Sentencia Interlocutoria N° 514/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – UN DELITO DE PROXENETISMO Y UN DELITO DE DIFUSIÓN DE GRABACIONES CON CONTENIDO ÍNTIMO ESP. AGR., CONCURREN ENTRE SÍ EN REITERACIÓN REAL – TEST DE IUE 169-6/2024 – IUE: 602-318 /2025; venida del Juzgado Letrado de Las Piedras de 8º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la defensa Dr. Matías Carbajal, contra la resolución N.º 1238/2025 dictada el 1º de setiembre de 2025 por la Dra. Annabel Gatto de Souza Flores, con intervención de la Fiscalía Letrada Departamental de Las Piedras de 2º Turno, representada por la Dra. Bárbara Zapater. RESULTANDO : I) La hostilizada, resolvió: …Atento a lo solicitado por el Ministerio Público y tras haber oído a la Defensa, se encuentra mérito suficiente para hacer lugar a la prórroga de medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA (artículo 266 lit. c) del C.P.P.) por el plazo de noventa (90) días, con cese automático el día 9 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas… II) El Dr. Matías Carbajal , por la defensa, interpone recurso de reposición y apelación en subsidio (pista 5) y expresa que discrepa con lo resuelto por la A quo, señalando que no existen pruebas, elementos de juicio ni presunciones legales que sustenten la existencia de un riesgo de fuga, único argumento utilizado para mantener la prisión preventiva. Agrega que dicho riesgo no está acreditado y reitera los fundamentos ya expuestos al solicitar el arresto domiciliario total, en atención al derecho a la libertad y a la excepcionalidad de la prisión preventiva. No puede haber entorpecimiento de la investigación, ya que toda la prueba fue diligenciada, y que el acusado ha colaborado con el proceso. En consecuencia, entiende que corresponde sustituir la prisión efectiva por arresto domiciliario total, medida que cumplirá el mismo fin. III) La Dra. Bárbara Zapater por fiscalía abogó por la confirmatoria (pista 6). La fiscalía recuerda que desde la detención del imputado se dispuso su prisión preventiva, medida confirmada por el Tribunal de Apelaciones de 2º turno, que valoró el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación, considerando la gravedad de los delitos investigados, entre ellos la explotación sexual en el marco de la Ley de Trata de Personas. Aunque la víctima ya declaró, la seguridad e integridad de la misma deben garantizarse, máxime cuando el imputado presenció su testimonio. La fiscalía señala que los argumentos de la defensa sobre la colaboración del acusado carecen de relevancia, pues este no pudo obstaculizar el proceso al estar privado de libertad, lo que justamente permitió asegurar las pruebas y proteger a la víctima. La dicente sostiene que la prisión preventiva encuentra respaldo en la Constitución, la normativa internacional y el art. 224 del CPP, ya que es necesaria para evitar la fuga y asegurar la aplicación de la pena frente a delitos graves con penas mínimas de penitenciaría. Asimismo, considera que el arresto domiciliario con tobillera no garantiza eficazmente los fines del proceso, pues permitiría maniobras dilatorias mediante recursos como la casación, demorando el cumplimiento de la pena. IV) Por interlocutoria N.º 1239/2025 la A quo mantuvo la recurrida y franqueó la apelación sin efecto suspensivo. Recibidos los autos pasaron a estudio y se acordó sentencia fuera de Audiencia (art. 365 CPP). CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de revocar parcialmente la interlocutoria impugnada, por los fundamentos que siguen. II) AA fue condenado en primera instancia por un delito de proxenetismo y un delito de difusión de grabaciones con contenido íntimo especialmente agravado por haberse cometido respecto de una concubina o persona que haya estado unida por análoga relación de afectividad, en reiteración real entre sí, a la pena de tres años de penitenciaría. El mismo fallo lo absolvió de los delitos de suministro de estupefacientes, prostitución forzada y almacenamiento de material pornográfico en el que aparecen menores de edad. Los hechos que la sentencia tuvo por probados son los siguientes: La joven BB al momento que motivara la investigación tenía veinte años (hoy veintitrés) y mantenía una relación de índole amorosa con AA, quien le duplicaba la edad y experiencia de vida. La relación sentimental no fue un hecho controvertido. Sin embargo, la prostituía. La joven víctima se encontraba en estado de vulnerabilidad, pues desde sus once años fue institucionalizada, es adicta a la cocaína, lo cual generaba gran dependencia hacia su pareja y carece de redes de contención familiar. El imputado se valía de dicha circunstancia, así como de la asimetría de poder que los vinculaba para hacerla mantener relaciones sexuales con otros individuos. AA era quien ofrecía el servicio de BB, él estipulaba la tarifa y trasladaba a la víctima a los lugares de encuentro para consumar el acto sexual. A su vez surge que el imputado grabó un video íntimo donde se filmó manteniendo relaciones sexuales con BB, que luego reenvió a un tercero, vía WhatsApp. III) En la audiencia del 1º de setiembre de 2025, fiscalía solicita la prórroga de la prisión preventiva del acusado por noventa días (pista 2), basándose en el peligro de fuga, no ya por eventual incidencia en la investigación, sino ante la eventualidad que se sustraiga al cumplimiento de una efectiva pena. Agrega la fiscalía que presentó apelación y el imputado ya la conoce. La defensa se opone a la prórroga de la prisión (pista 3), pidiendo que se sustituya por arresto domiciliario con dispositivo electrónico. Ya cumplió casi al equivalente a las dos terceras partes de la eventual pena y no existe riesgo procesal alguno. La defensa anuncia que apelará por vía de adhesión y recuerda el principio de libertad durante el proceso. Oídas las partes, la Sra. Magistrada A quo fundamenta en forma verbal señalando que el imputado tiene los motivos y los medios para sustraerse al proceso, y finalmente dicta la resolución objeto de esta impugnación. IV) Como digresión previa, el Tribunal pone de manifiesto que en la pieza que llega para su tratamiento, figura la apelación de fiscalía y no de la defensa. Sin embargo, en el correr de la audiencia, el Sr. Defensor anuncia que se adherirá al recurso presentado, de donde se concluye que la sentencia no se encuentra firme en ningún sentido. De la mano de lo anterior, cabe traer a colación el principio por todos conocido, y reconocido en instrumentos internacionales, en nuestra Constitución y en el propio CPP, de que nadie es responsable de un delito hasta que no haya condena pasada en autoridad de cosa juzgada, y que durante el proceso, la persona imputada tiene el derecho a no ser tratada como culpable (art. 14 numeral 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8 numeral 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 12 de la Constitución de la República y arts. 1, 4 y 286 CPP). Incluso, el código en el art. 365 deja en claro que … n o se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Código General del Proceso sobre medidas provisionales, ejecución provisional de sentencias definitivas recurridas o condenas procesales . De lo anterior fluye sin dificultad que el imputado, durante todo el proceso y en tanto no haya recaído sentencia de condena ejecutoriada, tiene el derecho a tramitar el proceso en libertad, y a fortiori, a solicitar la sustitución de la medida de prisión preventiva. La dilación del proceso al que refiere fiscalía, no es un elemento admisible para solicitar la prisión. V) La fiscalía aboga por la ratificación de la prisión cautelar, mencionando dos riesgos. Uno directamente – el peligro de fuga – y otro indirectamente, la seguridad de la víctima. En cuanto al primero de ellos, se funda exclusivamente en la expectativa de pena que el imputado tiene por delante, lo que podría incentivarlo a sustraerse del proceso, y en su fundamentación, la A quo agrega que tal riesgo existe y además que el imputado tiene facilidades extraordinarias para abandonar el país, punto que no fue alegado ni respaldado con evidencia. Incluso fiscalía argumenta en forma insistente sobre lo dispuesto en una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 2º turno, olvidando que ella se dictó en etapa de garantías y este Tribunal – obviamente – la desconoce. La virtud del presente sistema acusatorio y adversarial es la existencia del doble juez – y por añadidura, la doble alzada – que resuelven en forma independiente y con extremo cuidado de no contaminarse con lo decidido por las sedes o salas homólogas. Agregándose además la naturaleza autosustentable que tienen las audiencias del CPP, lo que implica que todos los argumentos y fundamentos para decidir una cuestión deben surgir de la propia audiencia, no correspondiendo remitirse a actuaciones, valoraciones, fundamentos, normas, jurisprudencia, hechos o actos en general que se hayan manejado con anterioridad y que el órgano jurisdiccional llamado a decidir no conoce. Ahora bien, en cuanto al riesgo de fuga derivado de la expectativa de pena – ya que el invocado por la Sra. Magistrada, se reitera, no aparece ni alegado ni sustentado con evidencia – y que se infiere del art. 226 literal c CPP, no alcanza por sí solo para fundar una prisión, salvo que se acredite que es la única medida idónea para ello, cosa que aquí no ha sucedido. En efecto, la medida alternativa propuesta por la defensa – arresto domiciliario total con dispositivo electrónico – parece totalmente idónea para tal fin y ninguna argumentación fiscal logra desvirtuarla. Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiriéndose a la prisión preventiva, … corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. (caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México. 7 de noviembre de 2022. Párrafo 105) . En consecuencia, si el arresto domiciliario con dispositivo electrónico implica una relación proporcional entre el fin buscado – evitar la fuga – y el bien atacado – la libertad personal – los tribunales deben ampararlo en cumplimiento del mandato convencional y constitucional. VI) El segundo riesgo invocado por fiscalía y referido a la seguridad de la víctima no es procesal, pero tiene fundamento jurídico en el art. 81 de la ley 19.580 y para el caso que fuera aplicable la ley 19.643 – materia de fondo en que no ingresará el Tribunal – en el art. 43 de ella. Por consiguiente, se dispondrá conjuntamente como medida cautelar la prohibición de comunicación y contacto del imputado con la víctima, pero no la de no acercamiento ya que ella está implícita en el arresto, y la agregación de cautelas invita a solicitar la polémica acumulación de descuentos de futura pena (art. 291 CPP). V) No hubo agravios respecto del plazo de la cautela, y el fijado es razonable, por lo cual la Sala no ingresará sobre dicho punto. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el art. 81 de la 19.580 y en el art. 81 bis del CPP – que para el caso de trata de personas es inexplicablemente contrario al previsto en el ya citado art. 43 de la ley 19.643 – y si bien el imputado no recobra su libertad total, igualmente se diferirá la sustitución hasta que se notifique a la víctima y transcurra el plazo señalado en estas normas. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- REVÓCASE PARCIALMENTE LA INTERLOCUTORIA 1238/2025 Y EN SU LUGAR SUSTITÚYASE LA PRISIÓN PREVENTIVA DE AA POR EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL CON PORTACIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (E4 O SIMILAR) Y PROHIBICIÓN DE CONTACTO Y COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA POR EL PLAZO FIJADO EN LA RECURRIDA. 2.- PREVIAMENTE A LA SUSTITUCIÓN, CÚMPLASE CON EL ART. 81 DE LA LEY 19.580 Y 81 BIS DEL CPP, COMETIÉNDOSE AL TRIBUNAL A QUO. 3.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y DEVUÉLVASE .