Sentencia Definitiva N° 230/2025

Montevideo, 16 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “TCHEKMEDYIAN GAYE, ASADUR C/ SENATTORE BISIO, MARCIA – LIQUIDACIÓN DE COSTOS” – IUE: 29-62/2024 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 78-91 vto. y adhesión de la parte actora a fs. 96-123 vto., contra la sentencia definitiva Nº 7/2025 del 10 de febrero de 2025 de fs. 57-76, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, Dr. Darwin Rampoldi. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se acogió la demanda impetrada y en su mérito, se regularon los honorarios profesionales -de la condena en costos- impuestos en la causa principal derivada de la Sentencia Nº 128/2022 del TAC 1º en la IUE 2-14708/2020, condenándose en este sentido a Marcia Senattore a abonar a Asadur Tchekmedyian la suma equivalente a 250 Unidades Reajustables más IVA al momento del efectivo pago. Costos en su orden y costas a cargo de la demandada. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 78-91 vto. manifestó que le agravia que el sentenciante incurre en una errónea aplicación de la regla de Derecho del inciso 2 del artículo 144 de la LOT. Para ser “interesado” es necesario acreditar debidamente el interés y esa carga procesal es del actor, pues la norma no le exime acreditar su interés directo, personal y legítimo. La Sentencia omitió considerar la subrogación legal operada de pleno derecho en favor del letrado a los efectos de reclamar sus honorarios (salvo que se probare el pago mediante factura). Así, sostuvo que es cierto que el Sr. Tchekmedyian en su calidad de “parte sustancial” es titular originario del crédito contra esta parte, y su letrado patrocinante es titular del mismo crédito contra su cliente. En consecuencia, el Sr. Tchekmedyian solo puede reclamar el crédito en caso de que ya hubiera pagado los honorarios a su abogado, y ante la falta de prueba del pago, el letrado patrocinante debió realizar el reclamo por sí y no en representación de su cliente. La relevancia del pago de los honorarios no se trata de una cuestión de oponibilidad del contrato cliente-abogado sino de una forma de evitar un enriquecimiento ilícito de cualquiera de los sujetos. La jurisprudencia desmiente los dichos de la recurrida en cuanto a la imperiosa necesidad de participación del cliente y la conformación de un litisconsorcio necesario. Era carga del actor acreditar que el pago se efectuó y esa prueba era suficiente para acreditar la legitimación activa. Por otra parte, estimó que la Sede incurre en una errónea valoración del juramento decisorio producido en autos y propone una teoría personal acerca de la confesión tácita que no existió en la especie. Basta con que el declarante diga que pagó para que se perfeccione la presunción de pago propia del tipo de prescripción “corta” y la única forma en que se puede neutralizar la presunción es si el declarante confiesa que no pagó. En autos no hubo confesión de ningún tipo de parte de Marcia Senattore y las defensas opuestas de falta de legitimación, prescripción y controversia sobre el monto son perfectamente compatibles ya que fueron deducidas en forma subsidiaria. El artículo 1227 del Código Civil se refiere al “pago” sin diferenciar la forma en que operó el mismo, y donde no distingue la ley, no corresponde que lo haga el intérprete. La Sede efectúa una interpretación equivocada del referido artículo por cuanto expresa que la norma hace referencia a la paga pese a que el legislador no realizó distinción alguna entre los modos de extinción de las obligaciones. No es relevante para el caso determinar si el pago por compensación se encuentra o no acreditado en autos, lo único que interesa es la declaración acerca si la deuda está realmente pagada. Del expediente de rendición de cuentas IUE 29-36/2022 surge que la actora tuvo que asumir una diferencia de saldo de $1.030.425,07 que corresponde que el contrario reintegre, habiendo esta parte intimado el pago. Pero aun si la compensación no fuera un medio hábil a estos efectos, la declaración de la Sra. Senattore de ningún modo puede ser entendida como confesión de que la deuda no se pagó, primero, porque no existe en nuestro sistema de enjuiciamiento una “confesión tácita, y segundo, un análisis del artículo 153 del CGP demuestra que no se configuran ni por asomo los requisitos necesarios para que la declaración sea considerada confesión. Finalmente destacó que, subsidiariamente a lo dicho, si se entendiera que igualmente corresponde amparar la demanda, el A quo incurre en una errónea interpretación de los escritos y tergiversa lo en verdad expresado acerca del monto de condena. Expresó que el error en la aplicación del principio dispositivo determinó el yerro en el monto de la condena. El monto que se estimó para la posible condena no supera las 151 UR y la sentencia se aparta del principio dispositivo y eleva el monto del asunto a 250 UR. El monto de 151 UR no puede elevarse sobre la base de una desajustada interpretación de lo dicho por esta parte al contestar la demanda, quien sostuvo que “el monto no podrá superar las 250 UR”, lo que no quiere decir que el monto no pueda ser inferior. 3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 96-123 vto., adhiriendo al mismo. Manifestó que el primer agravio de la apelante no es de recibo porque, además de reiterar argumentos vertidos en la contestación de demanda, la sentencia apelada es clara al desestimar esta defensa relacionada a la legitimación en base a un razonamiento lógico. La demandada pretende que la sentencia sea revocada por un silogismo jurídico cuando solamente debe atenderse a lo dispuesto por la ley, y la demandada pretende hacer decir a ésta lo que no dice. En el caso no operó subrogación legal alguna a favor del letrado patrocinante; el actor, como titular del crédito, reclamó los costos a los que fue condenada la contraria. El artículo 144 de la LOT es muy claro y se aplica la primer parte de este, por tanto, no existiendo honorarios concertados no se puede exigir que se acredite el pago. La actora olvida que en el caso se aplica la primera parte del artículo 144 de la LOT, en tanto lo que se pretendió al interponer la demanda fue que la Sede determinara los honorarios no concertados; y si los mismos no habían sido concertados, se desconocía su monto. Ninguna carga pesaba sobre esta parte en tanto en la demanda se solicitó que se determinara el monto; surgiendo de la propia ley el “interés en la causa”, lo que determina que no haya que aportar prueba al respecto. La subrogación legal que pretende la contraria no es automática y mucho menos impide al titular del crédito que reclame su liquidación. Agrega que cuando la demandada reconoce que hubo una paga por compensación reconoce expresamente que no pagó las costas y costos a los que fue condenada. El único medio aceptable para el artículo 1227 es la paga, pero aun así, no se configura ninguno de los requisitos necesarios para que opere la compensación alegada. La Sede interpreta correctamente el juramento decisorio prestado por la demandada al afirmar en audiencia que jamás pagó. La compensación en cuestión jamás fue alegada como defensa en el proceso preliminar o en la discusión de cuentas. El informe contable al que refiere la contraría no fue agregado ni forma parte de la prueba pues se acompañó con el recurso de apelación en forma totalmente extemporánea, pero aun así, como afirma la propia apelante, tiene valor de una alegación de parte. Esta conducta de variar la versión de los hechos contraría la buena fe y lealtad procesal. Incluso la contraria no acreditó la intimación de pago que supuestamente hizo a esta parte, a la que hace alusión en su escrito de apelación. Agrega que la operatividad de la presunción de pago prevista en el art. 1222 numeral 1° está supeditada a que el deudor asevere que pagó (y no que compensó, como pretende la contraria), pero aun así, las afirmaciones realizadas por la Esc. Senattore al contestar la demanda resultan una confesión o reconocimiento de que debe las costas y costos. Adhirió a la apelación estimando que la sentencia debió haber considerado ambas instancias para el cálculo de los costos, porque así se trabó la litis, sin oposición de la Esc. Senattore al contestar la demanda. Así, sostuvo que para el cálculo de los costos se refirió solamente a la segunda instancia cuando la sentencia recaída en el proceso preliminar de rendición de cuentas es clara e incluye ambas instancias; pero además, esta parte así lo planteó en su demanda y la demandada no lo cuestionó ni se opuso. Además, se determinó con claridad el objeto del proceso, incluyéndose las costas y costos en ambas instancias reclamadas por esta parte y cuya base de cálculo no fue controvertida por la demandada. Al considerarse únicamente la segunda instancia para el cálculo de los costos, se está afectando el principio de congruencia que debe regir al dictar la sentencia. Esto determina que la suma de condena correcta sea de 401 Unidades Reajustables. Asimismo, estima que se debió haber condenado a la demandada en costas y costos por litigar (una vez más) con malicia temeraria. En efecto, estima que nuevamente se evidencia la mala fe de la contraria, quien actúa con ligereza culpable, abuso de las vías procesales, opone defensas dilatorias y miente en forma flagrante respecto de prestar juramento decisorio. La conducta de la demandada debe ser valorada por el Tribunal de Apelaciones al momento de dictar sentencia, condenándole en costas y costos en el presente proceso. 4) La parte demandada evacuó el traslado de la adhesión a la apelación conferido en escrito de fs. 128-142 vto. manifestando que la adhesión a la apelación es inadmisible en procesos de regulación de honorarios y que, aunque fuera admisible, fue presentado fuera del plazo legal; razones que ameritan su rechazo. Respecto al primer punto, sostuvo que el artículo 144 de la LOT prevé un proceso de estructura especial destinado a la regulación de honorarios profesionales causados por actuaciones judiciales, previendo la apelación exclusivamente por vía principal y no por vía adhesiva. Pero aún si formalmente fuera admisible, debe rechazarse por haberse presentado fuera del plazo legal ya que el artículo 144 de la LOT es muy claro al establecer un plazo de 5 días para la interposición del recurso de apelación; y aunque no se refiere a la adhesión, si esta fuera admisible, deberá asumirse que ese es el plazo procesal pues el medio impugnativo es exactamente el mismo, y además esta solución se impone por razones de lógica simétrica e igualdad procesal. El Sr. Tchekmedyian presentó su recurso tras haber transcurrido 15 días hábiles desde que fue notificado, encontrándose el plazo largamente vencido. Incluso si se considerara el plazo de seis días sostenido por la jurisprudencia minoritaria, el escrito fue presentado fuera de plazo. Estimó que esto determina que el Tribunal no puede resolver en perjuicio de la Sra. Senattore, única apelante (non reformatio in pejus, art. 257 CGP). Sin perjuicio de lo dicho, sostuvo que no existió malicia temeraria de esta parte. La acumulación inicial de defensas fue interpuesta en subsidio una de la otra, no se yuxtaponen entre sí, por lo que no hay confesión expresa ni tácita. En autos era carga del actor demostrar que la demandada no pagó, y no es carga de la demandada demostrar que pagó. En la especie hubo pago por compensación; el artículo 1227 del Código Civil refiere al “pago” sin diferenciar la forma en la que deberá operar dicho pago, no pudiendo el intérprete distinguir en donde la norma no lo hace. Aun así, recordó que a criterio de esta parte el Sr. Tchekmedyian no tiene la legitimación activa que ostenta. Estimó que la pretensión del actor está motivada en un enriquecimiento ilícito que no puede ser avalado por el Tribunal. La solicitud de ajuste de cálculo efectuado para incluir la primera instancia no se condice con lo dispuesto por la propia sentencia de condena. De avalarse esta pretensión se incurriría en un enriquecimiento ilícito de quien no tiene derecho a cobrar lo que pretende. El reclamo no puede superar las 151 UR como bien lo afirma la Sede en la parte expositiva (lo que igualmente erra en el fallo). Claramente la condena fue por los costos de la segunda instancia, excluyéndose la primera. Finalmente, estimó que no hubo malicia temeraria en el actuar de la compareciente que ameritara condena alguna en costas y costos en este proceso. La parte proyecta su propio comportamiento desleal. Destaca que no hubo abuso de las vías procesales, la actuación de esta parte se ciñó a derecho y todas las afirmaciones que componen la defensa tienen un claro fundamento jurídico. La demandada ejerció su derecho a la debida defensa. El actor, sin embargo, actúa a sabiendas de su sinrazón buscando un lucro indebido. 5) Franqueada la alzada por Decreto Nº 896/2025 del 21 de abril de 2025 (fs. 144), se asignó esta Sala (fs. 147) y recibidos los autos en el Tribunal el 12 de mayo de 2025 (fs. 147 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I). El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes acordó confirmar la sentencia impugnada, salvo el monto de la condena que se fija en UR 151, sin especial sanción procesal en el grado, en mérito a las siguientes consideraciones. II). El agravio formulado por la parte demandada relativo a la falta de legitimación activa es de rechazo. El art. 144 inc. 2 de la ley Nº 15.750 dice que los honorarios serán regulados a petición de “cualquiera de los interesados en su cobro o en su pago”. En el primer caso (cobro) se refiere a los abogados y en el segundo (pago) a la parte sustancial acreedora por condena en costos. (cf. C A D E 6809). Como enseña Teitelbaum, “el abogado tiene un crédito por honorarios contra su cliente; éste, a su vez, tiene un crédito contra el vencido condenado en costos. El abogado puede limitarse a reclamar los honorarios a su cliente; pero como también puede percibirlos de la contraparte condenada en costos (inc. 13), puede demandar a éste, e incluso a ambos (inc. 3). El abogado que reclama contra la contraparte vencida actúa por una relación sustantiva ajena, pero actúa a nombre propio (a diferencia del representante). Es lo que se llama sustitución procesal... Desde el punto de vista sustantivo, es la acción subrogatoria prevista por el art. 1295 Código Civil, pero sin necesidad de autorización judicial, ya que está consagrada legalmente”. C A D E 6809. Y agrega el autor que: “no se trata técnicamente de un litisconsorcio necesario”. La preceptividad de la intervención de los tres interesados (abogado, cliente y condenado en costos) se explica porque la sentencia que determine los honorarios, con la intervención de los tres interesados, podrá ser ejecutada indistintamente contra el cliente o contra el condenado en costos. De lo contrario, la sentencia recaída no será eficaz contra quien no fue parte en el juicio. No se trata de una nulidad, ya que la sentencia es válida; pero solo contra quien fue parte (cf. Teitelbaum, J., ob. cit., ps. 191, 192, 198). A juicio del Tribunal el crédito proveniente de los costos pertenece a la parte sustancial gananciosa, no al abogado. No obstante, el art. 144 inc. 13 de la ley N° 15.750, concede al abogado la facultad de actuar subrogando al titular del crédito (supuesto de subrogación legal). De acuerdo con la intelección de la norma mencionada anteriormente, en este caso, el abogado únicamente podrá plantear su pretensión si no ha percibido los honorarios de su cliente, es decir, de la parte sustancial acreedora de los costos. Sin embargo, cuando el que plantea la pretensión es la parte sustancial, contra el condenado en costos, la ley no exige que acredite previamente si abonó los honorarios al abogado. No solo no lo exige la ley, sino que es irrelevante que los haya pago o no, porque, en cualquier caso, tiene derecho a cobrar ese crédito contra el condenado en costos. III). El agravio relativo a la excepción de prescripción también es de rechazo. La prescripción de la obligación de pagar los honorarios generados por los abogados opera a los dos años (art. 1223 num. 1ro. del Código Civil). Se trata de una de aquellas prescripciones calificadas como "cortas", presuntivas, fundada en una presunción de pago. De modo, que cuando quien la opone, simultáneamente sostiene defensas o expresiones que surgen como incompatibles con aquel pago (cf. LJU, casos 4511, 5308, 5698, entre muchos otros), no resulta de recibo legal. A criterio de la Sala es la propia demandada quien reconoce que no abonó los honorarios, en la medida que invoca que la deuda se compensó con lo que el actor presuntamente le debe por concepto de honorarios por la administración de los bienes. Así planteado el debate, la prescripción no puede prosperar. La jurisprudencia vernácula, expresó, con relación al punto: ¨…quien invoca una presunción extintiva de la naturaleza de las ¨cortas¨ propiamente dichas, no puede invocar, desde que se basa en una presunción de pago, otra defensa incompatible con la oposición de la prescripción, siendo entonces suficiente con afirmar el pago y oponer coetáneamente la excepción correspondiente. Doctrina y jurisprudencia coinciden en que no corresponde alegar las prescripciones cortas (que reposan, se reitera, en una presunción de pago, naturalmente que simple o relativa) cuando las defensas del deudor son incompatibles con la referida presunción. De modo que no puede oponerse la excepción y al mismo tiempo, afirmarse que la deuda persiste (siquiera parcialmente) en lugar de afirmarse que se ha pagado; porque si se demuestra la existencia de la obligación debe considerarse que se ha reconocido no haber pago, por importar ello en este caso, una verdadera confesión. De manera que la prescripción corta propiamente dicha no puede prosperar si se reconoce que no se ha pagado efectivamente o se prevalece - quien opone esta defensa - de otro medio de liberación - por ejemplo, remisión, novación, compensación, etc.-así como tampoco, si se discute la deuda o el deudor reclama reducción de esta. Es decir que la prescripción corta que tratamos es incompatible con la invocación simultánea de cualquier otra defensa que no suponga pago de la deuda. De ahí que se sostenga que si del propio escrito de oposición surgiera que la deuda no se pagó, la defensa prescripcional sería totalmente inadmisible…” (Sent. Nº 79/2009, del TAF 2º Turno). La norma incidente (art. 1227 del CC), exige que la deuda esté realmente pagada. Con ello quiere significar, que el único medio eficaz para extinguir la obligación es la paga. El adverbio “realmente” puesto por el legislador demuestra que el pago debió realizarse efectivamente, no autorizando una interpretación extensiva a otros medios de extinción de las obligaciones. Para el Tribunal por unanimidad acierta el Sr. juez “a quo” cuando al cabo del juramento decisorio considera que la demandada admite – sin ambages – que no pago, pues si invoca el instituto de la compensación, a lo más, está indicando que pretende extinguir la deuda con ese eventual crédito por la administración de los bienes. Además, está claro que aun aceptando que la demandada tiene un crédito contra el actor, ninguno de ellos (el crédito por honorarios y el crédito por administración) es líquido y exigible. Entonces, mal puede haberse extinguido de pleno derecho la deuda por honorarios y, por añadidura, demuestra inequívocamente que no pagó los honorarios. IV). El agravio relativo al monto de la condena es de recibo. El Arancel del CAU constituye una pauta a ser tenida en cuenta, esto es, no reviste carácter vinculante, por lo que no en todos los casos debe el juzgador aplicar automáticamente la escala que en dicho Arancel se establece en función del monto del asunto. El Sr. juez “a quo” aplicó automáticamente el Arancel y arrojó la suma de UR 151. Si bien en general se acude al precio de costumbre para morigerar el monto de los honorarios y no para aumentarlo, para la Sala, claramente, ambos supuestos son admisibles dada la naturaleza jurídica del Arancel. Ahora bien, el Sr. juez, no aumentó la suma que arrojó la aplicación automática del Arancel, porque el demandado, en una liquidación alternativa, dijo que debía fijarse en todo caso en UR 250. De una lectura atenta de la sentencia de primera instancia se advierte que el juez efectivamente aumentó el monto que arrojó la aplicación automática del Arancel, basado en la labor profesional que fue alta, al ser estimada la pretensión en su totalidad y la labor técnica compleja. Y agregó que ello es posible, es decir, aumentar el monto que arrojó la aplicación automática del Arancel, por la propia jurisprudencia que indicó el demandado (ver fs. 73/74). Y la jurisprudencia que hace mención el juez, es la indicada por el demandado, al evacuar el traslado de la demanda, referida a una sentencia de la SCJ, que admite que el monto se puede aumentar o disminuir (ver fs. 23 v./24). Por tanto, para la Sala, debe concluirse que el Sr. juez no infringió el principio dispositivo. Ahora bien, sin perjuicio de ello, la apelante utiliza otro argumento y aduce que el monto fijado excede el precio de costumbre. Generalmente la aplicación del Arancel arroja un monto superior al precio de costumbre, por ello, estima el Tribunal que para aumentarlo deberían militar razones de peso, que a criterio de la Sala no se verifican en el subexamine. Ciertamente el asunto es complejo, la labor fue eficaz, pero se trata de un escrito evacuando el traslado del recurso de apelación, ya que la condena en costos se circunscribió a la segunda instancia. La suma de UR 151, implica aproximadamente la suma de U$S 6.500, lo que parece ajustado a la labor cumplida. V). Corresponde finalmente analizar la apelación deducida por la parte actora en vía adhesiva. El Tribunal estima que la adhesión a la apelación es inadmisible en el supuesto a estudio. El art. 545 del CGP, establece que los procesos de regulación de honorarios se regularán por lo establecido en el art. 144 de la LOT. Y el inciso 11 del art. 144 establece que contra la sentencia de regulación de honorarios sólo cabrá el recurso de apelación, de modo que la adhesión a la apelación no es admisible. En mérito a lo expresado, la Sala, en su actual integración considera que no procede la impugnación en vía de adhesión a la apelación en un proceso de regulación de honorarios. Pero, de todos modos, y aun en la hipótesis que la adhesión fuera admisible, el actor no tiene razón. En efecto, la condena en costas y costos fue impuesta, a la parte demandada, exclusivamente para la segunda instancia. La sentencia interlocutoria de primera instancia no impuso especiales sanciones procesales. A mayor abundamiento, mal podía la Sala, haber condenado en costas y costos a la demandada en primera instancia, cuando no hubo específico agravio, a la sazón. Por tanto, los costos que deben regularse son exclusivamente los generados en segunda instancia. VI). En cuanto a las condenas procesales del grado, de acuerdo con la solución que se propugna (confirmación parcial), no corresponde imponerla. Por los fundamentos expuestos, disposiciones legales citadas, artículos 195, 197, 198 y 344 del Código General del Proceso, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL MONTO DE LA CONDENA EN QUE SE REVOCA, Y, EN SU LUGAR, SE FIJA EN UR 151, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS $ 30.000 NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.- Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA