Sentencia Interlocutoria N° 164/2025

Sentencia Nro. 164/2025 - IUE: 2-78420/2025. Montevideo, 15 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 3er. TURNO. Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Fernando Tovagliare y Dr. Gustavo Iribarren. Ministro redactor: Dr. Gustavo Iribarren. Vistos: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “VIZCAY IDIARTE, Mario c/ PODER EJECUTIVO - Amparo”, I.U.E 2-78420/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia interlocutoria No 2000/2025 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er. Turno. Resultando: 1. Por sentencia interlocutoria No 2000/2025 del 3 de setiembre de 2025 (fs. 43-43 vto.), el tribunal a quo resolvió rechazar liminarmente la acción de amparo por entenderla manifiestamente improcedente, disponiendo el archivo de las actuaciones. 2. Contra dicha providencia el promotor interpuso recursos de reposición y apelación en subsidio (fs. 46-51 vto.), articulando, en lo medular, los siguientes agravios: a) Causa perjuicio que la decisión de rechazo liminar haya quedado motivada en que la eventual demora de las vías ordinarias o normales para obtener el resultado procurado en este proceso, no constituiría una circunstancia que habilite el progreso de la acción de amparo promovida. Tal conclusión del tribunal a quo se entiende como equivocada ya que más allá del tiempo que pudiere insumir la vía ordinaria, ésta última no se muestra eficaz para alcanzar el resultado buscado por el promotor. En tal sentido señala el recurrente que el amparo de autos no solo pretende la caída del acto administrativo impugnado, sino también el dictado por el Poder Ejecutivo de uno que se ajuste a derecho. Así, indica que como quedara expresado en el petitorio de fondo, lo solicitado es que se deje sin efecto la designación para el cargo de Comandante en Jefe de la Armada del Contralmirante José Luis Elizondo -perteneciente al Cuerpo de Prefectura-, ordenando que se designe para dicho cargo a un Contralmirante que pertenezca al Cuerpo General de la Armada. Señala el apelante que el objetivo último de la acción desestimada es que la designación cumpla con los requerimientos legales, lo que resulta imposible lograr por las vías ordinarias previstas ya que, aun cuando en la vía recursiva administrativa o incluso en la vía anulatoria ante el T.C.A. se lograra la nulidad de acto administrativo cuestionado, el mando de la Fuerza quedaría a cargo de un encargado de despacho y no a cargo de un Oficial perteneciente al Cuerpo General de la Armada, tal como corresponde a derecho; invocándose en tal sentido lo establecido en el art. 22 de la ley 10.808, norma especial que debe conjugarse con los arts. 18.95, 97 y 103 de la ley 19.775 (ley de carácter general) de conformidad con el principio lex posterior generalis non derogat prior specialis. b) Por lo demás, indica que en la demanda quedaron identificados los principios y normas constitucionales vulnerados en el caso por el Poder Ejecutivo, los que en el caso deben ser objeto de examen general y también particular, en la medida en que la condición militar del accionante le impide permitir cualquier violación a la ley y le impone defender a la Institución a la que pertenece, tanto en relación a sus propias aspiraciones como en relación a las aspiraciones de los demás integrantes de Cuerpo General de la Armada Nacional. c) En función de tales argumentos solicita que se revoque la recurrida y que, en su lugar, se conceda trámite a la acción de amparo deducida en autos. 3. Por decreto No 2043/2025 del 9 de setiembre de 2025 el tribunal a quo mantuvo la impugnada y franqueó el recurso de apelación, sin expresión del efecto concedido. 4. Recibidos los autos en este Tribunal -integrado por el Dr. Gustavo Iribarren por licencia de una de sus miembros naturales (Dra. Loreley Opertti)-, una vez cumplido el estudio se acordó el dictado de la presente en legal forma. Considerando: I. La Sala, con el número legal de voluntades (art. 61 de la ley 15.750) confirmará la sentencia interlocutoria apelada. Y ello por los fundamentos que se expondrán de inmediato. II. En primer lugar habrá de señalarse que la acción de amparo (de raigambre constitucional y regulada por la ley 16.011) tiene como objeto obtener la protección de un derecho expresa o implícitamente reconocido en la Constitución, inherente a la personalidad humana o derivado de la forma republicana de gobierno, ante una lesión o amenaza por un acto, hecho u omisión manifiestamente ilegítimo, siempre que no existan otros medios eficaces para la misma finalidad: notas y exigencias que ponen de manifiesto el carácter excepcional y residual del instituto. Y no resulta ocioso establecer aquí que esa ilegitimidad merece calificarse como manifiesta, cuando la misma surge en forma clara, evidente, palmaria, del propio acto, hecho u omisión; interpretación estricta que resulta armónica con el carácter excepcional del proceso de amparo. III. Una vez asentado lo anterior corresponde ingresar en el examen particular indicando que, de conformidad con los propios términos de la demanda, lo que el promotor pretende por la excepcional vía del amparo es que se deje sin efecto la Resolución 98752 dictada por el Poder Ejecutivo con fecha 30 de julio de 2025, por la cual se designó en el cargo de Comandante en Jefe de la Armada al Contralmirante José Luis Elizondo (perteneciente al Cuerpo de Prefectura) -nombramiento cuya legitimidad se objeta- y que se ordene al Poder Ejecutivo a realizar la misma de acuerdo a la normativa vigente, la que impone que el cargo sea ocupado por alguno de los Contralmirantes que integran el Cuerpo General de la Armada. Y conforme admite el promotor, la referida Resolución ya fue objeto de recursos administrativos. Ese escenario -que expone la naturaleza y contenido del acto cuyos efectos se pretenden enervar y que se procura sea sustituido por otro de diverso contenido- indica a las claras la improcedencia de la acción de amparo promovida. En efecto, y tal como ya fuera adelantado supra, la acción de amparo es una vía excepcional que solo resulta adecuada a los casos en que presentada ante el juez una grosera violación de derechos de rango constitucional (la que debe surgir con evidencia de la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de amparo), aquél pueda disponer en un proceso sumarísimo con participación de la accionada, las medidas necesarias para la inmediata tutela del derecho fundamental conculcado. Sin embargo, el examen de la acción de amparo no se agota en tales extremos sino que exige, con toda razonabilidad, que la tutela procurada no pueda ser lograda por vía de otro procedimiento (administrativo o jurisdiccional), exigencia que denota el carácter residual de la acción bajo examen. Y ese carácter residual no queda afectado por la mayor extensión temporal que pudieren ofrecer los procedimientos especialmente previstos, no admitiéndose que la demora que pudiere suponer la tramitación de los mismos equivalga a la ineficacia a la que refiere el art. 2 de la ley 16.011. Nótese en tal sentido que si celeridad procesal y eficacia se entendieran como sinónimos, el sumarísimo proceso de amparo sustituiría, en todos los casos, al amplio abanico de instrumentos procesales establecidos por ley para que la protección de derechos. Como desde larga data y en forma maciza ha señalado nuestra jurisprudencia de segunda instancia: “De recurrirse a esta acción en función de la tardanza de los medios administrativos o jurisdiccionales ordinarios, violando la previsión legal, se llegaría, por absorción, a vaciar de contenido a los otros instrumentos procesales específicos con que cuentan los litigantes para la debida defensa de sus derechos. ... el amparo es un instrumento extraordinario y residual, que solo corresponde en aquellas situaciones en que por falta de medios legales peligra la salvaguardia de derechos fundamentales.” (entre otras, por citar las sentencias más recientes: T.A.C. 4to., sentencia 10/2023; T.A.C. 6to., sentencia 397/2024). Corolario de lo anterior es que, teniendo el promotor a su alcance, tanto para obtener el cese de los efectos del acto administrativo cuya legitimidad cuestiona como para lograr, en su caso, que el mismo sea rectificado conforme a derecho (y nótese que lo segundo dependerá de lo primero), la vía de los recursos administrativos y el ejercicio de una eventual acción anulatoria ante el T.C.A., el proceso de amparo ensayado en autos resulte improcedente. Y tal conclusión impone confirmar el rechazo liminar de la demanda resuelto en primera instancia. Por tales fundamentos y por lo establecido en las disposiciones citadas, el Tribunal RESUELVE: Confírmase la sentencia interlocutoria recurrida. Notifíquese a domicilio. Y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada