establecer quién es el sujeto responsable del daño y por tanto quién debe costear las reparaciones de un bien común, resulta esencial la determinación del origen o causa del mismo (Larrañaga, L., y Gamarra, R., Propiedad horizontal: Reglas sobre reparaciones y responsabilidad por daños, ADCU, tomo XXVIII, p. 589). 14.- En el caso, estando a la prueba diligenciada en la causa, y a las propias declaraciones brindadas por el demandado AA en audiencia, no existen dudas en cuanto a que los daños del ascensor fueron causados por el copropietario Sr. AA, en las circunstancias relatadas en la demanda. 15.- La argumentación defensiva del demandado radicó en lo medular, en sostener que no le cabría responsabilidad en los daños causados al ascensor, en la media que los mismos habrían sido provocados por una suerte de ‘ataque de pánico’ en el que habría entrado el demandado en la situación de encierro y peligro en la que se encontró a causa de los desperfectos del ascensor. Esto es, aún si calificar la situación de esa forma, el demandado parecería haber invocado la existencia de una eximente de responsabilidad (causa extraña no imputable) pues sostiene que la situación de encierro dentro del ascensor le habría causado un ‘ataque de pánico’ que lo habría llevado a golpear la puerta del ascensor para tratar de salir del mismo. 16.- Ahora bien, es sabido que de conformidad con lo dispuesto por el art. 139 del C.G.P. corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión; y a su vez quien contradiga la pretensión de su adversario tiene la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. 17.- Así, en el caso, si el demandado pretendía que se le eximiera de la responsabilidad de los daños por haberse configurado una eximente de responsabilidad (causa extraña no imputable) consistente en un ‘ataque de pánico’ que habría padecido por la situación de encierro y que lo habría llevado a golpear la puerta y el techo del ascensor en cuestión (ocasionando los graves daños que lucen en las fotografías aportadas, y que fueron descriptos por los testigos que declararon en la causa), en tal caso, tenía la carga de acreditar con grado de certeza, y excluyendo todo margen de duda u opinabilidad la verificación de referida eximente de responsabilidad, lo que en el caso no aconteció pues, no se ofreció ningún informe médico, pericia o testimonio técnico que habilitara a tener por acreditado el invocado ataque de pánico. 18.- Es más, ni siquiera se ofreció la declaración testimonial de la persona que se encontraba junto al Sr. AA en el momento de los hechos acontecidos. Todo lo cual, obra en contra del propio interés del demandado, según la definición del instituto en cuestión. (Ver: Vescovi y otros, ‘C.G.P. Comentado, anotado y concordado’, t. 4, págs. 71/72; Jairo Parra Quijano, ‘Manual de Derecho Probatorio’, págs. 49/50; Devis Echandía, ‘Teoría General de la Prueba Judicial’, t. 1, Ed. Víctor P. De Zabalía, 3ra. ed, Bs. As., 1976, p. 472; Kielmanovich, J., ‘Teoría de la prueba y medios probatorios, ed. Rubinzal Culzoni, 2da. Ed. , Bs. As. 2001, p. 120/121). 19.- Así las cosas, entiende este Colegiado que la responsabilidad del evento dañoso debe ser atribuida en forma exclusiva y en relación de causalidad adecuada, al Sr. AA, en la medida que no logró acreditar excusa liberatoria alguna que justificara la desmedida reacción que tuvo en la ocasión, cuando en lugar de tratar de mantener la calma y aguardar durante un tiempo razonable la concurrencia de ayuda, emprendió a golpes contra la botonera, paredes y techo del ascensor, ocasionando los daños que se encuentran documentados en la causa, todo lo cual conduce a desestimar el recurso de apelación formulado en todos sus términos. 20.- De conformidad con lo dispuesto por los arts. 56, 198 y 261 del Código General del Proceso más art. 688 del Código Civil, no se impondrá condena especial en la instancia, en virtud de que los litigantes han actuado dentro de su línea argumental sin desarreglo. Por estos fundamentos, el Tribunal FALLA: 1o Desestimando la apelación deducida y confirmando la sentencia impugnada en todos sus términos. 2o Sin especial condenación en costas y costos. HF. 15 BPC. 3o Notificada y ejecutoriada, devuélvase a la Sede remitente con las formalidades de estilo. Dra. Claudia Kelland – Ministra Dr. Gustavo Iribarren – Ministro Dr. Fernando Tovagliare – Ministro Esc. Laura Pérez – Secretaria Letrada