Texto de la sentencia
Sentencia Nro. 250/2025 - IUE: 2-93802/2023 Montevideo, 16 de septiembre de 2025
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO.-
Ministro Redactor:
Dr. Guzmán López.-
Ministros Firmantes:
Dra. Mónica Besio.-
Dr. Alvaro França.-
AUTOS: “AA Y OTRO C/ MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS. DAÑOS Y PERJUICIOS. IUE 2-93802/2023”.-
I) El objeto de la instancia.
El objeto de la instancia está determinado por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia Definitiva No 83/2024 de fecha 27 de noviembre de 2024 (fs
258), dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno Dr. Pablo Javier Gandini.
II) El caso.
Rectamente interpretada la demanda presentada el día 29 de noviembre de 2023 movilizada por los reclamantes AA y BB , de conformidad con los criterios de aplicación en la materia (Odriozola, en Judicatura, año I, No 10. P. 244 y ss), debe de concluirse que en la misma se pretende indemnización por Daño Moral causado por responsabilidad contractual contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Expresaron ser dependientes, técnicos prevencionistas laborales, ingresados por concurso.
Que desde hace dos años no cumplen la función para la cual fueron designados, desinstalaron sus oficinas de trabajo y tomaron a profesionales del mismo rubro para realizar las tareas.
Señalaron que a pesar de presentar notas, denuncias correspondientes, y recursos administrativos nada se resolvió al respecto por parte de la demandada. Que ante ello, decidieron realizar denuncia de acoso frente al Ministerio de Trabajo, el mismo se expidió expresando que la vía administrativa se había agotado, pero nada expresan sobre el objeto de la denuncia de acoso laboral a investigar.
Indicaron que luego de varias instancias sin resolución favorable, comenzó la persecución, fueron mal tratados y descalificados por las autoridades del MTOP.
Peticiona que se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios sufridos.
La parte demandada Ministerio de Transporte y Obras Públicas contestó el accionamiento controvirtiendo el mismo.
Expresó que se controvierte lo dicho en la demanda. Que el relato realizado en la misma es oscuro, se denuncian situaciones y mencionan puestos de trabajo involucrados sin mencionar nombres de los presuntos acosadores. Que en reiteradas oportunidades los actores hacen referencia al expediente 2021-10-1-0004953, pero el mencionado expediente no refiere a denuncia alguna, sino que se trata de un mero escrito de autorización en el expediente 2021-
10-1-0000632.
Señaló que no es cierto lo afirmado por los actores en cuanto a que no fueron investigadas sus denuncias. Del propio expediente No 2021-10-1-0000632 surge lo contrario, se tomaron declaraciones a numerosos funcionarios, se investigó la situación denunciada y se concluyó que los actores no sufrieron acoso laboral. Que durante la investigación se vislumbró un mal manejo por parte de los actores del trato para con los Arquitectos, así como la carencia de respeto a los mandos medios, posición jerárquica y en consecuencia a recibir directivas de trabajo tanto administrativas como técnicas. Que los actores parecen agraviarse de que la Dirección Nacional de Arquitectura el 13 de noviembre de 2023 adjudicó la contratación directa por excepción al Instituto Nacional de Calidad, la cual tiene como fin el asesoramiento respecto a la aplicación de Buenas Prácticas de Gestión, incluyendo dos prevencionistas con experiencia en gestión pública.
Controvierte existencia y montos de los rubros reclamados, y peticiona se desestime la demanda.
III) La Sentencia Definitiva impugnada.
El decisor de primer grado consideró que no comparte las conclusiones a las que se arribó en la vía administrativa (MTOP) que determinó el archivo de las actuaciones ante las denuncias presentadas por acoso laboral. Que quedó acreditado por las declaraciones testimoniales de CC y DD la situación de acoso sufrida por ambos reclamantes (técnicos prevencionistas) quienes no pudieron seguir ejerciendo sus tareas técnicas acordes a su cargo presupuestal.
El A Quo entendió que negar las tareas de prevencionistas con fines espurios y afectar el honor profesional de los mismos quedando excluidos de las tareas de su cargo forman parte de un acoso laboral que debe ser reparado.
En definitiva se condenó al MTOP a pagar a los actores la suma de U$S 8.500 a cada uno de los actores por el Daño Moral sufrido.
IV) El recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs 263 ).
Expresó que causa agravios que en la sentencia únicamente se tenga en cuenta los testimonios propuestos por los actores, siendo que uno de ellos (DD) es pareja de uno de los mismos.
Señaló que en la Sentencia no fueron valorados los testimonios de EE, Arq. FF, Arq.
GG y Arq. HH, que desvanecen en absoluto la motivación tomada en forma incorrecta por el decisor de primer grado.
Indicó que el MTSS que es el organismo experto en materia de Acoso Laboral, ante la denuncia articulada por los actores, resolvió el archivo de la misma, extremo que no fue tomado en cuenta en la recurrida.
Manifestó que no se puede dejar de soslayar la carencia de fundamentación de la Sentencia impugnada, lo que impide conocer que razonamiento efectuó el Magistrado para llegar a esa conclusión apartada de la regla de la sana crítica y de toda razonabilidad.
Por último agregó que la Sala vulneró claramente las reglas de valoración de la prueba y de la sana crítica, violentando el principio de unidad probatoria, desmembrando la prueba y efectuando una errónea valoración probatoria.
Peticionó se revoque la impugnada y se desestime la demanda.
V) La parte actora evacuó el traslado que le fuera conferido abogando por la confirmatoria de la impugnada (fs 271).
VI) Se franqueó la correspondiente alzada, se remitieron los autos a esta Sede y previo pasaje a estudio, se acordó el dictado de decisión anticipada.
VII) Sobre la responsabilidad del Estado frente a accionamientos reparatorios patrimoniales como el promovido en obrados.
El Tribunal tiene reiteradamente admitido que en el ámbito general de la responsabilidad del Estado (Art. 24 de la Carta Magna), ésta no es objetiva sino que deriva de la falta de servicio público (por haber funcionado mal o tardíamente o no haber funcionado) e indirectamente en la falta de sus funcionarios, ya sea por la violación de la regla de derecho o por culpa. La responsabilidad del Estado (Art. 24 y 25 de la Constitución) por actos, hechos u omisiones administrativas, adoptándose el criterio de la falta de servicio como criterio nuclear de ésta, no implica un régimen de responsabilidad objetiva que determine que aquel deba ser responsabilizados aun por los daños causados por su actividad lícita o sin que exista dolo, culpa grave o negligencia de parte de sus funcionarios. (Martins, La Responsabilidad de la Administración y de los funcionarios en la Constitución Uruguaya. R.D.P.P. T. XXX p. 195 y ss).
VIII) La pretensión incoada en obrados está fundada y basada en los daños y perjuicios que habría provocado el acoso laboral sufrido por parte de personal dependiente de la demandada.
En el caso, el presente accionamiento contra el Estado-Ministerio del Interior se encuentra fundado en la responsabilidad que le cabría a dependientes del M. del Interior, que habrían acosado laboralmente a los actores y habrían generado los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama.
La doctrina ha expuesto sobre el denominado Acoso Laboral: “.....Hostigamiento Laboral o Acoso Moral en el lugar de Trabajo. El acoso moral o “mobbing” constituye un fenómeno social notorio y con incidencia en el ámbito del Derecho de Trabajo cuando se produce o genera en una relación de trabajo... El hostigamiento implica una persecución continua de la persona elegida, que hace sentir al trabajador incapaz de afrontar, día a día su asistencia al trabajo, llevándole a una situación insostenible que termina con una licencia médica o con la renuncia.... Los principales rasgos que diferencias el acoso moral de otro tipo de conflicto interpersonal en el medio laboral son la duración, repetición y una relación asimétrica o desigual entre las partes del conflicto... El acoso moral es también un factor de riesgo psicosocial asociado al estrés laboral ... El acoso moral en el ámbito laboral es aquella conducta activa o pasiva desarrollada que tiende a generar la desestabilización física o emocional mediante actos vinculados a la tarea a realizar utilizando medios que afectan bienes jurídicos tales como la dignidad y el honor, derechos que en nuestro ordenamiento jurídico tutela la Constitución (Arts. 7, 72 y 332).... Las maniobras que se pueden utilizar para el acoso moral de la víctima son a vía de ejemplo las que se detallan: aislarlo de sus compañeros o privarlo de información, someterlo a acusaciones o insinuaciones malévolas, desconsiderar o invalidar su trabajo, desacreditar su rendimiento, dificultar el ejercicio de sus funciones, exagerar y difundir fuera de contexto todos su fallos tanto reales como aparentes, comprometer su salud física y síquica mediante una constante presión estresante favoreciendo actos de huida que pueden llegar a la renuncia o al suicidio...La tarea del acosador implica el impedir que la víctima se exprese, desconsiderarla entre sus iguales, desacreditarla en su trabajo y por último comprometer su salud....La gravedad del acoso moral en el trabajo merece que el mismo pueda prevenirse, reprimirse y perseguirse civil y penalmente; y a su vez establece la necesidad de que existan políticas estatales a tal efecto, sin perjuicio de poder considerarlo como un riesgo laboral....” (Cfme La Justicia Uruguaya. Doctrinas Magistrales. T. IV. p.1084 y siguientes. Martínez de las Heras-Salaberry).
Por su parte, la Jurisprudencia también se ha hecho eco del concepto de acoso laboral-moral y en ese sentido ha expuesto: “...Por mobbing o acoso en el lugar de trabajo hay que entender cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física de un individuo o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo... La esencia del mobbing es la tendenciosidad de ese comportamiento abyecto, es la denigración laboral que busca provocar la autoeliminación del trabajador (abandono laboral o en su defecto la baja médica)... El fenómeno produce en la víctima del acoso un estado de malestar piscológico y la aparición de enfermedades psicosomáticas o típicamente desórdenes de adaptación y en los casos más graves depresión, estrés postraumático y psicosis... El acosador frecuentemente es el empleador o un subordinado que ejerce una posición jerárquica sobre la víctima... El propio preámbulo de la Declaración de Filadelfia, relativa a fines y objetivos de la OIT, consideraba como una empresa urgente el mejorar las condiciones de trabajo, entre otros protegiendo al trabajador contras las enfermedades revistiesen o no el carácter profesional.... En el ámbito del Mercosur, tenemos lo previsto en el art. 17 de la Declaración Socio - Laboral donde se establece el derecho de todo trabajador a ejercer sus actividades en ambiente de trabajo sano y seguro que preserve su salud física y mental, y estimule su desarrollo y desempeño profesional... Lo expuesto es demostrativo de un régimen tuitivo respecto de preservar la salud física y mental del trabajador dentro del ambiente de trabajo...Todo este régimen tendiente a la protección global del trabajador en el ambiente de trabajo solo puede ser accionado cuando existen elementos determinantes de que el trabajador está pasando por una situación lesiva que tenga una nítida relación con su situación laboral...” (Cfme Anuario de Jurisprudencia Laboral del año 2012. Caso 43 y 44. TAT 2do turno Sentencia 18/2012 y 182/2012).
IX) La Sala habrá de revocar la impugnada y desestimará la demanda por ser de recibo los agravios del recurrente. La parte actora no logró acreditar el acoso laboral sufrido como era su carga hacerlo conforme lo establecido en los artículos 139 y siguientes del
CGP.
El art. 139 del CGP establece que corresponde probar a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del tribunal ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica, de las omisiones o deficiencias de la prueba.
La doctrina ha señalado sobre la carga de probar: “... Las partes aportan al Juez los hechos en que basan sus pretensiones, referidas normalmente a acontecimientos pasados... Son las partes quienes tienen que aportar las pruebas de los hechos que ellos solo conocen. Lo que nos remite a la noción de carga, cuyo estudio pertenece a la teoría general del derecho y la teoría general del proceso, según la cual ella integra una de las situaciones jurídicas. Ha sido definida como un imperativo del propio interés.... La carga de la prueba significa determinar quién debe probar y si no lo hace, sufre las consecuencias....Corresponde probar a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión, y a quien contradice, los hechos modificativos, extintivos o impeditivos, es el criterio adoptado por nuestro Código...En principio se atribuye al actor la carga de probar el hecho constitutivo en que basa su pretensión, y al demandado los hechos extintivos, impeditivos o modificativos en que basa su defensa....” (CGP Anotado y Comentado. Véscovi y otros. T. IV. P. 69 y siguientes).
La SCJ ha señalado en Sentencia No 149/2021 de fecha 29 de junio de 2021, sobre la carga de la prueba: “....La carga de la parte actora antecede a la carga de la demandada, pues no se puede demostrar la imposibilidad de que haya ocurrido aquello que no se ha acreditado que sucedió. Como enseña Taruffo, ante la incertidumbre de los hechos invocados, los ordenamientos jurídicos tienden a excluir la posibilidad del non liquet. Entran allí en juego las reglas de la carga de la prueba, que permiten en cualquier caso tomar una decisión en el supuesto de incertidumbre. El actor que no prueba el hecho constitutivo de su pretensión pierde el juicio. Y pierde no porque se haya probado la falsedad de la hipótesis de hecho que alegó, sino porque la ley impone al juez que tome en cuenta la permanencia de la incertidumbre sobre el hecho constitutivo y que extraiga las consecuencias que la propia ley considera más oportunas sobre la base de la dimensión subjetiva de la controversia (Cfme Taruffo. La prueba de los hechos. Trotta, Madrid 2009. P. 247248 y Viera, Luis Alberto, La prueba en Curso de Derechos Procesal IUDP Montevideo 1974 pag. 84-84). En definitiva, como bien enseña Valentín, las reglas de la carga de la prueba se aplican cuando la valoración probatoria fracasa y permiten decidir la cuestión en contra de quien tenía la carga de la prueba y no se desembarazó adecuadamente de ella (Cfme Valentín. La prueba y la sentencia. Las reglas para determinar la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso jurisdiccional en Revista Latinoamericana de Derecho Procesal No 2, diciembre 2014).
La Sala coincide con el recurrente en cuanto a que la decisión de primera instancia que ampara la demanda se funda en una errónea valoración probatoria conforme a continuación se analizará.
Asiste razón al apelante cuando sostiene que la decisión se basó casi exclusivamente en la declaración de dos testigos (cuando uno de ellos – DD - reúne la calidad de “sospechoso” por su vínculo sentimental con uno de los accionantes), no teniendo presente los restantes testimonios que obran en autos y la prueba documental agregada, que en su conjunto llevan al Tribunal a tomar una decisión diferente a la adoptada en primera instancia.
La decisión adoptada en primera instancia está fundada casi exclusivamente en dos testimonios, en lo declarado por el Sr. DD y por el Sr. CC. El testigo DD señaló ser venezolano y pareja de AA, que AA tuvo diversos problemas de salud física y mental por los problemas que tenía en su trabajo en el MTOP que lo mantenían alejado de su labor como prevencionista en División Arquitectura, que fue AA quien le contó que lo insultaban (le decían puto y negro de mierda), y que lo acosaban porque les decían que eran conflictivos y que no sabían trabajar en equipo, que dicha situación fue denunciada ante el MTOP y ante el MTSS, que ambos actores fueron perseguidos y acosados laboralmente. El testigo CC señaló que trabajó con los actores en el MTOP, que el Arq. EE no les daba obra a los actores para que cumplieran con su actividad de prevencionistas y que a su criterio existía discriminación hacia los mismos porque éstos hacían muchas observaciones y las obras se atrasaban, agregó que él también fue discriminado por no haber terminado la Secundaria, cosa que denunció ante la Administración.
Ahora bien, considera el Tribunal que ambos testimonios no son suficientes para amparar la demanda por acoso laboral promovida. En efecto, conviene precisar que el testimonio de DD debe ser teñido de “sospechoso” por ser la pareja de uno de los actores (Art. 157 del CGP), es un testigo que no se desempeñó laboralmente en el MTOP y lo que relata es lo contado por el accionante. Por otra parte, si bien es cierto que el testigo CC sí fue compañero de trabajo de los actores y que su declaración está basada en hechos que él mismo presenció, sus dichos no pueden ser valorados con independencia de otros testimonios de compañeros de trabajo de los actores que declararon lo contrario como a continuación se expondrá.
El testigo EE señaló ser arquitecto, Jefe del Depto de Coordinación desde hace 12 años en el MTOP, se hacen obras de mantenimiento de las sedes del Ministerio. Que los actores fueron funcionarios del Departamento de Coordinación y que fue Jefe de ellos, desconoce porque fueron trasladados a otra dependencia del MTOP. Que ellos son asesores prevencionistas, cumplían bien la tarea, en ningún momento fueron discriminados. Que los prevencionistas son asesores de los Arquitectos en las obras, si ven algo que no está bien hacen observaciones y el Arquitecto es el responsable de levantarlas. Que el prevencionista es un asesor en seguridad e higiene laboral, tiene independencia técnica, a veces en determinada obra lo que plantea el prevencionista no es realizable pero se conversa con el arquitecto y se busca la solución, no todo es tan rígido.
El testigo GG señaló ser arquitecto y trabajó en el Depto de Construcción del MTOP, que conoce a los actores, son asesores del Director de Obra, que desconoce el motivo por el cual los actores fueron trasladados a otro lugar del MTOP. Que sabe que se formó un expediente administrativo a raíz de una denuncia que ellos hicieron. Que en ese momento había 3 prevencionistas en la DNA y había como 20 obras en Montevideo y 20 en el interior, que eran los Arquitectos quienes solicitaban le estudio de seguridad y se designaban los prevencionistas para ir a las obras. Que en un momento determinado se recibieron quejas de los obreros respecto a cómo procedían los actores en sus calidades de prevencionistas, eran muy arrogantes, fueron observados. Que cada vez que un técnico prevencionista va a una obra seguro trae observaciones: personal sin casco, escaleras en mal estado, etc, se otorga un tiempo para levantamiento de las mismas, que lo que dice el prevencionista no es vinculante para el Arquitecto. Que nunca tuvo conocimiento de que a los actores se los haya discriminado.
La testigo HH señaló ser Gerente General de Arquitectura del MTOP desde el 2018, que conoce a los actores porque eran técnicos prevencionistas en DNA del MTOP, que en ese momento la testigo era Gerente de Obras (que integraba la Dirección de Arquitectura) y los actores se desempeñaban también en Obras. Señaló la testigo que su relación era con el Jefe de los actores que era el Arq. EE o FF, que desconoce el motivo por el cual los actores fueron trasladados a otra dependencia del MTOP, fue una decisión del Director Nacional de Arquitectura. Que en determinado momento comenzó a existir un malestar de los Arquitectos con el trabajo de los actores, se comentaba que cuando ambos iban a las obras se comportaban como inspectores del MTSS en lugar de comportarse como asesores en materia de seguridad. Que también aparecieron quejas de los obreros acusando a los actores de que los prepoteaban, que eran arrogantes y eso llegó a oídos de los Arquitectos, que los obreros se sentían hostigados por los prevencionistas en lugar de ser asesorados por éstos.
Que supone que esa fue la razón o motivo por el cual fueron trasladados. Que cuando la situación fue muy tirante, hubo una reunión de Arquitectos y prevencionistas para fijar pautas para que no se repitieran situaciones que generaban malestar y la testigo les dejó en claro que ellos eran asesores, que luego de esa reunión ambos actores se enojaron, pero nunca hubo situación de acoso o discriminación hacia ellos. Agregó que los actores presentaron queja ante el MTOP, hubo una denuncia ante el MTSS, se sentían acosados, pero la denuncia no prosperó.
La prueba documental agregada a la causa tampoco acredita la situación de acoso laboral o discriminación denunciada por los actores, conforme detalle que se pasa a exponer.
Del expediente administrativo 2021-10-1-0001112 (fs 30 a 76) surge que las actuaciones se inician por denuncia presentada por los actores ante el MTSS con fecha 1 de marzo de 2021.
La denuncia fue presentada ante el MTSS (fs 31 vto), se hace referencia a vulneración de derechos humanos y restricción de la independencia técnica del Prevencionista, expresan que se desempañan en sección que depende de Gerencia de Obras de la DNA del MTOP, que los superiores Arq. EE y FF han vulnerado la independencia técnica del prevencionista, y que los hechos denunciados no permiten el desarrollo de la función. Del expediente administrativo surge que las situaciones definidas como “acoso laboral” por parte de los accionistas consisten en situaciones ocurridas durante 2019 y 2020, se denuncian irregularidades que ocurren en el servicio, se denuncia que se toman decisiones arbitrarias que limitan el libre ejercicio del ámbito de contralor por parte de profesionales arquitectos, jefes directos, señalan que las decisiones unilaterales impuestas carecen de fundamentación técnica alguna, se atenta contra la independencia técnica de los prevencionista, que se solicita por parte de los denunciantes que se aborde la situación garantizando que el trabajo se pueda realizar en forma adecuada y el personal técnico no permanezca más tiempo expuesto a estas situaciones detalladas, se solicita se revea la dependencia del Servicio Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de los profesionales Arquitectos sobre los cuales se debe ejercer el contralor y asesoramiento comunicándose la función y alcances de la Sección en SHSO ante los Arquitectos de la DNA, se solicita se brinden herramientas para tener acceso a la información de las obras realizadas tanto por administración directa como por subcontratados para poder ejercer el ámbito de contralor y salvaguardar las responsabilidades de la Administración. Que ante la denuncia recibida el MTSS (fs 61 vto) informa a los denunciantes que corresponde dar vista al MTOP de lo denunciado para que proceda a investigar la denuncia, en virtud que es dicho organismo quien debe realizar la investigación por ser situaciones que ocurren en el ámbito público, se les informa a los denunciantes que eventualmente podrían recurrir las decisiones que dicte la Administración si éstas lesionan sus derechos pudiendo llegar a solicitar su nulidad del acto ante el TCA. Es así como el Director Nacional de Arquitectura del MTOP es informado a través del MTSS sobre la denuncia presentada por los actores (fs 67).
Del expediente administrativo 2021-10-1-0000632 que es iniciado en el MTOP el 24 de febrero de 2021 como consecuencia de la comunicación realizada por el MTSS a raíz de la denuncia recibida por parte de los accionantes. Que entre las denuncias realizadas por los actores surge que se está incurriendo en faltas graves que no les permiten como profesionales ejercer la actuación correcta y salvaguardar la responsabilidad de la Administración, dificultando la correcta operativa del sistema de gestión en seguridad e higiene ocupacional que desarrolla este Sección. Que con fecha 4 de marzo de 2021 (fs 100 vto y 101) los propios actores solicitaron a RRHH que debido a la situación de hostigamiento que ha derivado en afectación de su salud, solicitan ser trasladados en forma conjunta a desarrollar funciones en otra Dirección del MTOP. Que por resolución de fecha 19 de marzo de 2021 se dispone por parte del MTOP una instrucción de investigación administrativa y los actores son trasladados en forma preventiva de la DNA al Depto de Servicio de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo en el Área de Gestión Humana de la Dirección General de Secretaría del Ministerio.
Que con fecha 7 de setiembre de 2021 se procede a interrogar a los actores en el transcurso de la investigación administrativa, los mismos relatan lo sucedido, formulan irregularidades sobre ocultamiento de datos, episodios que se daban en las obras, que discrepaban con los arquitectos ya que la meta de los mismos es terminar las obras y la meta del prevencionista es culminarlas pero sin accidentes y que ahí se daba la confrontación entre arquitectos y prevencionistas, agregaron que el inicio del problema fue cuando se creó un sistema de gestión que consiste en una serie de documentos donde se registra todo lo que va sucediendo y la forma de trabajo que se va a aplicar, queda todo escrito, ahí se iba dejando expuestas las irregularidades constatadas por el prevencionista, ahí comenzaron los problemas porque se hacían observaciones en las obras y eso molestaba sus Jefes, que llegó un momento que no se dirigían la palabra con su superior el Arq. EE. Que luego de la investigación administrativa el Instructor II con fecha 3 de diciembre de 2021 (fs 154 a 165) concluyó que: se constataron diferencias de índole laboral entre los denunciantes y la jerarquía de la DNA, que el malestar plasmado por los prevencionistas en su nota que motiva la presente investigación refieren a hechos puntuales pero que no contienen ningún acto o hecho que se vislumbre irregular o ilegítimo o desviado de las normas de la sana convivencia, que resulta probado que los técnicos prevencionistas se apartaban de la tarea de asesorar y colaborar con el profesional y que cumplían su tarea en forma confrontativa o buscando alguna diferencia tratando de imponer su impronta mediante mail y sin el deseado dialogo con el responsable de la obra, que no se advierte que haya existido actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del Servicio, sí se advirtieron relaciones laborales conflictivas, diferencias, hechos aislados, decisiones que no son compartidas, vínculos laborales que no ameritan mayores consecuencias, que el hecho de que se hayan trasladado a los denunciantes a otra Sección y que se haya mantenido en la DNA al técnico JJ (tercer prevencionista) denuesta una forma diferente de encarar las relaciones laborales, mientras uno decide continuar con determinadas reglas , los otros hacen un planteo más radical, que el hecho de que los denunciantes se hayan desvinculado de la DNA, pasando a desempeñarse en otro ámbito dentro del Inciso y que se haya suprimido la Sección Seguridad Higiene y Salud Ocupacional, significa que la Administración tomó los recaudos tendientes a solucionar los diferendos denunciados y de esa manera zanjar las dificultades laborales planteadas. Que en definitiva se concluyó por parte del Instructor que no resulta la existencia de actos, hechos irregulares o ilícitos, sino que se dan situaciones laborales, decisiones sobre las cuales se tiene otra posición o punto de vista, pero de ninguna manera irregularidades, por lo que procede disponer la clausura y archivo de las actuaciones.
Por Resolución del 7 abril de 2022 MTOP archivó las actuaciones.
Como ya se señalara ut supra por parte de este Tribunal, se considera que corresponde amparar los agravios del recurrente, conforme valoración probatoria que corresponde realizar de acuerdo a lo establecido en el art. 140 del CGP y conforme las reglas de la sana crítica. La norma dispone dispone que: “Las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con la regla de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa. El tribunal indicará, concretamente, cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión.”. Se ha expresado que el art. 140 del Código General del Proceso establece, como criterio para la valoración de la prueba, el sistema de la sana crítica: sistema que no somete al juzgador a reglas que prefijen el valor de las pruebas, sino que le da libertad para apreciar su eficacia persuasiva, con el único límite de exigir la razonabilidad de su juicio, que debe consiguientemente, ser ajustado a las leyes de la lógica, de la común experiencia y adecuadamente explicitado, de modo de permitir el control de su logicidad (Cfe.: de la Rúa: "El recurso de casación, etc.", Nos. 69 a 75; Couture:
"Estudios... etc." T. II, p. 181 a 227). (L.J.U. caso 14.142 T.A.C. 5).
De las resultancias del conjunto de los medios probatorios recabados en autos y referidos ut supra en esta providencia, se considera por parte de la Sala que si bien la relación laboral entre los actores y sus superiores, obreros y arquitectos que se desempeñaban en las obras visitadas por los mencionados prevencionistas, eran conflictivas, dichas diferencias de proceder y decisiones que no eran compartidas entre prevencionistas y arquitectos (que puede explicarse en cierto modo por los diferentes objetivos que tiene una función y otra), más bien se corresponden con disconformidad en cuanto a cómo deben realizar la tarea los prevencionistas, y no pueden ser calificadas como situaciones de acoso moral o discriminación.
La parte actora no acreditó la existencia de conducta abusiva, persecución ni comportamientos, actos o gestos realizados por dependientes del MTOP que hayan atentado contra la personalidad, dignidad o integridad física de los reclamantes. La parte accionante no logró acreditar los hechos relatados en la demanda que podrían haber hecho incurrir a la demandada en responsable por el acoso laboral denunciado, por lo que al no haber comprobado falta de servicio del Estado por conducta de sus dependientes, corresponde revocar la impugnada y desestimar la demanda.
X) La conducta de las partes en el proceso ha sido correcta por lo que no existen méritos para la imposición de especiales condenas procesales en el grado (Art. 688 C.C.
y 56 del CGP).
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA:
Revocase la Sentencia impugnada sin especial condenación en la instancia y en su lugar desestímase la demanda.
Honorarios fictos 3 BPC.
Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase con copia en la forma de estilo.
Dr. Guzmán López .-
MINISTRO
Dr. Alvaro França.-
MINISTRO
Dra. Mónica Besio.-
MINISTRA
Esc. Adriana León.-
SECRETARIA
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.