Sentencia Interlocutoria N° 957/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DE 3° TURNO Dr. Gustavo Nicastro Seoane-Ministro Dra. María Noel Tonarelli de Pena -Ministra (r) VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados “AA, BB y CC. Art. 117 CNA. IUE 169-271/2025. Recurso de Apelación”, IUE 169-446/2025, venidos en apelación de la sentencia interlocutoria N° 1730/2025 de fecha 30/5/2025 dictada por la Dra. Sandra Mouzo Vázquez, Jueza Letrada de Primera Instancia de Las Piedras de 1er. Turno. RESULTANDO: 1.- Por sentencia interlocutoria de primera instancia N° 1730/2025 de fecha 30/5/2025 por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Las Piedras de 1er. Turno se dispuso: “Mantiénese las medidas cautelares impuestas en autos, las cuales surgen a fs. 1 vto.. Oficiándose al Liceo N°1 de DD y Escuela N° 204 de DD en el turno de la tarde de las medidas impuestas, QUE EL SR. FF TIENE UN RADIO DE EXCLUSIÓN DE 500 METROS A LOS NNA de autos y a la institución, continúese el abordaje de los NNA por INAU, abordandose a la Sede, en un plazo no mayor de 60 días”.”. 2.- A fs. 9 la parte denunciada interpuso recursos de reposición y apelación contra la dictada manifestando que no fue citado a la audiencia donde se dispusieron las medidas ni aún en la del pasado 30 de mayo, por lo que no tuvo oportunidad de defensa, lo que encuadra en una situación de indefensión, ergo, adolece de nulidad lo dispuesto. Expresa que desconoce el motivo de la denuncia y que tomó conocimiento de las medidas de exclusión a través del Director del Club de Baby Fútbol al que asiste su hijo. Entiende que no existen motivos para la denuncia en su contra y que el día 2 de junio concurrió al juzgado a efectos de enterarse del proceso y los funcionarios no le permitieron acceder al expediente. Afirma que la decisión es inmotivada; el radio de exclusión le perjudica su trabajo en tanto hace changas y se le restringe el radio por el que puede trabajar, así como también le afecta su vida porque no le permite vivir con normalidad. La situación no refiere a vulneración de derechos sino que, dadas las desavenencias ocurridas con la madre de sus hijos, pretende alejarlo de ellos. Solicita en definitiva, que se revoque la sentencia impugnada y se disponga el archivo de los presentes. 3.- Conferido traslado de la recurrencia a la defensa de los niños no fue evacuado. 4.- Por resolución N°2099/2025 de fecha 26/6/2025 se mantuvo la resolución impugnada, se continuó con la reserva de las actuaciones y se confirió nuevo traslado de la apelación a la defensa de los niños. 5.- A fs. 18 la nueva sustanciación dispuesta fue impugnada por el Sr. FF mediante recurso de reposición del que se confirió traslado a la defensa de los niños, quien compareció a fs. 31 expresando no tener nada que manifestar respecto de la recurrencia y abogando por la confirmatoria de la recurrida. 6.- Finalmente, por resolución 2675/2025 del 20/8/2025 se franqueó la Alzada. 7.- Los autos fueron recibidos en éste Tribunal con fecha 12/9/2025, según constancia de fs, 41 y por mandato verbal N°74/2025 de la misma fecha se dispuso el pase a estudio simultáneo de los Sres. Ministros. Cumplido y habiendo alcanzado el número suficiente de voluntades, se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1.- Con el voto necesario de sus miembros naturales este Tribunal confirmará la resolución impugnada, disponiendo que la Sra. Jueza A quo convoque nueva audiencia a la brevedad. 2.- Los presentes dieron comienzo con la denuncia efectuada el 30 de mayo de 2025 en Sede Policial, respecto de la situación de la adolescente CC y los niños BB y AA, de 14, 9 y 8 años de edad respectivamente y contra el Sr. FF. Según emergencias de fs. 2 y ss. la madre denunció que la Psicóloga del Liceo de DD le manifestó que en la institución notaron triste a su hija CC, quien narró que el denunciado le tocó las piernas en forma inadecuada y que tiene miedo que suceda algo con sus hermanos. La denunciante expresó que hace seis años que se encuentra separada del Sr. FF, pero hace poco que sus dos hijos, BB y AA se niegan a verlo y desconoce el motivo. En virtud de la referida denuncia, por resolución verbal de la misma fecha dictada por la Sra Jueza de turno, se dispuso: “en protección de las NNA, las medidas cautelares respecto al denunciado, prohibición de comunicación, acercamiento y relacionamiento en un radio de exclusión de 500 metros por el plazo de 180 días y enterar a Fiscalía. Intervención urgente a INAU a efectos de que exprese si en que haya derechos amenazados o vulnerados poniendo en conocimiento de la denuncia. Emplazar a la denunciante, NNA, representante de INAU para el día 30/05/2025 hora 15:45” (fs.25 vto.). 3.- En la audiencia convocada y celebrada el 30/5/2025 se escuchó a la representante de INAU y a la defensa de los niños, luego de lo cual se dictó la resolución impugnada N°1730/2025 (fs.5 y vto.), por la cual se mantuvieron las medidas cautelares ya dispuestas. 4.- Corresponde partir de centrarnos en el concreto objeto del proceso que nos ocupa. El CNA en sus artículos 117 y ss. regula un proceso urgente, con formas procesales sencillas, a fin de que ante la puesta en conocimiento de la sede competente de una presunta vulneración de derechos de una niña, niño o adolescente, se adopten decisiones rápidas a los efectos de su inmediata protección. Protección que debe enfocarse, no solo en hacer cesar las circunstancias vulneratorias de los derechos fundamentales del niño, sino que también evitar, al amparo del principio protector, que existan nuevos hechos que lesionen sus derechos. El que nos ocupa detenta un claro fin de inmediata protección de quien denuncia una situación de vulneración de derechos. Bajo tales premisas es que se puede afirmar, que en el presente proceso, frente a la puesta en conocimiento de actos que menguaron el libre goce de los derechos de una adolescente, por imperio de la ley, deben tomarse las medidas cautelares adecuadas para hacer cesar dichos actos y/o evitar que acaezcan nuevas situaciones vulneratorias. Y es así que se cumple con el principio de precaución que impera en la materia. En ese sentido se ha dicho, “... no existe otra forma de resolver un juicio de este tipo si aunque sea en un momento, el tribunal no se plantee cuál es el objeto del proceso... En lo procesal, vinculado en cuestiones de violencia contra las personas, el criterio de precaución será un principio de derivación de la responsabilidad del Estado de evitar daños en sujetos que son considerados vulnerables... Por tanto, la adopción de medidas en base al criterio de precaución debe tener en cuenta su vigencia temporal que debe ser acotada en el tiempo, ni más ni menos para la protección de un derecho que se considera actual e inminente riesgo y que de no tomarse significaría una tolerancia a la frustración. Como contrapartida, se debe asumir que tal decisión no puede suplir la que se tome luego de un juicio llevado adelante con todas las garantías. El propio principio de precaución se desmerece en la medida que se utilice como criterio final de resolución de conflictos...” (cfme. “El llamado criterio de precaución” V.Ginares-E.Cavalli, XIX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal-FCU.pág. 445). En el marco de tales conceptos, es que en el caso, partiendo de concretar el objeto del proceso, el mismo refiere a la supuesta violencia ejercida por el denunciado sobre la denunciante y ante ello debe actuar el mecanismo de protección establecido por la ley, en forma célere y a fin de precaver nuevos hechos de violencia. 5.- En éstos, ante la denuncia efectuada por la madre de la adolescente y los niños, según se ha detallado supra, la Sede en forma célere y verbal adoptó medidas cautelares de restricción respecto del denunciado con el claro fin de protección a los niños. Ahora bien, no obstante lo acertado de la adopción de medidas inmediatas, el denunciado debió ser citado a audiencia y escuchado a fin de evaluar el mantenimiento de la misma, ya que la bilateralidad no cede aún ante la urgencia que caracteriza el proceso que nos convoca. Es por ello que, sin perjuicio de las resultancias penales que puedan surgir y a las que hizo referencia la Sra. Jueza A quo en la providencia N°2099/2025 (es especial, Considerando 2, fs. 3) la Sala entiende que corresponde que se convoque a audiencia para escuchar al denunciado. El Tribunal considera que sería conveniente que, antes de la celebración de esa audiencia (a la cual deberán ser citados el denunciado y las defensas de la denunciante y de los niños), se cuente con informe técnico con relación a la situación de los niños y con el informe ordenado por la Sra. Jueza a quo en el punto III) de la parte resolutiva de la providencia No 2675/2025 (en especial, fs. 33). 6.- Es así que, frente a la denuncia promovida y sin que signifique calificar la conducta del denunciado, se considera que fueron adecuadas las medidas de restricción adoptadas en primera instancia, a fin de que sin dilaciones, se proteja a la adolescente y niños de nuevas posibles situaciones vulneratorias. De todos modos, el Colegiado se permite señalar que, en virtud de no haberse escuchado al denunciado ni a su defensa en la instancia de audiencia, dicha falencia debe ser subsanada a fin de respetar la bilateralidad y contradicción que también impera en el proceso y que permitirá así evaluar las medidas cautelares dispuestas. 7.- Es por lo que viene de decirse que, se mantendrán las medidas de restricción impuestas como medida inmediata, adecuada y necesaria para evitar nuevas situaciones de vulneración de los derechos de los niños, imponiéndose a la Sede A quo que convoque nueva audiencia a fin de escuchar al Sr. FF, debidamente asistido, audiencia a la que también deberán ser citadas las defensas de la denunciante y de los niños y adolescente. 8.- No existe mérito para la aplicación de sanciones procesales en la presente instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: Confírmase la impugnada en todos sus términos, debiendo la A quo celebrar audiencia en el plazo de 6 días, a la que deberán ser citados, denunciante y denunciado, debidamente asistidos y la defensa de los niños y la adolescente. Sin especial sanción procesal en el grado. Notifíquese y oportunamente remítase a la Sede de origen. Dr. Gustavo Ncastro Seoane Ministro Dra. María Noel Tonarelli de Pena Ministra (r). Dra. María Catalina Elhordoy – Secretaria Letrada.