Sentencia Definitiva N° 203/2025

Sentencia Nro. 203/2025 - IUE: 2-71601/2025 Montevideo, 16 de septiembre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Analía García Obregón Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y otro - AMPARO”; IUE No 2-71601/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 86/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16o Turno, Dr. Hugo Rundie. RESULTANDO: I. Por la referida sentencia definitiva se desestimó la demanda en todos sus términos. II. Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora interponiendo recurso de apelación, por considerar que el fallo realiza una interpretación restrictiva del instituto; rechaza la acción por falta de petición administrativa previa, lo que desconoce la naturaleza del amparo como vía excepcional y urgente destinada a tutelar derechos fundamentales frente a actos u omisiones manifiestamente ilegítimos; se valoró en forma indebida la prueba, la documentación presentada acreditó la patología, edad y pronóstico de la accionante, así como la indicación médica de Pembrolizumab como única alternativa; la decisión recurrida omite la aplicación de normas internacionales de jerarquía constitucional en Uruguay; por lo que solicita se revoque la recurrida y se condene a los demandados a proporcionarle el medicamento requerido. III. Sustanciada la recurrencia referida, la misma fue evacuada solo por el FNR, que expresó, en lo medular: no es posible entender cuál es la alegada interpretación restrictiva de la acción de amparo que se imputa al a quo en tanto la Sede hizo todo lo posible para que fueran salvadas las omisiones incurridas por la parte actora en el presente accionamiento, surge de la escueta probanza documental incorporada en la demanda (copia simple de las páginas de la historia clínica de la actora) que ésta padece cáncer de vejiga EIV ganglionarpor tal motivo le fue indicado el tratamiento con el fármaco Pembrolizumab, objeto del presente accionamiento; la accionante omitió la petición administrativa del fármaco ante el FNR tampoco Indicó en su demanda cuál es el fundamento jurídico por el que le atribuye responsabilidad en estos autos, el accionamiento fue deducido con absoluta orfandad probatoria, por lo que la recurrida debe ser confirmada. IV. Franqueada la alzada, el expediente fue recibido en esta Sala el 10 de setiembre de 2025, pasando los autos a estudio simultáneo, acordándose el dictado de la presente sentencia y designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad de sus miembros naturales, confirmará la sentencia apelada, en mérito a los fundamentos que se expondrán a continuación. II. En el caso, se ha presentado la accionante, de 77 años de edad, quien refirió que padece CARCINOMA UROTELIAL DE VEJIGA (IV ganglionar), con progresión tumoral y mal pronóstico.Debido a comorbilidades relevantes (insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, dislipemia, hipotiroidismo y obesidad), se descartó el tratamiento quirúrgico y se optó por tratamiento sistémico paliativo, el cual fue tolerado con dificultad, obligando a su suspensión.Ante la progresión tumoral y el deterioro clínico sostenido, se indicó tratamiento de segunda línea con PEMBROLIZUMAB. El fármaco no se encuentra incorporado al FTM para la patología de la reclamante, quien carece de cobertura mutual y de capacidad económica para afrontar el costo del tratamiento, el cual supera ampliamente sus ingresos. III. La sentencia definitiva impugnada, como se dijo, desestimó la demanda promovida, considerando que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia del amparo. En especial, se omitió la presentación de la petición administrativa previa ante los demandados y no se probó la necesidad ni urgencia del tratamiento. IV. Como se adelantó, la apelación deducida no resulta de recibo. Más allá de las carencias formales de la recurrencia, puesto que no se ensaya una correcta expresión de agravios, entendiendo por tal el análisis pormenorizado del razonamiento expuesto por el decisor de primer grado, describiendo cada premisa que estimare equivocada, así como expresando cuál considera que hubiera sido correcta de conformidad con la prueba diligenciada en la causa, así como las normas aplicables en respaldo de su teoría del caso; asiste razón al a quo respecto a que no se acreditó ilegitimidad manifiesta alguna en la actuación de las demandadas que haga posible la condena peticionada a su respecto. Del análisis de los hechos invocados por la accionante y la prueba allegada, no puede llegarse a una conclusión distinta a la arribada por el sentenciante de primer grado. Es requisito a texto expreso conforme lo edictado por la Ley No. 16.011, la acreditación de una conducta manifiestamente ilegítima en la actuación de los demandados, lo que se entiende en autos, no ha acaecido, puesto que ni si siquiera se precisa cuál sería dicha conducta, limitándose a aportar como prueba un documento que resumiría su historia clínica reciente y estaría firmado por quien, según se alega, sería la oncóloga tratante. Dicha médica no fue propuesta para declarar, por lo que el documento agregado carece de eficacia convictiva. Por otra parte, al final del documento se estampa “PC control previa a realizar tratamiento”, lo que me impide tener por acreditada la inminencia del daño en caso de no recibir el medicamento. Por consiguiente, la amparista no acreditó los hechos fundantes de su pretensión: la enfermedad que padece, la indicación del medicamento, los beneficios que el suministro del fármaco podría proporcionarle, su carencia de recursos económicos suficientes para financiar el tratamiento, considerando que dentro de las normas invocadas refiere al art. 44 de la Constitución. No se alegó ni demostró el precio del medicamento en las dosis que tendría indicadas y mucho menos puede considerarse acreditada la imposibilidad de financiarlo con el documento adjunto a la demanda, que no es más que una declaración de la accionante realizada ante su abogada. Como reiteradamente el Tribunal ha sostenido “más allá de la necesidad de probar los hechos controvertidos y que es de cargo del demandado probar los hechos impeditivos, extintivos o modificativos de la pretensión controvertida de su adversario, la parte actora debe acreditar que su pretensión cumple con los presupuestos legales constitutivos, fundantes de su pretensión. En este sentido, el promotor debe acreditar y el Tribunal verificar, la configuración de los requisitos legales necesarios para el éxito de la acción de amparo. Los mismos consisten en la existencia de uno o más actos, omisiones o hechos de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (artículo 72), de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley No. 16.011. Son presupuestos legales, materiales, que deben encontrarse presentes y otorgar al Tribunal la certeza necesaria sin mayor indagatoria (razón por la que se instauró un proceso especial sumarísimo) con respecto a la pertinencia de lo solicitado. No se trata de una cuestión que pueda resolverse únicamente en función de la actitud procesal de la demandada, derivando de ello derechamente el amparo de la pretensión.” (sentencia 63/2025). Se agrega que en el caso, como bien relevó el a quo, no se solicitó previamente en vía administrativa el suministro del fármaco, aunque de lo expresado al contestar la demanda puede inferirse que la respuesta habría sido negativa. V. ‘La cuestión radica en que las necesidades humanas no tienen límites y los recursos colectivos siempre son insuficientes para satisfacer todas las necesidades de todos y por eso este tipo de derechos -prestacionales y fundados en principios- no pueden ser ilimitados y exigen delicados equilibrios’ (Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales,1984; Atria, Fernando. ¿Existen derechos sociales? Trabajos en XVI Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social, B.Aires 2002 y en Congreso de la Asociación Mundial de Filosofía Jurídica y Social, 2003; Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. "Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales" en Jura Gentium, Revista de Filosofía del Derecho Internacional y política global; Cruz Parcero, Juan Antonio. "Leones, lenguajes y derechos. Sobre la existencia de los derechos sociales" y "Derecho sociales: clasificaciones, normas, acciones y fines" entre otros). ‘Desde esa perspectiva, es razonable que el precepto constitucional imponga al Estado el deber de asistir a quienes no pueden procurarse, por razones económicas, la asistencia médica a la que pueden acceder las demás personas precisamente por contar con los recursos necesarios. Pero no podría significar que el Estado deba proporcionar a quien lo requiera cualquier tratamiento o cualquier medicamento que ningún otro habitante, aun contando con recursos suficientes, podría obtener en nuestro medio. Es claro que esa prestación a cargo del Estado ha de admitir algunos límites objetivos que, obviamente, son discutibles. Si bien, en casos excepcionales, esos límites no pueden acotarla a los medicamentos que el Estado haya considerado pertinente incluir en el Formulario Terapéutico de Medicamentos tras de hacer un balance entre sus beneficios sanitarios y el costo financiero de asumir la cobertura universal, tampoco parece razonable exigirle que, sin mayor análisis, suministre cualquier fármaco que un médico le indique a su paciente...” (TAC 1 Sentencia 1/2015). Ello no significa que la indicación médica no sea la correspondiente a esta paciente o que no deba recibirla, sino solamente que en el marco del presente proceso de amparo, no ha logrado demostrarse que la omisión de los demandados en proporcionar el medicamento revista la nota de manifiesta ilegitimidad, no siendo la vía del amparo la única prevista para la protección de los derechos fundamentales. No puede pretenderse que el Tribunal supla o sustituya el necesario aporte de la interesada, cuando la única prueba presentada es un documento privado presuntamente firmado por un tercero, que para su autenticidad, requieren ser corroborados por su autor. Por todo lo expuesto, en definitiva, habrá de confirmarse la sentencia apelada. VI. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 137, 139.1, 140, 141, 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFIRMANDO LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. HONORARIOS FICTOS PARA LA PARTE GRAVADA: 3 BPC. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Cecilia Schroeder Rius- Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria I Subrogante