Sentencia Interlocutoria N° 521/2025

Prioridad: Media – PUBLICAR . Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – PRUEBA ANTICIPADA Y/O DILIGENCIA PREPARATORIA – (TEST. IUE 2- 41911/2025) – IUE 395-243/2025 ; venida del Juzgado Letrado de Tacuarembó de 1º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la Fiscalía Letrada Departamental de Tacuarembó de 1 º Turno, representada por la Dra. Fabiana Corbo, contra la resolución N.º 1240/2025 dictada el 22 de mayo de 2025 por la Dra. Lucía Piñeyro (Jueza Suplente), con intervención de la defensa Dr. Martín Sosa. RESULTANDO : I) La hostilizada resolvió: De conformidad al art 15 y 16 de la Constituci ón de la República y acordada 7953 del SCJ se dispone: téngase por ilegalmente practicada la detención de la Sra. AA disponiendo su libertad inmediata. II) La Dra. Fabiana Leticia Corbo por fiscalía fundamenta la apelación anunciada en audiencia (fs.20) y expresa agravios porque la A quo declaró ilegal la detención de la imputada. La Sra. Magistrada entendió que no existía flagrancia, ya que la cantidad de droga incautada era escasa y no podía complementarse con el allanamiento posterior. Sin embargo, la fiscalía sostiene lo contrario: la imputada fue interceptada en un operativo de control policial, en el trayecto habitual hacia una boca de venta de drogas, portando 45 gramos de marihuana, seis envoltorios de pasta base y dinero en efectivo. Con esa información, la propia A quo autorizó el allanamiento de la vivienda de la imputada y de la finca donde funcionaba el punto de venta, lo que evidencia – a juicio del Ministerio Público – que sí existían indicios sólidos de actividad delictiva. Por tal razón, considera incoherente que horas más tarde la misma magistrada sostuviera que las cantidades incautadas eran insuficientes para configurar flagrancia. Fiscalía recuerda que la policía, conforme a los arts. 53 y 54 del CPP, está facultada para detener en casos de flagrancia, realizar diligencias inmediatas e informar al Ministerio Público en un plazo de hasta cuatro horas, lo que se cumplió en este caso. La detención se produjo a las 14:05 y los allanamientos se ejecutaron a las 16:00, dentro del plazo legal; de donde, el allanamiento no fue para subsanar una detención irregular, sino para reunir más pruebas de la actividad delictiva. Asimismo, la fiscalía invoca jurisprudencia que define la flagrancia como la percepción inmediata de un delito, justificando la privación de libertad por la urgencia de la situación. Señala que la conducta de la imputada podría encuadrar tanto en flagrancia propia – transporte de drogas prohibidas, art. 219 lit. a CPP – como en flagrancia impropia, ser hallada en tiempo inmediato con drogas destinadas a la negociación, art. 219 lit. c CPP. Agrega fiscalía que la imputada no estaba registrada como consumidora en el IRCCA, reconoció en sede policial dedicarse a la venta de estupefacientes y los allanamientos confirmaron la existencia de elementos vinculados a dicha actividad. III) El Dr. Martín Sosa Souza, defensa de la imputada, aboga por la confirmatoria (fs.26). La defensa sostiene que fiscalía basa su agravio en una supuesta contradicción de la A quo, quien primero autorizó un allanamiento tras la detención de Alenka Melo en presunta flagrancia, pero luego declaró ilegal dicha detención en la audiencia de control. Para la defensa, precisamente esa audiencia tiene como finalidad revisar la legalidad de la detención y los actos posteriores, y no limitarse a convalidar lo sostenido por la Fiscalía. Afirma el apelante que la imputada es consumidora, por lo que la cantidad incautada – cogollos de marihuana – carece de relevancia penal, criterio que fue valorado correctamente por la Sede. Además, se denuncia que la joven, menor relativa, sin antecedentes y de género femenino, estuvo retenida más allá de las cuatro horas permitidas, en condiciones de presión indebida por parte de varios policías varones, lo que configura un procedimiento irregular y contrario al art. 61 del CPP. Se cita jurisprudencia y solicita al Tribunal de Apelaciones que confirme la resolución impugnada, manteniendo la nulidad dispuesta por la A quo. IV) Por providencia N.º 1412/2025 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, se citó para sentencia, que se acordó previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de revocar la interlocutoria impugnada, por los fundamentos que expondrá. II) Los hechos que motivaron la incidencia consisten en que el 21 de mayo de 2025 se tramitó solicitud de allanamiento por fiscalía. En una primera instancia el allanamiento no fue admitido por considerar la Sede que faltaban elementos objetivos necesarios para proceder al mismo. Ante lo cual se continuó investigando por parte de la Brigada Departamental Antidrogas. Ese mismo día, a las 14:00, con información relevante que se tenía sobre el presunto funcionamiento de una boca de venta de sustancias estupefacientes en el domicilio de la detenida y en otro domicilio relacionado, es que la policía realiza un operativo rápido donde se intercepta a la imputada a la hora ya mencionada. La detenida iba transportando sustancia estupefaciente, marihuana, con un pesaje aproximado de 45 gramos, además tenía seis dosis de pasta base en chasquis, y 4.000 pesos de dinero en efectivo. Efectuado el arresto, fue conducida a la sede policial y se le tomó declaración voluntaria (art. 61 CPP). Concomitantemente, fiscalía aportó esta nueva información para solicitar nuevamente el allanamiento y la Sede accedió al mismo, que se llevó a cabo aproximadamente entre 15:30 y 16.00, arrojando resultados positivos: se incautó aproximadamente. 350 gramos de sustancia estupefaciente, en este caso marihuana en cogollos en flor, y la imputada continuó en esa situación de detención. La autoridad policial tenía indicios de que la imputada estaría vinculada a la comercialización de estupefacientes. La detención en concreto se realizó próximo a la hora 14.00, durante una vigilancia cerca del domicilio de la misma. La imputada circulaba en una motocicleta Yamaha 110, se le realiza seguimiento y es interceptada porque de acuerdo a las vigilancias previas se sabía que ella a esa hora de la tarde, salía de su domicilio, llevaba sustancia al otro domicilio ya mencionado, en el cual también se realizó allanamiento, por eso la policía, con indicios del transporte de sustancias en ese horario, se la detiene e incauta la sustancia estupefaciente ya mencionada. La imputada ya en la Brigada admitió la comercialización, y en base a esto también se solicitó el allanamiento, ya que los artículos 53 y 54 CPP, que establecen que la autoridad policial cuenta con hasta cuatro horas para continuar su diligencia de investigación. En la audiencia del 22 de mayo de 2025, la fiscalía da cuenta del momento de la detención señalando que la policía tenía sospechas de la participación de la imputada, se realizaron vigilancias y seguimientos, y como se conocía que en ese horario la imputada transportaba estupefacientes de un domicilio al otro, se la detuvo y se le incautó la cantidad de sustancias señalada anteriormente. La defensa toma la palabra (9.40) y expresa dudas sobre la existencia de flagrancia debido a la cantidad de sustancia secuestrada, pero no la objeta. Posteriormente, la Sra. Magistrada interroga a la imputada sobre las circunstancias de la detención, y ella señala que el trato fue más o menos, que no existieron apremios físicos pero que la hicieron declarar cosas que no debía y que no hizo. Oídos los letrados y a la imputada, la A quo expresa verbalmente sus fundamentos. Menciona que conocía la existencia de una investigación previa, que había elementos para actuar, pero en el momento de la detención, la cantidad de marihuana y pasta base puede ser para consumo personal. La flagrancia no se puede completar con elementos surgidos a posteriori de la detención. Culminada la fundamentación, la A quo dicta la resolución objeto de esta apelación. III) El Tribunal revocará la decisión de la Sra. Magistrada A quo, en el entendido que la detención de la imputada se realizó en situación de flagrancia propia. En efecto, la fundamentación de la fiscalía, tanto durante la audiencia como luego en el recurso, basa la legalidad del accionar policial en el resultado de las diligencias de allanamiento verificadas con posterioridad a la detención. En este sentido, le asiste plena razón a la decisora en cuanto a que los hechos subsiguientes al arresto, no pueden tener un valor retroactivo para validar lo efectuado con anterioridad. No obstante, analizada la detención con los elementos que se tenía no con posterioridad, sino a priori, con más lo surgido del propio acto de la detención, son indicativos de una clara flagrancia delictual. Primeramente, no solo el art. 219 y 220 CPP regulan la detención en flagrancia, sino también la ley 18.315, en sus artículos 43, 44 y 47, atribuyen a la autoridad policial el poder deber de interceptar a las personas, y eventualmente privarlas de libertad, en los supuestos establecidos legalmente, que incluso alcanzan al momento previo a la ejecución del eventual delito: La Policía podrá realizar registros personales respecto de quien se hallare legalmente detenido o de quien existan indicios de que haya cometido, intentado cometer o se disponga a cometer un delito, o cuando, en el curso de un operativo policial debidamente dispuesto, existan motivos suficientes o fundados para dar cumplimiento a medidas de resguardo imprescindibles para garantizar la seguridad de cualquier persona involucrada en un procedimiento, incluida la del personal policial interviniente o de terceros… (art. 44, ley 18.315) . Incluso la llamada Ley Orgánica Policial reconoce estas facultades a la policía, cuando el artículo 4, literales C, D y E, le ordenan mantener y restablecer el orden, prevenir la comisión de delitos y reprimir las conductas que constituyan delitos o faltas. Por consiguiente, aun si en el caso la autoridad hubiera actuado ante la sospecha de que la imputada estaba cometiendo o se disponía a cometer un delito, su actuación hubiera sido correcta e incluso ordenada por las normas que acaban de citarse. IV) No obstante, en esta oportunidad la policía actuó dentro de un operativo destinado a identificar y reprimir delitos de narcotráfico, como señala la Sra. Fiscal en audiencia. En efecto, la Brigada Departamental Antidrogas poseía información relevante sobre el funcionamiento de dos bocas de expendio de estupefacientes, una en el domicilio de la imputada y otra en la casa de los suegros, y además tenía sospechas de que la imputada era quien hacía el trasiego de sustancia de un lugar a otro. En tal sentido y en cumplimiento de sus deberes funcionales, la autoridad detuvo a AA en pleno trayecto, circulando en una motocicleta, portando dos tipos de sustancias diferentes – aparentemente, marihuana y pasta base – y dinero en efectivo. En consecuencia, si la hipótesis de trabajo de la policía era que la imputada transportaba estupefacientes de un domicilio al otro, y es detenida en dicha actividad y con estupefacientes en su poder, cae por su peso que se verifica una clara situación de flagrancia, puesto que la actividad con apariencia delictiva que se investigaba parece respaldada por los hallazgos y por las circunstancias en que se produjo la detención – se reitera – circulando en motocicleta de una finca a la otra. La Sra. Magistrada reconoce que la policía estaba investigando esos hechos y ante la concordancia entre dicha investigación y los hallazgos, debió declarar la legalidad de la detención, porque no necesariamente podría tratarse de un delito relacionado a la tenencia, sino eventualmente al suministro, transporte o negociación de estupefacientes, respecto de los cuales, el hecho de circular con estupefacientes en su poder, pueden dejar en evidencia dichas conductas ilícitas. No se trata entonces de si la imputada tenía una cantidad que superara lo razonable para su consumo o no, sino si estaba cometiendo o no un acto consumativo de un delito de los investigados en ese momento. La autoridad policial no tiene porqué tipificar la conducta en el momento de la detención. Como esta misma Sala ha expresado: … pues es muy claro para la Sala que el Código no requiere que el funcionario aprehensor sepa a ciencia cierta cuál es el delito concreto, determinado o específico en el que podría haber incurrido el agente (pues ello sería ir contra aquello que resulta humanamente posible). Lo que el Código consagra (art. 53) es que, en su condición de auxiliar y en el desempeño de las actividades que las normas vigentes ponen de su cargo, al funcionario policial se lo habilita a detener ante la existencia o la presencia de indicios concretos, graves y serios de que está frente a alguien involucrado en alguna actividad delictiva, ya culminada, en progreso, o incluso, a punto de realizarse… (Interlocutoria 343/2022. TAP 1º. BJN) . Por lo tanto, la policía no podía, ni debía realizar una valoración de la tipicidad de la conducta, ni está legalmente habilitada para hacerlo, mucho menos cuando la detención y hallazgo se hizo durante un procedimiento policial con la finalidad precisa de descubrir y reprimir una actividad ilícita. Por otra parte, no se puede exigir a la autoridad aprehensora que en el momento del procedimiento – incluso antes de la calificación jurídica eventual – que estime el peso o cantidad de la sustancia, de donde puede inferirse que l a A quo – inconscientemente – incurre en el mismo error que le reprocha a fiscalía, esto es, valorar la detención con información que recién se tuvo a posteriori, como lo es la cantidad y peso de la sustancia incautada. El Tribunal reconoce el respeto de la A quo por su función como tribunal de garantías, pero no comparte su decisión, en la medida que exige para la detención en flagrancia un estándar de evidencia muy superior al que razonablemente puede requerirse de la policía en tales situaciones. Tal valoración, y eventualmente, el análisis de la tipicidad de la conducta, debe reservarse para etapas posteriores del proceso: la formalización si es el desajuste es manifiesto, y la sentencia definitiva si carece de tal claridad. Por último – y teniendo presente además que no fue el fundamento de la atacada – la imputada no denuncia un trato ilegítimo de la autoridad, y el valor de su declaración en sede administrativa, su admisibilidad o utilizabilidad, corresponde también analizarlo en etapas posteriores al control de detención. POR CUYOS FUNDAMENTOS, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1.- REVÓCASE LA IMPUGNADA, Y EN SU MÉRITO, DECLÁRSE LEGAL LA DETENCIÓN DE AA. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE .