Sentencia Definitiva N° 233/2025

Montevideo, 16 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Ana Rivas VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “TCHEKMEDYIAN GAYE, ASADUR C/ SANATTORE BISIO, MARCIA – DISCUSIÓN DE LAS CUENTAS EN PROCESO ORDINARIO” – IUE: 29-36/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 1625-1651 y adhesión de la parte actora a fs. 1655-1684, contra la sentencia definitiva Nº 122/2024 del 4 de noviembre de 2024 de fs. 1602-1614; y solo por la parte demandada fundando su apelación con efecto diferido contra la sentencia interlocutoria Nº 3245/2022 dictada en audiencia preliminar celebrada el 26 de octubre de 2022 a fs. 1396, habiendo sido ambas providencias dictadas por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, Dr. Darwin Rampoldi Robaina. RESULTANDO: 1) Por la sentencia interlocutoria recurrida se declaró admisible la prueba agregada en autos, salvo la referida al bien de Maldonado, la que se considera manifiestamente impertinente y por consecuencia inconducente para acreditar lo que es objeto del proceso. Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se declaró que las cuentas no fueron suficiente y adecuadamente rendidas por la actora de la causa, razón por la cual se difirió a la vía del art. 378 del CGP la determinación precisa del saldo o monto que resulte en crédito o débito en función de la suma por la cual deberá hacerse conforme a lo indicado en el Considerando V. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 1625-1651 manifestó que le agravia que el fallo se aparta de los principios procesales que orientan el desarrollo del proceso jurisdiccional ordinario de conocimiento, padeciendo de defectos formales que conllevan a la declaración de su nulidad. Así, en primer lugar, sostuvo que hubo una errónea aplicación de la regla de derecho porque se equivocó el trámite procedimental establecido en el art. 333 del CGP para la discusión de cuentas sobre la base de una inadecuación del texto legal. Sobre el punto expresó que esta parte nunca manifestó que no correspondía dar traslado de las cuentas presentadas por esta parte, sino que lo que no correspondía era emplazarle por el plazo de 30 días respecto de una supuesta “demanda” que no era más que el incumplimiento de la intimación a aportar las cuentas. Conforme el art. 123 del CGP, si no hay demanda no hay emplazamiento posible. Agrega que, a criterio del A quo, el demandado incidental pasa a ser actor principal en el proceso ordinario y viceversa, afirmación que escapa de los parámetros lógicos. Una adecuada interpretación del texto legal determina que, a lo sumo, pueda decirse que se invierte el orden de las cargas procesales en torno a la presentación de las cuentas y su contradicción, pero nunca la calidad de actor y demandado. Los sujetos están en posiciones jurídicas antagónicos y este error procesal determinó una ineludible confusión. Continuó sobre el punto expresando que la rendición de cuentas y su posterior discusión son etapas separadas que tramitan por estructuras procedimentales diferentes. El proceso ordinario está precedido de una intimación que tiene por objeto la presentación de las cuentas; intimación que es una etapa procesal externa y autónoma del proceso ordinario de discusión de cuentas y no constituye una etapa de dicho proceso. Luego de efectuada la intimación, si no se está conforme con el resultado, la actora debe citar a conciliación para comenzar el juicio ordinario. Estima que los defectos procesales invalidan el trámite procedimental, en tanto, en la especie, no hubo conciliación previa ni demanda que pueda ser susceptible de pronunciamiento válido. Por el contrario, de las cuentas presentadas por esta parte (la obligada), se dio traslado al actor (mal llamado “demandado” por la Sede A quo), por el plazo de 30 días, y se continuó con el supuesto proceso sin que el actor hubiere siquiera presentado su demanda de discusión de cuentas. Pareciera que el proceso de discusión de cuentas fue iniciado de oficio por la Sede, en contra del principio dispositivo, o, peor aún, se calificó como “demanda” el cumplimiento de la intimación que realizó esta parte en su calidad de obligado a rendir cuentas. El emplazamiento es inadmisible porque nunca existió “demanda”. El actor evacuó el traslado el 26 de agosto de 2022, habiendo precluido largamente el plazo legal para ello y no presentó demanda alguna, sino que la disfrazó en el escrito de “evacúa traslado”; escrito que es totalmente inadmisible por haber sido presentado fuera del plazo de seis días. Sostuvo que el acto procesal defectuoso generó indefensión a esta parte y desigualdad procesal. En efecto, estima que la irregularidad más grave en que incurre la Sede es no haber dado traslado a esta parte de la pretensión encubierta reclamada por el actor al evacuar el traslado conferido en ese inadmisible emplazamiento. Así, no solo no hubo demanda sino que tampoco hubo una oportunidad de defensa respecto de las pretensiones encubiertas del actor, hecho que acarrea indefensión y supone un tratamiento desigual de las partes. Aunque se entendiera que el escrito de “evacua traslado” es la demanda -lo que esta parte rechaza-, la Sede debió conferir traslado al dicente. Concluyó que en las etapas que deben seguirse en el proceso ordinario de conocimiento no existe discusión en doctrina y jurisprudencia; y, teniendo en cuenta que se trata de un proceso ordinario, necesariamente debe contestarse la demanda. El A quo basó su decisión procesal en base a fragmentos de estudios de doctrina que no son aplicables al caso de marras, en tanto los autores que cita afirman que es un tema opinable y, además, no realiza citas completas de los artículos a referir. Por otro lado, estimó que hubo una errónea aplicación del derecho que determina una nulidad que puede ser anunciada en cualquier etapa del proceso y no admite convalidación: la solución del art. 217 del CGP prevalece por sobre el art. 115 del mismo Código. Estimó que en autos no existió un proceso como tal, válido y eficaz. Es cierto que las nulidades procesales son excepcionales en nuestro ordenamiento, pero rige la regla de especificidad, la que presenta limitaciones, especialmente cuando hay limitaciones al debido proceso y derecho de defensa, como en el caso de autos. Además, no opera la regla de convalidación en tanto estamos ante un proceso ordinario donde los vicios padecidos son insubsanables e incluso pueden ser relevados de oficio (art. 217 del CGP). Recordó que en autos no existió conciliación, ni demanda, ni contestación, se modificaron las etapas procesales y se vulneró el debido proceso. Es inconcebible que el Tribunal pueda alterar las etapas de un proceso vulnerando el orden público en tanto las normas procesales son indisponibles; y aun así, no pueden convalidarse las irregularidades, las cuales pueden incluso ser relevadas de oficio. Corresponde, en definitiva, declarar la nulidad de las actuaciones a partir del emplazamiento o traslado conferido al actor. En otro orden de ideas, sostuvo que existió una errónea valoración de la prueba, en contravención a lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del CGP. En efecto, estima que esta parte dio cabal cumplimiento a la obligación de rendir cuentas dispuesta por sentencia firme dictada en el proceso incidental de rendición de cuentas. Esta parte acreditó no sólo la forma en que se administraron los inmuebles, sino también el monto de los ingresos y egresos, y en qué se destinó el dinero administrado (que fue íntegramente destinado a cubrir gastos de los tres inmuebles propiedad del actor). Los montos ingresados por concepto de alquileres ascienden a $ 6.731.866 y se destinaron a cubrir: a) Por el inmueble Scosería: gastos de contribución inmobiliaria, impuesto primaria, gastos comunes, tarifa de saneamiento, tributos domiciliarios, OSE, UTE, realizar arreglos varios, pago de impuesto al patrimonio y pago de IRPF; b) por el inmueble García Cortinas: contribución inmobiliaria, impuesto primaria, gastos comunes, tributos domiciliarios, UTE, acuerdo conciliatorio del año 2007 por el uso de la medianera, impuesto al patrimonio. Todo ello surge de la planilla de gastos agregada por el dicente, sin perjuicio de que el actor no alegó que él hubiera abonado los gastos del inmueble de Punta del Este. En definitiva, el monto ingresado por alquileres fue íntegramente destinado a cubrir gastos y no surge saldo a favor de la parte contraria; los gastos no solo fueron cubiertos íntegramente sino que son altamente superiores a los ingresos, por lo que la compareciente tiene un saldo a su favor de $ 1.030.425. La compareciente detalló con exactitud el destino de los fondos y cómo los mismos se utilizaron para cubrir los gastos del actor. Sostuvo que le agravia la sentencia interlocutoria que se apela con efectio diferido en tanto esta parte aportó una planilla en la que figuran los gastos incurridos en relación al inmueble de Maldonado, pero la Sede, sin explicar las razones, declaró que la misma es manifiestamente impertinente e inconducente para acreditar lo que es objeto del proceso. El fallo en cuestión carece de motivación. Sin perjuicio, la prueba aportada se vincula directamente con el objeto del proceso y del prueba (es pertinente) y es idónea para acreditar los gastos incurridos y justificar los egresos declarados en la rendición de cuentas (es conducente). Por más que la actora haya solicitado rendición de cuentas únicamente de los inmuebles de Montevideo, los gastos vinculados al inmueble de Maldonado tienen clara vinculación. 3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 1655-1684, adhiriendo al mismo. Manifestó que la Esc. Senattore, en una nueva muestra de la mala fe con la que se ha conducido a lo largo del proceso, recurre la fundada sentencia de primera instancia, la que debe ser confirmada respecto de los puntos recurridos por la contraria, condenándola, además, en costas y costos, por litigar con malicia temeraria a sabiendas de su sin razón. La conducta de la contraria resulta de mala fe y un claro abuso de las vías procesales. La Esc. Sanattore pretende introducir prueba en segunda instancia, lo que le está absolutamente vedado conforme el art. 253 del CGP. Estima que los argumentos esgrimidos por la contraria son extemporáneos y además, todos los actos procesales que ahora denuncia que serían nulos o se apartarían de la regla de Derecho, fueron convalidados por ella. No existe nulidad ni error procedimental, porque aun si la hubiera, toda nulidad procesal es convalidable. En aplicación del principio e conservación de los actos, no existió en el caso ningún apartamiento del modelo legal. Los actos procesales cuya nulidad se pretende son válidos en aplicación del principio de preclusión. La Sede actuó correctamente y una vez recibida la respuesta a la intimación practicada por esta parte, se confirió traslado por treinta días. A partir de la resolución, nada dijo la Esc. Seattore, como también mencionó la sentencia impugnada. El supuesto “erróneo tracto procesal” nunca fue impugnado por la contraria, quien convalidó lo actuado. Además, cualquier impugnación que se pretenda precluyó largamente. No caben dudas de que si la demandada estaba en desacuerdo con la estructura procesal que siguió la Sede, debió haberla impugnado oportunamente. La larga disquisición acerca de los intereses de las partes y su posición en el proceso no hacen más que demostrar que estuvo de acuerdo en todo y que lo único a lo que puede recurrir son principios procesales que ninguna relación tienen con este proceso. El Tribunal no puede dejar de observar que todo lo expresado por la contraria es una nueva muestra de la mala fe con la que se ha conducido tanto por este proceso como por el preliminar. Continuó expresando que la discusión de las cuentas no hubiera tenido lugar si la escribana Sanattore las hubiera presentado en el proceso preliminar. Por el contrario, resolvió sostener en todo momento que no administró los inmuebles propiedad del compareciente, que no correspondía resndir cuentas y que, además, los inmuebles no eran propiedad del Sr. Tchekmedyian. Parece escapar a la contraria que tuvo todo el proceso preliminar para rendir las cuentas que debía rendir y no lo hizo, abusando de las vías procesales. No puede sostener que existió vulneración al derecho de defensa cuando ella misma resolvió desconocer sus deberes y obligaciones. Todos los actos procesales fueron convalidados, en consecuencia, no existe nulidad. Agregó que no es aplicable al caso la sentencia citada como jurisprudencia por la contraria porque no tiene relación con el caso de autos. En efecto, en autos se debió tramitar un proceso preliminar que llevó más de dos años, en el que la Esc. Sanattore pudo y debió haber rendido cuentas y no lo hizo. Además, en el caso que se comenta, hubo allanamiento. En ese caso se intimó a la parte actora a que presentara sus cuentas, cuando debió intimarse a quien estaba obligado a hacerlo; pero en este caso la Esc. Sanattore no cumplió con presentar una rendición de cuentas y así también lo resolvió la Sede en forma clara. En definitiva, nada de lo que expresa la recurrente tiene fundamento. Expresó que el trámite procesal que dice haberse desarrollado sobre la base de errores insalvables le permitió haberse pronunciado sobre su posición con dilatorias, propuesto prueba de todo tipo, que llevó a que el presente proceso durara más de dos años y continúe con la apelación. Ahora, ante su incumplimiento, pretende anular un proceso entero con cuyo trámite estuvo de acuerdo desde el inicio y que tuvo múltiples ocasiones de impugnar. Si hubiera existido alguna nulidad (que no fue así), la misma sería relativa y por tanto, convalidable. Al no impugnar los actos procesales en tiempo y forma, cuando tuvo múltiples oportunidades para hacerlo, su suerte queda sellada. Además, no puede hablarse de que el art. 217 del CGP prima sobre el artículo 115 del mismo cuerpo normativo, ya que el primero es únicamente aplicable cuando existen nulidades absolutas insubsanables, lo que no se configura en la especie. Por otra parte, estimó que las cuentas no fueron correctamente rendidas y la Sede es clara al respeto. La Esc. Sanattore no cumplió con rendir las cuentas que las sentencias recaídas en el proceso preliminar le ordenaron. Al contestar la intimación lo único que hizo fue presentar documentación “al barrer”, relacionada con los inmuebles propiedad de esta parte, incluyendo documentación relacionada con el inmueble ubicado en Punta del Este, departamento de Maldonado, que no forma parte del objeto del proceso y que correctamente fue dejado fuera por la Sede en la audiencia preliminar celebrada. La intimación practicada nunca fue cumplida por la Esc. Senattore, por el contrario, con absoluta mala fe, no solo acompañó recibos de supuestos gastos que no interesan a este proceso (y que en todo caso debieron ser aportados en el proceso preliminar), sino que además, vuelve a cuestionar hechos que las sentencias de primera y segunda instancia descartaron y que ya quedaron firmes. El incumplimiento es tal que ahora, al apelar, pretende incluir un certificado contable sin ningún valor o eficacia probatoria. Agrega que hay otros puntos que demuestran el incumplimiento de la contraria, como que acompañó planillas con los saldos correspondientes -lo que debió hacer desde un primer momento- que identifican saldos en favor de esta parte; reconoció en forma expresa que existieron saldos a favor de esta parte; y reconoció que los inmuebles son propiedad del compareciente. Es curioso que cuando se le intimó a rendir cuentas haya alegado saldos favorables destinados al pago de un inmueble que no es objeto de este proceso. También es curioso que resulte un saldo negativo, lo que conviene a los intereses de la contraria pero no pudo ser probado en autos. El hecho que destinara las sumas a gastos de mantenimiento de otro inmueble no fue nunca alegado por la contraria con anterioridad, e incluso se contradice con lo declarado con los testigos del proceso preliminar quienes reconocieron que los saldos se transfieren desde una cuenta en Banco ITAÚ, respecto de la cual libraba cheques “a sola firma”. Debe destacarse la relevancia de la relación de “confianza” existente entre la profesional y la parte. Estima que la contraria no dio cumplimiento a la carga de acreditar que las cuentas fueron correctamente rendidas y por ello hoy quiere presentar documentación extemporánea, incumpliendo con la obligación que le impusieron las sentencias recaídas en el proceso preliminar. El CGP es claro y limita la facultad de las partes de agregar prueba en segunda instancia, no cumpliéndose en autos ninguno de los requisitos para que prospere la agregación. Sin perjuicio, sostuvo que el certificado contable es una alegación de parte en cuanto a su valor probatorio y no se prevé presunción sobre su autenticidad. Además la contraria pudo haber aportado un certificado contable cuando fue intimada a rendir cuentas, o solicitar oportunamente una pericia contable. El informe que se pretende agregar vulnera los principios de publicidad, inmediación y bilateralidad que deben regir al proceso. Entendió que debe confirmarse la sentencia interlocutoria apelada en tanto la contraria parece olvidar cuáles son los inmuebles que integran el objeto de la litis. La prueba referente al inmueble de Maldonado es manifiestamente impertinente e inconducente, y se trata de prueba innecesaria porque no forma parte del objeto de este proceso. La contraria presentó indiscriminadamente copias de documentos sin relación alguna, que nada pueden probar y que, convenientemente, pretende que acrediten que el saldo resultante fue totalmente vertido en los gastos del inmueble de Maldonado. En otro orden de ideas, adhirió a la apelación porque estima que la Esc. Senattore reconoció que existe un saldo en favor del Sr. Tchekmedyian, lo que determina que no corresponde diferir a la liquidación del art. 378 del CGP y, asimismo, debió condenarse en costas y cotos a la contraria. Así, respecto al primer punto, sostuvo que la suma que la contraria debió transferir a esta parte era de $ 4.184.173 y, sin embargo, la Esc. Sanattore reconoció que el saldo favorable es de $ 6.731.866. Surge probado que los saldos de pago eran depositados por la Esc. Sanattore en una cuenta en el Banco ITAÚ en la que ella misma tiene firma y libra cheques a sola firma. Agrega que la contraria no dio cumplimiento a la última parte de la intimación en la que se le requería que indicara a qué cuenta fueron transferidos los saldos, y sostener que todo ese dinero fue utilizado para los gastos del inmueble sito en Maldonado es francamente un absurdo no probado en autos. Corresponde que se aplique a la contraria lo previsto en el último párrafo del artículo 168 del CGP. En definitiva, surge acreditado un saldo por $ 6.731.866 que nunca fue transferido. Sin perjuicio de lo expuesto, estima que el diferimiento resulta improcedente pues es dar otra oportunidad a quien debió rendir cuentas desde un principio y se negó a hacerlo a pesar de contar con toda la documentación e información pertinente. La vía del art. 378 del CGP abriría las puertas para que la demandada tenga una segunda chance de alegar y probar los montos de las cuentas a rendirse y dicho procedimiento no tiene esa finalidad. Finalmente, estimó que debe condenarse en costas y costos a la contraria por su actuar de mala fe y abuso de las vías procesales. Además su conducta estuvo plagada de contradicciones, omisiones y falsedades a lo largo de todo el proceso. Surge que ha actuado con malicia temeraria, litigando a sabiendas de su sinrazón. 4) La parte demandada evacuó el traslado de la adhesión a la apelación conferido en escrito de fs. 1688-1702 manifestando que el recurso en traslado se explica en un afán desmedido del actor quien, a pesar de haber resultado ganancioso, busca obtener un lucro que no le asiste a su derecho. Quien ha actuado con malicia temeraria es el actor, quien se ha beneficiado del trámite irregular que ha tenido el proceso y realizó una demanda encubierta con el propósito de obtener una condena que no le asiste derecho, sin que esta parte tuviera oportunidad procesal de contestar. Y además de ello ahora pretende desconocer sus propias pretensiones ya que fue él quien solicitó que se difiera para la vía incidental del art. 378 del CGP. Sostuvo, como precisiones previas, que el proceso preliminar tuvo por objeto obtener una sentencia declarativa sobre la existencia de una obligación de rendir cuentas y no la rendición en sí misma, por lo que el intento de la contraria de justificar una supuesta malicia temeraria de la dicente se desvanece por completo. No es cierto lo afirmado por el contrario en relación al informe contable presentado por esta parte junto con el recurso de apelación en tanto la admisibilidad de los informes técnicos en forma de alegación de parte es aceptada pacíficamente por la jurisprudencia; en virtud de que el actor no controvierte el contenido del mismo debe aplicarse la regla de admisión (art. 130.2 CGP). El simple cálculo aritmético de ingresos-egresos no necesita ser realizado por pericia contable. Además, esta parte jamás reconoció la existencia de saldos a favor del actor, quien lejos de tener un saldo a favor tiene saldos en contra que debe restituir a esta parte. Estimó que no existen agravios que habiliten el análisis en la segunda instancia en tanto el A quo amparó su interés en todos sus términos, de manera que existe un claro apartamiento de las reglas establecidas en el art. 253.1 del CGP que determinan que su adhesión a la apelación sea inadmisible. Aun así, en cuanto a los agravios planteados, sumariamente sostuvo que el actor no logró probar la liquidación alegada en sus escritos por lo que sí corresponde mantener la tramitación por la vía incidental del art. 378 del CGP; no correspondiendo la condena en costas y costos a la compareciente ya que la única sanción procesal correspondería a la contraparte. Así, analizó el primero de los puntos referidos manifestando que el diferimiento de la liquidación fue parte del objeto del proceso, el que fue consentido por ambas partes en audiencia. El actor no aportó prueba para sostener su liquidación por lo que debe estarse a las cuentas rendidas por la Esc. Senattore. Toda la argumentación y liquidación que efectúa el contrario se cimienta sobre la base de una maliciosa distorsión de los dichos de la Esc. Sanattore y la prueba aportada. No existe un saldo a favor del actor por $6.731.866, sino que existió ese ingreso que se destinó a cubrir los gastos que requerían los bienes administrados por la compareciente y que son propiedad del actor. Los intentos por justificar su liquidación en base a las consecuencias del art. 168 del CGP son inadmisibles y encubren una evidente malicia temeraria pasible de sanción procesal. Además, dicho artículo no es aplicable en tanto jamás se intimó a esta parte a presentar documentación en su poder sino a rendir cuentas en cumplimiento de la obligación emergente de la sentencia de condena en el proceso preliminar, lo que determina la aplicación del artículo 333 y no del artículo 168 del CGP. Agrega que la vía incidental prevista en el art. 378 del CGP fue dispuesta por la Sede mediante sentencia interlocutoria firme dictada en audiencia preliminar de conformidad con lo solicitado por el propio actor en sus escritos precedentes. La Sede, en aplicación del principio dispositivo, determinó el objeto del proceso, el que no fue impugnado por las partes y quedó ejecutoriado. Los argumentos procesales a que refiere el Sr. Tchekmedyian deben ser rechazados porque resultan contradictorios con la actitud del propio recurrente a lo largo del proceso y con las propias reglas de convalidación y preclusión que invoca. El actor pretende cuestionar mediante la apelación de la sentencia definitiva una resolución interlocutoria que fue expresamente consentida en audiencia preliminar y que se encuentra firme. Asimismo, a nivel jurisprudencial, son numerosos los procesos de discusión de cuentas que devienen en un incidente liquidatorio posterior. Por otra parte, sostuvo que no corresponde la condena en costas y costos porque la Sra. Senattore actuó con buena fe procesal, tal como reconoció el A quo; y si corresponde la condena a la contraparte por su malicia temeraria. Doctrina y jurisprudencia reconocen de forma unánime que la condena en costas y costos se desprende de la actuación durante el proceso y no refiere a hechos sustantivos que componen el objeto del mismo. El agravio en cuestión se intenta justificar en base a actuaciones extraprocesales que no forman parte del proceso ordinario sino del proceso incidental de rendición de cuentas. En autos la compareciente se limitó a ejercer su derecho de defensa con total buena fe pese a la situación de evidente indefensión ya relevadas. 5) Franqueada la alzada por Decreto Nº 411/2025 del 6 de marzo de 2025 (fs. 1703), se asignó esta Sala (fs. 1706) y recibidos los autos en el Tribunal el 28 de marzo de 2025 (fs. 1703 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales , habrá de revocar la sentencia interlocutoria Nº 3245/2022, y en su lugar, admitir la prueba documental relativa al inmueble de Maldonado, y confirmar la sentencia definitiva apelada, sin especial condenación , por los fundamentos que se expondrán. II) Por razones de orden lógico corresponde abordar, en primer lugar, el agravio relativo a la nulidad del procedimiento ordenado por el Sr. juez “a quo” a efectos de sustanciar la pretensión de discusión de cuentas. El art. 333 del CGP, establece. “Si la resolución ejecutoriada declarare que el demandado está obligado a rendir cuentas, se le intimará que las presente dentro del plazo prudencial que el tribunal le señalará. Si dentro de ese plazo se presentan las cuentas, se discutirán en proceso ordinario (arts. 337 a 344).”. Ciertamente la norma no es clara. Hay dos posibles interpretaciones. Si el obligado presenta las cuentas en el plazo estipulado, se debe dar vista a la contraparte quien puede aceptar las cuentas presentadas por su agonista u oponerse a las mismas. Si se formaliza oposición, esa es la demanda de “discusión de cuentas”. De tal modo que a partir de allí se debe dar traslado al obligado por 30 días y seguirse el derrotero procedimental del juicio ordinario. Para otros, si el obligado presenta las cuentas en el plazo estipulado, esa es la demanda del proceso de discusión de cuentas y, por añadidura, se debe conferir traslado a la contraparte por el plazo de 30 días, como ocurrió en el subexamine. Planteado el punto en estos términos, de ninguna manera puede considerarse que se incurrió en nulidad y menos aún, considerarla absoluta. De acuerdo al principio de especificidad debe existir un texto legal que prevea la nulidad, salvo la excepción contenida en el art. 110 inciso 2º del CGP, que establece: “…habrá nulidad en aquellos casos en que la violación del orden legal sea tan relevante o manifiesta que no se requiera texto expreso que la consagre como tal, por cuanto la irregularidad se desprende de todos modos de la ley…” (cf. Véscovi y colaboradores, “CGP, Comentado, Anotado y Concordado”, Tomo II, págs. 435/436). Va de suyo que ante un tema opinable como es el procedimiento a seguir en el juicio de discusión de cuentas, la fundada opción seleccionada por el Sr. juez “a quo” no puede calificarse de violación relevante o manifiesta del ordenamiento procesal vernáculo. Por otra parte, aún cuando pueda calificarse el derrotero procedimental seguido en la instancia anterior como irregular, no determina la nulidad de lo actuado, si la misma ha sido subsanada en forma legal. El art. 112 del C.G.P, establece: “No puede pedir la anulación de un acto quien lo ha consentido aunque sea tácitamente. Importa consentimiento tácito el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente.”. Prestigiosa jurisprudencia, expresó, con relación al punto: “La omisión de promover la declaración de nulidad en tiempo hábil, opera automáticamente la convalidación. El perjudicado debe en la primera oportunidad hábil y antes de cualquier otra actividad, reclamar la nulidad” (TAC 5º Turno, Sent. Nº 71/2003, publicada en LJU, caso Nº 129066). De modo que no puede reclamarse la nulidad, al apelar, cuando la parte tomó conocimiento fehaciente de las actuaciones que califica de irregulares y no las impugnó, en su oportunidad, por los medios que la ley adjetiva pone a su alcance. A su vez, el principio de trascendencia, informa que “no hay nulidad sin agravio” (art. 110 del C.G.P.). Las irregularidades procesales invocadas, no provocaron perjuicio cierto e irreparable a ninguna de las partes, las que hicieron valer sus derechos sin limitaciones, por lo que no corresponde declarar la nulidad impetrada. Por lo demás, la Sala, con otra integración, a la que adhiero, expresó: “…ante la ausencia de perjuicio constatable, corresponde hacer primar el principio de conservación que determina que, en caso de duda entre la validez y la nulidad, deba optarse por la primera, así como el de trascendencia, según el cual solo interesa la declaración de una nulidad cuando la irregularidad hubiera provocado un daño que -además- no puede ser cualquiera sino aquél que implique vulneración del debido proceso o la garantía de defensa (cf. C.G.P., Comentado , Véscovi y otros, T. 2, p. 429-430 y p. 445-446).-(cf. sent. N° 40/2017). III) Apelación con efecto diferido de sentencia interlocutoria Nº 3245/2022. El apelante sostiene que la documentación rechazada era la prueba del destino de los montos obtenidos por los arriendos de los dos inmuebles objeto de la presente rendición de cuentas, por tanto conforman parte necesaria de la rendición de cuentas desde que demuestran los gastos en que se incurre. Con relación a la admisibilidad de la prueba, cabe indicar lo siguiente: el rechazo del diligenciamiento de prueba durante el proceso únicamente es admitido por la ley cuando se trate de supuestos de admisibilidad (incompatibilidad con el orden jurídico), manifiesta inconducencia (el medio no es el legalmente requerido para la prueba de los hechos investigados) o manifiesta impertinencia (la prueba no refiere a los hechos objeto de prueba), según se desprende de la intelección de los arts. 144, 24 num. 6 y 341 num. 6 del CGP. La prueba ofrecida por la Escribana Senattore, a criterio de la Sala, no es manifiestamente inconducente ni impertinente, pues refiere inequívocamente a un aspecto del objeto del proceso y de la prueba que se pretende probar. La Escribana Senattore afirmó que parte de los dineros de la administración de los inmuebles de Montevideo se destinaron a pagar gastos del inmueble de Punta del Este. En este marco, la Sala considera que el argumento por el que se rechazó esta prueba documental, no es ajustada a derecho. La circunstancia que el inmueble de Punta del Este no forme parte del objeto de este juicio, no implica que parte del dinero obtenido de los inmuebles de Montevideo no se hayan invertido en solventar gastos de aquel. Ahora bien, una cosa es que esta prueba documental sea admisible y otra es que efectivamente esos gastos hayan sido solventados con los dineros provenientes de la administración de los inmuebles de Montevideo. Y en este punto se considera que la sentencia interlocutoria recurrida confunde la etapa de admisión del medio probatorio con su valoración. La prueba resulta admisible, sin perjuicio de su valor probatorio posterior en relación al hecho que pretende acreditar. Por tanto, corresponde revocar la sentencia interlocutoria recurrida y, en su mérito, admito la prueba documental relacionada con el inmueble de Punta del Este, con el alcance indicado anteriormente. IV) En cuanto a la prueba pretendida en segunda instancia. El apelante adjunta a su escrito recursivo un informe elaborado por el Cr. Luis Marcelo Martínez (fs. 1622/1624), con el que pretende demostrar que las cuentas fueron correctamente rendidas. Cabe señalar que este informe no es técnicamente una pericia sino alegación de parte, constituye un verdadero acto de proposición, integrando la alegación de la parte a quien asesora(cf. CGP anotado, Véscovi y colaboradores, Tomo 5, p. 360-361). Devis Echandia, al referirse a esta clase de informes, enseña: “El juez puede encontrar razones técnicas, científicas o artísticas que iluminen su criterio para el entendimiento de los hechos que hayan sido objeto de otras pruebas e inclusive para la apreciación del dictamen de peritos rendido en el curso del proceso, y ninguna consideración lógica ni jurídica puede impedirle que se sirva de aquel dictamen extraprocesal, para ese fin. Si el juez puede ilustrarse en libros y publicaciones de cualquier género o en consultas privadas con expertos, para criticar mejor los hechos técnicos, científicos o artísticos y la peritación practicada en el proceso con igual razón puede servirse de la enseñanza que encuentre en este dictamen considerado como un simple estudio de persona calificada. Pero no se trata entonces de una prueba, sino de simple reglas generales de la experiencia especializada, que el Juez puede utilizar en la valoración de las pruebas y para el mejor entendimiento de los hechos a que ellas se refieren” (Cf. autor citado, “Teoría General de la Prueba Judicial” Tomo II Edit. Zavalia 1981 pág. 355 a 358). Ello trae consecuencia que el informe al no revestir la naturaleza jurídica de prueba, no les es aplicable el art. 253.2 del CGP y, por añadidura, su valoración no se realizará como si se tratara de prueba pericial. V) Apelación de la sentencia definitiva La apelante sostiene haber rendido adecuadamente las cuentas , en tanto, acreditó los ingresos y egresos y en qué se destinó el dinero administrado, esto es, a cubrir gastos de los tres inmuebles propiedad del actor. El agravio no es de recibo. Desde el punto de vista sustancial, con relación a la rendición de cuentas se expresó: “…como entienden Raymundo Fernández y Osvaldo Gómez Leo (Derecho Comercial, T. II, pág. 189) toda aquella persona que haya administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, aunque sean comunes del administrador con otra persona, ejecutando un hecho que suponga manejo de fondos o de bienes que no le pertenezcan en propiedad exclusiva, tiene la obligación de presentar las cuentas de su administrador...” (Sent. Nº 1/1996 del TAC de 5º Turno). Por su parte, Lino E. PALACIO, enseña: “Denomínase rendición de cuentas, en general, a la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta y en interés de un tercero y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo, eventualmente, el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor. Tal obligación pesa, entre otros, sobre los tutores, curadores, administradores de sociedades con posterioridad a la extinción de éstas, mandatarios, gestores de negocios ajenos, comisionistas, etc.” Más adelante concluye de un modo más genérico: “La obligación recae, por lo tanto, sobre quienes han realizado actos de gestión o administración respecto de bienes que no les pertenecen exclusivamente...” (Manual de Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tomo II, pág. 373).”. En cuanto a las cargas probatorias y objeto del proceso de discusión de cuentas, relevante jurisprudencia, dijo: “La carga de la prueba en el proceso de rendición y discusión de cuentas (obligación de hacer) recae siempre y en primer lugar, sobre el obligado a rendirlas (en este caso la apelante). Era la parte demandada, obligada por sentencia firme a rendir cuentas, quien debía cumplir con la presentación de un estado detallado de la gestión, mediante una exposición ordenada de los ingresos y egresos efectuados durante el lapso a considerar, con los comprobantes de unos y otros, a efectos de que el actor pueda verificar cabalmente el resultado patrimonial de la misma. La esencial finalidad de una rendición de cuentas radica en poner en conocimiento del acreedor lo ejecutado, contratado, percibido y determinar los saldos resultantes de esa administración. A ese fin, para que la rendición pueda ser considerada como tal, debe reunir -según precisa Alsina- varios caracteres fundamentales, a saber: 1°) debe estar redactada en forma inteligible y acompañada de la documentación relativa a la administración de la que se da cuenta; 2°) tener separadamente computados egresos e ingresos; 3°) debe restituirse lo que queda en poder a causa de la administración, respondiendo por la mora; 4°) debe rendirse cuenta de manera integrada aunque no corresponda extremar el rigor en cuanto a la prueba concluyente de las partidas mismas; 5°) las cuentas no deben rendirse en forma sintética sino que deben ser descriptas conteniendo todas las explicaciones y referencias necesarias para permitir un exacto conocimiento de los procedimientos y el resultado de la gestión (Cf. Sentencia T.A.C. No. 124/993-6 del Tribunal Homólogo de 6º. Turno en A.D.C.U., T. .XXIV, c. 971, pág. 310 y Sentencia T.A.Familia No. 50/995-2 del Similar de Familia de 2° Turno en A.D.C.U., T. XXVI, c. 627, pág. 225). En definitiva, la rendición de las cuentas debe ser “instruida” o sea, detallada, explicativa y acompañada de los respectivos recibos, comprobantes o documentos que acrediten los movimientos de la cuenta, el debe y el haber. Debe tratarse de una rendición confiable, creíble. Y para quienes profesan el comercio debe corresponderse o estar conforme con las registraciones de los libros de comercio, como prueba eficiente de la exactitud (Cf. Gastón Turcatti, “Rendición de Cuentas”, la Justicia Uruguaya, T. IC, Sección Doctrina, p. 11; Rodolfo Mezzera Alvarez en Curso de Derecho Comercial, T. I, pág. 187 y ss, Ed. F.C.U. 7ª ed, mayo de 1997; en igual sentido, sentencia Nº 5/1992 del Homólogo de 4° Turno en A.D.C.U., T. XXIII, c. 932, pág. 321). Sintéticamente, la rendición de las cuentas tiene como objeto brindar información documentada sobre el manejo de fondos.” (cf. sentencia N° 134/2011 del TAC de 2° Turno). La sentencia de primera instancia sostuvo que si bien la parte actora (Escribana Senattore) efectuó una cuenta con detalle sobre los ingresos y egresos, no ha logrado justificar acabadamente el destino dado a los fondos remanente que ella misma indica. Y concluyó que si no se conoce con certeza si existe un saldo deudor o acreedor, no puede determinarse si las cuentas están suficiente y debidamente rendidas, ya que no aparecen referenciados los documentos que respaldan los gastos indicados y no corresponde al juez suplir esta carga. De manera que derivó al procedimiento establecido en el art. 378.1 del CGP, la determinación del destino dado a la suma de $ 6.741886,93 (fs. 1611-1613). La apelante se agravia de la valoración de la prueba realizada por el Sr. juez “a quo” en cuanto a su juicio, surge acreditado la forma en que se administraron los inmuebles, el monto de los ingresos y egresos y en que se destinó el dinero administrado. Cabe indicar que, en realidad, lo que no tuvo por justificado acabadamente el Sr. juez “a quo”, fue exclusivamente el destino de los dineros obtenidos por la administración de los inmuebles de Montevideo. Los elementos de convicción que tuvo a la vista el Sr. juez “a quo” resultan insuficientes para tener por acreditado el destino de esos dineros. No se controvierte el monto a tener en cuenta en la rendición, esto es, 6.731.866,93. El punto de debate es que no se logró justificar totalmente el destino de ese dinero y se subraya el término “totalmente”, es decir, que en parte sí lo justificó. El apelante pretende ahora acreditar dicho destino con informe contable que agrega (fs. 1622-1624), pero que carece del carácter de prueba pericial y por tanto, solo puede concederse el alcance de alegación de parte. Por lo tanto, la conclusión es la misma que en la instancia anterior: no se han acreditado los destinos del dinero remanente. VI) Apelación adhesiva de la parte demandada. La apelante se agravia por la derivación a la vía procedimental dispuesta por el art. 378.1 del CGP, ya que solo cabe acudir a este procedimiento cuando hay una laguna probatoria que produzca la dificultad de cuantificar el monto. El agravio no es de recibo. A la luz de lo que viene de decirse, el agravio relativo a la derivación de la liquidación al procedimiento establecido en el art. 378.1 del CGP, no es de recibo, ya que la falta de elementos de convicción suficientes para determinar el destino del dinero obtenido por la administración de los inmuebles de Montevideo, justifican la decisión de primera instancia. VII) También se agravia por no haberse condenado a las máximas sanciones procesales, porque entiende que la contraparte actuó de mala fe y abusando de las vías procesales. El agravio no es de recibo. Couture, expresa, con relación al punto objeto de agravio: “Se condena en costas solamente si se ha litigado con ligereza culpable... que es el apresuramiento, la falta de tacto, la falta de reflexión o de discernimiento. Cuando no se ponen esas virtudes de reflexión y de calma, entonces se pagan costas…El juez condena en costas y costos si ha existido de parte del perdidoso malicia que merezca la nota de temeridad, esto es, mala fe. No es ya el espíritu irreflexivo, pero cauto, sino que es la conciencia de la propia sinrazón; es el litigar estando convencido de que no se tiene razón” (“Procedimiento…”, Tomo III, p. 759). El sistema procesal se afilia a la concepción subjetiva, de acuerdo al tenor de los arts. 688 del C. C. y 56.1 del C.G.P, exigiendo a los efectos de disponer condenas procesales una determinada actitud subjetiva de las partes. Doctrina y jurisprudencia definen y caracterizan nítidamente la “malicia temeraria” ya como gratuita aventura, ya como conciencia y voluntad de actuar contra derecho, ya en fin como conocimiento, aún más, convencimiento de que se está actuando contra o sin derecho (Cf. Gelsi Bidart, en LJU T. 58, p. 22; Gallinal: ‘Estudios sobre el C.P.C.’, Tomo VIII, pág. 159). El art. 688 del C.C. indica las pautas que el juzgador debe observar para imponer o no las condenaciones procesales, dependiendo de si el perdidoso actuó con alguna razón, culpable ligereza o por malicia que merezca la nota de temeridad. Finalmente, Tarigo, citando un viejo trabajo suyo publicado en la R.U.D.P. N° 1/75, expresó: “las condenaciones procesales sancionan en nuestro Derecho, dos posibles inconductas del vencido en juicio: la inconducta procesal que se concreta en el entorpecimiento deliberado del juicio, agotando y deduciendo desde cada providencia -como dice Alcalá Zamora- con encadenamiento sin fin, todos los recursos ..., solicitando el diligenciamiento de pruebas inconducentes, interponiendo recursos de apelación contra providencias claramente inapelables, en una palabra confundiendo defensa con chicana; el otro tipo de inconducta procesal está referido no a la conducta en el decurso del juicio, sino a la instauración misma de éste. Recientemente, ha dicho la Corte que la malicia temeraria no es incompatible con la corrección de la conducta de las partes en el juicio. No dejaría aquél (el litigante vencido) de ser temerariamente malicioso si hubiere promovido el litigio dolosamente, a sabiendas de su falta de razón, aunque luego actuara en él correctamente”. (Enrique Tarigo, R.U.D.P. N° 1/94, págs. 88- 89). A la luz de los conceptos doctrinarios vertidos anteriormente, a juicio de la Sala, es correcta la decisión del Sr. Juez a quo, en no condenar en costas y costos a la demandada. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la rendición de cuentas no ha sido cuestionada en su totalidad, sino que se observa falencias en la determinación del destino de las sumas remanentes, por lo que no se advierte que haya litigado con ligereza culpable y mucho menos malicia temeraria. VIII) La conducta procesal de las partes no amerita especial imposición en costas y costos. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: REVÓCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA APELADA Y EN SU LUGAR, SE ADMITE LA PRUEBA DOCUMENTAL RELATIVA AL INMUEBLE DE MALDONADO (PUNTA DEL ESTE). CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN HONORARIOS FICTOS 4 BPC NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA