Sentencia Definitiva N° 230/2025

Sentencia Nro. 230/2025 - IUE: 2-24001/2024 Montevideo, 15 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministros firmantes: Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Claudia Kelland. Ministra redactora: Dra. Claudia Kelland. VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados: "MOSCARDI LAGRECA, NELLY C/ BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL - DAÑOS Y PERJUICIOS, I.U.E 2-24001/2024", venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia definitiva N° 90/2024, dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Dr. Pablo Javier Gandini. RESULTANDO: 1) Por la sentencia definitiva impugnada, el Magistrado actuante amparó parcialmente la demanda, y en su mérito condenó al Banco de Previsión Social (B.P.S). a pagar a la actora U$S 8.000 en concepto de daño moral, más interés legal desde la fecha en que se notificó el acto administrativo (AP228/2022 el 28.10.2022), y desestimó el resto de las pretensiones; sin especial condena procesal (fs. 238- 240). 2) En tiempo y forma comparece la actora e interpone recurso de apelación (fs. 244- 246), y de igual forma apela el demandado (fs. 250- 254 vto.). Conferido los correspondientes traslados son sustanciados en legal forma, y por providencia No 267/2025 (fs. 269), el tribunal a quo franqueó la alzada de la apelación con efecto suspensivo. 3) Los autos fueron recibidos por el Tribunal, y pasaron a estudio por su orden. Culminado el mismo, se acordó el dictado de la presente decisión por anticipado, designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 200 del C.G.P.). 4) Tengan presente las partes que por licencia médica de una de sus integrantes naturales, el Tribunal se encuentra integrado por el Sr. Ministro Suplente Dr. Gustavo Iribarren. CONSIDERANDO: I) El Tribunal debidamente integrado por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la L.O.T.), y en la ocasión por unanimidad de sus integrantes, habrá de confirmar la sentencia definitiva impugnada, salvo en cuanto al dies a quo del interés legal respecto del monto objeto de condena por daño moral, el que debe ser desde la fecha de interposición de la demanda, por los fundamentos que dará; sin especial condena procesal en la instancia. II) En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P.), el Tribunal de alzada por mandato legal (arts. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P.) se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y el art. 257.4 del C.G.P.. Corresponde al Tribunal -preceptivamente- efectuar el examen de la procedencia y regularidad formal de los recursos, con antelación al estudio de los agravios, pues el régimen de los medios impugnativos es de orden público. En virtud de lo referido en los Resultandos, no existe impedimento formal para analizar el mérito del accionamiento movilizado por las partes. III) En la recurrida el tribunal a quo efectuó un correcto resumen del caso y de las resultancias procedimentales, a lo que el Tribunal se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. El caso: tratan las presentes actuaciones de un juicio reparatorio patrimonial iniciado por la actora contra el B.P.S., como consecuencia del perjuicio patrimonial y extrapatrimonial sufrido, por el dictado de la Resolución de Gerencia de Prestaciones Económicas (recaída en el expediente administrativo N°AP228/2022 de fecha 13.09.2022), que dispuso la reforma de su jubilación de Industria y Comercio y retención por "pago en demasía" en función de "inconsistencias respecto de aumentos de pasividades". Asimismo señala la demandante que en el nuevo cálculo de la jubilación (reforma) el B.P.S. comete un nuevo error, dado que limita con tope individual la jubilación que percibe por actividad Civil, cuando tiene dos pasividades diferentes (una por actividad Civil y otra por Industria y Comercio), por tanto aplica el tope de acumulación y no el tope individual (inciso final del art. 76 ley 16.713). Afirma que como consecuencia del error padecido por el organismo demandado (advertido seis años después), contrajo una abultada deuda ($ 621.595) con descuento en su pasividad (10% por mes) que le ha generado graves perjuicios; además del perjuicio generado por el nuevo error del B.P.S. referido supra (tope individual a la jubilación por Caja Civil). En definitiva, la actora solicita se condene al B.P.S.: a) Al pago de los montos descontados indebidamente de su jubilación (lucro cesante) por obedecer a un error (culpa) de la propia administración, con reajustesinterés legal desde el hecho ilícito (cuyo monto pide se determine en vía incidental, art. 378 del C.G.P.). b) Al pago de la diferencia monetaria por el nuevo error cometido al haber topeado su jubilación Civil de manera incorrecta (también a liquidar por vía incidental). c) Al pago de U$S 15.000 por daño moral, más interés legal desde el hecho ilícito. IV) Como se consignó en el Resultando I), la recurrida amparó la demanda en forma parcial, condenando al B.P.S. a indemnizar a la actora por el daño moral padecido, el que estimó en U$S 8.000. Y ello sin perjuicio de desestimar el resto de las pretensiones (daño patrimonial) por entender el a quo que los descuentos obedecen a un error cometido por el B.P.S. (pago en demasía) que debió corregir; y que es correcto la aplicación del tope individual a la jubilación Civil. V) Apelación de la parte actora (fs. 244- 246). Los agravios están encaminados a cuestionar: Vi- Incorrecta desestimatoria de la condena a restituir los montos descontados ilegítimamente de su jubilación por cobro en demasía. Es un hecho admitido que el B.P.S. en julio de 2021 advirtió inconsistencias en la aplicación de aumentos en las pasividades que percibía la accionante (desde el 2015), y por tanto existía un pago en demasía en perjuicio del organismo y de otro lado un enriquecimiento indebido de la actora. En mérito al error padecido dispuso la reforma de la pasividad y la retención para el cobro de lo indebido. La actora se agravia por considerar que el descuento es ilegítimo, y que en todo caso correspondía rectificar el error a futuro, pero no en forma retroactiva. Los agravios no son de recibo. El art. 1312 del C.C. establece "El que por error ha hecho un pago tiene derecho de repetir lo pagado si prueba que no lo debía ...". Al respecto señala Tomé (Código Civil anotado 5° edición p. 503), al analizar el artículo que: "El pago de lo indebido es el último supuesto de cuasicontrato regulado por el Código. Todo pago supone una obligación. Según hemos observado al comentar el art. 1448, el pago es un negocio jurídico unilateral que tiene como uno de sus elementos la "causa" debida (u obligación preexistente), que es el fundamento de la prestación. Cuando esa prestación tiene una causa que justifique el desplazamiento patrimonial, el pago extinguirá la obligación y no estaremos frente a una hipótesis de pago de lo indebido. Cuando dicho pago no tiene una causa que lo justifique, quien pagó tiene derecho de repetir (acción de restitución) lo pagado si acredita que no lo debía. Es esta -a grandes rasgos- la esencia del instituto del pago de lo indebido". Con otras palabras, Gamarra sostiene que "... la razón del instituto radica en que estamos frente a un pago que no tiene causa (que lo justifique) porque no existía la deuda que con él se creía o pretendía extinguir, y por ello el solvente (el que pagó) puede repetir contra el accipiens (el que lo recibió)" (Gamarra, Jorge Luis "Pago de lo indebido" en Obligaciones y cuasicontratos FCU, Montevideo, 2014, p. 331). Así las cosas el B.P.S. tenía el poder-deber de actuar como lo hizo. Y el descuento dispuesto por la Resolución impugnada (la actora agotó la vía administrativa) es legítimo, siendo una expresión del deber del B.P.S. de ajustarse a legalidad objetiva (pagar la pasividad correspondiente). El descuento tiene origen legal: art. 10 de la ley 12.381 (faculta a descontar hasta el 20% de la jubilación de los afiliados); y el art. 15 de la ley 11.035 (dispone reintegros por cantidades pagadas en demasía mediante descuentos de hasta el 30% de la asignación correcta). Y en el caso el B.P.S. aplicó el criterio establecido por Resolución del Directorio N° 10- 3/2006, que dispone que en casos como éste -donde el pago en demasía se hizo por su exclusiva responsabilidad-, los reintegros se harían en cuotas mensuales del 10%. En suma, el hecho de que el pago en demasía se haya realizado por inadvertencia del organismo (error admitido y es de su única responsabilidad) no enerva la obligación del afiliado de reintegrar lo recibido en forma indebida, y por ello el legislador facultó al B.P.S. a que pueda proceder a lo descuentos mediante retención. Resulta entendible que la actora considere que la decisión es injusta, pues no contribuyó al error (no es su responsabilidad), pero es ajustada a derecho (poder-deber del Estado). Por los fundamentos dados se confirmará la decisión de primera instancia al respecto. Vii- Incorrecta desestimatoria del daño y perjuicio por no aplicar el tope debido legalmente (por acumulación de jubilaciones y no tope individual). La actora se agravia porque el B.P.S. no aplicó el tope de acumulación dispuesto en el inciso final del art. 76 de la ley 16.713 al momento de efectuar el nuevo cálculo de la jubilación (luego de detectar las inconsistencias referidas supra), que es el que entiende correspondía (y no el tope individual por actividad Civil). Así las cosas, el thema decidendum es establecer cuál es el mecanismo de aplicación de la regla en la hipótesis de acumulación de dos pasividades (sucesivas) como tiene la actora (Civil e Industria y Comercio). Veamos. La demandante obtuvo jubilación por actividad Civil el 1 de enero de 2015 y por Industria y Comercio el 3 de enero de 2015. Por tanto, asiste razón al B.P.S. al señalar que, cuando la actora obtuvo la jubilación Civil era la única pasividad que tenía (no había otra para acumular), y en su consecuencia no aplicaba el art. 76 in fine (como postula la apelante); sino el tope individual. Luego, obtiene la segunda pasividad por Industria y Comercio, y aquí sí resultaba aplicable el art. 76 in fine (había dos pasividades para acumular). Pero, como el monto de su jubilación por Industria y Comercio no estaba afectado por topes, se determinó el monto real que surge de establecer el sueldo básico jubilatorio multiplicado por el porcentaje de asignación; no correspondiendo aplicar el inciso final del art. 76 (tal como en forma fundada lo explicó el B.P.S. al contestar la demanda y lo explicó el testigo ofrecido, Jefe de Sección Liquidaciones). En conclusión, la Sala comparte con la recurrida que el tope individual establecido para la jubilación Civil es ajustado a derecho. Y el régimen no puede cambiar por el error (inicial) cometido por el B.P.S. y haber tenido que reformar las pasividades. Pues esa circunstancia no puede determinar un cambio del régimen legal, debiéndose estar al régimen que correspondía aplicar cuando las pasividades se otorgaron, no cuando se reformaron. VI) Apelación de la parte demandada (fs. 250- 254). Los agravios del B.P.S. están encaminados a cuestionar: VIi- La conducencia de la prueba testimonial ofrecida para acreditar el daño moral (sicológico) alegado por la actora, por cuanto los testigos ofrecidos no son profesionales (de la salud), y además son testigos sospechosos (amigas); así como tampoco se acreditó el nexo causal entre el daño alegado y las actuaciones administrativas (legítimas), por tanto no se puede estimar daño moral alguno. Los agravios no son de recibo. Es razonable y de sentido común (así lo indica la regla de experiencia) que la situación vivida por la actora provoque un daño extrapatrimonial indemnizable. Ello porque sin perjuicio de que este Colegiado comparte con la recurrida que el B.P.S. no actuó en forma ilegítima (sino ajustado a derecho) al proceder a la reforma de la pasividad y descuentos (por cobro indebido), no por ello puede soslayarse que el servicio falló (funcionó mal), y el error cometido (admitido) fue la causa del daño moral que se reclama (art. 24 de la Constitución). En el subexamine estamos ante el caso de una trabajadora que tramitó en tiempo y forma sus dos jubilaciones, y luego de seis años el B.P.S. advierte y le comunica que "padeció un error" en el cálculo de reajustes y como consecuencia de ese error pagó de más, importes que la actora debe devolver mediante retención de su haber jubilatorio, viendo disminuidos sus ingresos económicos. Y es precisamente ese "error" de la administración que el Tribunal considera tiene aptitud para atribuir responsabilidad civil por los perjuicios causados. De otro lado, la prueba testimonial -correctamente analizada y valorada por el Magistrado actuante- da cuenta del sufrimiento padecido por la actora como consecuencia de ver disminuidos sus ingresos por un error que no le es imputable. Este Colegiado no comparte con el apelante que la prueba testimonial no sea conducente para probar el daño moral por el hecho de que los testigos no sean calificados (profesionales). Ello porque lo que debía probarse es la aflicción, preocupación de la actora por los hechos de autos; y para ello no se necesita contar necesariamente con médicos o sicólogos como parece entender el apelante. Los testigos ofrecidos (sin bien amigas de la actora) son testigos necesarios, porque son quienes conocen el diario vivir de la Sra. Moscardi, y por ello estaban en condiciones de declarar sobre el estado de ánimo, angustia, y preocupación de la actora por lo ocurrido con su jubilación y pérdida de ingresos económicos. En definitiva, el perjuicio espiritual resultó acreditado tal como lo entendió el a quo. Lo difícil no es establecer el derecho, sino determinar su cuantía. Cada situación amerita un estudio detenido, y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia (con distintas integraciones), la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral ingresa en el ámbito del ejercicio de poderes discrecionales de los órganos de mérito, y son los tribunales quienes deben efectuar el “accertamento” de la dimensión económica de la reparación sin incurrir en el absurdo o arbitrariedad. Es aquí donde debe primar el principio de razonabilidad, regla de experiencia, y sentido común. La recurrida estimó el daño moral en U$S 8.000, avaluación que se confirmará, pues resulta acorde a antecedentes de la Sala para casos similares. VIii- Por el dies a quo del interés legal, el que estima debe ser desde la fecha de presentación de la demanda y no desde la fecha de notificación del acto administrativo (28.10.2022). El agravio resulta de recibo, pues, en la medida que el perjuicio fue causado por el incumplimiento de la Administración de obligaciones de fuente legal, resulta aplicable el régimen de responsabilidad contractual (art.1348 del C.C.) y por ende el interés legal se debe desde la fecha de presentación de la demanda (01.04.2024, fs. 13 vto.), hasta su efectivo pago. VII) La conducta de las partes en la segunda instancia ha sido correcta, no amerita sanción procesal (art. 261 del C.G.P., art. 688 del C.C.). Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, art.197, 198 del C.G.P. el Tribunal, FALLA: Confírmase la sentencia definitiva impugnada, salvo en cuanto al dies a quo del interés legal de la cantidad objeto de condena por el daño moral, el que se impone desde la fecha de presentación de la demanda (art.1348 del C.Civil.). Sin especial condena procesal. HPF 10 BPC. Notifíquese a las partes a domicilio. Cumplido, devuélvase al tribunal de origen. Dr. Fernando Tovagliare -Ministro Dr. Gustavo Iribarren -Ministro Dra. Claudia Kelland -Ministra Esc. Laura Pérez -Secretaria Letrada